Noticias de la Campaña estatal #NoalTTIP

‘Las amenazas del TTIP y del CETA’

EL CAPITAL CONTRA LA VIDA
Acte de presentació del llibre ‘Las amenzas del TTIP y del CETA’
Dilluns 27 de març a les 19h
Ateneu l’Harmonia
(Carrer de Sant Adrià, 20 – Sant Andreu, Barcelona)

El Gobierno da luz verde al ‘TTIP canadiense’ y lo remite a Congreso y Senado

El Gobierno da luz verde al ‘TTIP canadiense’ y lo remite a Congreso y Senado
El Consejo de Ministros allana el camino al acuerdo comercial CETA. Su portavoz, el ministro Íñigo Méndez de Vigo, critica su “tramitación azarosa”, recordando que el parlamento regional belga de Valonia “se tomó su tiempo” para ratificarlo.
Alejandro López de Miguel
publico.es
El Gobierno de Mariano Rajoy continúa allanando el camino al polémico tratado comercial entre la UE y Canadá, CETA. El Consejo de Ministros ha aprobado este mismo viernes su remisión a las Cortes Generales para que Congreso y Senado puedan someter a votación el texto durante las próximas semanas.
Como adelantó Público, el Ejecutivo tenía previsto que su tramitación en el Ministerio de Exteriores se prolongara durante un mes, pero finalmente han logrado que el acuerdo llegue al Consejo de Ministros tres semanas después de que este diario publicase esa información.
Hasta la fecha, el Ejecutivo del PP ha estado entre los principales valedores del tratado, y las declaraciones de su portavoz, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, hacen pensar que el Gobierno mantendrá este rumbo. “A lo que lleva [CETA] es a una apertura de los mercados, como el mejor camino para el progreso de las sociedades“, afirmaba el ministro, recordando que supondrá la eliminación del 98% de los aranceles al comercio entre la UE y Canadá. “El Gobierno de España es favorable a su ratificación”, insistía.
Sin embargo, y como suele ser habitual en los portavoces del Ejecutivo, Méndez de Vigo ha obviado los riesgos del criticado acuerdo, y tampoco ha aportado cifras o datos que sustenten el mensaje de que su entrada en vigor será efectivamente positiva para los europeos.
De hecho, el ministro se ha referido a la “tramitación azarosa” del CETA, en referencia a las reservas del parlamento regional belga de Valonia para darle su visto bueno -“Se tomó su tiempo”-, y ha recordado que el Ejecutivo aprovechó la última reunión del Consejo Europeo para “pedir que se agilizaran los pasos para llegar a un acuerdo con Mercosur.
No ha hecho alusión al tratado de libre comercio con EEUU, TTIP, al que Rajoy daba por muerto hace apenas una semana en el Congreso, aunque la Secretaría de Estado de Comercio lo corrigiera este mismo jueves diciendo que estaba en “parada natural“.
Mientras el tratado transatlántico permanece en vía muerta, el CETA se acerca a su entrada en vigor de forma parcial, para la que todavía no hay fecha definitiva, aunque se augura inminente. Para que todas las cláusulas del acuerdo entren en vigor el CETA debe recibir el visto bueno de los 28 parlamentos nacionales de la UE y de varias cámaras regionales.
Activistas piden un estudio de impacto
La campaña no al TTIP, CETA y TiSA, formada por más de 350 organizaciones sociales o sindicales críticas con el acuerdo ha censurado este viernes la decisión del Consejo de Ministros. Recuerdan que el CETA brinda grandes poderes a las empresas inversoras para demandar a los estados, y piden la creación de una comisión de estudio del acuerdo, así como el encargo de un estudio de impacto independiente.
“Sin estudios previos para conocer los impactos del CETA en el Estado español y sin consultas con la sociedad, es imposible cumplir con la función legislativa y de control parlamentario, es decir, no habría ni transparencia ni democracia”, afirma el texto.
En esta línea, insisten en que las Cortes deben revisar a conciencia el tratado:
El Congreso de los Diputados y el Senado deberían dedicar el tiempo necesario para examinar con detalle este tratado de 1600 páginas y asegurar que las preocupaciones sobre un texto de tal envergadura sean consideradas bajo la lupa del interés general”, zanja el comunicado.

La sociedad civil se movilizará contra la ratificación del CETA

La sociedad civil se movilizará contra la ratificación del CETA
24/3/2017
La campaña ‘No al TTIP, CETA, TiSA, pide a los grupos parlamentarios tiempo suficiente para un escrutinio exhaustivo de un tratado que impactaría directamente en la población e hipotecaría gravemente su futuro.
Hoy el Consejo de Ministros tiene previsto remitir el tratado comercial entre la Unión Europea y Canadá (CETA) a las Cortes. Es uno de los primeros pasos en el proceso de ratificación estatal después de la firma en octubre y que una mayoría del Parlamento Europeo diera luz verde al tratado el pasado 15 de febrero.
“Tal como habíamos anunciado en febrero cuando el Parlamento Europeo votó sobre el acuerdo con Canadá, nos movilizaremos para impedir la ratificación del CETA en el trámite parlamentario”, comunica la campaña No al TTIP, CETA, TiSA, formada por más de 350 organizaciones sociales, sindicales y políticas opuestas a los tratados comerciales neoliberales.
“El Congreso de los Diputados y el Senado deberían dedicar el tiempo necesario para examinar con detalle este tratado de 1.600 páginas y asegurar que las preocupaciones sobre un texto de tal envergadura sean consideradas bajo la lupa del interés general. Hay graves controversias, por ejemplo, relacionadas con la gestión de los servicios públicos, la posibilidad que tienen los inversores para desafiar leyes con un tribunal de arbitraje específico, el encarecimiento de medicinas con las reglas de propiedad intelectual, la precarización laboral mediante la movilidad temporal de trabajadoras y trabajadores, la prohibición de regular servicios financieros que pueden causar nuevas quiebras bancarias y financieras, los impactos en la contratación pública de los municipios o los capítulos de regulación nacional que rebajan estándares ambientales o ponen en peligro la salud”, señala la campaña.
El mundo rural, las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los servicios públicos están entre los grandes perjudicados del tratado comercial con Canadá, así como las personas afectadas por las hipotecas (PAH), las preferentes o las cláusulas suelo.
Las organizaciones integrantes de la campaña solicitan a los grupos parlamentarios la creación de una comisión de estudio del CETA y el encargo de un estudio de impacto independiente.
Portavoces de la campaña han añadido: “Son asuntos de gran peso que merecen ser estudiados y debatidos con el máximo rigor. Asimismo, todas las partes interesadas deben tener la posibilidad de presentar sus análisis ante las y los representantes parlamentarios. Es fundamental que la ciudadanía tenga la oportunidad de ser escuchada en cuantas audiencias hagan falta en sede parlamentaria. Sin estudios previos para conocer los impactos del CETA en el Estado español y sin consultas con la sociedad, es imposible cumplir con la función legislativa y de control parlamentario, es decir, no habría ni transparencia ni democracia”.
Por todo ello, se hace un llamamiento a toda la sociedad a sumarse a la campaña de presión política hacia los grupos parlamentarios para dar a conocer los múltiples peligros que tendría el CETA.
Se pide también a los representantes de parlamentos autonómicos y ayuntamientos que informen de las consecuencias del CETA en su ámbito y expliquen cómo restringiría el derecho a regular y limitaría la autonomía local y la soberanía parlamentaria.
Además de una campaña de información y difusión en medios, se convocarán diferentes movilizaciones para expresar, antes de la votación en las Cortes, el rechazo a un tratado diseñado para los intereses de grandes grupos empresariales y no para los de la mayoría social.
Más información:
Francesca Ricciardi (Telf.: +34 633 15 02 07)
Tom Kucharz (Telf.: +34 619 94 90 53)
Pablo Jiménez (Telf.: +34 699 98 66 63)

El ‘TTIP canadiense’ llega al Parlamento español

El ‘TTIP canadiense’ llega al Parlamento español
infolibre.es
Tom Kucharz
Según el periódico Público, el tratado comercial entre la Unión Europea (UE) y Canadá llegará pronto a las Cortes Generales. El Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés) fue negociado por la tecnocracia de la Comisión Europea y el Gobierno conservador canadiense entre 2009 y 2014. Se firmó el pasado 30 de octubre por Donald Tusk (presidente del Consejo de la UE), Jean-Claude Juncker (presidente de la Comisión Europea) y Justin Trudeau (primer ministro canadiense) y fue ratificado por la mayoría neoliberal del Parlamento Europeo el 15 de febrero. El controvertido tratado estaba a punto de caer gracias a las muchas movilizaciones y protestas durante los últimos años y el veto de varios gobiernos y parlamentos regionales de Bélgica.
Es posible que en abril el Ministerio de Asuntos Exteriores lleve el tratado al Consejo de Ministros con el fin de remitirlo al Parlamento español para el trámite de la ratificación parlamentaria. Eso puede significar que, en aproximadamente dos o tres meses, el Congreso de los Diputados empiece a debatir el Proyecto de Ley. Es decir, primero en la Comisión de Exteriores y luego en pleno.
Sospechábamos que el Partido Popular apostaría por un trámite exprés. No quería ser menos que el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) cuando anunció en 2005: “Hemos tenido el honor de ser los primeros en ratificar la Constitución europea”. Pero el Parlamento de Latvia fue mas rápido que el PP y ratificó el CETA el pasado 23 de febrero. Fue el primero de los 28 países de la UE.
España: ¿de país PIGS intervenido a núcleo duro de la UE?
Ahora que el presidente francés Hollande y la canciller alemana Merkel han invitado al Gobierno de España a formar parte del núcleo duro de la Europa del capital a varias velocidades, quiere presentarse como buen alumno y hacer sus deberes, como demostró en el pasado con la imposición de las políticas neoliberales de la UE, los recortes sociales, los despidos pasivos de profesores y personal sanitario, las privatizaciones o el cambio del artículo 135 de la Constitución para pagar las deudas ilegítimas antes de garantizar una vida digna y los derechos humanos de las mayorías sociales. Así, con suerte, tampoco le aplican multas por el incumplimiento del déficit.
Forma parte de la normalidad antidemocrática que el PP intente ratificar el CETA a toda prisa, sin el debido proceso de análisis ni de consultas con la sociedad, sin tiempo para un estudio riguroso. El objetivo es estar entre los primeros países de la UE en ratificar el CETA. Lo demostró durante los años de negociación de este tratado en las reuniones secretas del Comité de Política Comercial del Consejo de la UE, en 2016, cuando maniobró en el seno del Consejo para su rápida aprobación y aplicación provisional, y finalmente en octubre cuando el Gobierno en funciones autorizó la firma del CETA sin debate parlamentario, sin legitimidad y sin poner condiciones para proteger los servicios públicos o los sectores estratégicos.

¿Por qué tanta prisa?

El carácter autoritario y neoliberal del Gobierno del Partido Popular no es algo nuevo, lo conocemos de sobra de la era Aznar. El Gobierno de Rajoy ha tomado muchas decisiones en el ámbito comunitario que han impactado gravemente en las mayorías sociales e hipotecado su futuro.
El PP sabe que cuanto más tiempo pase más se sabrá sobre las graves amenazas del CETA, lo que aumentaría la presión social en contra del tratado. Además, pretende evitar que la ratificación en España coincida con la movilización contra el CETA en otros países europeos, donde es probable que se pare, como en Austria, Holanda o Francia.
Al PSOE le interesa que el trámite pase rápido y sin ruido. Así no tendrán que dar muchas explicaciones de por qué tienen la misma postura neoliberal que el PP y ni siquiera escuchan a organizaciones como la UGT, opuesto al CETA y tradicionalmente cercana al partido socialdemócrata.
¿Puede el parlamento cambiar el texto del tratado?
No. La tramitación y ratificación de tratados de comercio e inversión como el de la UE con Canadá quiebra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho, las garantías procesales de la ciudadanía como transparencia, separación de poderes y soberanía parlamentaria. Porque ni el Parlamento Europeo ni los parlamentos nacionales tienen la posibilidad de intervenir en el proceso de negociación, ni enmendar los tratados, solo pueden votar o no una vez finalizadas las negociaciones.
La ratificación en el Estado español
Las Cortes Generales (el Congreso de los Diputados y el Senado) tramitarán la “autorización” del tratado con Canadá probablemente según el Artículo 94.1 de la Constitución española (como proyecto de ley). Queda por ver cómo clasificará el Gobierno español el acuerdo comercial. Para los acuerdos comerciales y de inversión se podrían considerar los supuestos (a) Tratados de carácter político o (e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.
El proyecto de ley será discutido y votado primero por el Congreso de los Diputados con la participación previa de las Comisión de Exteriores y luego remitido al Senado.
Si el PP, el PSOE y Ciudadanos repiten su voto cuando rechazaron la Proposición No de Ley de Unidos Podemos y ECR sobre el CETA, entonces se aprobaría la ley que autorizaría la ratificación del TTIP canadiense sin sobresaltos.
Pero la campaña “No al TTIP/CETA”, formada por más de 350 organizaciones, recordará al parlamento si no dedica el suficiente tiempo para examinar el tratado de 1600 páginas antes de tomar la decisión final, no cumpliría adecuadamente con su función legislativo y de control parlamentario. Sin estudio de impacto previo para conocer los impactos para el Estado español y sin consultas con la sociedad, es imposible cumplir con su compromiso de transparencia y democracia.
¿Sería posible un referéndum sobre el CETA?
El artículo 92 de la Constitución Española recoge que el referéndum consultivo (no vinculante) puede plantearse sobre las decisiones políticas de especial trascendencia, como el que se celebró sobre la Constitución europea en 2005. El tratado CETA sería un caso de especial trascendencia por cambiar el ordenamiento político y jurídico y los procesos legislativos. El referéndum consultivo requerirá la previa autorización del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, a solicitud del Presidente del Gobierno. Dicha solicitud deberá contener los términos exactos en que haya de formularse la consulta.
Pero es poco probable que el Gobierno impulse dicho referéndum. En noviembre el PP, el PSOE y Ciudadanos rechazaron la iniciativa de Unidos Podemos, pactada con Esquerra Republicana (ERC), que pedía someter a referéndum la aprobación del Acuerdo Económico y Comercial Global con Canadá.
¿Qué debería hacer el parlamento?
El Congreso de los Diputados y el Senado deberían dedicar el suficiente tiempo para asegurar que las preocupaciones sobre el CETA sean consideradas bajo la lupa del interés general. Hay graves controversias, por ejemplo, relacionadas con la gestión de los servicios públicos, la posibilidad de inversores a desafiar leyes con los tribunales de arbitraje, el encarecimiento de medicinas con las reglas de propiedad intelectual, la precarización laboral mediante el movimiento temporal de trabajadoras/es, la prohibición de regular servicios financieros que pueden causar nuevas quiebras bancarias y financieras, los impactos para la contratación pública de los municipios o los capítulos de regulación nacional que rebajan estándares ambientales o ponen en peligro la salud.
Sería apremiante que los grupos parlamentarios propongan la creación de una comisión de estudio del CETA y se solicite un estudios de impacto independiente.
Son asuntos de gran peso que merecen ser estudiados y debatidos con el máximo rigor. Asimismo, todas las partes interesadas deben tener la posibilidad de presentar sus análisis ante las y los representantes parlamentarios. Y que la ciudadanía tenga la oportunidad de ser escuchada.
¿Hay ejemplos de buenas prácticas?
Durante 18 meses, el parlamento valón ha estado analizando el contenido del tratado, han invitado a asociaciones empresariales, campesinas, ecologistas, de consumidores o al gobierno canadiense, entre muchas otras. El trabajo democrático realizado ha sido impresionante. Pese al “chantaje” de las instituciones de la UE y algunos gobiernos, el parlamento de Valonia y otros tres parlamentos regionales de Bélgica se han mantenido firmes. Hasta cinco veces se ha ratificado en su no el parlamento valón al considerar que los derechos con que contarán los inversores con el CETA constituyen “un atentado contra los derechos laborales, sociales y ambientales”.
Valonia ha sido históricamente un lugar con fuertes organizaciones sindicales y asociaciones de apoyo social extremadamente activas, dinámicas, vigilantes y movilizadas en todos los sectores. Estas organizaciones han estudiado este texto con mucho rigor: han consultado a los mejores expertos y han tenido en cuenta muchas opiniones, y de hecho han nutrido el trabajo del parlamento y del gobierno regional.
“No podemos ignorar tal vitalidad democrática dentro de nuestra propia población. No podemos aislarnos de nuestra propia población, cuando la democracia ya está en profunda crisis”, justificaba el primer ministro de Valonia, Paul Magnette, en un discurso histórico en noviembre de 2016.
“Cuanto más discutamos, más analizamos, más efectivamente los parlamentos pueden hacerse preguntas. Es esta seriedad, este rigor en el análisis lo que da credibilidad a nuestro enfoque”, defendió. “¿De qué sirve un parlamento si tiene que firmar y ratificar sin pensar?”, se preguntó el mandatario. “La manera en que llevamos a cabo las negociaciones comerciales debe cambiar. Olvidarse del futuro es, para mí, una gran irresponsabilidad política”, dijo.
¿Se tienen en cuenta los parlamentos autonómicos o gobiernos municipales?
No. Aunque recordemos que hay varios parlamentos autonómicos que se han opuesto a este acuerdo con Canadá tras debatirlo y votarlo en sus respectivas cámaras representativas: Extremadura, Baleares, Catalunya y Valencia. Además, hay más de 120 gobiernos municipales que han rechazado el CETA, igual que el TTIP.
¿Hay evidencias sobre las “enormes oportunidades” que promete el Gobierno español?
La secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela, ha celebrado recientemente la ratificación del CETA por parte del Parlamento europeo ya que Canadá brinda “enormes oportunidades” a las empresas españolas.
El CETA no cuenta con ningún estudio de impacto que asegure un beneficio para la economía, sociedad o medio ambiente. El Gobierno español habla de “enormes oportunidades” sin que exista evidencia alguna sobre los supuestos beneficios económicos que traería el CETA. El estudio encargado por la Comisión en 2011 no es válido porque no se ha realizado en base de los resultados de las negociaciones.
En la segunda edición del Manual para la evaluación del impacto de la sostenibilidad del comercio, la Dirección General Comercio de la Comisión Europea señala que, una vez concluidas las negociaciones y antes de la firma de un acuerdo comercial, la Comisión preparará un análisis del impacto económico con el resultado final negociado del acuerdo y lo presentará al Parlamento Europeo y al Consejo. Se publicó un análisis económico de este tipo para el acuerdo con Singapur y se prevé otro para el acuerdo con Vietnam.
Sin embargo, en lo que respecta al CETA no se ha realizado dicho informe ni antes de la firma por el Consejo ni antes de la ratificación por el Parlamento Europeo. La hoja de ruta del tratado CETA prevé un análisis del impacto económico después de las negociaciones, pero no ofrece un plazo específico.
Todo ello demuestra la falta de rigor del Gobierno español. Sus anuncios publicitarios respecto al CETA que no se sostienen en la práctica. No se basan en estudios independientes o en estudios de impacto propios para España, aunque ha tenido tiempo suficiente para encargarlos porque el grueso del texto (sobre todo lo referido a los aranceles y los cambios en las barreras no arancelarias) ya estaban fijados desde septiembre de 2014.

¿Es el CETA bueno para pymes?

No. Resulta especialmente irritante la desinformación y propaganda malintencionada respecto a los supuestos beneficios del CETA para pequeñas y medianas empresas (pymes).
Según expertos en la materia de Bruselas solo 6.500 -de un total de 20 millones de pymes de la UE- tienen negocios en Canadá o que ya tenían un plan de negocio para Norteamérica y podrían beneficiarse de las rebajas arancelarias o no arancelarias del CETA. No es el caso para la gran mayoría de pymes en España.
Encuestas realizadas a pymes en la UE han dado como resultado que los aspectos que más preocupan a la mayoría de ellas son cuatro:
a) La expectativa de que las empresas más grandes serán las mayores beneficiarias del CETA y del TTIP y que las empresas más pequeñas se verán en desventaja.
b) Que los reglamentos técnicos y las normas no deberían desregularse o bajarse de nivel.
c) La expectativa de que los efectos del arbitraje inversionista-Estado (ISDS / ICS) socavarán los derechos de las pequeñas y medianas empresas.
d) Que el ISDS / ICS favorecerá a las empresas extranjeras y limitará el derecho a regular de los gobiernos.

¿Qué impactos económicos puede tener el CETA?

Una aprobación del CETA en el Congreso de los Diputados abriría la puerta a más privatizaciones de servicios públicos. Además incluye cláusulas que impiden la remunicipalización de servicios públicos y limita la regulación sobre el sistema financiero. El CETA también contempla la creación de tribunales privados de arbitraje, algo que socava la democracia y crea un sistema de justicia paralelo.
El estudio “CETA Without Blinders: How Cutting ‘Trade Costs and More’ Will Cause Unemployment, Inequality and Welfare Losses” de la Universidad Tufts habla de la pérdida posible de 200.000 puestos de trabajo en la UE y del aumento de desigualdades y tensiones sociales.
– El CETA conducirá a la desviación del comercio dentro de la UE. Las balanzas comerciales y las cuentas corrientes en Alemania, Francia e Italia pueden mejorar, pero esto sucederá en detrimento de otros países de la UE como España.
– El CETA llevará a una reducción de la participación del ingreso laboral. Las presiones competitivas ejercidas por el CETA sobre las empresas y transferidas a los trabajadores aumentarán la parte del ingreso nacional que se devenga en el capital y reducirán simétricamente la proporción del ingreso nacional que se devenga en la mano de obra.
– El CETA conducirá a la compresión salarial. Para el año 2023, los trabajadores habrán perdido un promedio de ganancias anuales de 1776 euros en Canadá y entre 316 y 1331 euros en la UE dependiendo del país.
– El CETA dará lugar a pérdidas netas de ingresos del gobierno.
– El CETA dará lugar a pérdidas netas en términos de PIB.

¿Qué impactos puede tener la aplicación provisional?

La aplicación provisional significaría la entrada en vigor del 95% del tratado. Y eso incluso antes del trámite parlamentario. Concretamente partir del 1 de mayo o tal vez ya el 1 de abril.
El 28 de octubre de 2016, el Consejo de Ministros de la UE aprobó la Aplicación Provisional y fijó la fecha de notificación de esta decisión para el día 17 de febrero de 2017. El artículo 30.7.3 del CETA dice que la Aplicación Provisional puede comenzar el primer día del mes siguiente a la notificación de la Aplicación Provisional, es decir, el 1 de marzo. Sin tener que esperar la ratificación por los parlamentos nacionales. Otro varapalo a la soberanía parlamentaria.
¿Qué efectos puede tener la aplicación provisional?
Uno de los asuntos más controvertidos y que causará muchos vacíos legales, por antidemocrático, es lo siguiente: a partir del momento en que se inicie la Aplicación Provisional, se creará el denominado Comité Mixto CETA. Este órgano está formado por funcionarios canadienses y de la Comisión Europea y está presidido por el Ministro de Comercio de Canadá y la Comisaría de Comercio Europeo. El Comité Mixto puede modificar los anexos del CETA y adoptar interpretaciones del CETA. Puede tomar, por ejemplo, decisiones sobre los requisitos de seguridad alimentaria para las importaciones en la UE.
Este tipo de decisiones deberían ser examinadas democráticamente. De hecho aquellas/os eurodiputadas/os que han votado a favor del CETA sin arreglos para la supervisión parlamentaria no toman en serio su mandato parlamentario.
Este comité mixto tiene grandes poderes y tomará decisiones que cambian procesos legislativos y podrán impactar negativamente sobre las mayorías sociales, sin ningún control democrático.
Es por ello que el Tribunal Constitucional alemán en sus primeras observaciones sobre CETA en octubre propuso que cualquier decisión de este comité mixto debería pasar por decisión del Consejo de la UE y ser aprobado por unanimidad. Algo que por el momento no pasará porque el Tribunal no ha fallado aun sobre este tema ni el Consejo de la UE haya enmendado dicha parte del CETA.
Otro de los aspectos que se aplicaría dese el primer momento son la modificación de a los aranceles sobre las mercancías: El Anexo 2-A del CETA establece el calendario para la eliminación de los aranceles sobre las mercancías. La regla general es que todos los derechos de aduana se eliminan, salvo lo que recoge la disposición a lo contrario. Estas excepciones son un poco complejas, y se aplican principalmente a los productos agrícolas. En cualquier caso, todos los productos enumerados que están etiquetados E estarán exentos de cualquier reducción de tarifas (así que CETA no cambiará nada), las categorías B, C, D eliminan aranceles sobre diferentes períodos.
La eliminación o modificación de los aranceles agrícolas tendrá importantes impactos sobre el sector de la pequeña agricultura familiar, aunque para algunos productos más sensibles se aplicaría la eliminación de aranceles más tarde, pero habrá cuotas relevantes para permitir la importación de carne porcina y vacuna, entre otros.

¿Es el CETA un asunto menor?

Claramente no. Los recientes acontecimientos en los Estados Unidos y el Brexit en el Reino Unido han corroborado los riesgos de las políticas neoliberales como el CETA que aumenten el malestar de la población con la globalización. Por eso más que nunca se requiere un debate público y democrático.
Una pronta ratificación del CETA en el Congreso de Diputadas/os con los votos del PP, Ciudadanos y el PSOE confirmaría –una vez más– que los tres partidos trabajan para las élites económicas y financieras, los dueños del IBEX 35, secuestrando a la democracia y concentrando la riqueza. Todo ello aumentaría el paro, las desigualdades, las tensiones sociales y el miedo. Un caldo de cultivo perfecto para oportunistas, racistas y misóginos como Trump y Le Pen.
Es una falacia de que los acuerdos comerciales como el CETA sean la solución a los problemas económicos de nuestras sociedades. Por ello, proponemos un modelo alternativo al neoliberal que rechace los acuerdos de comercio e inversión que son uno de las causas de la crisis económica y cuyas consecuencias son desastrosas para las clases populares. Defendemos el control público sobre sectores estratégicos como la energía y las finanzas, las remunicipalizaciones de servicios privatizados, leyes que prohíban los desahucios, cláusulas sociales para las compras y contrataciones públicas, más dinero público en servicios sociales y la erradicación de las causas de la pobreza, la lucha para frenar el cambio climático, políticas de soberanía energética y alimentaria, un comercio justo basado en la desglobalización y el comercio local y de cercanía.
¿Qué vamos hacer?
Lo habíamos dicho antes de la votación vergonzosa en el Parlamento Europeo de febrero: pase lo que pase, nuestra lucha sigue y que la campaña No al TTIP, CETA, TiSA va a movilizarse para impedir la ratificación del CETA en el trámite parlamentario.
Para ello, hacemos un llamado a toda la sociedad a sumarse a la campaña de presión política a los grupos parlamentarios para dar a conocer los múltiples peligros que tendría el CETA. Queremos aunar esfuerzos de representantes de parlamentos autonómicos y ayuntamientos para que informen de las consecuencias del CETA en su ámbito y expliquen cómo restringiría el derecho a regular y limitaría la soberanía parlamentaria. El papel de las ciudades del cambio y los nuevos municipalismos será clave en esta campaña. El mundo rural y las mareas en defensa de los servicios públicos como uno de los grandes perjudicados de las políticas comerciales neoliberales de la UE, así como los movimientos sociales afectados por el sistema financieros globalizado, como la PAH y los afectados de los preferentes y cláusulas suelo, tendrán un papel relevante. Además de una campaña de información y difusión en medios, se convocarán diferentes movilizaciones unitarias.
Entre las muchas iniciativas, cabe también la posibilidad de pedir desde el ámbito parlamentario un debate sobre la interrupción de la tramitación parlamentaria para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del CETA. Iniciativas similares se han tomado en Alemania y en Francia.
En Francia, 106 legisladores presentaron una apelación ante el Consejo Constitucional argumentando que tratado comercial era “incompatible” con la Constitución gala por los mecanismo de arbitraje entre inversores y estados y por transferir soberanía por parte de los países firmantes del CETA “más allá de lo acordado en la UE“.
La Comisión Europea insiste que el tribunal de arbitraje -o Sistema de Tribunal de Inversión del CETA no interpretará la ley de la UE. Sin embargo, el propio tratado plantea lo contrario. El artículo 8.31 (2) del CETA dice: “(…) Para mayor seguridad, al determinar la compatibilidad de una medida con el presente Acuerdo, el tribunal podrá tener en cuenta, en su caso, el Derecho interno de una Parte como un elemento de hecho (…)”. Uno de los muchos ataques del CETA a la democracia creando una justicia paralela y privatizada.
Así que manos a la obra. Generemos la suficiente presión política para que se hable de los inminentes peligros del CETA. Es importante que mostremos el rechazo de la sociedad a las políticas injustas y anti-democráticas.
E incluso si no lo paramos en España, seguiremos luchando, codo a codo, con los movimientos sociales en otros países donde hay muchas posibilidades de parar el CETA, como en Austria, Holanda, Alemania o Francia.
Nos comprometemos a seguir aunando esfuerzos con el movimiento europeo y global para tumbar el CETA y para luchar contra el TTIP (¡que, por cierto, no está muerto aún!), el TiSA (la otra gran amenaza para los servicios públicos) y otros tratados como UE-Mercosur, UE-México, etc. en un marco más general construir alternativas a las políticas neoliberales de la Unión Europea.

Taller de formación: ‘El Tratado de los Pueblos y las normas vinculantes de la ONU. Alternativas al TTIP, CETA, TiSA’

Invitación taller de formación: ‘El Tratado de los Pueblos y las normas vinculantes de la ONU.
Alternativas al TTIP, CETA, TiSA’

Cuándo: 30 de marzo, 18:30h
Dónde: Sede de Greenpeace, Calle de San Bernardo 107, Madrid.
El taller se impartirá de forma presencial en Madrid y se transmitirá en tiempo real.
Se pasará el enlace para seguir el streaming en directo en los próximos días.
Es necesaria la inscripción a este formulario para quienes quieran asistir de forma presencial.
Aconsejamos llegar a la hora; el aforo es limitado.
Contexto:
Los tratados comerciales, los acuerdos de inversión y los mecanismos ISDS han ido construyendo una “arquitectura de la impunidad” para las empresas transnacionales. Diferentes movimientos sociales, comunidades afectadas y organizaciones de derechos humanos proponemos el desmantelamiento de esa “arquitectura de la impunidad” y la construcción de otro marco normativo internacional que priorice los derechos de las mayorías sociales. Nuestra propuesta es el “Tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales”.
Además hay en marcha un proceso abierto en Naciones Unidas que puede ser un paso adelante para frenar la impunidad de las transnacionales; se está debatiendo la elaboración de un instrumento vinculante que obligue a las grandes corporaciones a respetar los derechos humanos.
Si quieres conocer qué es el Tratado internacional de los pueblos y el proceso de la ONU y cómo pueden configurarse en alternativas a la lex mercatoria, te esperamos a la formación: ‘El Tratado de los Pueblos y las normas vinculantes de la ONU: alternativas al TTIP,-CETA-TISA‘.
El taller es impartido por Erika González Briz, investigadora en el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.
Ha realizado trabajos de investigación y publicaciones sobre los impactos y la violación de los derechos humanos cometidos por las empresas transnacionales.
Participa activamente en la Campaña global ‘Desmantelemos el poder corporativo y pongamos fin a la impunidad‘.
Al final del taller contaremos con un espacio de preguntas y respuestas.
Gracias por participar y difundir!
Para más información:
Campaña NoalTTIP, CETA, TiSA: http://www.noalttip.org/
Facebook Campaña NoalTTIP, CETA, TiSA:
Twitter @NoalTTIP
Campaña global: ‘Desmantelemos el poder corporativo y pongamos fin a la impunidad‘.

taller

Rajoy da por muerto al TTIP: “Fue una operación frustrada”

Rajoy da por muerto al TTIP: “Fue una operación frustrada”
Bruselas reconoce que el acuerdo comercial con EEUU está en soporte vital, pero afirma que respira. Sin embargo, el presidente del Gobierno da por hecho que no saldrá adelante -“Las cosas son como son”-, y pide concentrar esfuerzos en las negociaciones con Mercosur, México, y Japón, además de defender la ratificación del ‘TTIP canadiense’, el CETA.
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL
15/03/2017
Bruselas reconoce que mantiene el TTIP en soporte vital, pero hasta la fecha no se ha atrevido a dar por muerto al tratado de libre comercio entre la UE y EEUU, algo que sí hace el presidente del Gobierno español. Mariano Rajoy ha dado por fracasadas las negociaciones sobre el polémico acuerdo comercial, criticado por su opacidad y por el peso que otorgaría a las multinacionales de ambos lados del Atlántico, asegurando que este tratado “fue una operación frustrada”.
Este miércoles, durante su turno de réplica a los grupos parlamentarios en la sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, el líder del Ejecutivo afirmaba haber “planteado incluso que se siga intentando el tratado de libre comercio con EEUU”. “Creo que fue una operación frustrada, una de las operaciones más importantes que se pudieron hacer en mucho tiempo”, afirmaba Rajoy desde la tribuna de oradores de la Cámara Baja.
Obviando las diferencias entre los diferentes estudios sobre el impacto de estos tratados – el Gobierno se aferra al que desarrolló el think tank de la Patronal– el líder del PP sostenía que “sin duda alguna” el TTIP “hubiera supuesto un incremento importante del PIB en la UE y también en España, a pesar de que distintos informes apuntan exactamente en la dirección contraria. “Pero bueno, las cosas son como son”, lamentaba, pidiendo concentrar esfuerzos en los acuerdos con Mercosur, México, Chile, y Japón, y muy especialmente en el tratado comercial con Canadá, CETA, considerado por activistas y grupos políticos críticos el “gemelo” del Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP, en inglés).
El presidente del Gobierno: “Creo que el TTIP fue una operación frustrada, una de las operaciones más importantes que se pudieron hacer en mucho tiempo”
Fuentes del Ministerio de Exteriores aseguran a Público que el Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) llegará al Consejo de Ministros en un par de semanas, por lo que previsiblemente pasará al Congreso el próximo mes de abril. Y, si el PSOE mantiene la posición que adoptó en el Europarlamento durante la votación del CETA hace un mes, a todas luces el acuerdo obtendrá luz verde en el Parlamento español, gracias al respaldo de socialistas, PP y Ciudadanos.
De hecho, el líder del partido naranja, Albert Rivera, afirmaba en su réplica a Rajoy que está “totalmente de acuerdo” con los tratados de libre comercio. “Si Trump quiere cerrar fronteras y poner aranceles, aprovechemos” para lograr que las empresas europeas “entren mejor en Canadá”, pedía Rivera.
La situación de parálisis del TTIP obedece a varios motivos: las numerosas críticas vertidas por cientos de organizaciones sociales, sindicales o medioambientales -sólo la Campaña estatal no al TTIP aglutina a 350 entidades-, la división entre grupos que tradicionalmente lo apoyaron -especialmente los socialistas europeos- y el hecho de que el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, se haya declarado contrario a este tipo de acuerdos, e incluso haya firmado la orden ejecutiva para que su país se retire del TPP, el también polémico acuerdo transpacífico.
Más información:
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¡No a los tribunales exclusivos para las multinacionales!

Petición a la Comisión Europea y a los Ministros de Comercio Exterior de la UE
Cada vez más, las multinacionales utilizan tribunales de inversión para impugnar leyes que protegen a las personas y al medioambiente. Las propuestas para fortalecer este sistema legal paralelo mediante la creación de un tribunal de ámbito mundial son muy preocupantes.
Le pedimos que abandone los planes para establecer un tribunal multilateral de inversiones, que rechace los nuevos acuerdos comerciales y de inversiones que incluyan estos tribunales corporativos y que se comprometa a eliminar dichos tribunales de los acuerdos ya existentes.
Por qué es importante
La nueva propuesta de la Comisión Europea podría afianzar un vasto sistema jurídico paralelo que inversores y multinacionales usarían para socavar el proceso democrático de toma de decisiones.
Una ola de movilizaciones en contra del TTIP y del CETA [1] ha sacudido a toda Europa para frenar los pies a un sistema jurídico paralelo que permite a los inversores llevar a juicio a los Estados si consideran que ciertas decisiones democráticas afectan negativamente sus beneficios. Recientemente, casi 150.000 personas participaron en una consulta popular para mostrar su rechazo a estos privilegios injustificados. Y en vez de eliminarlos, ahora nuestros políticos están intentando implementarlos a nivel mundial… ¡pero con otro nombre! [2].
Este sistema legal propuesto es diferente al de los tribunales tradicionales y a nuestro sistema jurídico democrático. Solo está al alcance de inversores y multinacionales, y a menudo es utilizado por estas para impugnar leyes que consideran que afectan negativamente los beneficios previstos.
Sigue este enlace para apoyar la petición
El miedo a ser demandados provoca que los gobiernos actúen con mucha más cautela a la hora de tomar decisiones que podrían afectar a las poderosas multinacionales. Los tribunales corporativos son una herramienta para presionar a los gobiernos y conseguir que estos reduzcan la protección de la ciudadanía o el medio ambiente. Por si fuera poco, todo esto costará mucho dinero, y será la ciudadanía a quien le toque pagar.
Países como Sudáfrica, Indonesia y la India ya han demostrado que es posible librarse de este tipo de peligrosos tratados de inversión, abandonando completamente el sistema. Si las propuestas de la Comisión Europea sobre la creación de un tribunal paralelo a nivel mundial salen adelante, es muy probable que se dejen de lado aquellos cambios fundamentales propuestos por los países del Sur global.
Este nuevo tribunal incrementaría el poder de las corporaciones en detrimento de la sociedad civil, justamente lo contrario de lo que se necesita en este momento. Los gobiernos del Sur global están intentando establecer normas vinculantes para las multinacionales en materia de derechos humanos. En vez de fortalecer los derechos de los inversores, la Unión Europea debería apoyar esta iniciativa para hacer que las multinacionales se responsabilicen de las violaciones de derechos humanos.
Pero tenemos la oportunidad de bloquear esta ofensiva antes de que sea demasiado tarde.. Se está celebrando una consulta popular previa al inicio de las negociaciones. ¡Aprovechemos la consulta para mostrar nuestra oposición a darle más privilegios a multinacionales e inversores Somos una gran comunidad transnacional y podemos hacer que nos escuchen.
Referencias
[1] El TTIP es el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, negociado entre la UE y los Estados Unidos. El CETA es el Acuerdo Económico y Comercial Global, un tratado que se firmará con Canadá.
[2] A este tribunal se le conoce como el Tribunal Multilateral de Inversiones. De acuerdo a la propuesta de la UE, los inversores podrían utilizar este tribunal global en el marco de tratados de invesión existentes que han demostrado ser una amenaza para las políticas públicas destinadas a proteger a los ciudadanos y al medio ambiente.
Campaña en colaboración con Amigos de la Tierra Europa, Ecologistas en Acción y la Red Seattle to Brussels.
Participa y difunde!

Invitación webinar: ¿Un ISDS multilateral? La propuesta de la Comisión Europea para un ‘Tribunal Multilateral de Inversiones’

Invitación webinar: ¿Un ISDS multilateral? La propuesta de la Comisión Europea para un ‘Tribunal Multilateral de Inversiones’
Día/hora: 21 Marzo, 15:00-16:30.
Formulario de inscripción (obligatorio): https://attendee.gotowebinar.com/register/7274169199411050242
Contexto
La globalización se encuentra en una peligrosa encrucijada. Uno de los caminos conduce a una mayor protección de los derechos humanos y el medio ambiente, y a la recuperación del espacio normativo para que los Gobiernos aborden el cambio climático, las desigualdades y otros problemas acuciantes de nuestros días. El otro lleva a que las grandes empresas tengan más derechos para intimidar a las autoridades competentes y hacerlas pagar cuando legislan en el interés de la mayoría, y no de unos pocos.
El proyecto de la Comisión Europea de crear un mecanismo multilateral para la solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS)que se ha presentado al público como un ‘Tribunal Multilateral de Inversiones’— nos llevaría por ese segundo camino, ya que amenaza con blindar para siempre el controvertido sistema ISDS, que solo beneficia a las grandes empresas.
Esta propuesta forma parte de las negociaciones que la UE mantiene con México y próximamente Chile (además de con otros países en otras regiones). Además, la UE lo ha presentado a 40 gobiernos no pertenecientes a la UE durante el Foro Económico Mundial de Davos y también en una reunión celebrada en diciembre pasado en Ginebra. Es por esto que concierne a todos mas alla de si existe una negociación actual sobre protección de inversiones. En particular, se conoce que Argentina ha dado apoyo a la propuesta.
Este webinar presentará la propuesta de la Comisión Europea así como varias perspectivas críticas sobre el tema. También exploraremos la importancia estratégica de este debate para la sociedad civil y presentaremos oportunidades y formas para que las organizaciones se involucren en la campaña en contra de un mecanismo multilateral para la solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS). Habrá tiempo para preguntas y discusiones.
Programa
Bienvenida + Aspectos técnicos + presentación del programa
Presentación de la propuesta europea de una Corte Multilateral de Inversiones: Antecedentes y elementos básicos
Presentación de la crítica a la propuesta (Documento de posición de S2B): riesgos y peligros.
Presentación de opiniones desde América Latina
Espacio de preguntas y respuestas
¿Para quién está diseñado este seminario?
Activistas, movimientos sociales, organizaciones ambientalistas, sindicalistas, ONGs, y centros de investigación que trabajan o se ven afectados por la política de comercio e inversión.
Organizadores
Red Seattle to Brussels (S2B), Argentina Mejor sin TLC, REDES AdT-Uruguay, Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe (ATALC), Transnational Institute, PowerShift, FOEI, Ecologistas en Acción.
Más información: Documento de posición de la red Seattle to Brussels (S2B)
El ISDS en una peligrosa encrucijada: la propuesta de la Comisión Europea para un mecanismo multilateral de solución de controversias inversor-estado (ISDS)
Febrero de 2017

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