Noticias de la Campaña estatal #NoalTTIP

El CETA destruirá puestos de trabajo (diga la Comisión Europea lo que diga)

El CETA destruirá puestos de trabajo (diga la Comisión Europea lo que diga)
El Gobierno ha remitido el texto al Congreso y Unidos Podemos ha impulsado la activación del procedimiento de control previo de constitucionalidad. La posición del PSOE es clave para el futuro del acuerdo comercial con Canadá.
Adoración Guamán
26 de abril de 2017
contexto.es
El pasado 27 marzo de 2017, la vicepresidenta del Gobierno remitió a la presidenta del Congreso la documentación relativa al Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea y sus Estados miembros. Así, el CETA entraba en el Congreso de los Diputados para ser ratificado, tras su aprobación en el Parlamento Europeo y en el Consejo.
Una vez más, el Gobierno español se apresta a situarse en la vanguardia de los Estados miembros “cumplidores”. Seguimos así una senda claramente marcada por el no cuestionamiento de los designios de la UE: quisimos ser los primeros en votar a favor de aquella Constitución Europea fallida, en 2004; los primeros en reformar nuestra Constitución para limitar nuestra capacidad de endeudarnos y para dar prioridad al pago de la deuda, en 2011; los primeros, sin duda, en aplicar diligentemente y sin protestar las Recomendaciones por País de la UE traducidas en brutales reformas laborales, en 2012; y, de nuevo, los primeros en aprobar sin debate público y desde luego sin referéndum, el acuerdo comercial con Canadá que tantas reticencias está despertando entre los países vecinos, los sindicatos, los movimientos sociales y un cada vez más amplio abanico de partidos políticos. En esta ocasión, empero, se nos ha adelantado la República Checa.
Lo cierto es que el Gobierno del Partido Popular ha sido, desde el principio, un entusiasta de este acuerdo comercial. No le van a la zaga en el apoyo sin fisuras al CETA (y al TTIP) sus socios de Ciudadanos y el PSOE, los tres partidos conseguirán con sus votos la ratificación del acuerdo, escudados en un mantra que repiten sin cesar a modo de justificación absoluta: “el CETA, y en general el libre comercio, crea empleo”, más aún, incluso se atreven a decir que la liberalización del comercio va a generar, per se,una mejora de las condiciones laborales de los países implicados.

Es cierto que para sostener esta idea los negociadores se han pertrechado bien, financiando distintos informes que avalan resultados optimistas, siempre desde el punto de vista del análisis cuantitativo del empleo

Se acoge así, a modo de acto de fe, uno de los principales argumentos que viene utilizando la Comisión Europea para defender el CETA. Un argumento por cierto nada novedoso, es el mismo que fue en su día utilizado por Clinton para defender el NAFTA (acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México), que esgrimió Obama para promover la negociación del TTIP y que, en términos generales, ha acompañado el argumentario de defensa de la creación de la enorme red de tratados de comercio e inversión hoy en día en vigor o en fase de negociación.
Es cierto que para sostener esta idea los negociadores se han pertrechado bien, financiando distintos informes que avalan resultados optimistas, siempre desde el punto de vista del análisis cuantitativo del empleo. Así, el informe del Centre for Economic Policy Research (CEPR) afirma que la liberalización del comercio y el impulso de la inversión extranjera van a suponer un crecimiento de la economía de la Unión Europea de aproximadamente un 0.5% de su PIB; que los salarios para los trabajadores, cualificados y no cualificados, tenderían a aumentar un 5% y que el número de puestos de trabajo dependiente del comercio podría aumentarse en la UE en “varios millones”. Por su parte, el estudio financiado por la Cámara de Comercio, la CEOE y el Instituto de Estudios Económicos para el caso español llega a afirmar que “el efecto acumulado durante los cinco primeros años tras la toma del acuerdo supondría un incremento total del PIB de 36.743,3 millones de euros y una creación de 334.836 nuevos empleos, como fruto exclusivo del acuerdo”.
Estas cifras tan optimistas han sido matizadas por la propia Comisión y desacreditadas por un buen número de estudios. De entre las abundantes críticas realizadas, destacan las que indican que la fiabilidad de los estudios financiados por la Comisión es muy reducida dado que son modelizaciones de Equilibrio General donde ni se computan las posibles consecuencias negativas de la desviación de comercio o la deslocalización de empresas sobre el empleo ni se tiene en cuenta el impacto en el empleo desde la vertiente cualitativa.
Además, otras investigaciones han obtenido resultados opuestos. En este sentido destaca el estudio el elaborado por el profesor Capaldo que pronostica una caída de las rentas del trabajo (respecto de la que Francia sería la más afectada); una pérdida neta de empleo de aproximadamente 600 000 puestos de trabajo en la UE, con una mayor afectación a los países del norte de Europa, seguidos de Alemania y de Francia y una aceleración de la transferencia de renta desde el trabajo al capital. Por su parte, un reciente informe del FMI, el Banco Mundial y la OMC establece con claridad que “el comercio está dejando demasiadas personas y comunidades atrás, también en las economías avanzadas”, poniendo el dumping social y las deslocalizaciones en el centro del debate; la cosa no acaba aquí, el informe de impacto del CETA, publicado en 2011, reconoce que los trabajadores/as de sectores como la agricultura, la ganadería o la minería se verían afectados y forzados a buscar trabajo en otros sectores.
La fiabilidad de los estudios financiados por la Comisión es muy reducida dado que son modelizaciones de Equilibrio General donde ni se computan las posibles consecuencias negativas de la desviación de comercio o la deslocalización de empresas
Como es evidente, todo lo anterior está íntimamente relacionado con la cuestión de las pymes, el otro eje del debate sobre la creación de empleo. De manera paralela al endurecimiento de las críticas respecto del impacto de estos acuerdos, las partes negociadoras han venido promocionando estos tratados afirmando sus supuestos efectos beneficiosos para las pequeñas y medianas empresas y presentándolos como la solución exportadora a las mismas. A pesar de esta afirmación, no existe ningún análisis del impacto positivo que la firma del CETA puede tener sobre estas empresas. Al contrario, el Comité Económico y Social Europeo ha remarcado que, al valorar el impacto de estos acuerdos (en concreto del TTIP) sobre las pymes no se ha computado el efecto expulsión del mercado que la entrada de empresas extranjeras en el mercado intraeuropeo, podría suponer para las pymes de la UE. Como advierte el Comité, la puesta en marcha de este tipo de acuerdos fomentaría la expansión de las grandes empresas frente a las pequeñas y medianas, y sobre todo de las grandes empresas norteamericanas, o canadienses, que serían las grandes beneficiarias mediante su ganancia de cuota de mercado europeo. De hecho, el conocido estudio de Capaldo resalta cómo el TTIP fomentaría la sustitución de comercio intracomunitario por comercio de la UE con EEUU. Por añadidura, el CETA, calificado como el acuerdo más ambicioso jamás firmado por la UE, no incluye un capítulo sobre medidas concretas de apoyo a las pymes.
Más allá de las predicciones y del plano cuantitativo, debe quedar claro que todos los tratados comerciales y/o de inversión provocan un impacto sobre los derechos laborales en sí mismos considerados, es decir, una afectación cualitativa del trabajo. El alcance de la afectación depende fundamentalmente de la profundidad de la integración económica, del grado de desregulación, de la introducción de mecanismos de protección de los inversores o de cooperación reguladora y, en menor medida, este impacto sobre los derechos vinculados al trabajo se relaciona con la introducción de cláusulas sociales.
La discusión clásica acerca del impacto cualitativo de la liberalización del comercio puede sintetizarse en dos afirmaciones confrontadas. Desde el punto de vista crítico se afirma que, aun cuando en los acuerdos comerciales no se obligue directamente a las partes a reducir sus estándares laborales dejándoles libertad o incluso estableciendo mínimos comunes, desde el momento en el que el capital adquiere libertad de movimiento va a tender a ubicarse en los lugares con menores costes, tanto económicos como normativos. De esta manera, las zonas donde se mantengan o eleven los estándares laborales tenderán a perder inversiones respecto de aquellas donde se reduzcan y este fenómeno de dumping social lleva aparejado una dinámica ulterior de competencia entre los Estados (regulatory competition) que desemboca en una carrera a la baja (race to the bottom) en los estándares laborales para atraer la inversión extranjera utilizando el factor trabajo como elemento de competitividad.
Con el apoyo del Partido Socialista, puede acabar aprobándose un tratado de consecuencias previsiblemente muy graves para las mayorías sociales de ambos lados del Atlántico
Contradiciendo este análisis, los partidarios de la liberalización comercial afirman que este fenómeno no tiene por qué producirse. En este sentido se delineó el antiguo artículo 117 del TCEE (hoy integrado en el art. 153 del TFUE) donde se acoge la teoría del “engranaje”, es decir, la confianza en que la equiparación por la vía del progreso de las condiciones de vida y de trabajo resultará del funcionamiento del mercado común que favorecerá la armonización de los sistemas sociales. Esta afirmación, que supone una relación win-win entre comercio y estándares laborales, no ha sido probada por ninguna de las actuales experiencias de integración vigentes. De hecho, el resultado es el contrario, solo hay que observar con atención las consecuencias del NAFTA o, sin ir más lejos, las de la integración europea.
Centrándonos en el contenido del CETA, es posible sintetizar tres elementos del acuerdo que van a provocar una rebaja de los niveles de protección laboral de las personas que trabajan en la UE o en Canadá: la maximización de la liberalización (o desregulación) de servicios y que va a afectar a los estándares laborales aplicables a la fuerza de trabajo desplazada en las prestaciones de servicios transnacionales; las posibles consecuencias de los mecanismos de cooperación regulatoria sobre las normas laborales y los convenios colectivos y el impacto de los sistemas de resolución de controversias inversor-Estado sobre los derechos de las y los trabajadores y en concreto sobre los convenios colectivos. Por no mencionar la repercusión del acuerdo sobre otras cuestiones con impacto en el empleo como las Denominaciones de Origen. La limitada cláusula social del capítulo 23 del CETA, que no prevé mecanismos de sanción efectiva por el incumplimiento de las obligaciones relativas a los derechos laborales, es incapaz de prevenir la pérdida de puestos de trabajo o la reducción de los derechos de las y los trabajadores.
La preocupación por estas posibles repercusiones y la posibilidad de que algunos de estos mecanismos, y otros, sean contrarios a distintas disposiciones de la Constitución Española han motivado que desde la campaña ciudadana No al TTIP y al CETA se impulsara, en conjunto con el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, la activación del procedimiento de control previo de constitucionalidad del CETA. Para ello, una vez el Gobierno remitió el texto del CETA a la presidenta del Congreso, este grupo interpuso un escrito donde se requiere la autorización del Congreso de los Diputados para solicitar al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre dos cuestiones: la existencia o inexistencia de contradicción entre diversas disposiciones del CETA, fundamentalmente el capítulo 8 y el 26, con los artículos 9.3, 14, 23 y 24 de la Constitución Española; y sobre la suficiencia o insuficiencia del art. 94 de la Constitución Española para dar cauce a la prestación del consentimiento del Estado al Tratado.
Se trata de un procedimiento establecido en el art. 95.2 de la Constitución Española, de radical higiene democrática, que nunca se había puesto en marcha desde el Congreso y que, para prosperar requiere del respaldo de la mayoría de las y los diputados. Así, una vez más la responsabilidad recae sobre los hombros del PSOE. Las y los eurodiputados de este partido ya se opusieron, inexplicablemente, a un procedimiento similar instado en el ámbito de la UE. Falta por ver si también se oponen a un procedimiento que busca ante todo la defensa de la intangibilidad de la Constitución Española.
Si el PSOE se suma de nuevo al PP y a Ciudadanos para evitar este control, el Congreso no tardará en votar el CETA. Así, con el apoyo del Partido Socialista, puede acabar aprobándose un tratado de consecuencias previsiblemente muy graves para las mayorías sociales de ambos lados del Atlántico, sin debate ciudadano, sin información pormenorizada y sin darnos la oportunidad de votar en referéndum. Siempre nos queda la esperanza de que el CETA lo pare Valonia, pero estaría bien, por una vez, ser las y los primeros en decir basta.
Adoración Guamán. Profesora titular de Derecho del Trabajo de la Universitat de València. Miembro del Consejo Científico de ATTAC España y de la Campaña No al TTIP y al CETA. Autora de: TTIP, el asalto de las multinacionales a la democracia, Akal, Madrid, 2015; Los acuerdos comerciales como estrategia de dominación del capital. Las amenazas del CETA y del TTIP, Pol·len, Barcelona, 2016 (Dirigido con Pablo Jiménez) y El CETA al descubierto: las consecuencias del Tratado entre la UE y Canadá sobre los derechos sociales, Bomarzo, 2016 (escrito con Jorge Conesa).

En el marc

En el marc del Dia de la Lluita camperola, abril 17, 2017
No es pot deixar desaparèixer més camperoles i camperols

Aquesta setmana en què celebrem la Lluita Camperola, reiterem la nostra reivindicació de defensar l’agricultura camperola, des de la justícia social i ambiental.
L’agricultura camperola s’enfronta tot tipus d’agressions actualment:
Des de l’àmbit local, denunciem afectacions al territori com les línies d’alta tensió que travessen els nostres camps i boscos, en lloc de ser subterrànies, tal com ho reivindiquem a Begues, Olesa i Torrelles[1].
A nivell regional, estatal i europeu, ressaltem que els acords de lliure comerç com el CETA amb Canadà, l’ALECA amb els països del Magrib o les desenes d’altres tractats comercials signats o per signar, contemplen la lliure circulació de les mercaderies i de les inversions però mai defensen l’agricultura camperola, sinó tot el contrari. A nivell internacional, denunciem que aquests tractats de lliure comerç no fan sinó fomentar una competició mundial entre agricultors/es per benefici de les multinacionals[2].
Denunciem també un model agroindustrial especulatiu que, amb el suport de les empreses de l’agronegoci, els capitals financers, bancs i fons de pensions, fomenta un procés d’acaparament a escala mundial, vigent sobre les terres i l’aigua. Poc li importa a l’agroindústria l’èxode rural de famílies camperoles que acaben aglomerant als suburbis de les grans ciutats. No els importa el que es produeix ni per a què serveixen els aliments convertits en commodities. Del dia al dia, la inversió pot abandonar els camps de blat i redirigir-se cap les reserves de caça privada, els camps de golf o els casinos si hi ha més beneficis. Però si pensem en termes de seguretat alimentària i de resiliència, aquests no són detalls menors. Una família pagesa inverteix i defensa la seva principal eina de treball, la terra. L’agroindústria fa economia d’escala explotant milers d’éssers humans, de forma precària i temporal. L’agricultura camperola, a més de requerir mà d’obra més intensiva, s’organitza per repartir les activitats al llarg de l’any.
Aquestes polítiques agredeixen l’agricultura camperola aquí i a altres continents, i són responsables del saqueig dels territoris, la desertificació, el buidament dels territoris i l’expulsió de milers de persones als països d’origen, que s’enfronten a l’absurditat i la inhumanitat que representa la Fortalesa europea. L’impacte del sistema de producció i consum capitalista que acaba generant el canvi climàtic, així com les actuals guerres i conflictes, impacta a les poblacions més vulnerables en els països més empobrits. Per això, denunciem la política europea d’exclusió que es construeix al continent any rere any. Es tracta d’una política que ha implicat el retrocés dels drets humans i dels pobles; que obliga a acampar, que deté de forma forçosa i deporta, que criminalitza a les fronteres militaritzades del Sud i de l’Est d’Europa. L’evidència més gran són les persones desaparegudes, i la mort de milers de nenes, nens, durant el seu viatge per arribar a les fronteres europees.
Per això, reiterem la nostra resposta, a Catalunya, a nivell regional, europeu i internacional:
Ja n’hi ha prou de polítiques que buiden el camp i destrueixen l’agricultura camperola!

A baix els Tractats de Lliure Comerç!

Obrim JA les fronteres i assegurem vies segures!

Visca la Sobirania Alimentària i la solidaritat entre els Pobles!

]h6][1] Gràcies per donar suport a la petició de la Plataforma Stop Alta Tensió al Baix Llobregat en aquest enllaç: http://stopaltatensiobaixllobregat.blogspot.com.es/2017/03/la-muntanya-n...
[2] Consulta en aquest enllaç les activitats de la Campanya estatal NO al TTIP, CETA, TISA: http://www.noalttip.org/[/h6]

“Las muertes por agrotóxicos son negocio para las multinacionales”

“Las muertes por agrotóxicos son negocio para las multinacionales”
Los problemas de salud derivados de la mala alimentación, los intereses de las grandes empresas en introducir productos tóxicos y baratos en los alimentos o el impacto de los cultivos intensivos en otros lugares del mundo centraron la conferencia de Tom Kucharz en la Semana da Filosofía.
Diario de Pontevedra
Martes 18 de Abril de 2017 | Sara Vila | Pontevedra
Tom Kucharz alerta sobre los peligros del actual modelo de producción agroalimentaria y reivindica la figura de los campesinos.
¿Cómo perjudica a nuestra salud el actual modelo de la industria agroalimentaria?
En realidad se puede decir que nuestra salud está en un enorme riesgo por el modelo de alimentación que se impone desde hace varias décadas. Las comidas procesadas son una de las primeras causas de enfermedades que tristemente afectan a buena parte de nuestra sociedad. Hay indicios, pero no son suficientes para señalar con rotundidad los problemas que generan la mala alimentación y la mala agricultura. Un estudio de Veterinarios sin Fronteras afirma que en el Estado español hay miles de muertes que están estrechamente relacionadas con la ingesta de alimentos transformados por la industria. Y las personas con menos ingresos, que ya sufren otro tipo de afectaciones sociales, son las que más comen este tipo de alimentos menos sanos. Esto genera obesidad, diabetes o diferentes tipos de cáncer. Además, tenemos que ver el sistema de alimentación como algo muy globalizado.
“Las personas con menos ingresos, que ya sufren otro tipo de afectaciones sociales, son las que comen menos sano”
La soberanía alimentaria se presenta como solución a este problema pero, ¿es factible un modelo de alimentación sostenible en un mundo tan poblado?
Totalmente. Todavía hoy, el 70% de la alimentación en el mundo está producida por el sistema agroalimentario no globalizado, sustentado por campesinos. Pero justo nosotros vivimos en una zona tremendamente metropolizada. Con la desconexión del mundo rural se ha perdido la perspectiva para saber de dónde venimos. Se ha desvalorizado la figura de los campesinos porque se han tirado los precios, con una forma de hacer políticas agrarias injustas, en las que no se le paga el precio justo a los productores de los alimentos. Por esto llegamos a situaciones extremas como las exportaciones de carne en mal estado desde Brasil a Europa. La soberanía alimentaria no es solo una respuesta al sinsentido de la globalización del sistema agroalimentario, sino que también fue una forma de producir alimentos previa a la II Guerra Mundial. Pensamos que ir al supermercado es lo normal, cuando lo normal sería revitalizar los mercados directos y cerrar las grandes superficies. Además, habría que hacer una política agraria para regular que se le pague un precio justo a los agricultores. Con este modelo perverso, mientras aquí aumentan problemas como la obesidad, en otros lugares del mundo hay un problema crónico de hambre. Más de 1.100 millones de personas en el mundo sufren la falta de alimentos. Este problema llegó al Estado español con la crisis, ya que aquí también hay familias que no tienen recursos para alimentarse. La soberanía alimentaria consiste en que los ciudadanos recuperemos el derecho a decidir cómo queremos producir nuestros alimentos, en vez de que lo decidan los ejecutivos de grandes empresas que solo piensan en sus beneficios. Además, la soberanía alimentaria es una respuesta global a otros problemas como el cambio climático.
Ahí también entra el juego el consumo responsable.
Sí, pero lo importante para mí son las decisiones políticas. Cuando tratamos temas tan importantes como la crisis alimentaria o los problemas de salud, desde el mundo de la política o la economía se quiere responsabilizar a los consumidores y no es así. Esas decisiones se han tomado en las instituciones y en ciertos círculos de poder muy restringidos en los que confluyen intereses políticos, económicos y financieros. Muchas de las muertes que lamentamos por cánceres o mala alimentación vienen de decisiones premeditadas. Cuando se introdujeron los pesticidas se sabía que había un riesgo importante de que generasen afectaciones sobre la salud y, aún así, se aprobó. Con diferentes herbicidas y agrotóxicos en la agricultura ocurre lo mismo. Desde que se ha descubierto el problema de los disruptores endocrinos, que son los contaminantes hormonales que están en diferentes productos y afectan gravemente a nuestra salud, no se están tomando medidas al respecto porque los ‘lobbies’ de la industria química presionan para que así sea. Las muertes debidas a los agrotóxicos son un enorme negocio para grandes empresas como Monsanto, Bayer y otras firmas de transformación de los alimentos, como El Pozo. Estamos hablando de algo muy complejo como para culpar al consumidor.

Sobre todo si el consumidor cobra menos de 1.000 euros y un paquete de salchichas le cuesta más barato que un trozo de carne ecológica.

Depende, en ese paquete de salchichas no están integrados todos los impactos a nivel medioambiental. Cuando estas empresas producen barato hay unos impactos en el medio ambiente que las empresas no están pagando. Cuando los suelos se quedan infértiles o se contamina el agua de los acuíferos por el uso de pesticidas se está generando un gasto por el que no se paga. Luego son las administraciones públicas las que asumen los costes de la regeneración. Lo mismo ocurre cuando envenenan a las personas con mala alimentación, ¿quién paga la quimioterapia? En la mayor parte de los casos, la sanidad pública. Las personas con ingresos sanos tienen derecho a comer productos sanos, que no les enfermen. No tienen que vivir del Banco de Alimentos, de productos que donan las grandes cadenas antes de tirarlos a la basura para lavar su imagen. Una alimentación sana, local y de temporada no tiene que ser más cara que la alimentación de los supermercados. Lo que pasa es que en la agricultura ecológica tienes que pagar un montón de supervisiones. Hay mayores costes de logística porque no hay facilidades de transporte, hay una red menor de lugares en los que se vende… Lo que tiene que cambiar es la política, que apoye la agricultura ecológica y el reasentamiento de jóvenes en el mundo rural.
El caso del aceite de palma está muy de actualidad, ¿cree que se debería prohibir su uso?
Creo que se debería prohibir la importación de todas las materias primas agrícolas que generan violaciones a los derechos humanos o impactos sobre el medio ambiente y la salud, como es el caso del aceite de palma. Muchas veces se ha enfocado este asunto como una grasa saturada con bastantes aspectos negativos desde el punto de vista de la salud y no se ha hablado suficiente de las condiciones en las que se produce el aceite de palma en Indonesia, Malasia, Colombia, Honduras o Brasil. Allí se generan desplazamientos forzados de la población local campesina, deforestación y agravamiento del cambio climático. Este aceite le sale muy barato a las grandes compañías, tanto para los productos cosméticos como para la alimentación. Al mismo tiempo, se han dejado de usar aceites locales, abandonando el mundo rural y el apoyo a los agricultores españoles que podrían producir aceite de girasol, de oliva o de almendra. Podríamos ser autosuficientes en ese término, generando empleo y valor agregado a los pueblos.
“La globalización del sistema alimentario ha provocado asesinatos, desplazamientos forzosos o robos de tierras”
Además de los daños para nuestra salud, ¿cuáles son los daños colaterales de este sistema agroalimentario en otros lugares del mundo?
Uno de los impactos directos que ha tenido la globalización del sistema agroalimentario ha sido sobre el medio ambiente y sobre las personas en otras partes del mundo que desconocemos. Desde Ecologistas en Acción hemos denunciado asesinatos, desplazamientos forzados, acaparamiento o robo de tierras por el avance de las grandes compañías para el cultivo masivo… Estamos hablando de represión contra comunidades locales, como ha ocurrido en Colombia o en Honduras. En España se ha conocido el asesinato de Berta Cáceres por defender las tierras de los campesinos frente a hidroeléctricas y agronegocios. Los productos químicos que se aplican en los cultivos afectan a los trabajadores que están en los campos, pero también a los vecinos de las localidades cercanas, por ejemplo con malformaciones en los fetos o abortos.
Es muy crítico con los tratados comerciales como el TTIP. ¿En qué repercuten sobre nuestra salud?
Actualmente lo más preocupante es la aprobación del CETA (Tratado entre la Unión Europea y Canadá), que ahora está en trámite parlamentario en el Estado español. Este acuerdo no solo da entrada a las empresas de Canadá en la Unión Europea, sino que también cambia lo que ellos llaman barreras no comerciales: nuestra legislación de protección a la salud, nuestra ley de seguridad alimentaria, nuestra obligación de etiquetado cuando hay transgénicos en los alimentos, la entrada de hormonas de rápido crecimiento que tienen efectos sobre nuestra salud y están prohibidos en Europa pero permitidos en Canadá o el uso masivo de antibióticos en el sector cárnico. En realidad, el objetivo no es tanto buscar un nicho de mercado en Europa por parte de las empresas canadienses, sino cambiar las regulaciones de protección ambiental y salud pública en la Unión Europea.
Donald Trump está en contra del TTIP. ¿Hay otra alternativa a la globalización que no sea la extrema derecha?
Donald Trump no está contra los tratados comerciales. Él quiere renegociar ciertos tratados pero no quiere eliminarlos. Hay que recordar que es un hombre que se ha enriquecido de forma fraudulenta y que ha tenido más de 3.000 denuncias contra su persona a lo largo de su vida. Se ha enriquecido en base al modelo capitalista, a sus negocios en los casinos y en el sector inmobiliario. Es un oportunista y ha aprovechado el sufrimiento de la clase trabajadora para hacer campaña y hacerse presidente. Es un tipo muy peligroso porque sabe utilizar los medios de comunicación, que lo presentan hoy en día como una persona antiglobalización cuando él lo que quiere es apoyar a las élites empresariales de Estados Unidos.

Concentració Vila-real

VILA-REAL
Concentració informativa contra el CETA (acord de la Unió Europea i Canadá)
Dijous dia 20 a les 19h a la Plaça Major de Vila-real

Santander: Concentración frente sede PSOE

SANTANDER
Concentración Jueves 20 de abril a las 19:30 horas, frente a la sede del PSOE.
Calle San Francisco esquina con la Calle Lealtad, en contra de la posible firma del CETA en el Parlamento español.

#CETAnoalimenta. Declaraciones de Unió de Pagesos

#CETAnoalimenta. Declaraciones de Unió de Pagesos
En ocasión de la Semana de Lucha Campesina, la Unió de Pagesos se posiciona en contra del CETA, el Acuerdo Comercial y Económico Global entre la Unión Europea y Canadá.

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