Noticias de la Campaña estatal #NoalTTIP

Presentació Campanya No al TTIP València - 25 Feb 2015

 Hola companys i companyes:

La campanya NO al TTIP a l'Estat espanyol, que és part de la campanya STOP TTIP europea, està formada per organitzacions de la societat civil que comparteixen una profunda preocupació per les diverses i greus amenaces que plantegen el Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP en anglès) entre la UE i EEUU i el Tractat Integral de Comerç i Inversió (CETA en anglès) entre la UE i Canadà.

En el País Valencià, la campanya està ja activa a Castelló i Alacant, i a València serà presentada oficialment el dia 25 de febrer en l'Auditori del Jardí Botànic (C/ Beat Gaspar Bono - València) a les 19:00.

En aquest acte, les organitzacions que estiguen d'acord a formar part de la campanya tindran l'oportunitat de signar la seua adhesió a el “Manifest NO al *TTIP”, i mostrar d'aquesta manera el seu compromís amb el rebuig de les actuals negociacions sobre el TTIP i la ratificació del CETA. A més, l'humorista Xavi Castillo ens oferirà la seua visió del que es cou amb aquests tractats en una de les seues singulars representacions.

Fem una crida a sindicats, partits, col•legis professionals, organitzacions agràries, associacions, plataformes, fundacions, assemblees ciutadanes, ONGs, Universitat, i col•lectius culturals o de qualsevol altra índole, així com a la ciutadania en general, perquè se sumeixen a aquest gran projecte de parar a les corporacions transnacionals i posar a les persones, el medi ambient i la democràcia per davant dels seus beneficis.

Us enviem el Manifest en valencià i en castellà per a que el conegueu i li doneu difussió, així com el cartell en format pdf per a que l'imprimim i empaperem València entre totes.

Us esperem a tots i totes. Per favor difondre.

Per a adherir-se a la campanya: noalttip@attacpv.org
Facebook de la campanya : https://www.facebook.com/NOalTTIPvalencia?fref=ts
Web de la campanya estatal : http://noalttip.blogspot.com.es

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Hola compañeros y compañeras:

La campaña NO al TTIP en el Estado español, que es parte de la campaña STOP TTIP europea, está formada por organizaciones de la sociedad civil que comparten una profunda preocupación por las diversas y graves amenazas que plantean el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión  (TTIP en inglés) entre la UE y EEUU y el Tratado Integral de Comercio e Inversión (CETA en inglés)  entre la UE y Canadá.

 En el País Valencià, la campaña está ya activa en Castellón y Alicante, y en Valencia será presentada oficialmente el día 25 de febrero en el Auditorio del Jardí Botànic (C/ Beat Gaspar Bono - València) a las 19:00.

 En este acto, las organizaciones que estén de acuerdo en formar parte de la campaña tendrán la oportunidad de firmar su adhesión al “Manifiesto NO al TTIP”, y mostrar de esta manera su compromiso con el rechazo de las actuales negociaciones sobre el TTIP y la ratificación del CETA.  Además, el humorista Xavi Castillo nos ofrecerá su visión de lo que se cuece con estos tratados en una de sus singulares representaciones.

 Hacemos un llamamiento a sindicatos, partidos, colegios profesionales, organizaciones agrarias, asociaciones, plataformas, fundaciones, asambleas  ciudadanas, ONGs,  Universidad, y colectivos culturales o de cualquier otra índole, así como a la ciudadanía en general, para que se sumen a este gran proyecto de  parar a las corporaciones transnacionales y poner a las personas, el medio ambiente y la democracia por delante de sus beneficios.

Os enviamos el Manifiesto en valenciano y en castellano para que lo conozcáis y le deis difusión, así como el cartel en formato pdf para que lo imprimáis y empapelemos Valencia entre todas.

Os esperamos a todos y todas. Por favor difundid.

Para adherirse a la campaña: noalttip@attacpv.org
Facebook de la campaña: https://www.facebook.com/NOalTTIPvalencia?fref=ts
Web de la campaña estatal: http://noalttip.blogspot.com.es

"El TTIP proviene del deseo de los lobbies, no de los pueblos"

Frédéric Viale, miembro del consejo científico de ATTAC Francia.Frédéric Viale es abogado, economista, miembro del consejo científico de ATTAC Francia y especialista en política comercial de la UE y en tratados de libre comercio
Cree que las afirmaciones de Bruselas sobre el polémico acuerdo son sólo "palabras": "Los textos son lo importante y su objetivo es la liberalización generalizada”
Considera que, de salir adelante ese tratado entre Europa y EEUU, "las leyes se verán afectadas directamente por los deseos de las empresas"


Frédéric Viale es abogado, economista y miembro del consejo científico de ATTAC Francia, una organización que desde 1998 lucha contra la globalización económica. Especialista en política comercial de la Unión Europea y en tratados de libre comercio, Viale fue una de las primeras personas en conocer que la UE estaba negociando en secreto un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Las negociaciones de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) empezaron en julio del 2013 y ya van por la octava ronda de encuentros entre la delegación negociadora de la Comisión Europea y el equipo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).
En una gira de conferencias por Cataluña sobre el TTIP la pasada semana, Viale explicó que este tratado permitirá una liberalización generalizada y facilitará que las multinacionales puedan perseguir a aquellos estados que se opongan a sus “intereses legítimos”.
 
¿De qué modo unas normas que regulen el comercio entre Europa y EEUU, como las que establecería el TTIP, pueden afectarnos?
Este tratado cuenta con dos mecanismos. Por un lado, el de resolución de disputas inversionista-Estado, por el cual una empresa puede dirigirse a un tribunal de arbitraje internacional para pedir compensaciones económicas en caso de que una decisión pública de un Estado, municipio o autonomía afecte negativamente a los beneficios que espera tener. Estas compensaciones, como vemos en otros tratados comerciales como el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), son de millones de dólares.
Por otro lado, está el mecanismo de convergencia reglamentaria, basado en la creación de un comité de expertos privado. Cualquier reglamentación, como podría ser sobre el fracking, la protección del medio ambiente o los derechos sociales, que tenga un efecto sobre el comercio tendrá que presentarse ante este comité y sus miembros preguntarán a las empresas si están de acuerdo con estas reglamentaciones. En caso negativo, no habrá reglamentación. Las leyes se verán afectadas directamente por los deseos de las empresas.
 
¿El tratado estaría por encima de las decisiones tomadas en los Parlamentos?
De hecho, sí. Porque en caso de que exista un problema de intereses, la empresa puede acudir al arbitraje internacional, que costaría mucho dinero al Estado. Si los estados se niegan a pagar este proceso o las compensaciones que pida la empresa y si la gente quiere o no que se apliquen estas reglas, no va a importar más.
 
¿Cuál es el procedimiento para que el TTIP sea aprobado o suspendido?
Una vez firmados, los tratados de libre comercio deben aprobarse por mayoría cualificada del Consejo de la Unión Europea. Esto quiere decir, normalmente, que si hay dos países importantes y dos o tres países pequeños que dicen “no”, pueden bloquear la aprobación del tratado en este nivel. Si, por ejemplo, España, Italia y Francia dijeran “no”, el TTIP se bloquearía. También, al margen de la normativa de los tratados y atendiendo a la realidad política del momento de quien domina la UE, si Alemania dijera “no”, el tratado no avanzaría. En caso de que el TTIP fuera aceptado en primera fase, debería pasar al Parlamento Europeo y podría ratificarse con una mayoría normal, con el voto de al menos el 50% de los diputados europeos.
 
¿En qué estado se encuentran las negociaciones?
Actualmente existen dos tratados de libre comercio. El tratado entre la UE y EEUU, cuyas negociaciones probablemente no terminarán en al menos dos años, y el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA), que tiene los mismos dos mecanismos que el TTIP y ya ha sido firmado, de modo que va a ser presentado a los líderes europeos en junio y, probablemente, al Parlamento Europeo para su ratificación a final de año o principios de 2016. Tras su aprobación en el Consejo europeo, el Parlamento Europeo deberá decir “sí” o “no” al tratado y después se verá si la Comisión Europea da lugar a que se puedan hacer ratificaciones nacionales. Al fin y al cabo, la decisión de ratificación a nivel nacional es una decisión política y los estados miembros de la UE deben luchar para obtenerla. Pero por el momento la Comisión Europea es reacia a estas ratificaciones nacionales.
 
Las negociaciones del TTIP son secretas, pero la Comisión Europea ha publicado informes sobre su estado. ¿Hasta qué punto son relevantes en cuanto a la transparencia del tratado?
Por el momento, no son relevantes. Todas las informaciones que la Comisión ha publicado hasta ahora ya fueron filtradas anteriormente. Es positivo que se publiquen oficialmente, pero hemos tenido que esperar para verlas un año y medio. Todo lo que necesitamos para entender lo que pasa proviene de filtraciones. Y por el momento el esfuerzo de la Comisión para ser transparente no es suficiente. Tengo mucha más información en mi ordenador, por ejemplo, que la que ha publicado la Comisión.  
 
En el último de estos informes, del 5 de febrero, la Comisión dice, al referirse a la convergencia reguladora, que primero se tiene que velar por cuestiones como los trabajadores o el medio ambiente antes que por los beneficios de las empresas.
Eso son declaraciones de la Comisión. Existen declaraciones políticas y podemos creerlas o no. Pero no son jurídicamente vinculantes. Sólo el tratado lo es. Y en el corazón del tratado, en su texto, no hay ningún aspecto que dé garantías de que va velar por el medio ambiente, los derechos sociales y los derechos humanos.
Lo que sí recoge el texto es el mecanismo del “reconocimiento general de las normas”, por el cual, por ejemplo, si una empresa fabrica un producto transgénico atendiendo a las normas de EEUU, éste va a poder comercializarse en Europa aunque existan leyes que los prohíban. No podemos creer a la Comisión cuando dice que va proteger los derechos si el tratado tiene estos mecanismos.
 
También dice que los tribunales de arbitraje no son necesarios.
Tendemos a focalizar la atención en estos tribunales. Pero el objetivo general del tratado es la liberalización generalizada; significa el final de los servicios públicos, el final de las protecciones sociales. Así que si no hay el mecanismo ISDS, el tratado será menos escandaloso pero no aceptable. Tampoco lo será con el mecanismo de convergencia reglamentaria, que es una negación de la democracia; éste estará antes de cualquier debate público y esto es un ataque masivo contra la democracia. Estas afirmaciones son solamente lo que dice la Comisión. Palabras. Los juristas leemos los textos. Y en los textos, por el momento, no tienen ningún cambio sobre el ISDS ni ningún cambio sobre la liberalización generalizada y la convergencia reglamentaria. Y en francés hay un dicho: “Las promesas son vinculantes para quienes se las creen”.
 
¿Cuál es el papel de las grandes corporaciones y los lobbies en la negociación de este tratado?
Es el tema crucial del TTIP. En la UE hay un lobby muy importante de las grandes empresas y bancos de los dos lados del Atlántico, el TransAtlantic Business Council (TABC), y también participa el European Services Forum, por ejemplo. Antes de empezar las negociaciones para el TTIP, la UE hizo 120 consultas. De éstas, solamente 19 fueron a organizaciones sociales o ecologistas. El resto, con empresas y bancos. El tratado proviene del deseo de los lobbies. El TTIP realmente no es un deseo de los pueblos.

El TTIP o cómo venderle tu alma al diablo

Es tan obvio que incluso parece ofensivo decirlo, pero el Tratado de Libre Comercio (TTIP) que negocian en secreto Estados Unidos y la Unión Europea es poco más que otro montón de papeles con el único objetivo de sellar, más aun, el sistema en el que estamos inmersos. Ese en el que las multinacionales manejan los hilos. Ese que a veces deja titulares como “sólo 85 personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad”, según Oxfam. Ese en el que unos lo tienen todo y otros nada.


Fuente: Ekaitz Cancela (@ecanrog - periodista) - Diagonal
 
Cada vez que los negociadores del Tratado se ponen de acuerdo en alguna nueva normativa venden su alma a un diablo que se manifiesta en forma de capitalismo. Desde la cooperación regulatoria, que pretende otorgar barra libre a los poderes económicos, hasta el ISDS, que permite a las multinacionales denunciar a los Estados cuando sus regulaciones les perjudican. En ocasiones es el poder, otras es el dinero que reportará este negocio a los intereses privados; ambas para los más afortunados, que verán cómo su mercado se cederá traspasando una vez más las líneas rojas de lo ético y moral. La pregunta es hasta cuándo.
El retroceso en los derechos, que especialmente vivirán los europeos si se firma el TTIP, no es baladí. Un Tratado más, que sigue el camino de acabar con muchos de los avances conseguidos tras años de enfrentamientos militares en forma de Guerras Mundiales, pero con bastante menos estruendo. Ahora ya nadie hace ruido, o así lo demuestran los 560 encuentros a puerta cerrada que la Comisión de Comercio tuvo con 298 stakeholders que representan los intereses de los lobbies industriales.
Ahora la guerras por el poder mundial se deciden en los despachos de Washington y Bruselas, no en las trincheras. Los soldados no sirven a una patria, sino al interés de una multinacional. O al conjunto de ellas. Los combatientes ya no se camuflan entre los bosques, ahora se sirven de la opacidad de las instituciones para operar sin tapujos. Ya no existen las emboscadas, sino las reuniones a puerta cerrada, los desayunos “informativos” o las puertas giratorias.
Pero si hay algo que no cambia es la propaganda, tal y como Joseph Goebbels la inventó. O como años después la redefinió Bernays: “Una manipulación consciente de las opiniones de las masas”. La desinformación sobre las consecuencias en el interés público del Tratado, así como el silencio mediático con los sectores más críticos a éste se contraponen con la difusión de panfletos propagandísticos por parte de los lobbies y la Comisión.
Claro, que las comparaciones son odiosas y la no concreción peligrosa. El TTIP no acaba con vidas, sino que crea empleo. Eso dicen las farmacéuticas que cabildean para que la extensión de sus patentes impida el acceso a alternativas genéricas a las miles de personas que mueren esperando un medicamento. O como cuando hablan de proteger los servicios públicos, y los Gobiernos entienden que quién mejor para gestionarlos que aquellos que jamás escucharlo hablar de cosas como la salud y la cobertura universal. Eso que ahora es algo de interés general podría pasar a ser una mercancía como cualquier otra.
Tampoco hablamos de un genocidio consciente, racista e indiscriminado. Pero entenderán que especular con los alimentos es una constante en esto del libre comercio, y que si el precio del kilo de maíz sube, miles de personas que ni tienen televisión, ni forma de salir en ella, pasarán a engrosar la inmunizada cifra de los 805 millones de hambrientos. Daños colaterales, pensarán los que lo piensen. “Los bancos son indispensables para que el capitalismo funcione, los hambrientos no"
El nuevo Tratado de Libre Comercio será un nuevo éxito para afianzar el sistema establecido. Un logro de las multinacionales, que lejos de conformase con los millonarios beneficios que cada año duplican los de años anteriores buscan que su poder no tenga vuelta atrás, que la firma de acuerdos internacionales les proteja para siempre de vivir en sus pieles algo parecido a la igualdad: su mayor enemigo.
“Una mentira repetida mil veces se convierte en realidad”, debieron pensar en la Comisión Europea los amantes de Goebbles cuando repetían el mantra de proteger los servicios públicos momentos antes de reunirse con los lobbistas industriales en secreto. O cuando saltan desde su despacho en lo más alto de Bruselas al de las multinacionales. Ahí, en la famosa Rue de la Loi, la calle en la que se encuentra el edificio de decisión más importante de Europa, junto el cual los grupos de presión han levantado sus campamentos, que no trincheras.
Y es que al contrario que en las guerras, ya no hablamos de enemigos, sino de amigos, que en el mejor de los casos comparten cervezas, o suben a sus redes sociales los desayunos que tienen con los grupos de interés industriales antes de partir hacia la mesa de negociaciones del TTIP. Con un café y un croissant acompañan uno de los innumerables informes que explican los beneficios del idílico escenario que presentan las multinacionales.
Pero hay que ir más allá de los cientos de diablos que frecuentan las paredes azul celeste de la Comisión para ver la luz. Detrás de los cientos de federaciones y organizaciones paraguas que representan los intereses de miles de empresas privadas y multinacionales se atisba un único objetivo: ampliar el poder de los ya todopoderosos.
El TTIP no es un solo un tratado, es el triunfo de un sistema en el que los interés del 99% se diluyen entre ese 1% que acapara su riqueza. Es un documento que no sólo firma por ese bien sonado escenario de abolir las barreras comerciales, sino que busca afianzar aún más las cuerdas del tinglado industrial en el que las multinacionales han vivido durante lustros y asegurar que así siga siendo eternamente.

(informe) La prima de riesgo alimentario podría dispararse

El informe “TTIP ex, borrando derechos” analiza cómo la aprobación del acuerdo TTIP afectaría a nuestra seguridad alimentaria. 

El TTIP propone borrar o rebajar a la mínima expresión las regulaciones europeas relativa a transgénicos, al uso de plaguicidas,  al uso de hormonas y antibióticos en la producción animal,  relajar las normas de etiquetado alimentario y  las  inspecciones sanitarias. Quiere llevarse por delante el principio de precaución que se establece en el tratado de funcionamiento de la unión europea y que sitúa a la política y a la preservación de la salud humana y ambiental por encima de la incertidumbre científica.

En definitiva este Macroacuerdo, que ya va por su octava ronda de negociación de espaldas la ciudadanía, que pretende asemejar la regulación europea a la americana  para el beneficio de las grandes corporaciones,  supone una grave amenaza para nuestra seguridad alimentaria y nuestra salud.

-> DESCARGA EL INFORME

La insoportable molestia de nuestra salud

Repasamos las implicaciones del Tratado de Libre Comercio entre la UE y EE UU en nuestra seguridad alimentaria
 
La Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), es un sueño hecho realidad. El sueño de las grandes corporaciones agroalimentarias. Para el resto de la sociedad es una pesadilla. Será necesario despertarse y que nuestra pesadilla y su sueño sean solamente eso, una mala noche.


Las corporaciones agroalimentarias llevan años pleiteando en la Organización Mundial de Comercio contra diversas normativas europeas que protegen elementos clave de nuestra seguridad alimentaria. Parece que, por fin, ha llegado la hora de solucionar sus problemas y para ello han puesto a trabajar a sus negociadores en forma de representantes gubernamentales entre Estados Unidos y la Unión Europea. El objetivo es conseguir un Acuerdo comercial entre las dos regiones que, a diferencia del resto de este tipo de tratados ya firmados en todo el mundo, no pretende “abrir” fronteras a los alimentos estadounidenses sino “abrir” los órganos reguladores agroalimentarios europeos.

Como ya han admitido funcionarios de ambas partes, el objetivo principal del TTIP no es estimular el comercio eliminando aranceles entre la UE y los EE UU, (en este momento los aranceles son tan bajos que apenas pueden reducirse ya), su principal finalidad es eliminar las barreras reguladoras que limitan los beneficios potenciales de las corporaciones transnacionales a los dos lados del Atlántico. El problema es que estas barreras son en realidad algunas de nuestras normativas más preciadas en materia de derechos sociales y medio ambiente, como los derechos laborales, las normas de seguridad alimentaria (incluidas las restricciones a los Organismos Modificados Genéticamente (OGM, por sus siglas en inglés), las regulaciones sobre el uso de substancias químicas tóxicas, las leyes de protección de la privacidad en Internet e incluso las nuevas garantías en el ámbito bancario introducidas para prevenir otra crisis financiera como la de 2008. En otras palabras, el TTIP es una especie de tratado ómnibus en el que viajan algunas de las normativas que más protegen a la ciudadanía y al medio ambiente. En lo que se refiere al ámbito agroalimentario, las normativas que se están negociando determinan cómo se producen los alimentos, cómo se etiquetan, cómo se comercializan, cómo se evalúa su seguridad o como se inspeccionan. No podría haber más en juego.

Las barreras no son los aranceles

Si analizamos los derechos arancelarios sobre el comercio agrícola bilateral entre EE UU y la UE, vemos que promediaron vemos que, de hecho, estos aranceles no han hecho otra cosa que reducirse en las últimas décadas sin necesidad alguna de un gran acuerdo comercial. Así los EE UU han pasado en 6 años de un arancel agrícola medio respecto a los productos europeos de un 9,9% al 6,6%, y en la UE se ha pasado de un 19,1% al 12,8%. Para poder entender la magnitud de ese dato, digamos que el arancel agrícola promedio en el mundo es del 60%.

Si lo que desean las grandes corporaciones agroalimentarias, a través del TTIP, es que un producto agroalimentario producido, elaborado y comercializado en EE UU pueda ser, inmediata y automáticamente, vendido en la UE y a la inversa, el problema no son esos aranceles. ¿Dónde está entonces? En las llamadas “Medidas no arancelarias”, o NTM según la jerga de la OMC. Es decir, las leyes, regulaciones o políticas de un país que afectan a ese producto agroalimentario y que son distintas de las de otro país.

Y aquí viene la madre del cordero, porque en realidad los marcos regulatorios que afectan a elementos clave de la producción, comercialización, etiquetado o inspección alimentarios, son radicalmente distintos entre EE UU y la UE. Entonces ¿Cómo van los negociadores comerciales para el gobierno de Estados Unidos y la Comisión Europea a resolver estas diferencias entre los dos sistemas de regulación?

No se preocupen, ya lo tienen claro. Para ello, dentro de las negociaciones del TTIP, existen dos elementos claves. Uno se refiere a una herramienta y otro a una estructura. La herramienta es la coherencia o armonización regulatoria. Es decir, de las dos normas, escoger la menos exigente para las corporaciones (que es, al mismo tiempo, la menos protectora para la ciudadanía). La estructura es el Consejo de Cooperación Regulatoria (RCC), y todo parece indicar que es el centro mismo de la estrategia TTIP.

Las diferencias

Existe una extensa lista de diferencias entre las normas que afectan a la salud y seguridad alimentaria entre la UE y EE UU, y aunque un artículo no dé para más, podemos destacar alguna de las más importantes.

La irradiación alimentaria es una de ellas. La irradiación es un tratamiento basado en la aplicación de radiaciones ionizantes, generalmente electrones de alta energía u ondas electromagnéticas (rayos gamma o X). No es un “simple proceso de conservación de alimentos”, como siempre se le denomina por parte de la industria alimentaria. Para hacernos una idea rápida, la dosis promedio de irradiación de alimentos (allá donde está permitida) es de 10 KGy (10.000 Grays). Para entender esta cifra podemos compararla con una radiografía (1 miliGray), una tomografía (0,01/0,03 Grays), o que basta con exponer la piel a una irradiación de 10 Grays para perder permanentemente el pelo. O que hacer que lleguen 8 Grays a los ovarios de una mujer para provocarle infertilidad. En radioterapia, la dosis máxima que se utiliza es de 80 Grays. Este tratamiento está permitido en EE UU para casi todos los alimentos. La UE solamente lo autoriza para las hierbas aromáticas secas, especias y condimentos vegetales (si bien es cierto que deja libertad a cada estado miembro para incorporar nuevos alimentos a la lista).

Hay que recordar que este punto es especialmente preocupante de cara a los consumidores pues la irradiación puede formar sustancias tóxicas y cancerígenas. La irradiación produce radicales libres y demás subproductos. Muy pocos de estos productos químicos han sido adecuadamente estudiados sobre su toxicidad en la salud. Además, los alimentos irradiados no están adecuadamente etiquetados y el derecho del consumidor a elegir, con suficiente información, no está suficientemente asegurado. Por último, es conocido que la irradiación reduce el valor nutritivo de los alimentos. Por ejemplo, reduce el contenido en vitaminas del alimento, así, la vitamina E puede reducirse en un 25% después de la irradiación y la vitamina C entre un 5 y un 10%.

Otro punto diferenciador entre las dos normativas que sirve para ilustrar de qué estamos hablando es la lista de plaguicidas autorizados en los dos lados del Atlántico. Aquí se refleja perfectamente que el TTIP es un convenio de modificación normativa. De entre las numerosas diferencias existentes en la legislación sobre pesticidas, las dos más importantes se refieren a la gran cantidad de pesticidas peligrosos permitidos para su uso por EE UU pero que están prohibidos en la UE, además de los distintos niveles de residuos de estas substancias que se permiten en los alimentos que se venden a los consumidores en los Estados Unidos en relación con la UE. Los llamados Límites Máximos de Residuos, mucho más protectores en la UE que EE UU.

El tema no es menor ya que estos productos, por definición, tienen una alta actividad biocida y pueden causar efectos adversos a la salud humana y al medio ambiente. A ello se debe unir que, en muchas ocasiones, presentan una alta persistencia en el ambiente con lo que sus efectos se prolongan a largo plazo. Que son sustancias de alto riesgo lo saben perfectamente los consumidores, como demuestran los datos del último Eurobarómetro que preguntó por la cuestión y que indican que el 66% de los españoles está bastante o muy preocupado por la presencia de residuos de pesticidas en los alimentos. En un estudio realizado Instituto de Comercialización de Alimentos detectó que el 72% de los encuestados los consideraban una amenaza muy importante para la salud.

De los dos sistemas regulatorios sobre pesticidas, el que mejor protege a la ciudadanía es sin duda el europeo, que lejos de ser ideal, es mejor que el estadounidense. Decimos lejos de ser el ideal porque, por ejemplo, cada año se utilizan más de 40.000 toneladas de plaguicidas (solamente teniendo en cuenta la cantidad de principio activo) en el estado español y ese uso intensivo sigue generando denuncias por los efectos sobre la salud humana como para el medio ambiente. Por ejemplo, en un informe realizado por investigadores de la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia, detectó 23 pesticidas diferentes en distintos tramos del río Júcar, entre ellos algunos prohibidos.

La evaluación, la comercialización y el uso de plaguicidas (herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc.) está fuertemente regulada en la Unión Europea. La normativa expone un procedimiento de evaluación de riesgos y autorización para sustancias activas y productos que contienen dichas sustancias. A fin de que pueda permitirse su comercialización es necesario demostrar la seguridad de cada sustancia activa desde el punto de vista de la salud humana, incluidos los residuos en la cadena alimentaria, la sanidad animal y el medio ambiente. La industria tiene la responsabilidad de facilitar los datos que demuestren que una sustancia puede ser utilizada sin riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

Por el contrario, en EE UU, la seguridad química está regulada por la Ley de Control de Sustancias Tóxicas de 1976 (TSCA). En contraste con el proceso europeo, que revisa todas las substancias “antiguas o nuevas”, la TSCA otorga una serie de derechos adquiridos a miles de productos químicos. Como muestra, basta decir que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha requerido pruebas de seguridad solamente a 200 de los más de 80.000 productos químicos usados comercialmente. Otra diferencia fundamental es que, en el caso norteamericano, se requiere una evaluación completa del riesgo por parte de las autoridades gubernamentales cosa que, en la práctica, sitúa la responsabilidad y la carga de demostrar que una substancia no es nociva para la población o el medio ambiente en la administración, en lugar de en las industrias. Ello tiene profundas implicaciones prácticas que, finalmente, se traducen en una gran cantidad de plaguicidas que circulan libremente por el mercado estadounidense sin que exista la suficiente certeza de que no suponen un riesgo para la salud o el medio ambiente.

El RCC

Estos son sólo dos ejemplos del objetivo que marca el tratado de armonización de estándares, que a la práctica es la devaluación del sistema de garantías europeo actual, para favorecer los intereses de grandes corporaciones. Pero como decíamos, el auténtico peligro de este acuerdo radica en la nueva estructura de toma de decisiones que se pretende incrustar en la UE.

spectos como los transgénicos, la producción ganadera hormonada o la autorización de plaguicidas catalogados como peligrosos son lo que podríamos llamar temas-alerta, aspectos que, cuando se tocan, despiertan el rechazo casi automático de la ciudadanía.

Ello, obviamente, lo saben tanto la industria como los negociadores comerciales. Si sale a la luz un acuerdo que autorice la comercialización y no etiquetado de los alimentos transgénicos, o el engorde de ternera con implantes de estradiol o pesticidas con riesgo para la salud, entonces, el sueño corporativo se acaba. Por esa razón, revelar los detalles de las negociaciones y presentarlo como lo que es, un enorme paquete desregulatorio, un omnibús en el que viajan las normas al que se va a despeñar, y que parezca un accidente, podría ser políticamente peligroso para los negociadores, las corporaciones y, de rebote, para los gobiernos que la respaldan, ya que podría dar lugar a un rechazo de todo el paquete por la ciudadanía e incluso los parlamentos estatales.

Los grupos de presión empresariales de ambos lados del Atlántico y sus representantes políticos son perfectamente conscientes de las complicaciones políticas de este tipo de acuerdo. Nos encontramos ante un dilema. ¿Y cuál es la respuesta que se ha encontrado? La respuesta se llama "cooperación regulatoria". Que se traduce en “toquemos poca cosa ahora pero dejemos todo a punto para cambiar las normas después, lentamente, a oscuras y a solas”

El Acuerdo y la cláusula de Cooperación regulatoria diseñan un complejo entramado que permitirá que se tomen decisiones sin control público real y con todas las puertas abiertas para el lobby empresarial. Las empresas participarán desde el inicio del proceso, mucho antes de cualquier debate público y democrático, y tendrá una excelente oportunidad para deshacerse de importantes iniciativas para mejorar nuestros estándares de alimentos o proteger a los consumidores. En esencia, la propuesta permitiría a los grupos de presión empresariales a la "co-escritura" legislativa.
Nuestra salud sólo es un obstáculo para sus beneficios, y corre prisa.

Javier Guzmán y Ferran García, miembros de VSF Justicia Alimentaria Global.

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