Noticias de la Campaña estatal #NoalTTIP

Derechos humanos, agronegocio y tratados comerciales

Derechos humanos, agronegocio y tratados comerciales
Mesa redonda
Miércoles 19 de abril, 19:30h
Centro Cultural Casino de la Reina
C/Casino,3, Madrid
Rosa Meire, Asociación Cultural Brasileña Maloka
Realidad del pueblo guaraní-kaiowa en Brasil
Blanca Ruibal, Amigos de la Tierra
Impacto socio-ambiental del modelo agroalimentario global
Andoni García, COAG
Agricultura y acuerdos comerciales: Tratado UE-Mercosur
Tom Kucharz, Ecologistas en Acción
Los impactos del CETA en la agricultura, la alimentación y la salud

IX Setmana Internacional de lluita Camperola

IX Setmana Internacional de lluita Camperola
Castelló de la Plana
Del 17 al 21 d’abril, de 19h a 21h
Exposició: “Què és un aliment de qualitat? Sobirania alimentària en el nostre plat dia a dia”
Dia 19 d’abril, a les 19:30h
Xerrada: “CETA, agricultura i alimentació”
Lloc: la Verduleria, C/Cronista muntaner, 4, Barri del Crémor
A carrec de Germán de Eugenio Oliver, membre de la campanya No al TTIP – Comarques de Castelló i Sandra Soutto, membre de la campanya No al TTIP – Comarques de Castelló i d’ATTAC

Abril poles lluches campesines

Abril poles lluches campesines
Mercaos y comidas populares
Mesas redondas
Proyecciones anti desarrollistas y debates
“>

TTIP y CETA. Nueva lex mercatoria

TTIP y CETA. Nueva lex mercatoria
Fecha: 25 de abril, 12:00 horas
Lugar: Facultad de Derecho. Aula polivalente (Aula 23)
Modera: Julio Victor González García (Catedrático de Derecho Administrativo de la UCM)
Intervienen: Eva García Sempere (Diputada en el Congreso por el grupo Unidos-Podemos), Pedro Ramiro (Coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina) y Samuel Martín-Sosa (Responsable de Internacional de Ecologistas en Acción)
Retransmisión en directo en www.ucm.es/directos
Entrada libre hasta completar aforo
El próximo 25 de abril encuentros complutense organiza otro encuentro sobre el TTIP y el CETA en la Facultad de Derecho. Mientras que en los eventos del pasado 13 y 14 de octubre se abordó el tema desde la perspectiva académica y política, respectivamente, esta vez nos centraremos en la social.
Los tratados de libre comercio impulsados por la UE en la última década son herramientas básicas para construir una nueva Lex Mercatoria, que opera como una nueva fase del modelo socioeconómico. La tendencia es a crear un marco de operación hecho a medida de las grandes corporaciones, sorteando la protección ambiental, la protección social y la democracia. Las estructuras estatales ceden poder ante estos agentes económicos que, de forma creciente, moldean el esqueleto normativo a sus intereses en detrimento del interés público. Los tratados comerciales de la UE con Canadá (CETA), aprobado recientemente por el Parlamento Europeo, y el de la UE con EEUU, aún en negociación, son la punta de lanza de esta nueva Lex Mercatoria.
La reacción social ante estos tratados está siendo enorme, lo que pone de manifiesto la preocupación que producen, incluyendo la falta de transparencia y participación con que se están gestando, por ello es importante generar espacios de debate como el que nos ocupa.
Hablarán expertos como Eva García Sempere (Diputada en el Congreso de los diputados por Unidos Podemos), Pedro Ramiro (Coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina), Samuel Martín-Sosa (Responsable de Internacional de Ecologistas en Acción) y Julio Víctor González García (Catedrático de Derecho Administrativo de la UCM), que a su vez han participado junto a otras personas en un libro de reciente publicación, “Las amenazas del TTIP y el CETA” en el que se analizan de forma rigurosa la repercusión de estos tratados sobre diferentes aspectos: el medio ambiente y el clima, la agricultura y la alimentación, las relaciones laborales

Un tribunal internacional que amenaza con blindar para siempre los derechos de las multinacionales

Un tribunal internacional que amenaza con blindar para siempre los derechos de las multinacionales
isdsplatform
Por María Jesús Vigo Pastur | 28-3-17
En los últimos 20 años se han puesto de manifiesto los graves peligros que plantean los amplios privilegios concedidos a los inversores extranjeros en la mayoría de tratados de libre comercio o en los tratados bilaterales de inversiones.
Así, estos acuerdos suelen contemplar el conocido como mecanismo de arbitraje de diferencias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) que permite a los inversores extranjeros denunciar a un Estado ante un tribunal de arbitraje privado para reclamar una compensación cuando sientan que sus derechos han sido vulnerados. Una situación que ocurre, por ejemplo, cuando un Gobierno aplica o modifica una legislación que afecta directamente a los beneficios de las empresas multinacionales.
Un mecanismo unilateral que permite a los inversores demandar a los Estados
Los problemas que presenta este mecanismo ya fueron revelados en el informe ’El Sistema de Tribunales de Inversión puesto a prueba’, publicado en abril de 2016 por el Transnational Institute, en el que se analizan cinco conocidos casos de demandas de multinacionales a distintos países por valor de hasta 15.000 millones de dólares.
Philip Morris contra Uruguay: el gigante tabaquero demandó a Uruguay después de que el Gobierno de Tabaré Vázquez aprobase una ley que exigía que todas las cajetillas de cigarrillos presentaran advertencias sobre los nocivos efectos del tabaco, así como otras medidas de control, para fomentar la salud pública. En este caso, en julio de 2016, después de seis años de litigio, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) falló a favor de Uruguay obligando a los demandantes a pagar los gastos de los demandados y del tribunal.
TransCanada contra los Estados Unidos: en enero de 2016, la petrolera canadiense demandó a EE.UU. después de la decisión del expresidente Barack Obama de no aprobar la construcción del oleoducto Keystone XL como parte de su compromiso para luchar contra el cambio climático. Finalmente, la administración Trump concedió hace unos días a TransCanada los permisos necesarios para iniciar la controvertida obra.
Lone Pine contra Canadá: En este caso el inversor no era extranjero. Lone Pine demandó a Canadá a finales de 2015 tras la decisión de Quebec de aprobar una moratoria cautelar sobre el fracking. Está todavía pendiente de sentencia.
Vattenfall contra Alemania: La eléctrica sueca demandó a la ciudad de Hamburgo tras imponer una serie de normas ambientales sobre el uso del agua en una central eléctrica de carbón. En este caso, para evitar llegar a un tribunal de arbitraje que le ordenara pagar una suma de dinero enorme como indemnización, el Gobierno alemán llegó a un arreglo extraprocesal con Vattenfall en 2010, que obligó al Gobierno de Hamburgo a dejar sin efecto sus requisitos ambientales y a emitir los polémicos permisos requeridos para que los planes de la empresa pudiesen seguir adelante.
Bilcon contra Canadá: el país fue demandado tras una evaluación de impacto ambiental que impidió la construcción de una gran cantera y una plataforma marina en una zona costera ecológicamente sensible. En marzo de 2015, los inversores ganaron el pleito en el tribunal de arbitraje y la cifra compensatoria que se apuntó rondaba los 300 millones de dólares.
“Estas denuncias son una muestra de que el Estado no puede cambiar las leyes cuando descubre que un elemento es dañino para la salud y decide prohibirlo, porque van a venir las empresas y lo van a demandar por daños y perjuicios. El ISDS va en contra del bien común. La realidad es que se dan más derechos a las empresas multinacionales que al resto de ciudadanos”, explica a RT Cuca Hernández, portavoz de la campaña estatal ’No al TTIP’ y miembro de Attac España, la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana.
Además, se da la circunstancia de que estos árbitros internacionales no trabajan a tiempo completo y tampoco tienen un salario fijo, sino que cobran en función del número de procesos arbitrados, por lo que el informe alerta además de lo provechoso que resulta para ellos que el número de casos aumente.
Nueva propuesta de la Comisión Europea
En este contexto, desde hace un tiempo, la Comisión Europea y el Gobierno canadiense trabajan conjuntamente para crear un ’tribunal multilateral de inversiones’ que sustituya al actual sistema ISDS, vigente en unos 3.200 tratados de inversión, en 1.400 de los cuales participan Estados miembros de la UE.
Esta propuesta forma parte de las negociaciones que la UE mantiene con México, y próximamente con Chile, demás de con otros países en otras regiones. Además, lo ha presentado a 40 gobiernos no pertenecientes a la UE durante el Foro Económico Mundial de Davos, así como en una reunión celebrada en diciembre pasado en Ginebra.
“Estamos creando un mundo en el que las empresas multinacionales y los inversores tienen todos los derechos y ninguna obligación”
Cuca Hernandez, portavoz de la campaña ‘No al TTIP’ e integrante de Attac.
La idea del Ejecutivo comunitario es crear un órgano permanente internacional que resuelva los litigios relativos a las inversiones. Así, todo parece indicar que el objetivo es desarrollar una convención que pueda firmar cualquier país de forma que este nuevo sistema se aplique cuando surjan controversias entre los países que hayan ratificado el instrumento por el que se establecerá el sistema multilateral.
No obstante, todavía no está claro si el mecanismo propuesto se transformaría en una nueva institución autónoma o bien se integraría en alguna organización internacional ya existente, como la Organización Mundial del Comercio, la Corte Permanente de Arbitraje o la Corte Internacional de Justicia.
De momento, lo que sí sabemos, es que la Comisión ha propuesto que los integrantes de este organismo actúen a tiempo completo, que sus nombramientos dependan de los Estados y que cumplan un código ético, aunque no ha especificado cuál. Además, el proyecto propone que se establezca tanto un tribunal de primera instancia como un tribunal de apelaciones, lo que sería un cambio significativo frente al actual ISDS.
“Aunque introduce una serie de mecanismos reguladores como, por ejemplo, una remuneración estable para estos jueces y que, además, a ser posible, sean jueces de carrera, dejan todo abierto, no especifican nada, e incluso se plantean la posibilidad de que estos jueces cobren por caso trabajado. Con lo cual, indudablemente, incentiva la búsqueda de demandas contra los Estados por parte de los juristas”, explica Hernández.
En cualquier caso, la propuesta no es nueva. Los acuerdos comerciales de la UE con Canadá (CETA) y con Vietman ya prevén el establecimiento de uno de estos tribunales para resolver los litigios Estado-inversor, y Bruselas quiere, igualmente, incluirlo en cualquier tratado que pacte en el futuro con países terceros.
Los peligros del Tribunal Multilateral de Inversores
Cabe recordar que la inclusión de este tipo de tribunales en las negociaciones del CETA o el TTIP suscitaron críticas en sectores políticos y de la sociedad civil, que consideran que este tipo de propuestas blindan para siempre el controvertido sistema ISDS, el cuál, según estas organizaciones, solo beneficia a las grandes empresas.
Para ATTAC, el principal problema es que este tribunal para inversores “no existe para el resto de ciudadanos, ni para las pequeñas empresas, ni incluso para las empresas nacionales”, asegura Hernández, que pone de ejemplo el caso del Estado español, el más demandado en los últimos años en los tribunales de arbitraje a raíz de la eliminación de las subvenciones a las renovables.
En este sentido, uno de los principales problemas que plantea el tribunal multilateral de inversiones es que, de nuevo, estaríamos ante un sistema unidireccional; es decir, al igual que el sistema ISDS, este tribunal estaría exclusivamente al alcance de los inversores extranjeros. Así, la ciudadanía, las comunidades, los sindicatos o los Estados no podrían presentar una demanda cuando una empresa violara las normas ambientales, de trabajo, de salud, de seguridad o de otra índole
“Los únicos que han podido demandar al Estado español son los inversores extranjeros que se han visto afectados por la eliminación de las subvenciones. Y eso no va a cambiar con la propuesta de la Comisión Europea. Es decir, los pequeños inversores españoles o los trabajadores que se han quedado en paro a consecuencia de la eliminación de las subvenciones no pueden demandar al Estado español. Primero, por el coste desmesurado que tienen este tipo de demandas y, segundo, porque estos tribunales van a seguir siendo exclusivamente para los inversores extranjeros”, explica Cuca.
Además, al igual que sucede con el ISDS, critican que el proyecto propuesto por la Comisión resta legitimidad a los sistemas nacionales de justicia y obstaculiza que los Gobiernos puedan legislar en favor de servicios públicos o intereses comunes por miedo a ser demandados.
Por todo ello, varias organizaciones de la sociedad civil han lanzado una petición de firmas para pedir a la UE que abandone sus planes para establecer el tribunal multilateral de inversiones, que rechace los nuevos acuerdos comerciales y de inversiones que incluyan estos tribunales corporativos, así como que se comprometa a eliminar dichos tribunales de los acuerdos ya existentes.
“Estamos creando un mundo en el que las empresas multinacionales y los inversores tienen todos los derechos y ninguna obligación. Es decir, no solo no resuelven los problemas, sino que no se les sanciona. No hay posibilidad de sancionar a una empresa cuando ha incumplido los derechos humanos o las regulaciones climáticas”, concluye Hernández.

Unidos Podemos pide al Congreso examinar la constitucionalidad del CETA

Unidos Podemos pide al Congreso examinar la constitucionalidad del CETA
elperiodico.com
Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha presentado en la Mesa del Congreso una solicitud de control previo constitucional para examinar si el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, conocido como CETA, vulnera la Constitución española.
Según ha explicado la portavoz de la coalición parlamentaria de izquierdas, Irene Montero, la preocupación de este grupo pasa por principios relacionados con la seguridad jurídica, las garantías procesales y “el hecho de que se privilegien los derechos de las grandes empresas multinacionales dejando indefensos a los ciudadanos“.
La Mesa del Congreso, ha proseguido Montero, “no ha tenido a bien” a calificar esta solicitud, por lo que ha manifestado que esperarán que la Mesa califique dicha propuesta en su próxima reunión.
“Queremos que sea el Tribunal Constitucional el que se pronuncie antes de que ese tratado se apruebe, si es que se aprueba en este Parlamento, sobre si afecta o no a los derechos constitucionales de los españoles”, ha sentenciado.
En el Consejo de Ministros del pasado 24 de marzo, el Gobierno español aprobó y ratificó la remisión del CETA al Congreso, iniciándose por tanto el trámite parlamentario que le llevará a su votación en el Pleno de la Cámara.
Este tratado fue ratificado por el Parlamento Europeo el pasado mes de febrero, lo que dio luz verde a su entrada en vigor de forma provisional. En todo caso, esta no será definitiva hasta que los parlamentos nacionales y regiones competentes –casi 40 cámaras– ratifiquen el acuerdo.

Grupo parlamentario solicita al Congreso un examen de consitucionalidad del CETA

Campaña No al TTIP, CETA, TiSA
Comunicado, 4/5/2017
La campaña No al TTIP, CETA, TiSA apoya la iniciativa del grupo parlamentario Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea que el Congreso de los Diputados solicite al Tribunal Constitucional un examen sobre si el tratado UE-Canadá viola derechos constitucionales de la ciudadanía tal como se ha hecho en Francia y Alemania.
Hoy, el grupo parlamentario Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea ha pedido a la Mesa del Congreso de los Diputados un debate sobre la inconstitucionalidad del controvertido tratado de comercio e inversión (CETA). Hasta el momento, las Cortes nunca han elevado una petición semejante ante el Tribunal Constitucional lo que señala la transcendencia del tema. El objetivo es someter al CETA a un examen para valorar si existe una contradicción entre el acuerdo y la Constitución Española. En caso de que prospere la solicitud, la tramitación del acuerdo se interrumpirá hasta que el Tribunal remite su dictamen al Parlamento.
En la solicitud presentada ante la mesa se aprecia la vulneración de al menos cuatro artículos de la Constitución Española. La regulación del Sistema de Tribunal de Inversiones y del Comité Mixto del CETA son las principales causas de la controversia. El denominado ‘Comité Mixto CETA’ puede modificar los anexos del CETA, adoptar interpretaciones del CETA y tomar decisiones que cambiarán procesos legislativos.
Por otra parte, la Comisión Europea insiste que el tribunal de arbitraje – o Sistema de Tribunal de Inversión del CETA – no interpretará la ley de la UE. Sin embargo, el propio tratado plantea lo contrario. El artículo 8.31 (2) del CETA afirma: “(…) Para mayor seguridad, al determinar la compatibilidad de una medida con el presente Acuerdo, el tribunal podrá tener en cuenta, en su caso, el Derecho interno de una Parte como un elemento de hecho (…)”. Tratase de uno de los muchos ataques del CETA a la democracia, a través de la creación de una justicia paralela y privatizada.
Estas razones son similares a las que han motivado a parlamentarios en Francia y Alemania presentar recursos de inconstitucionalidad. En Francia, 106 legisladores presentaron una apelación ante el Consejo Constitucional argumentando que tratado comercial era “incompatible” con la Constitución gala por los mecanismo de arbitraje entre inversores y estados y por transferir soberanía por parte de los países firmantes del CETA “más allá de lo acordado en la UE”.
Contrariamente a lo que pretende el Gobierno de Rajoy, el trámite parlamentario debería hacerse con el debido tiempo para el análisis y debate. La campaña respalda la iniciativa parlamentaria para convertir esa tramitación en un debate público respecto de los graves impactos que el CETA tendría sobre los derechos de las mayorías sociales.
Para obtener la mayoría necesaria en el Pleno del Congreso, la Campaña NO al TTIP, CETA, TiSA insta a todos los grupos parlamentarios, y especialmente al PSOE, a apoyar el control previo de inconstitucionalidad del CETA.
La campaña No al TTIP, CETA, TiSA, formada por más de 350 organizaciones sociales, sindicales y políticas, reitera la importancia de crear además una comisión de estudio del CETA y encargar un estudio de impacto independiente. “Sin estudios previos para conocer los impactos del CETA en el Estado español y sin consultas con la sociedad, es imposible cumplir con la función legislativa y de control parlamentario, es decir, no habría ni transparencia ni democracia”, afirman desde la campaña.

Rajoy logra llevar el ‘TTIP canadiense’ al Congreso en un tiempo récord

Rajoy logra llevar el ‘TTIP canadiense’ al Congreso en un tiempo récord
La entrada en vigor de parte del polémico CETA, el tratado de libre comercio entre Canadá y la UE, está prevista para los meses de abril o mayo de este año.
Alejandro López de Miguel
publico.es
29/3/2017
El Gobierno de Rajoy ha logrado llevar el polémico CETA al Congreso de los Diputados en un tiempo récord. Este lunes, el Ejecutivo del PP ha trasladado formalmente los más de 1.600 folios que componen el acuerdo comercial entre Canadá y la UE a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor.
Sin embargo, uno de los documentos entregados en este marco, firmado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, detalla que el Ejecutivo pidió al Consejo de Estado que se pronunciase sobre si necesariamente debía contar con las Cortes Generales (Congreso y Senado) para la aprobación del CETA, o si por el contrario podía saltarse a estas cámaras para darle luz verde. La respuesta de este órgano de carácter consultivo, emitida el 9 de febrero de 2017 -sólo seis días antes de la ratificación del acuerdo en el Europarlamento- no dejaba lugar a interpretaciones: “Que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del Acuerdo Económico y Global entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros por otra, hecho en Bruselas el 30 de octubre de 2016, requiere la previa autorización de las Cortes Generales”, reza el documento que hoy desvela Público.
Por su parte, desde la Secretaria de Estado de relaciones con las Cortes apuntan que el Artículo 94 de la Constitución Española obliga a consultar con ambas cámaras la aprobación de acuerdos como el CETA, al ser un tratado de carácter “político”, y restan importancia al hecho de que el Gobierno consultara al Consejo de Estado: “Es obligatorio, siempre se hace así ante acuerdos de este tipo”, precisan.
El debate sobre si el Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA, en inglés) invadía las competencias de los 28 o únicamente tocaba las competencias de la UE levantó una considerable polvareda en Bruselas hace casi un año. Se saldó con la decisión -a regañadientes- de la Comision Europea, que negocia en nombre de los 28, de permitir que el CETA fuera considerado un tratado mixto, estableciendo que su su entrada en vigor requiera de la aprobación de los 28 Parlamentos nacionales y de una docena de cámaras territoriales.
No obstante, el tratado establece que parte de sus cláusulas pueden empezar a funcionar inmediatamente, de forma provisional, y el documento entregado por el Gobierno en sede parlamentaria plantea que esta implementación provisional previsiblemente comenzará en abril o mayo de este mismo año, antes de que las cámaras españolas -controladas mayoritariamente por PP y PSOE, ambos favorables al acuerdo- se pronuncien sobre el CETA.
El acuerdo llega al Congreso en un tiempo récord: fuentes del Ministerio de Exteriores trasladaron a este diario que su paso por el Ministerio se prolongaría al menos durante un mes, aunque finalmente este periodo apenas llegó a las cuatro semanas, y el Consejo de Ministros del pasado viernes dio luz verde a la remisión del texto a la Cámara Baja.
El Congreso de los Diputados debe aprender de la experiencia de Valonia“, asegura a este diario Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción y portavoz de la campaña estatal No al TTIP, CETA y TiSA, que engloba a cerca de 350 organizaciones sociales, medioambientales y sindicales. El activista explica que el Parlamento regional valón dedicó 18 meses a analizar el contenido del criticado acuerdo: “200 horas de debates y comparecencias, invitaciones a asociaciones empresariales, campesinas, ecologistas, de consumidores o al Gobierno canadiense, entre otros actores. El trabajo democrático realizado ha sido impresionante”, destaca.
Por su parte, afirma que “pase lo que pase” la Campaña seguirá movilizándose para intentar impedir la ratificación del acuerdo“. “E, incluso, si no lo paramos en España -continúa-, seguiremos luchando, codo a codo con los movimientos sociales en otros países donde hay muchas posibilidades de parar el CETA, como en Austria, Holanda, Alemania o Francia”, zanja.
Más información
El Gobierno da luz verde al ‘TTIP canadiense’ y lo remite a Congreso y Senado
Socialistas y PP Europeo darán luz verde al ‘TTIP canadiense’ en el Europarlamento
La Gran Coalición de socialistas y conservadores brinda un nuevo aval al ‘TTIP canadiense’ en la Eurocámara
Protestas en contra del CETA – Fotogaleria

3 de abril – Día Global de Acción #FueraParaisosFiscales

Los paraísos fiscales son una parte fundamental y necesaria del capitalismo financiero actual, son parte de la arquitectura de la impunidad que permite a las multinacionales, grandes fortunas y entidades financieras ocultar ingreso y beneficios, defraudando y eludiendo sus correspondientes obligaciones fiscales.
Los tratados de comercio TTIP, CETA y TISA tienen como objetivo la libre circulación de capital con la menores obligaciones posibles. Las multinacionales al igual que implantan sus empresas en aquellos países donde los llamados costes de producción son menores (léase: menos derechos laborales), también implantan sus oficinas en aquellos espacios donde la fiscalidad es nula o mínima. Estos son los llamados paraísos fiscales, territorios donde conviven las fortunas de monarquías, los beneficios de las grandes multinacionales o de la delincuencia internacional.
Los recientes escándalos de Offshore Leaks (2013), LuxLeaks (2014), Swiss Leaks (2015) y Papeles de Panamá (2016) han puesto en evidencia que no hay que viajar a una  exótica isla para encontrar un paraíso fiscal, y que con frecuencia gobiernos de países de la Unión Europea pactan con las multinacionales beneficios fiscales en detrimento de las arcas públicas de países supuestamente amigos. El mejor ejemplo es el actual presidente de la UE, Jean Claude Juncker que cuando era ministros de finanzas de Luxemburgo pactó con al menos 340 multinacionales – entre ellas Pepsi, Ikea o Deutsche Bank – una fiscalidad mínima, que les permitió, mediante ingeniería fiscal, eludir la mayoría de sus obligaciones fiscales en otro países de la Unión Europea.
La OCDE ha reducido la lista de paraísos fiscales a solo tres, ya que cualquier país antes considerado paraíso fiscal, si accede al intercambio de información deja de aparecer en su lista. Sin embargo un enorme de volumen de dinero se mueve en guaridas financieras como la City de Londres, la Islas del Canal en Reino Unido; Delaware o Nevada en EEUU; Luxemburgo, Holanda o Irlanda, y por supuesto en los tradicionales paraísos de siempre Caiman, Suiza, Andorra, Gibraltar etc. Google, Amazon, Microsoft, McDonald’s, Apple … o el 95% de las empresa del Ibex35 tienen filiales en paraísos fiscales con el único propósitos de eludir pagar impuestos en aquellos países donde generan sus beneficios. Estos miles de millones ocultos al erario público suponen el empobrecimiento y devaluación de los derechos de la ciudadanía, el deterioro y privatización de los servicios públicos.
Los tratados del mal llamado libre comercio que se están negociando, y que se han negociado, no previenen estas prácticas, muy al contrario, con la intensificación del tráfico fronterizo  de servicios financieros, se facilitará un mayor de movimientos de capital a espacios opacos, que hemos de recordar están en el corazón mismo de la Unión Europea o Estados Unidos.
El CETA por ejemplo, en vez de prevenir estos riesgos, limita la capacidad de regular de los gobiernos, y da a la industria financiera un instrumento incidencia en el Órgano de Cooperación Regulada. No hay que olvidar que los bancos, junto con los despachos de abogados, son los elementos imprescindibles para que funcione el tráfico de dinero de un país a un paraíso fiscal.
El CETA, al igual que otro trados, permite a las multinacionales y a los bancos demandar a los estados por cualquier cambio de regulación que consideren que limita sus aspiraciones de beneficios. Y las multinacionales han utilizado en múltiples ocasiones estos tribunales para limitar la capacidad de los gobiernos para regular mediante impuestos una mejor distribución de la riqueza y una mayor justicia fiscal.
Además el Mecanismo de Resolución de Conflictos entre Inversor y Estados (ISDS) incluido en los tratados de comercio e inversión, o el ICS incluido en el CETA,  amenazan la capacidad de los Estados para cambiar las leyes tributarias y aplicar políticas fiscales progresistas.
El control sobre los impuestos es parte esencial de la soberanía de un país, y muchos tratados incluyen cláusulas de excepción fiscal para limitar la capacidad de demanda  de los inversores extranjeros en relación con estas cuestiones. Pero esto no ha impedido que un número creciente de casos inversor-Estado hayan cuestionado cambios en la normativa de impuestos de algunos estados.
Una vez más cualquier política progresista que limite exenciones fiscales a las grandes empresas, o que aumente los impuestos de sociedades o a los beneficios de estas, o ponga impuestos especiales a las energías fósiles etc. pueden verse amenazadas por demandas de los inversores extranjeros gracias a los tratados de comercio.
Por todo esto, en la pasada asamblea estatal, la campaña No al TTIP, CETA, TISA decidió hacer suyo el llamamiento del Foro Social Mundial de Montreal de Montreal, en agosto de 2016, y participar en el Día Global de Acción contra los Paraíso Fiscales. Por eso el día 3 de abril saldremos a las plazas y calles diciendo #niCETAniTTIP #FueraParaisosFiscales
Más información, 3 de abril – Día Global de Acción contra los Paraísos Fiscales
Actos convocados para el día 3 de abril
Madrid
10:00, Jornada de debate en el congreso de los diputados
19:00, Concentración en Callao
Barcelona
Día 3 de abril, 19:00
Concentración en la plaza Sant Jaume
Día 6 de abril, 20:00, Cines Texas: proyección y cine-forum “Mami para qué os quiero
Las Palmas de Gran Canaria
19:00, Concentración en la plaza de Saulo Turon
Valencia
19:00, Concentración en Carrer Colón, 25
Jerez de la Frontera
19:00, Concentración en la Plaza Arenal
Castellón de la Plana
18:00, Concentración Plaza de Santa Clara

Páginas