Noticias de la Campaña estatal #NoalTTIP

El Congreso decidirá este jueves si envía el acuerdo de libre comercio con Canadá al Constitucional

El Congreso decidirá este jueves si envía el acuerdo de libre comercio con Canadá al Constitucional
La Mesa rectifica y permite que el Pleno debata la cuestión previa de constitucionalidad y la enmienda a la totalidad planteadas por Unidos Podemos
Aitor Riveiro
eldiario.es
El empeño de Unidos Podemos por detener la tramitación del tratado de libre comercio firmado entre la UE y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) llegará esta semana al Pleno del Congreso y por partida doble. Los diputados debatirá, y votarán, si elevan el acuerdo al Tribunal Constitucional para que determine si se ajusta a la Carta Magna. Además, se debatirá la enmienda a la totalidad contra el texto registrada por el grupo confederal.
La tramitación parlamentaria del CETA en España comenzó el pasado mes de abril, tras ser aprobado por el Parlamento Europeo. Unidos Podemos presentó una cuestión previa de constitucionalidad, un mecanismo que está previsto en la propia Carta Magna expresamente para los tratados internacionales.
Pero la Mesa del Congreso optó por desestimar esta petición y pedir a los letrados de la Cámara un informe en el que estos dijeran si el tratado cumple o no con la Constitución. Un encargo que fuentes parlamentarias reconocen que se escapa de sus competencias. No en vano, el 4 de abril los letrados propusieron a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, admitir a trámite la cuestión previa, según ha confirmado eldiario.es.
Tras una petición de reconsideración de Unidos Podemos y la denuncia pública del intento de impedir una acción que la propia Constitución permite, la Mesa del Congreso ha reconsiderado su decisión y tramitó la iniciativa, que finalmente será discutida el próximo jueves, según el orden del día provisional del Pleno.
Si la mayoría de los diputados votan a favor, el Congreso remitirá el CETA al alto tribunal para que estudie si se adecúa a la Constitución española. Desde Unidos Podemos no confían en que esto ocurra y apuestan porque PP, PSOE y Ciudadanos sumarán sus votos para permitir que el tratado de libre comercio con Canadá prosiga su camino en las Cortes.
Tampoco creen que salga adelante la enmienda a la totalidad. Si un país de la UE rechaza el acuerdo, este no entrararía en vigor para ninguno y se tendría que renegociar.
Los tres partidos ya votaron a favor del CETA en el Parlamento Europeo el pasado 15 de febrero con el rechazo de Los Verdes Europeos y el GUE, el grupo donde se encuadran tanto los eurodiputados de Podemos como los de IU.
El debate y votación de ambas iniciativas se producirá el jueves. Un día antes, Unidos Podemos-En Comú-En Marea, ERC, Compromís y Bildu organizarán un acto en el propio Congreso contra el CETA bajo el título “Los múltiples peligros del acuerdo económico y comercial global entre la UE y Canadá”.
Más información:

PP, PSOE y C’s imponen la tramitación exprés del ‘TTIP canadiense’ en el Congreso

PP, PSOE y C’s imponen la tramitación exprés del ‘TTIP canadiense’ en el Congreso
Desde el grupo parlamentario de Unidos Podemos critican que las tres fuerzas se hayan unido para someter a la votación del Pleno el envío del acuerdo comercial CETA al Tribunal Constitucional el próximo jueves, el mismo día en que se vota el tratado, e incluso después de que la cámara ya haya dado luz verde al acuerdo.
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL @Alopezdemiguel
publico.es
El Gobierno sigue pisando el acelerador para garantizarse la aprobación en el Congreso del tratado comercial entre la UE y Canadá, CETA, con el apoyo de PSOE y Ciudadanos. Esta semana, la Junta de Portavoces acordó que el polémico acuerdo comercial se vote en el Pleno del próximo jueves 18. También se debatirá la enmienda a la totalidad presentada por Unidos Podemos, que lleva la firma de su portavoz en la Comisión de Exteriores, Pablo Bustinduy.
La ratificación del acuerdo, asegurada por los números que suman PP, PSOE y C’s, se votará el mismo día en que se considera la cuestión previa de constitucionalidad, después de que el Congreso se haya posicionado sobre el CETA
Por su parte, desde el grupo parlamentario de Unidos Podemos recuerdan que han interpuesto una batería de iniciativas parlamentarias para impedir la tramitación de un acuerdo que, a su entender, resta soberanía a los españoles. Tras algunos encontronazos con el resto de partidos presentes en la Mesa del Congreso, el órgano de gobierno de la cámara, ésta decidió calificar su propuesta de votar en Pleno una cuestión previa de constitucionalidad, iniciativa que permitiría pedir al Tribunal Constitucional que analice si el CETA vulnera las disposiciones de la Carta Magna, como denuncian Unidos Podemos y cientos de organizaciones sociales, sindicales y civiles.
Según este grupo, lo más sorprendente es que la ratificación del acuerdo, asegurada por los números que suman PP, PSOE y Ciudadanos en la cámara, se votará el mismo día en que se considera la cuestión previa de constitucionalidad, incluso después de que el Congreso ya se haya posicionado sobre el CETA. Simplificando, primero se votará el CETA, y después si la cámara manda el acuerdo al Alto Tribunal para que aclare si vulnera la Constitución.
Es un disparate que revela sus prisas por aprobarlo“, aseguran fuentes del grupo confederal Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea. Reconocen que en este punto es muy difícil actuar contra el polémico CETA, e insisten en que a todas luces el acuerdo supone una pérdida de soberanía evidente, entre otros motivos por el recurso a los polémicos tribunales de arbitraje, a los que sólo pueden acceder las empresas inversoras, obviando los canales judiciales nacionales.
Critican también la actitud del Partido Socialista, y aseguran que “no responde” a su petición de que respalden que el Constitucional revise el CETA antes de que los diputados, que en la inmensa mayoría de los casos no han accedido a las más de 1.600 páginas del acuerdo, se pronuncien.
Por su parte, desde el Partido Socialista argumentan que no tiene sentido votar su remisión al Constitucional “sin saber si va a ser ratificado o no“. “Primero hay que ver si se ratifica”, inciden, recordando que ya respaldaron el CETA cuando fue ratificado en el Europarlamento, en febrero de este año. En la votación del tratado, el pasado 15 de febrero, parte del grupo de Socialistas y Demócratas en la Eurocámara (S&D) se desmarcó de la línea oficial y votó contra el CETA, pero esta división no afectó a la delegación española, que votó en bloque a favor del acuerdo.
Errores de forma, ausencia de documentos y “cacicadas”
El 24 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó la remisión del Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA, en inglés) a las Cortes, y el Gobierno lo registró el lunes 27, sólo tres días después. No obstante, en su primer envío el Ejecutivo obvió documentos tildados de “claves” por Unidos Podemos. El grupo parlamentario de Pablo Iglesias criticó su extravío, y el Ejecutivo tuvo que trasladarlos posteriormente, el 7 de abril (uno de ellos es el Instrumento interpretativo conjunto sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea y sus Estados miembros).
Este grupo registró su solicitud de control previo de constitucionalidad el 3 de abril, pero la iniciativa no fue calificada hasta esta semana.
Entre medias tuvo lugar la reunión de la Mesa del pasado 28 de abril, especialmente criticada por Unidos Podemos, porque los representantes de PP, PSOE y Ciudadanos paralizaron la iniciativa pasando la pelota a los letrados de la cámara. También rechazaron su solicitud de celebrar un pleno monográfico sobre la corrupción, en el que el presidente del Gobierno diera explicaciones sobre el caso de corrupción Lezo. Esta decisión fue tildada de “cacicada” por parte de Unidos Podemos, mientras PP, PSOE y C’s argumentaron que “priorizan” la comparecencia de Rajoy ante la Comisión sobre la financiación ilegal del PP, que entonces ni siquiera estaba constituida.

La campaña No al TTIP, CETA, TiSA convoca una manifestación unitaria en Madrid el 3 de junio

La democracia y los servicios públicos ¡no se venden, se defienden!
El Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá (CETA por sus siglas en inglés), también conocido como el ”TTIP canadiense”, tras su aprobación en el mes de febrero por el Parlamento Europeo, se encuentra en la actualidad pendiente de ratificación por parte de los parlamentos nacionales y regionales de los estados miembros.
El gobierno español remitió el pasado 27 de marzo el Proyecto de Ley sobre el CETA, iniciándose así el trámite parlamentario que llevará a la votación del Acuerdo en las Cortes Generales.
A pesar de las consecuencias que este tratado podrá tener sobre la gobernabilidad y la capacidad del estado de proteger y dar respuesta a las necesidades básicas de los ciudadanos, el Gobierno de Mariano Rajoy, con el respaldo de, entre otros, PSOE y C’s, quiere llevar a cabo el proceso de ratificación con la mayor rapidez posible haciendo caso omiso de la oposición de miles de ciudadanas y ciudadanos que denunciamos que tratados como el CETA son pensados por y para las grandes empresas transnacionales, suponen un duro golpe a los derechos y necesidades de la gente en numerosos aspectos de su vida cotidiana y representan un grave ataque al medioambiente y a la democracia.
El análisis de los efectos de otros tratados similares demuestra que no promueven la mejora de derechos laborales, ni la sostenibilidad ambiental. Todo lo contrario, estos tratados son la herramienta definitiva mediante la cual las grandes multinacionales logran doblegar la democracia y soberanía de los países. Entre otros peligros el CETA:

  • Supone que las grandes empresas se beneficien de unos tribunales privados diseñados para defender sus intereses económicos por encima de los derechos humanos, engrasando la máquina que traspasa dinero público a manos privadas.
  • Limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y promueve la privatización de los mismos.
  • El CETA podría cuestionar las medidas de precaución de la política europea que protegen a los consumidores, a la salud pública y al medio ambiente.
  • Supondrá una menor recaudación de impuestos de grandes empresas, reduciendo la capacidad de los estados para procurar bienes y servicios públicos, dado que muchas de ellas utilizan paraísos fiscales.
  • Hace que Canadá y la Unión Europea sean más vulnerables a las crisis financieras al producirse una mayor liberalización de los mercados financieros en lugar de regularlos como empieza a ser urgente y
    necesario.
  • Existen estudios independientes de los impactos económicos del CETA que nos dicen que se perderán puestos de trabajo tanto en la Unión Europea como en Canadá, y los beneficios del tratado serán
    fundamentalmente para los dueños del capital, con el consiguiente aumento de la desigualdad.
  • Podría aumentar el coste de las prescripciones de medicamentos e impactaría negativamente en derechos fundamentales como el de la privacidad y de la protección de datos.

Por estas razones, desde la campaña No al TTIP, CETA, TISA, que reúne a día de hoy más de 350 organizaciones sociales, ambientales, sindicales, políticas, asociaciones de jueces y sectores profesionales, hacemos un llamamiento a la movilización unitaria del 3 de junio en Madrid.
Exigimos a nuestros representantes electos que atiendan nuestras exigencias, que nos den voz y voto ante decisiones tan trascendentales como son la aceptación de estos tratados,que restan poder a los gobiernos para dárselo a los mercados y que restan protección a la ciudadanía y clase trabajadora.
Por eso, la ciudadanía sale una vez más a las calles, para mostrar su rotundo rechazo a un acuerdo, que va mucho más allá de lo comercial, y exigir al Congreso de los Diputados que vote en contra de su ratificación y defienda los derechos e intereses de la población a la que representa.
Los intereses comerciales y de las multinacionales no pueden estar por encima de la democracia, los derechos de las personas y del planeta. Por eso decimos:
¡No al CETA! !No al TTIP! ¡No al TISA!

Se presenta el Portal de Transparencia para informar sobre el TTIP, el CETA y el TiSA

Se presenta el Portal de Transparencia para informar sobre el TTIP, el CETA y el TiSA
La campaña No al TTIP, CETA y TiSA presenta su Portal de Transparencia, una herramienta con la que ofrece información sobre los tratados de comercio e inversión que la Unión Europea (UE) negocia con terceros países.
· Su objetivo principal es impulsar la participación ciudadana en las decisiones políticas que comprometen el futuro de la ciudadanía y del planeta.
Esta mañana se ha presentado el Portal de Transparencia, una herramienta online impulsada por la campaña No al TTIP, CETA y TiSA, que aglutina a más de 350 entidades sociales, sindicales y políticas, entre ellas Ecologistas en Acción. Su objetivo es ofrecer información necesaria sobre los tratados de comercio e inversión que negocia la Unión Europea con el resto del mundo. El portal tiene como objetivo impulsar la participación ciudadana en las decisiones políticas que comprometen el futuro de las personas y del planeta.
El Gobierno español ha decidido ratificar el CETA de manera rápida, sin apenas debate político, sin escuchar a la ciudadanía, sin evaluar el impacto que pueda tener dicho tratado sobre la economía nacional. Tampoco ha analizado su compatibilidad con la norma constitucional española. Por ello, la campaña ofrecerá día a día en el Portal de Transparencia todas aquellas noticias que surjan sobre estos tratados, incluidas las que se pretenden ocultar.
La campaña No al TTIP, CETA y TiSA considera que el Parlamento español debe dedicar el tiempo necesario a examinar las 1.600 páginas de este tratado antes de tomar una decisión. De lo contrario, no cumpliría adecuadamente con su función legislativa y de control parlamentario. Es imposible que este órgano lleve a cabo su compromiso de transparencia y democracia si no desarrolla un estudio previo para conocer el impacto del CETA en el Estado español, sin control previo de constitucionalidad del Tribunal Constitucional y sin realizar consultas a la sociedad.
Por estas razones, el Portal de Transparencia invita a toda la ciudadanía a consultar esta herramienta. Asimismo, en pocas semanas el Congreso de los Diputados votará un Proyecto de Ley cuyo contenido e impactos son desconocidos para la mayoría de diputadas y diputados.
La plataforma No al TTIP, CETA y TiSA hace un llamamiento a toda la sociedad a sumarse a la campaña de presión política a los grupos parlamentarios para que den a conocer los múltiples impactos que tendría el CETA.

El Tribunal General anula la Decisión de la Comisión por la que se deniega el registro de la propuesta de Iniciativa Ciudadana Europea ‘Stop TTIP’

Tribunal General de la Unión Europea
Comunicado de Prensa N.49/17
Luxemburgo, 10 de mayo de 2017
El Tribunal General anula la Decisión de la Comisión por la que se deniega el registro de la propuesta de Iniciativa Ciudadana Europea ‘Stop TTIP’
Esta propuesta no constituye una injerencia inadmisible en el desarrollo del procedimiento legislativo sino el detonante legítimo de un debate democrático en el momento oportuno
En julio de 2014, un comité de ciudadanos del que es miembro el Sr. Michael Efler solicitó a la Comisión el registro de la propuesta de Iniciativa Ciudadana Europea (1) titulada «Stop TTIP».
Esa propuesta invitaba fundamentalmente a la Comisión a recomendar al Consejo que revocase el mandato que le había otorgado para negociar el TTIP (2) y, en último término, que no celebrase el CETA (3).
La propuesta pretende de esa forma:
– impedir el TTIP y el CETA porque los proyectos de acuerdo incluyen, según afirman los organizadores, diversos aspectos problemáticos (procedimientos de resolución de litigios entre inversores y Estados, disposiciones sobre la cooperación reguladora que suponen una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho);
– evitar que (i) negociaciones carentes de transparencia debiliten los estándares de protección laboral, social, medioambiental, de la intimidad y de los consumidores, y que (ii) se desregulen los servicios públicos (por ejemplo, el suministro de agua) y la cultura, y
– apoyar «una política comercial y de inversiones diferente en la Unión Europea».
Mediante Decisión de 10 de septiembre de 2014 (4), la Comisión denegó el registro de esta propuesta. Según la Comisión, la propuesta está fuera del ámbito de sus competencias para presentar una propuesta relativa a un acto jurídico de la Unión para los fines de aplicación de los Tratados.
El comité de ciudadanos interpuso entonces recurso ante el Tribunal General para lograr que se anulase la Decisión de la Comisión.
Mediante la sentencia de hoy, el Tribunal estima el recurso y anula la Decisión de la Comisión.
El Tribunal rechaza la tesis defendida por la Comisión según la cual la decisión de retirarle la autorización para abrir negociaciones con vistas a la celebración del TTIP no puede ser objeto de una iniciativa ciudadana europea. Según la Comisión, tal decisión está excluida del concepto de «acto jurídico» ya que la propia autorización no está comprendida en ese concepto debido a su carácter preparatorio y a la falta de efectos frente a terceros.
A este respecto, el Tribunal señala en particular que el principio democrático ―que figura entre los valores fundamentales en los que se basa la Unión― y el objetivo que subyace a las iniciativas ciudadanas europeas (esto es, mejorar el funcionamiento democrático de la Unión confiriendo a todo ciudadano un derecho general a participar en la vida democrática) exigen que se acoja una interpretación del concepto de acto jurídico que incluya actos jurídicos como una decisión de apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo internacional, que (como el TTIP y el CETA) tiene innegablemente como finalidad modificar el ordenamiento jurídico de la Unión.
El Tribunal señala además que nada justifica excluir del debate democrático los actos jurídicos que pretenden que se revoque una decisión por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo internacional, igual que ocurre con los actos que tienen por objeto impedir la firma y la celebración de tal acuerdo.
El Tribunal no acoge la alegación de la Comisión de que los actos contemplados por la propuesta de que se trata supondrían una injerencia inadmisible en el desarrollo de un procedimiento legislativo en curso. En efecto, el fin perseguido por la iniciativa ciudadana europea es permitir a los ciudadanos de la Unión participar más en la vida democrática de la Unión, en particular explicando en detalle a la Comisión las cuestiones que plantea la iniciativa, invitando a dicha institución a presentar una propuesta de acto jurídico de la Unión después de haber presentado la
iniciativa, en su caso, en una audiencia pública organizada en el Parlamento y, por tanto, suscitando un debate democrático sin tener que esperar a la adopción del acto jurídico cuya modificación o abandono en definitiva se persigue.
Tampoco vulnera el principio de equilibrio institucional el hecho de admitir tal posibilidad, en la medida en que corresponde a la Comisión decidir si da o no un curso favorable a una iniciativa ciudadana europea registrada que haya reunido las firmas exigidas, presentando, en una comunicación, sus conclusiones finales de carácter jurídico y político sobre la iniciativa, las medidas que en su caso se proponga adoptar y las razones para actuar así o para no hacerlo. Según el Tribunal, nada se opone a que las medidas que en su caso se proponga adoptar la Comisión puedan consistir en proponer al Consejo que adopte los actos objeto de la propuesta de que se trata.
En contra de lo alegado por la Comisión, nada impediría, en su caso, a las instituciones de la Unión negociar y celebrar nuevos proyectos de acuerdos transatlánticos de libre comercio una vez que el Consejo adopte los actos objeto de esta propuesta.
NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el
Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la
notificación de la resolución.
NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.
(1)La normativa que regula la iniciativa ciudadana europea establece que al menos un millón de ciudadanos de la Unión que procedan de por lo menos un cuarto de los Estados miembros pueden tomar la iniciativa de invitar a la Comisión, en el marco de sus atribuciones, a que presente al legislador de la Unión una propuesta adecuada sobre cuestiones que esos ciudadanos estimen que requieren un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados. Antes de poder iniciar la recogida del número exigido de firmas, los organizadores de la iniciativa ciudadana europea deben registrarla ante la Comisión, que examina en particular su objeto y sus objetivos. La Comisión puede denegar el registro de la iniciativa en particular si el objeto de ésta está manifiestamente fuera del ámbito de sus competencias para presentar al legislador de la Unión una propuesta relativa a un acto jurídico para los fines de aplicación de los Tratados.
(2)Mediante Decisión de 14 de junio de 2013, el Consejo había autorizado a la Comisión a abrir negociaciones con los Estados Unidos de América para la celebración de un acuerdo de libre comercio, denominado en adelante «Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión» (en inglés, Transatlantic Trade and Investment Partnership o TTIP).
(3)Mediante Decisión de 27 de abril de 2009, el Consejo había autorizado a la Comisión a abrir negociaciones con Canadá para la celebración de un acuerdo de libre comercio, denominado en adelante «Acuerdo Económico y Comercial Global» (en inglés, Comprehensive Economic and Trade and Trade Agreement o CETA).
(4)Decisión C(2014) 6501.

Unidos Podemos usará “todos los recursos posibles” para intentar impedir la aprobación del CETA

Unidos Podemos usará “todos los recursos posibles” para intentar impedir la aprobación del CETA
El grupo confederal denuncia que el Congreso ha iniciado la tramitación del tratado de libre comercio con Canadá sin informes preceptivos y que la Mesa ha vetado una cuestión previa de constitucionalidad con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos
Aitor Riveiro
eldiario.es
La tramitación del tratado de libre entre la Unión Europea y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) ya ha comenzado y Unidos Podemos ha tomado la determinación de utilizar “todos los recursos posibles” para impedir su aprobación en las Cortes. Sus primeras iniciativas en este sentido se han encontrado con el rechazo de la Mesa del Congreso, donde PP, PSOE y Ciudadanos han dado vía libre al acuerdo por el que ya votaron a favor en el Parlamento Europeo en febrero de este mismo año.
El CETA fue remitido por el Gobierno al Congreso en marzo. Los dos representantes de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Gloria Elizo y Marcelo Expósito, pidieron a la Mesa que se planteara una cuestión de constitucionalidad, una herramienta que recoge la propia Carta Magna expresamente para los tratados internacionales en su artículo 95.
El órgano que preside Ana Pastor optó el 28 de abril por calificar el tratado y admitirlo a trámite, ignorando la petición de Unidos Podemos. A cambio, ha pedido un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para que determinen si el CETA se ajusta o no a la Constitución española.
Unidos Podemos también ha pedido un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que es preceptivo para la aplicación del tratado internacional lo que, en opinión del grupo confederal, lamina la seguridad jurídica de la institución donde reside la soberanía nacional. “Queremos que sea el Tribunal Constitucional el que se pronuncie antes de que ese tratado se apruebe, si es que se aprueba en este Parlamento, sobre si afecta o no a los derechos constitucionales de los españoles”, asegura la portavoz del grupo, Irene Montero.
El CETA, por tanto, ha iniciado el proceso necesario para su aprobación sin que dos prerrogativas previas se hayan cumplido. El tratado se encuentra ahora en la Comisión de Asuntos Exteriores.
El próximo viernes se cerraba el plazo para que los grupos presenten enmiendas al texto. Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha presentado una a la totalidad, lo que obligará a debatirla en el Pleno, un trámite al que la Junta de Portavoces debe poner fecha. Y esto no podrá ocurrir mientras no se resuelve la demanda del grupo confederal de que se tramite el recurso previo de constitucionalidad y se solicite al CGPJ el preceptivo informe.
“Mamporreros del Gobierno”
El enfado en Unidos Podemos es mayúsculo. Fuentes de la dirección califican al PSOE y a Ciudadanos de “mamporreros del Gobierno” y les acusan de no ejercer la labor de oposición que les corresponde.
“Vamos a pelear este tema”, señalan las mismas fuentes, que denuncian que la Mesa del Congreso está “entrando al fondo” de las cuestiones, algo que corresponde a la Junta de Portavoces, cuando su labor es la de ocuparse de lo formal y tramitar, o no, en función de las normas que se deben cumplir.
En su opinión la Mesa se ha extralimitado al admitir la tramitación del CETA cuando no se ha resuelto si el tratado cumple o no con la Constitución española. “El PP no se tuvo ni que despeinar, el trabajo sucio lo hicieron PSOE y Ciudadanos”.
La reunión de la Mesa del Congreso del 28 de abril significó para Unidos Podemos un punto de inflexión en su relación con los demás grupos. “Fue escandaloso. Nos vetaron el 99% de lo que propusimos”, apuntan desde el grupo.
La reunión de la Mesa llegó al día siguiente de que Pablo Iglesias anunciara la moción de censura contra Mariano Rajoy.
El grupo confederal denuncia que ese es el motivo por el que fueron vetadas todas sus iniciativas: el Pleno extraordinario para que comparecieran Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Rafael Catalá o José Ignacio Zoido; una comisión de investigación sobre el accidente del Alvia en Santiago.
El ICS y la protección a los inversores
El tratado elimina los aranceles aduaneros de los productos que intercambien la UE y Canadá. La mayoría desaparecerán tan pronto como el tratado entre en vigor y otros lo harán de forma paulatina en tres, cinco y siete años. Además, permitirá que empresas de ambos lados del Atlántico compitan en determinados concursos públicos y también afronta la liberación de algunos servicios.
Pero la parte más criticada en Europa es la relativa a la falta de democracia en la resolución de conflictos entre empresas y estados.
El Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS por sus siglas en inglés) es un mecanismo que establece cortes de arbitraje especiales para que los inversores extranjeros puedan demandar a los países y dirimir los conflictos sin pasar por los tribunales ordinarios de cada país.

Impacto potencial del CETA en el agua y los servicios de agua

La campaña No al TTIP, CETA, TiSA ha participado al Foro Nueva Cultura del Agua que ha tenido lugar los días 5 y 6 de mayo en Madrid.
La campaña ha presentado un documento que alerta sobre las amenazas del CETA para la gestión pública del agua.
Descarga el documento
Alerta: Impacto potencial del CETA en el agua y los servicios de agua
La campaña estatal No al TTIP, CETA y TiSA, conformada por más de 350 organizaciones y entidades sociales, ecologistas, sindicales y políticas, solicita que el Congreso de l@s Diputada@s vote contra la ratificación del tratado de comercio e inversión entre la Unión Europea y Canadá (CETA – desde el 27 de marzo en trámite parlamentario), que pone en peligro los recursos acuáticos y los servicios de agua a ambos lados del atlántico.
Tras un completo análisis del texto del CETA (más de 1.600 páginas) y del Instrumento Interpretativo Conjunto, hemos detectado varias disposiciones que ponen en peligro la gestión pública de los servicios de agua y saneamiento y el agua como bien común.
El agua está incluida en el texto del CETA, a pesar de todas las promesas de que permanecería fuera de las negociaciones y a pesar de la opinión del Parlamento Europeo en su resolución del 8 de septiembre de 2015 sobre el seguimiento de la Iniciativa Ciudadana Europea por el Derecho Humano al Agua (2014/2239(INI), no. 22), donde el Parlamento “pide a la Comisión (…) que excluya permanentemente el agua y el saneamiento y tratamiento de las aguas residuales de las normas del mercado interior y de cualquier acuerdo comercial”.
Las disposiciones del artículo 1.9 del CETA pueden llevar a una mayor mercantilización del agua y facilitar su acaparamiento por parte de las grandes corporaciones.
El artículo establece que: “Si una Parte permite la utilización comercial de un manantial concreto, deberá hacerlo de forma coherente con el presente Acuerdo.”, sin definir claramente lo que se considera un “uso comercial” o un “manantial concreto”. En caso de un uso comercial, los derechos de agua están sometidos a las reglas de comercio e inversiones del CETA. En especial los estándares de protección de inversiones (Trato Justo y Equitativo; Expropiación Indirecta) para inversores extranjeros pueden tener una fuerte influencia sobre cómo se adjudican los derechos de agua por parte de las autoridades públicas, y limitar sus posibilidades de negar o restringir derechos de agua una vez éstos hayan sido concedidos a inversores extranjeros. Hay ya varios casos de disputas inversor-Estado en relación a derechos de agua bajo acuerdos similares (NAFTA, Energy Charter) que han sido resueltos a favor del inversor.
– Las reservas adoptadas para los servicios de “Captación, depuración y distribución de agua” sobre Acceso a los mercados y Trato nacional no son suficiente para garantizar su total protección. Habrían sido necesarias reservas sobre Trato de nación más favorecida y Requisitos de funcionamiento. E incluso aunque los servicios de agua potable estén incluidos en el Anexo II (exclusiones), se les aplicaría aún la protección sobre inversiones.
– Tan solo Alemania ha adoptado reserva de Acceso a mercados para los servicios de saneamiento. La inclusión de la “Gestión de residuos: servicios de alcantarillado, eliminación de residuos y saneamiento” en el CETA para el resto de países de la UE contradice el artículo 12 de la Directiva Europea de Concesiones, que establece que esta
directiva no debe aplicarse a concesiones concedidas para el tratamiento y vertido de agua.
– La excepción horizontal sobre servicios públicos aplicada por la Unión Europea para proteger los servicios públicos no es suficiente. Por un lado, no incluye reservas para Protección de inversiones o Trato nacional. Por otro lado, la terminología es ambigua, ya que el término utilizado en inglés (public utilities) no tiene un significado concreto en
derecho internacional, ni equivalencia en la legislación europea. Esta excepción horizontal no se ha puesto nunca en marcha en un tratado con lista negativa, ni en un acuerdo con un proveedor relevante de servicios públicos con un interés real en el mercado de la UE.
– La cooperación reguladora y la protección de inversiones pueden hacer irreversibles procesos de privatización del agua y dificultar la capacidad de los gobiernos para volver a poner bajo control público los servicios privatizados, una tendencia en alza en Europa.
– El CETA puede limitar la capacidad de operación de las empresas públicas de agua, ya que los derechos de agua serán tratados como inversiones y las reservas aplicadas no cubren todas las actuales y futuras actividades que los operadores necesitan completar de acuerdo a la legislación.
– El CETA afectaría a las mejoras en servicios públicos que quieran iniciar gobiernos en el futuro. Al asumir los compromisos comerciales internacionales vinculantes, la UE obliga a los Estados miembros a mantener las privatizaciones ya realizadas en el pasado. Revertir las medidas neoliberales con el fin de garantizar el acceso y la cobertura universal del derecho al agua se hará cada vez más difícil y costoso para los gobiernos. En el CETA se recoge la cláusula de trinquete (ratchet clause), que permite únicamente las modificaciones que sean más “liberales” y prohíbe las consideradas como una restricción al comercio. Esto podría amenazar la tendencia creciente a la remunicipalización.
– El CETA no incluye el principio de precaución como enfoque global, que es un componente inherente a la legislación europea. Además, la COOPERACIÓN EN MATERIA DE REGLAMENTACIÓN en el CETA restringiría el derecho a regular. Esto podría tener graves impactos en la salud, el medio ambiente y la protección de los recursos hídricos.
– El CETA ignora la naturaleza unitaria del ciclo del agua, los límites de los recursos hídricos y la naturaleza multifuncional del agua en los ecosistemas.
– El Instrumento Interpretativo Conjunto no cubre las carencias del acuerdo y plantea una imagen optimista del acuerdo, sin base legal alguna. No hay ningún nuevo compromiso legalmente válido o clarificación en el texto. Solo podremos conocer el potencial verdadero de lo recogido en el CETA cuando decisiones tomadas por las autoridades públicas o por operadores públicos de agua sean clarificadas ante tribunales de arbitraje.
No podemos correr ese riesgo. El Congreso de l@s Diputada@s debe considerar el agua como un bien común, y el acceso al agua y al saneamiento como un Derecho Humano. Para defender los intereses de la ciudadanía y el medio ambiente de las amenazas planteadas por el CETA, salgamos a la calle y exijamos al Congreso de l@s Diputada@s que vote en contra de la ratificación del tratado CETA.

España pierde su primer arbitraje internacional ante el Ciadi por los recortes a las renovables

España pierde su primer arbitraje internacional ante el Ciadi por los recortes a las renovables
El fondo Eiser Infraestructure y una filial luxemburguesa invirtió casi 1.000 millones y denunció el cambio legal de 2010
elpaís.com
Varapalo internacional para España. Ha perdido el primero de los arbitrajes internacionales fallados en la corte internacional de arreglo de diferencias del Banco Mundial, el Ciadi, por los recortes aplicados desde 2010 a las energías renovables. El laudo, que ha sido notificado ya a las partes, da la razón en sus pretensiones a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg, que ha contado en el proceso con el asesoramiento de Allen & Overy. España tiene decenas de procesos pendientes.
Este laudo es un duro revés, ya que de seguir la misma línea el resto de procesos (hay cerca de una treintena activos), la factura se elevaría a miles de millones. Además, el laudo es ejecutivo desde la fecha en que se dicta y no admite recurso, sin perjuicio de las maniobras que se prevén por parte del Ejecutivo español para obstaculizar la operación.
El laudo declara que España ha violado el artículo 10 de la Carta de la Energía privando de un trato justo y equitativo a Eiser, fondo ligado a ABN Amro. Se ha distado por unanimidad de los tres árbitros y es muy contundente acerca de la ilegalidad de las transformación radical del marco regulatorio, como límite del derecho de cada Estado a regular. Al realizar las inversiones, Eiser era socio en España de Elecnor y de la firma de ingeniería Aries. La firma un 36,95% en Aries Solar Termoeléctrica (Aste), que posee dos plantas termosolares de 50 megavatios (MW) en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), así como el 33,83% de Dioxipe Solar (Astexol), que desarrolla otra planta termosolar de 50 MW en Badajoz.
La inversión comprometida en estas tres centrales alcanza los 935 millones de euros y se acometió en 2007, el mismo ejercicio en el que se aprobó el real decreto 661/2007, cuya aplicación provocó un rápido despegue de las energías renovables. Tras ese momento, el sector fue sometido a diversos recortes retributivos, el primero de ellos a finales de 2010, con el PSOE en el poder, y el último, en 2013, con la aprobación de la reforma del sector eléctrico por parte del Gobierno del PP.
Fuerte revés para España
El fallo del Ciadi, además de suponer el primer revés en los tribunales internacionales para España por estos recortes, puede sirgnificar un precedente para las más de 30 demandas que se han puesto contra el Estado español. En enero 2016, el Tribunal Arbitral de Estocolmo también se pronunció sobre la demanda presentada por Charanne B.V. y Construction, Investments, dos sociedades vinculadas a Isolux, por los recortes al sector fotovoltaico, aunque en aquella ocasión se pronunció a favor del Reino de España. Ese fue el primer laudo arbitral internacional en resolverse de los interpuestos contra España en el sector renovable al amparo del Tratado de la Carta de la Energía.
Anteriormente, las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional habían avalado también los recortes aplicados por el Gobierno en esta materia en los últimos años. España acumula ante el Ciadi, dependiente del Banco Mundial, casi una treintena de demandas de inversores internacionales por los recortes aplicados a las energías renovables, ya que los inversores nacionales no pueden acudir al tribunal internacional de arbitraje.
En el caso español, las denuncias se centran tanto en los recortes a la energía solar y a la termosolar que el Gobierno aplicó a finales de 2010 como los acometidos por el actual Ejecutivo en funciones durante la legislatura concluida a finales de 2015.

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