Noticias de la Campaña estatal #NoalTTIP

Barra libre para los poderes económicos en el TTIP

La versión modificada de un documento de la Unión Europea relativo al tratado de libre comercio con Estados Unidos (TTIP) ha salido a la luz el día antes de que ésta lo envíe a Estados Unidos y poco antes de que se inicie una nueva ronda de negociaciones. 
 

La Comisión Europea presentará mañana a los Estados Unidos un borrador de propuesta de "Cooperación Reguladora" de cara a la octava ronda de negociaciones del TTIP (tratado de libre comercio entre EE UU y la UE), que tendrá lugar entre el 2 y el 6 de febrero en Bruselas. En un documento filtrado a organizaciones de la sociedad civil en la noche de ayer y al que ha tenido acceso Diagonal, la UE detalla en 16 artículos su propuesta de funcionamiento y alcance de la cooperación reguladora, un mecanismo que consiste en armonizar las regulaciones y legislaciones de ambos lados que afecten al comercio, las inversiones y otros asuntos previstos en el TTIP.

La primera versión de este borrador fue filtrada el pasado 23 de diciembre, y los gobiernos de los Estados miembro han tenido tiempo de enviar sus propuestas hasta el 20 de enero. Según explican a Diagonal fuentes cercanas a las negociaciones, la reunión de la Comisión de Política Comercial del Consejo de la Unión Europea del pasado 16 de enero fue controvertida, y en ella se plasmaron las posturas de los distintos países con respecto a la cooperación reguladora. En esta reunión, en la que varios Estados, como Austria y Francia, emitieron sus reservas sobre este mecanismo, España defendió, por el contrario, que la cooperación reguladora tuviera un mayor alcance. 

Aunque en este documento se afirma que sus objetivos son "reducir la regulación innecesaria" y "facilitar el comercio y la inversión de manera que apoye los esfuerzos de las partes para estimular el crecimiento y el empleo, a la vez que persiguiendo un alto nivel de protección del medio ambiente, consumidores (...)", las organizaciones de la sociedad civil llevan tiempo denunciando que provocará una regulación a la baja en cuestiones como los transgénicos, la seguridad alimentaria o los estándares laborales y dará "nuevos poderes a las empresas para influir y coescribir las normativas".  Según un análisis del texto realizado por Kenneth Haar, de la organización CEO, y Max Bank, de LobbyControl, se trata de "una propuesta estratégica para resolver algunos de los aspectos más controvertidos del TTIP después de que el tratado esté acabado y el escrutinio público haya menguado, con una amplia oportunidad para las grandes empresas de participar en las nuevas normas".

Uno de los mecanismos a través de lo que esto sería posible es el Consejo o Cuerpo de Cooperación Reguladora (RCB, por sus siglas en inglés). Según el último documento filtrado, este cuerpo, aunque no tendrá el poder de adoptar legislaciones, se encargará de velar por la implementación de ciertas medidas de cooperación reguladora en materia de bienes y servicios, la "consideración de nuevas iniciativas de cooperación reguladora" y la "preparación de iniciativas conjuntas o propuestas para instrumentos de regulación internacionales". Además, deberá mantener al menos una reunión anual abierta a la participación de "grupos de interés" para intercambiar opiniones sobre el Programa Anual de Cooperación Reguladora. Entre estos grupos de interés se incluye a "representantes de los negocios, sindicatos, grupos medioambientales y otras asociaciones de interés público", pero los grupos de la sociedad civil contrarios al TTIP denuncian que los grandes beneficiados serán los grandes poderes económicos y empresariales. "Si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría de los lobbistas en Bruselas representan el mundo de los negocios, está claro que 'grupos de interés' es otra expresión para abrir una vía más a los lobbistas corporativos para que influencien el diseño de políticas", dicen Haar y Bank.

De hecho, ya en octubre de 2012, Business Europe y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, dos focos del lobby financiero a ambos lados del Atlántico, presentaron un documento conjunto en el que defendían la cooperación reguladora en materias como los estándares alimentarios, los químicos y la regulación financiera. Ambos grupos, que se reunieron en diversas ocasiones con la Comisión Europea, defendieron que querían "coescribir la regulación".

Es más, el documento filtrado ahora añade en el artículo 15, apartado 3, que "cualquier sugerencia concreta recibida de los grupos de interés por una de las partes deberá ser remitido a la otra parte y deberá recibir una atención cuidadosa por el grupo de trabajo de ese sector, que deberá presentar recomendaciones al Consejo de Cooperación Reguladora". El punto añade que "se deberá dar una respuesta por escrito a los grupos de interés que presentaron sus visiones generales y osbervaciones o propuestas concretas sin una demora injustificada".

Además, el documento hace hincapié en que las propuestas de cooperación presentadas por una parte deberán ser tenidas en cuenta y respondidas por la otra parte, e incluso "cada parte deberá comunicar sin demora a sus autoridades legislativas los comentarios específicos y declaraciones recibidas de la otra parte concerniente a actos regulatorios que estén siendo preparados o revisados por esos cuerpos". Según Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción, "los 'diálogos' sugeridos y los mecanismos de advertencia previa dan a la otra parte negociadora una buena oportunidad para ejercer presión y vetar cualquier nueva propuesta razonable, si son vistas como 'obstáculos al comercio'", algo que "puede convertirse en un factor decisivo y 'congelar' cualquier legislación progresista".

De momento, las negociaciones siguen en marcha. Mientras que EE UU quiere que este mecanismo abarque todas las legislaciones de la UE, pero teme que se aplique a los servicios financieros, en los que la UE tiene unos estándares más bajos, Bruselas quiere que sólo afecte a las regulaciones que tienen un impacto directo sobre el comercio. En cualquier caso, "pese a que la Comisión Europea ha repetido en varias ocasiones que no se rebajarán estándares ambientales, laborales y sociales, los documentos filtrados señalan una realidad diferente, con una amplia disposición por las dos partes a revisar a la baja su legislación (una profunda desregulación o regulación flexible en el interés de la industria, la banca, el sistema financiero y los grandes multinacionales)", explica Kucharz, que añade que "las multinacionales contarán con un acceso privilegiado a las agencias reguladoras y los departamentos gubernamentales encargados de las negociaciones o la supervisión de los tratados comerciales y de inversión".

El Secretario de Agricultura de EE UU ha señalado en varias ocasiones que uno de los objetivos de las negociaciones del TTIP es acabar con el llamado "principio de precaución", algo que, según explica este activista, abrirá todavía más la puerta a la entrada masiva en la UE de los transgénicos y a los alimentos tratados con pesticidas y hormonas actualmente no permitidos de acuerdo a las normas de la UE. Como han ido dejando patente los documentos filtrados en los últimos meses, este tratado supondrá también una rebaja en los niveles de protección sobre sustancias químicas o regulación financiera, y las organizaciones de la sociedad civil denuncian que acarreará una privatización masiva de servicios públicos, entre otras consecuencias.

Descarga el borrador de propuesta de "Cooperación Reguladora" al que ha tenido acceso Diagonal.

Nuevas filtraciones del #TTIP muestran las amenazas para la democracia y la soberanía popular

Dos versiones de documentos filtrados recientemente, sobre la propuesta de la Comisión Europea para un capítulo de "cooperación reguladora", muestran cómo los negociadores del TTIP intentan modificar los procesos de toma de decisiones para "eliminar barreras" el comercio y las inversiones, sin consideración por el impacto que esto pueda tener sobre las personas, la soberanía popular y el medio ambiente. Se proponen procedimientos complejos para acomodar los intereses de las corporaciones en contra del interés público. El desarrollo de estos procedimientos recibe el nombre general de "cooperación reguladora", y dentro del marco de las negociaciones del TTIP, la Comisión Europea podría incluso amenazar el derecho a legislar en niveles regionales y municipales.
 
TTIP: REGULACIONES MANIATADAS
Una nueva filtración de las negociaciones del tratado trasatlántico de comercio (TTIP) muestra que la Comisión Europea está decidida a constreñir las regulaciones encaminadas a proteger el interés público –incluidas las que puedan llevar a cabo las autoridades regionales. 
Por: Kenneth Haar (Corporate Europe Observatory) y Max Bank (LobbyControl)
Desde diciembre de 2013, ONGs, movimientos sociales y políticos han criticado (http://corporateeurope.org/trade/2013/12/regulation-none-our-business) duramente la propuesta de la Comisión Europea acerca de la “cooperación regulatoria” en el TTIP. Argumentan que en uno de los documentos de posición (http://corporateeurope.org/sites/default/files/ttip-regulatory-coherence-2-12-2013.pdf), filtrado entonces, se sugería que la Comisión estaba abriendo la puerta a la influencia masiva de las grandes corporaciones para que estas pudieran influir en futuras leyes. Ahora, un documento filtrado (http://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/ttip-eu-regulatory-coherence-draft-proposal-23.01.15.pdf) muestra que la Comisión mantiene esta intención, y nada sugiere que esté teniendo en cuenta las preocupaciones de la sociedad civil.  En un documento previo (http://corporateeurope.org/sites/default/files/231214_regulatory_coherence_draft_proposal.pdf), de diciembre de 2014, la Comisión va incluso más lejos, y llega a sugerir que se limite el espacio político de las autoridades municipales y locales. A pesar de que esta idea ha sido duramente criticada y puede no llegar a formar parte de la posición de la Unión Europea, es un signo de que la cooperación en materia de regulación puede llegar a extenderse a prácticamente todos los campos y puede convertirse en una amenaza clara para la democracia. 
El propósito de la cooperación regulativa.
La “cooperación regulatoria” describe un proceso en el cual se alinean las regulaciones existentes a ambos lados del Atlántico, para asegurar que los bienes que se produzcan en un lado puedan exportarse al otro sin demasiadas trabas. En la práctica, esto podría afectar a la regulación de gran cantidad de productos, desde los estándares alimenticios hasta la seguridad química. De hecho, es una propuesta estratégicamente importante, puesto que permite solventar algunos de los aspectos más controvertidos del TTIP después de que el tratado se haya cerrado y el escrutinio público haya bajado su intensidad, proporcionando con ello una oportunidad para que las grandes corporaciones puedan influenciar las nuevas regulaciones. Y eso a pesar de que la Comisión ha venido argumentando que su propuesta acerca de cooperación regulativa con respecto al TTIP no es más que un diálogo racional encaminado, por ejemplo, a evitar que hayas leyes duplicadas a ambos lados del Atlántico, y que no restringiría la capacidad de los reguladores y de los legisladores para perseguir objetivos de interés público. También se ha señalado repetidamente que sus propuestas no darían un tratamiento privilegiado a los grupos corporativos. 
Esta retórica no ha acallado, sin embargo, las críticas (http://corporateeurope.org/international-trade/2014/09/ttip-no-backroom-deals-would-imperil-our-health-environment-and-welfare), puesto que siempre ha habido un enorme salto entre los documentos de la Comisión preparados para el consumo público y los textos reales de las negociaciones que han ido emergiendo a través de filtraciones. Las recientes filtraciones de nuevas propuestas de diciembre de 2014 y enero de 2015 no solo confirman la veracidad de las críticas, sino que incluso en un par de puntos muestran que la verdadera posición de la Comisión en la negociación era todavía peor de lo que los críticos imaginaban. Dado que este documento es un texto legal, mientras que el previo no era más que un documento de posición, parece que los negociadores de la Unión Europea han consolidado su posición sobre el asunto.   
La cooperación regulativa es un proyecto de las grandes corporaciones.
 La cooperación regulativa es de enorme importancia para los grandes grupos de presión (lobbies) empresariales de ambos lados del Atlántico. A finales de 2012, BusinessEurope y la Cámara de Comercio de Estados Unidos tuvieron varias reuniones con la Comisión de la UE para impulsar sus propuestas (http://corporateeurope.org/sites/default/files/businesseurope-uschamber-paper.pdf). Entienden que esto suaviza las divergencias de las leyes a largo plazo (sea en las regulaciones de la industria alimentaria, en la aprobación de los productos químicos, o en reglas relativas a los métodos de producción, por nombrar sólo unos pocos ejemplos).
Esto se llevará a cabo a través de una serie de procedimientos que incluye la cooperación entre los llamados "reguladores". Estos procedimientos se promueven como una solución al problema que plantea a corto plazo la armonización de normativas o su reconocimiento mutuo. En consecuencia, debido a que los negociadores  podrían no ser capaces de llegar a un acuerdo sobre normativas comunes entre los EE.UU. y la UE en temas como las normas alimentarias, los productos químicos y la regulación financiera, mientras que las negociaciones comerciales se están llevando a cabo, la cooperación regulativa puede proporcionar un espacio a grupos empresariales y a reguladores para que alcancen resultados a su gusto una vez se haya acordado el TTIP, a largo plazo y sin demasiado escrutinio público. 
La cooperación regulativa funciona en dos niveles distintos: a nivel sectorial (por ejemplo, la aprobación de los productos químicos), y a través de las normas horizontales que se aplican a todas las áreas. Los dos lobbies empresariales mencionados anteriormente han sido especialmente activos en la formulación de las normas horizontales, de lo que tratan los dos documentos filtrados. Estas propuestas son de alcance muy amplio, ya que abordan tanto leyes como regulaciones.
Los dos grupos presentaron a la Comisión una serie de propuestas en las reuniones de 2012 (http://corporateeurope.org/sites/default/files/minutes-commission-be-chamber-meeting.pdf), que en suma les habrían proporcionado la capacidad de, en sus propias palabras, "reescribir la regulación" (http://corporateeurope.org/sites/default/files/businesseurope-uschamber-paper.pdf). Por esto, no es sorprendente que las enormes similitudes entre las propuestas de la Comisión y las de los lobistas de la industria desataran una fuerte reacción contra los onerosos privilegios concedidos a estos grupos empresariales. 
   
Los llamados "depositarios" (stakeholders) en la cooperación regulativa
   
Esto no quiere decir que ningún otro grupo estará involucrado en la cooperación regulativa. Cuando la Comisión habla de la implicación de grupos de intereses en cuestiones regulativas, emplea el término neutral "depositarios" (stakeholders). Esto hace referencia, claro está, a todo tipo de depositarios, incluidos sindicatos y ecologistas. En cambio, si uno toma en consideración que la aplastante mayoría de los lobbies en Bruselas representan a las corporaciones, queda claro que "involucrar a los depositarios" no es más que una expresión usada para dar más cancha a los lobbies corporativos para que influyan en la creación de políticas. Experiencias anteriores sobre involucrar a los "depositarios"  (stakeholders) en la cooperación regulativa entre la U.E y los E.E.U.U. muestran que estos procesos son fácilmente accesibles a grandes corporaciones y a menudo están cerrados para otros grupos de interés. Por último, pero no por ello menos importante: la agenda de la cooperación regulativa está dirigida sobre todo y principalmente a promover el comercio y no a asegurar los derechos de los consumidores, la salud pública o cualquier otro objetivo de política pública.
 La Comisión Europea mantiene su posición
 La cooperación regulativa proporcionará a los grupos empresariales una serie de instrumentos que les permitirán influir el desarrollo de las nuevas leyes y regulaciones, e incluso las ya existentes. Cuando el nuevo texto (http://corporateeurope.org/sites/default/files/231214_regulatory_coherence_draft_proposal.pdf) se lee bajo esta perspectiva, no supone ninguna mejora. Quizá lo contrario. Los aspectos más espinosos de la recientemente filtrada propuesta pueden describirse por medio de cuatro puntos:
   
 1. Con el aviso temprano, el lobbying empieza antes
   
De acuerdo con la propuesta, en cuanto una nueva regulación empieza a estudiarse, los grupos empresariales han de ser informados por medio de informes anuales, y deben estar involucrados. Esto se llama ahora "información temprana sobre acciones en planificación"; hasta hace poco se llamaba "aviso temprano". Incluso en el periodo de planificación, "la Parte reguladora" tiene que ofrecer a los lobbies de las empresas que se ven afectadas por la legislación o regulación una oportunidad para "proporcionar su perspectiva". Esta perspectiva "se tomará en cuenta" cuando la propuesta se finalice (artículo 6). Esto significa que las empresas pueden, por ejemplo, intentar bloquear en las primeras fases las normas que intenten evitar que la industria alimenticia ponga en el mercado alimentos con sustancias tóxicas, las leyes que persiguen evitar que las corporaciones energéticas destruyan el clima o las regulaciones para combatir la polución y proteger a los consumidores.
 
2. Evaluación del impacto: que las reglas no sean perjudiciales para el negocio
   
Las nuevas regulaciones deberán someterse a una "evaluación de impacto" que estará compuesta por tres cuestiones (artículo 7, una versión reducida del siete en la primera propuesta ):
   
- ¿Cómo se relaciona la propuesta legislativa con los instrumentos internacionales?
- ¿Cómo se han tomado en consideración las regulaciones existentes o planificadas por la otra Parte?
- ¿Qué impacto tendrá la nueva regulación en el comercio o las inversiones?
   
Esas cuestiones favorecen principalmente los intereses de las empresas, no de los ciudadanos. Gracias al procedimiento de "aviso temprano", las empresas pueden asegurarse de que sus intereses sean incluidos en el informe y, en caso de que fuera contrario a sus intereses, el informe tendrá que citar un impacto nocivo sobre el comercio transatlántico.
3. Intercambios regulativos: diálogos que ayudarían a las empresas a salirse con la suya
El modelo presentado por los negociadores de la UE le ofrece a las grandes corporaciones muchos instrumentos que les permitirán protestar contra un "acto previsto o planificado" y contra regulaciones en fase de estudio (artículos 9 y 10). En particular, un "intercambio regulativo" debe llevarse a cabo si la Parte está descontenta con el efecto que la norma propuesta tiene sobre sus intereses comerciales. Un diálogo debe darse y la Parte cuyas normas son criticadas debe cooperar y tiene que estar preparada para responder cualquier pregunta.
En una propuesta anterior, el documento de posición de 2013 (http://corporateeurope.org/sites/default/files/ttip-regulatory-coherence-2-12-2013.pdf), se hacía explícito que cuando los estados miembros de la UE vayan a adoptar regulaciones nuevas que afecten al comercio, ha de darse un diálogo para "resolver problemas de forma efectiva". En la nueva propuesta el modus vivendi dado ese escenario ha quedado sin precisar.
4. El Cuerpo de cooperación regulativa: los reguladores en el asiento del conductor
Los "reguladores" tendrá el papel clave. En la parte europea será la Comisión Europea y en la americana serán los representates de la llamada Office of Information on Regulatory Affairs (OIRA), de acuerdo con el documento de posición de 2013. Una vez que quede establecida la estrecha cooperación entre las corporaciones y las agencias de regulación tanto en EEUU como en la UE, este empoderamiento de los cuerpos regulativos ayudaría a asegurar una impacto mayor de las corporaciones en la política. 
El Regulatory co-operation Body (RCB) del TTIP, antes conocido como “Regulatory co-operation Council” tendrá la responsabilidad global sobre la cooperación regulativa, y una de sus obligaciones será “tomar seriamente en consideración” las propuestas de las corporaciones sobre regulaciones tanto existentes como futuras (artículo 15) 
La cooperación regulativa no solo se ocupará de la nueva regulación, sino también de las normas ya existentes. En consecuencia, este movimiento hacia la “convergencia regulativa” es un proyecto muy grande. Es responsabilidad del RCB asegurarse de que el proceso completo de convergencia entre las regulaciones de EEUU y de la UE avanza, ya sea asegurándose de que se producen y se adoptan reglas de armonización (o de reconocimiento mutuo), ya sea a través de propuestas que solventen las diferencias en sectores particulares. Para esta última tarea, puede apoyarse en el trabajo de los “grupos de trabajo sectoriales”, identificados en un estadío previo por la Comisión como el tipo de grupo al que las corporaciones pueden tener “ acceso privilegiado” (http://corporateeurope.org/sites/default/files/minutes-commission-be-chamber-meeting.pdf). Otra opción para las corporaciones es simplemente desarrollar sus propias propuestas, propuestas que el RCB tendría entonces que tomar seriamente en consideración (artículo 15). 
El Regulatory co-operation Body (RCB) está llamado a convertirse en una institución poderosa, a pesar de que no podrá iniciar acciones legales por sí mismo. La propuesta no es clara, sin embargo, acerca de la división de competencias entre los cuerpos electos, parlamentaria o gubernamentalmente, y el RCB mismo. Meramente se menciona un “Joint Ministerial Body” al que el RCB ha de informar.     
Parece que hay pocos límites.
Claramente, la Comisión intenta conseguir una propuesta muy ambiciosa, la cooperación regulativa va a tener fuerza y va a cubrir un área amplia de creación de políticas. Si solo fuera por los negociadores de la UE, la cooperación regulativa se extendería, incluso, a las autoridades regionales y municipales. En la propuesta de diciembre de 2014 (http://corporateeurope.org/sites/default/files/231214_regulatory_coherence_draft_proposal.pdf), la Comisión sugiere, " los partidos deberán esforzarse para garantizar el cumplimiento por parte de las autoridades de este Capítulo a niveles de gobierno inferiores al nivel de miembro de la UE o de los EEUU", i.e. autoridades regionales y municipales. Esto ampliaría considerablemente el ámbito de la cooperación regulativa, pudiendo afectar al urbanismo, adquisiciones públicas, recursos naturales y políticas medioambientales a nivel local.
Hasta ahora, por contra, parece que esta propuesta de la Comisión ha sido rechazada por sus estados miembros y está, por el momento, fuera de la mesa. En el último documento, el texto sobre autoridades regionales ha sido eliminado o suavizado considerablemente, supuestamente debido a la oposición de varios estados miembros. 
La cooperación regulatoria es una amenaza para la democracia
En suma, la cooperación regulativa merece toda la atención que pueda recibir de las ONGs, y de los movimientos sociales, pero también de los legisladores en Europa cuya futura influencia se verá, de facto, limitada por la cooperación regulativa. Los documentos hechos públicos hasta ahora, revelan una historia sobre negociadores que intentan modificar los procesos de toma de decisiones para mejorar el comercio y las inversiones, con escasa consideración hacia las consecuencias que esto tendrá sobre nuestras instituciones democráticas . De hecho, sugieren procedimientos complejos para ajustarse a los intereses de las corporaciones. La declaración en la ficha técnica de la Comisión de que "el derecho a regular sobre el interés público está salvaguardado", tiene poca base a la vista de este documento filtrado. Este documento muestra que el objetivo de la cooperación regulativa en el TTIP podría incluso poner en peligro el derecho a legislar en niveles regionales y municipales.

Partidos, sindicatos y colectivos de Euskal Herria exigen que no se firme el TTIP

Ttip_ezDiversos partidos políticos, sindicatos y colectivos de Euskal Herria han exigido que «no se llegue a firmar» el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), ya que entienden que «amenaza importantes derechos».
Fuente: NAIZ
 
Varios colectivos, sindicatos y partidos políticos de Euskal Herria han presentado un manifesto en Bilbo en contra del tratado de libre comercio que negocian la Unión Europea y Estados Unidos. Bajo el lema ‘Euskal Herrian TTIPari Ez’ los firmantes han exigido que no se llegue a firmar el tratado, ya que, aseguran, «amenaza importantes derechos adquiridos», además de «socavar los sistemas legales de las naciones y la soberanía democrática de la sociedad».

Los sindicatos LAB, ELA, ESK, EHNE, STEE-EILAS, CNT, CGT, CCOO Euskadi, LSB-USO, UGT Euskadi, así como los partidos EH Bildu, Ezker Anitza-IU, Podemos-Ahal Dugu, Equo Euskadi, Ezkerra y M+J han firmado el manifesto junto a más de 20 colectivos.

El documento ha sido presentado por Juan Hernández (STEE-EILAS) y Maita Arri (Ekologistak Martxan) y en él han demandado «un debate político transparente y democrático». De esta forma, los promotores han puesto en marcha una campaña en la que ya se han realizado diversas charlas informativas y que en próximos días incluirá la presentación de mociones en los ayuntamientos y en juntas generales, con «el objetivo final de que no se llegue a firmar el tratado».

«El enfoque sobre las barreras no arancelarias y la convergencia de la reglamentación entre ambas partes se está utilizando para impulsar la desregulación, una visión de los derechos de propiedad intelectual que solo fomentan monopolios, y una carrera para igualar derechos y estándares a la baja», han subrayado. En este sentido, destacan que los beneficios que pueda aportar el tratado «son marginales para la sociedad».

CiU, PPC i C's impedeixen que el Parlament insti el Govern i l'Estat a celebrar un referèndum sobre el TTIP

La cambra sí ha aprovat reclamar "fer públiques les informacions de les que disposen" sobre la negociació a l'Estat i la UE i crear un grup de treball a la cambra catalana
Barcelona (ACN).- El vot de CiU, PPC i C's al Parlament ha impedit que es pogués aprovar una moció de la CUP que demanava a l'Estat i al Govern de la Generalitat que celebressin "un referèndum sobre aquells "acords comercials entre la UE i altres estats o grups d'estats que tinguin major impacte", com el Tractat de Lliure Comerç i Inversions -conegut com TTIP- entre la Europa i els EUA. Tot i el vot favorable de la CUP, ERC, PSC i ICV-EUiA, els diputats de CiU, C's i PPC han estat suficient per tombar la proposta. De la mateixa manera, també s'ha rebutjat blindar els serveis socials, educatius i sanitaris de les negociacions dels tractats d'inversió i la reclamació de més "transparència" als estats sobre aquest tema. 

EL 97% SÍ IMPORTA #NOalISDS

Pasando del 97%. La Comisión Europea pretende hacer oídos sordos a la opinión de la inmensa mayoría sobre los tribunales de arbitraje entre inversores y Estados, a pesar de que fue la propia institución que lanzó la una consulta al respecto. A partir de ahora sólo pedirá asesoramiento a agentes especializados”.
 
Se trata de una burla a la población europea que refleja la falta de democracia y transparencia de los tratados de libre comercio como el TTIP, según la campaña #NoalTTIP.
 
 
 

El ISDS (por sus siglas en inglés) es un mecanismo de arbitraje presente en tratados de libre comercio que permite a grandes empresas inversoras extranjeras denunciar a un Estado ante un tribunal de arbitraje privado si considera que alguno de sus “derechos” ha sido vulnerado. Este mecanismo está contemplado en el tratado de libre comercio UE-Canadá (CETA), pendiente de aprobación en el Parlamento Europeo, y en las actuales negociaciones del Tratado Transatlántico de Libre Comercio entre la UE y Estados Unidos (TTIP).
 
La propia Comisión Europea lanzo el pasado verano una consulta pública sobre el ISDS para sofocar la oposición ciudadana a estos mecanismos, que ponen en peligro la soberanía de los Estados, y para calmar las acusaciones de falta de transparencia y participacion ciudadana en los procesos de negociaciones del TTIP.
 
A pesar de que las preguntas de la consulta eran extremadamente técnicas, se registró un récord de participación. Casi 150.000 personas respondieron, el de las cuales 97% rechazó la inclusión del mecanismo de arbitraje ISDS en el TTIP y otros tratados comerciales.
 
Este martes se publicaron oficialmente los resultados de la Consulta Ciudadana sobre la Protección de las Inversiones. Continuarán las consultas, pero a partir de ahora sólo con agentes especializados. Según la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, anunció, se reformarán los mecanismos de protección de las inversiones para que no supongan un límite al derecho a legislar, como ya se ha hecho en CETA.
 
Lo cierto es que los cambios anunciados no solucionarán el problema en absoluto. Tal y como ocurre en el caso de CETA, las multinacionales seguirán teniendo más derechos que los ciudadanos y las empresas locales o y tres jueces privados, que obtienen un lucro sustancial durante el proceso, seguirán decidiendo qué políticas son correctas o incorrectas, desacreditando la soberanía nacional.
 
Las negociaciones del TTIP son un caballo de Troya para que las multinacionales tengan cada vez más poder a ambos lados del Atlántico frente a la soberanía de los Estados, los derechos laborales y sociales, la protección ambiental. Las maniobras para mantener los tribunales de arbitraje en el tratado lo demuestran.
 
La inclusión del mecanismo ISDS en el TTIP abriría las puertas a que empresas estadounidenses realizaran demandas como las llevadas a cabo contra Uruguay, donde una tabaquera denunció al Gobierno por la normativa de etiquetado de los paquetes de tabaco, o Egipto, donde otra multinacional recurrió al tribunal de arbitraje por la subida del salario mínimo obligatorio.
 
A pesar de los ninguneo de la Comisión Europea el 97% SÍ IMPORTA per tenemos que recordárselo #NOalISDS
 
 
Fuente original: Ecologistas en Acción

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