Noticias de la Campaña estatal #NoalTTIP

La agroindustria y el CETA

La agroindustria y el CETA
Marina Albiol
Eurodiputada y portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo
Pablo Jiménez
Campaña estatal No al TTIP, CETA, TiSA
publico.es
Cuando hablamos del CETA y otros acuerdos comerciales similares como el TTIP o el TiSA, es frecuente referirnos a las consecuencias que tienen estos sobre los derechos sociales y laborales, sobre la merma de estos derechos que conllevará aún más, después de esta década de recortes, a la precarización de la calidad de vida de las clases populares. Puede que estos aspectos del tratado, así como los peligros de dar carta blanca a los inversores, sean los más conocidos, si es que podemos dar por conocido aquello que no ha dispuesto de la menor transparencia.
También tiene cierta relevancia informativa en relación con el mundo agrario la entrada de alimentos transgénicos, de carne hormonada y de aves sacrificadas desinfectadas mediante productos clorados. Pero esta cuestión, ya de por sí grave, encierra algo de capital importancia para el mundo agroganadero. Algo que no solo afecta a los territorios europeos y canadiense sino que puede alcanzar proporciones globales al servir de modelo para otros tratados regionales o bilaterales, algo al que el, de momento, suspendido TTIP no es ajeno.
Nos referimos al tipo de agricultura y ganadería que se va imponiendo a escala global, al tipo de alimentación que nos obligan a consumir. A lo que estamos asistiendo con el CETA es a la unificación de los modelos productivos entre las partes signatarias del acuerdo comercial o más concretamente a la imposición de los modelos de carácter agroindustrial sobre los tradicionales. Si bien ambos modelos hoy día están sujetos a las lógicas de la oferta y la demanda del mercado capitalista, en Europa, en mayor medida que Canadá, se mantiene aún en muchas explotaciones agrarias, aunque en retroceso, una producción pluriespecífica centrada en lo local, fijada al territorio, con empleo familiar, sistemas cooperativistas y significativa cuota de elaboración ecológica, mientras que en Canadá predomina otro modelo basado en producciones intensivas, monoespecíficas, reducida mano de obra y alta tecnologización, utilización masiva de fitosanitarios y pesticidas y alejadas de los centros de consumo. Esto no significa que la agroindustria no esté instalada en Europa , todo lo contrario ya que, desde finales de los años 80 y más concretamente desde la creación de la OMC (1995), se ha optado por la máxima liberalización del mercado agroalimentario sustentada en el apoyo a las grandes empresas productoras y de la gran distribución. Pero en Europa aún se mantienen estas prácticas tradicionales en el manejo de la biodiversidad y de los recursos naturales que hacen que su modelo pueda diferenciarse, aunque sea de forma parcial, del agroindustrial y que por ello está en el punto de mira de un tratado como el CETA que opta por la concentración del negocio alimentario en multinacionales de este sector y a la supeditación del resto a sus reglas, cuando no a la simple aniquilación.
El modelo impulsado por el CETA, además de la alta tecnificación y mecanización y el bajo empleo, potencia los monocultivos y el uso masivo de pesticidas y otros productos químicos, que se identifican como causas claras de la pérdida de biodiversidad. Esta forma de cultivar prescinde de cualquier otra planta o animal presentes cuando la biodiversidad está considerada como un factor de regulación indispensable para que los agrosistemas funcionen, prestando servicios ecológicos, además de los propios de producción alimentaria, tales como el reciclado de nutrientes, la depuración de productos químicos, la eliminación o reducción de plagas o enfermedades o la regulación microclimática e hídrica locales. No obstante, el CETA apuesta por el modelo agroindustrial a pesar de que la FAO ha advertido que desde 1990 se ha perdido el 75 % de la diversidad genética de los cultivos mundiales y que al menos 190 razas de animales domésticos se han extinguido y otras 1500 se consideran al borde de la extinción y de que en la actualidad existe evidencia científica suficiente como para poder afirmar que la disminución de la biodiversidad agrícola está relacionada con los cambios drásticos experimentados en las prácticas agrícolas en las últimas décadas..
Canadá ha firmado y ratificado el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB 1993) pero no los acuerdos suplementarios subsiguientes, el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología (firmado pero no ratificado) de 2003 y el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos (no firmado), de 2014, que complementan el Convenio. Canadá no parece estar al lado de las voces críticas con respecto a estos protocolos que ponen en duda que con ellos se salvaguarde la riqueza biológica de determinados territorios y se protejan los derechos de los pueblos indígenas, sino que su no adhesión obedece más bien a intereses particulares de sus propias corporaciones.
Canadá es el quinto país del mundo productor de transgénicos, cultivos potenciados por el CETA, a pesar de que una evaluación de la agricultura mundial de hace unos años realizada por la ONU, la FAO, el Banco Mundial y otras agencias, junto con más de 400 científicos, determinó que los cultivos transgénicos no juegan un papel relevante para la resolución de los problemas agrícolas y alimentarios del mundo, recomendando al contrario métodos agrícolas biológicamente diversos. El propio Director General de la FAO, José Graziano da Silva indicó en 2016 que los organismos genéticamente modificados no son la solución para erradicar el hambre, encontrando que la agricultura ecológica podría ser una alternativa viable para ello.
Ecológicamente considerada, la agroindustria es claramente insostenible porque consume muchos más recursos de los que produce, despreciando el necesario equilibrio entre consumo y reposición. El modelo agroindustrial es además un gran consumidor de energía fósil tanto en el proceso de producción, por el empleo masivo de maquinaria, como en el de distribución, al comercializar los alimentos que produce muy lejos sus lugares de origen, ya conocidos como “alimentos kilométricos”, por la larga distancia que recorren para llegar a los de consumo,
Este tipo de agroganadería, al utilizar cantidad ingente de insumos químicos tanto para tratamientos de plagas y enfermedades como para mejorar los rendimientos productivos o para elaborar envases, introduce en los alimentos un factor de riesgo para la salud que hoy día ponen sobre el tapete numerosas asociaciones ecologistas y sanitarias. Como muestra podemos citar las sustancias químicas conocidas como disruptores endocrinos, presentes, entre otros productos, en plaguicidas o en envases alimentarios y que tienen capacidad de alterar el sistema hormonal, responsable de determinadas funciones vitales. El aumento de algunas enfermedades crónicas es algo inequívoco en Europa, tales como el cáncer de mama y de próstata, la obesidad, la diabetes, la infertilidad o las alteraciones mentales pudiendo tener una relación directa con estos productos.
Tampoco atiende el CETA a la calidad o la especificidad como pluses en la producción alimentaria, véase lo sucedido con las 1500 Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de Europa, de las que en el texto final solo se reconocen 145, abandonando a su suerte al 90% restante y dejando como mentirosos a aquellos que dicen defender la excelencia o la marca patria en las promociones comerciales de sus productos nacionales. La realidad es que a las grandes multinacionales no les interesa lo específico, lo concreto, lo local por el simple hecho de que supone un control, una regulación con los que no están dispuestos a transigir.
Estos son algunos apuntes del modelo agroganadero que defiende el CETA. Pero como decíamos al principio de este artículo este acuerdo comercial, además de no circunscribirse únicamente a los territorios de las partes firmantes, ya que filiales de terceros países, notoriamente EEUU, participarán de él, contiene en si mismo el significado perverso de la economía actual, al servicio de unos pocos, que se está utilizando en otros acuerdos bilaterales y que servirá de modelo para acuerdos futuros. Un modelo globalizado que para los países del sur mantiene su papel de productor de materias primas para los países del norte y en dependencia directa con un capital financiero que especula con ellas en los mercados de futuros, en los que los precios fluctúan según los intereses de los inversores y acaban produciendo hambrunas como las que ocurrieron en 2008 que provocaron la muerte de millones de personas. Un modelo globalizado que resulta ser un desastre ecológico como el que ocurre en las inmensas superficies dedicadas al cultivo de la soja en el cono sur latinoamericano o en los millones de hectáreas deforestadas en los bosques tropicales del sureste asiático o de África. Un modelo globalizado que genera el drama social de los desplazamientos de las poblaciones rurales que vivían de los cultivos tradicionales o de los recursos del bosque.
El CETA apoya a la agroindustria y a la libre circulación de capitales, que hoy son básicamente financieros y especulativos y responsables, en último término, de los desajustes y desequilibrios del propio sistema capitalista que defienden.
La ratificación del CETA supone dar un valor normativo a lo que ya está sucediendo en el mundo globalizado, desregulando los derechos de las personas y regulando las inversiones. En lo tocante al sector agroganadero plantea una amenaza considerable para la permanencia de las economías locales a ambos lados del Atlántico, fomentando las exportaciones de las grandes corporaciones, facilitando prácticas hoy días prohibidas en Europa y obviando cuestiones básicas como la seguridad alimentaria y el bienestar animal, además de limitar las capacidades de las administraciones de plantear alternativas al propio modelo.

Ecoformación sobre el CETA

Miércoles 31 de mayo, a las 19h en el local de Ecologistas en Acción (C/ Marqués de Leganés, 12, metro Callao/Noviciado).
Ciclo de Ecoformaciones: “El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA)” con Francesca Ricciardi y Conchi García.

Pase documental + Charla coloquio

La plataforma No al TTIP de León organiza el siguiente acto:
1 de junio, Salón de actos de UGT (Gran Vía de San Marcos, 31, León)
19:00 Pase del documental ‘La frontera invisible
20:00 Charla-coloquio ‘La amenaza de los tratados comerciales CETA, TTIP y TiSA‘ con Tom Kucharz

Acto público + manifestación #StopCETA

La campaña No al TTIP, CETA, TiSA organiza el día 2 de junio, a las 20:00h, en la Plaza de los Cines Luna – Callao (Madrid) un acto público con la participación de representantes políticos y activistas de la campaña.
¡A seguir, concierto de Skalone!
Y el día 3 de junio, a las 12:00 tenemos cita en Atocha (Madrid) para la manifestación estatal #StopCETA.
Porque la democracia y los servicios públicos ¡no se venden, se defienden!

¡Vente!

¡Móntate al bus #3JstopCETA!

El día 3 de junio la campaña No al TTIP, CETA, TiSA convoca una manifestación unitaria en Madrid contra la aprobación del CETA en el Congreso de los Diputados.
El CETA, igual de peligroso que el TTIP, busca una mayor privatización de los servicios públicos y provocaría la pérdida de miles de puestos de trabajo en la Unión Europea, poniendo en peligro 90 millones de puestos de trabajo de PyMEs (pequeñas y medianas empresas) que se verían expuestas a toda la fuerza de la competencia de las grandes corporaciones transnacionales norteamericanas y canadienses.

La campaña No al TTIP, CETA, TiSA está organizando autobuses desde diferentes nodos locales para viajar a Madrid y participar todas juntas a la movilización!
En Alicante ya se está organizando un bus.
Para apuntarte puedes contactar con: no.al.ttip.elx@gmail.com

Si estás en Castellón y quieres participar en la manifestación contra la ratificación del CETA, contacta con noalttipcomarquesdecastello@gmail.com o con attaccastello@gmail.com
Si quieres viajar desde otra ciudad, escribe a noalttip@gmail.com

Avui el PP, PSOE, Cs, PNV i PDeCAT han impedit que el Tribunal Constitucional opini sobre el CETA

COMUNICAT DE LA CAMPANYA CATALUNYA NO AL TTIP #NiCETAniTTIP DAVANT EL REBUIG DEL RECURS DE CONSTITUCIONALITAT SOBRE EL CETA (ACORD COMERCIAL UE-CANADÀ)

La Campanya Catalunya No al TTIP lamentem que avui, 18 de maig, el Congrés dels Diputats i Diputades, hagi rebutjat, per una amplia majoria parlamentaria la petició prèvia de recurs de constitucionalitat del Tractat Econòmic i Comercial entre la Unió Europea i el Canadà (CETA).
Aquesta majoria, composada pel PP, el PSOE, Ciutadans, PNV, PDCaT i Coalición Canària, s’ha arrogat en exclusiva el dret a debatre i decidir sobre aquest tema, tot negant-lo a la resta d’institucions públiques, sectors socials afectats i la ciutadania en general.
Des de la Campanya considerem que aquestes forces parlamentaries han donat l’esquena, novament, a una amplia majoria ciutadana, moviments socials, ONG’s, sindicats, pagesia, sectors de les Pimes, col·lectius de jutges i de l’advocacia, moviment feminista, grups ecologistes, centenars d’Ajuntaments i governs locals, gestors de serveis públics com l’aigua o els residus, la salut, l’educació pública, que durant 4 anys han estat alertant dels perills i impactes negatius d’aquests tractats de lliure comerç.
Estem especialment indignades i indignats per la manca de respecte al moviment, organitzat, plural i representatiu d’un amplíssim sector de la societat. Especialment creiem que el grup Socialista al Congrés dels Diputats hauria de retractar-se de les “velades” acusacions situant-nos al costat dels populismes d’extrema dreta, creiem que en el debat polític no s’hi val tot.
També cal demanar al grup PDCat com és que, amb el seu vot negatiu al control previ de Constitucionalitat, ha contradit el mandat del Parlament de Catalunya que va aprovar una resolució que exigia la necessitat de comissions d’estudi  “dels possibles impactes del TTIP, del CETA i del TISA en els diferents àmbits econòmics, socials, culturals i ecològics (…), amb una participació plural i equilibrada dels sectors interessats” i de disposar “de més informació sobre els impactes per sectors del TTIP, amb debats sectorials i amb els representants dels consumidors sobre els continguts i l’abast del text, amb l’objectiu d’avaluar el tractat amb totes les garanties i que cada sector en conegui les repercussions”.
Catalunya No al TTIP fem una crida a la mobilització, i per aquest motiu anunciem el nostre suport a la convocatòria del proper 3 de juny d’una manifestació a Madrid fins el Congrés dels Diputats, ja que, contràriament al que succeirà a altres països europeus, és l’única via que ens resta a la ciutadania de l’Estat espanyol per fer-nos escoltar en contra d’aquests tractats.

PP, PSOE y Cs impiden que el Tribunal Constitucional opine sobre el CETA

La campaña No al TTIP, CETA y TiSA lamenta que hoy una amplia mayoría parlamentaria haya dado la espalda a diversos colectivos sociales y ambientales, sindicatos y a una ciudadanía que desde hace 4 años está alertando de los impactos del CETA, TTIP y TISA en nuestra democracia, soberanía y derechos sociales y laborales.

Hoy, jueves 18 de mayo, el Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado que el Tratado Económico y Comercial entre la Unión Europea y Canadá (CETA) se someta a un dictamen previo de constitucionalidad y se ha adjudicado en exclusiva el derecho a debatir y decidir sobre este tema, negándolo al resto de instituciones públicas, sectores sociales afectados y a la ciudadanía en general.
La Campaña No al TTIP, CETA y TISA denunciamos que con esta votación el PP, PSOE, Ciudadanos y la derecha nacionalista, se han alineado en el bando inequívoco de primar los intereses de las corporaciones y de los beneficios privados de las grandes empresas frente al de las mayorías sociales.
Por su parte, los grupos que han mantenido la postura de pedir que se debata en el Congreso de manera democrática las consecuencias de aprobar el CETA – Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, Compromís, Esquerra Republicana de Catalunya y EH Bildu-  han trasladado las preocupaciones de las  organizaciones agrarias, sindicatos, de la sanidad y educación pública, operadores de gestión pública del agua, los organismos en defensa de los consumidores, los grupos ecologistas y defensores de los derechos digitales, ONGs de cooperación internacional y de Derechos Humanos, el movimiento feminista, colectivos de jueces y abogados, así como sectores de  las pequeñas y medianas empresas (PYME), que han denunciando en múltiples ocasiones y aportando informes y evidencias de los impactos negativos y las peligrosas consecuencias de entregar la soberanía y el estado de derecho a un tribunal de arbitraje «ICS» (investor court system», Sistema de Tribunal de Inversiones), o sea un tribunal de exclusivo acceso para las corporaciones y que servirá para someter a los Estados aún más a los intereses de estas.
Estamos especialmente indignadas e indignados por la falta de respeto al movimiento organizado, plural y representativo de un amplísimo sector de la sociedad respalado por más de 3.5 millones de firmas en toda Europa. En especial por las veladas acusaciones de situarnos al lado de los populismos de la extrema derecha, como ha insinuado la Sra. Soraya Rodríguez del PSOE, a la que pedimos que se retracte públicamente.
El intento de arrebatar el derecho a informar y consultar a la ciudadanía sobre asuntos como los tratados de comercio internacionales ya fue denunciado por el Tribunal General de la Unión Europea, quien envió un mensaje a la Comisión Europea alertando de la poca democracia y falta de participación ciudadana que había habido respecto al CETA.
La campaña No al TTIP, CETA y TISA continuará con su llamamiento a la movilización ciudadana, con propuestas, argumentaciones  e informes para desmontar y desenmascarar los verdaderos objetivos de estos tratados.
La campaña ha puesto a disposición de la ciudadanía un portal de transparencia para traer un poco de luz a la oscuridad con la que se está queriendo ratificar el tratado. El portal se puede visitar en la página web: www.noalttip.org/ceta-al-dia
Además, para no quedarnos en la indignación, la campaña anuncia el próximo 3 de junio una manifestacíon estatal, ya que al parecer es la única vía en la que la ciudadanía se puede hacer escuchar en contra de estos tratados.
Notas al editor:

 

Diversos sectores de la sociedad civil europea y canadiense piden el rechazo del CETA

Diversos sectores de la sociedad civil europea y canadiense piden el rechazo del CETA
En ocasión de la jornada ‘Los peligros del Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá (CETA)’ la Campaña No al TTIP, CETA, TiSA hace entrega de una carta a todos los grupos parlamentarios en la que reitera las amenazas que el CETA representa para la ciudadanía.

Descarga la carta
‘Nosotras, las organizaciones de la sociedad civil de Canadá y Europa abajo firmantes, expresamos nuestra profunda preocupación ante el Tratado Económico y Comercial entre la Unión Europea y Canadá (CETA).
Durante el largo proceso de las negociaciones y la revisión legal, repetidamente hemos señalado que encontrábamos grandes problemas en el texto del CETA.
Aportamos contribuciones concretas que podrían haber provocado un cambio hacia una política comercial más transparente y democrática y que tuviera en su centro el cumplimiento de los Derechos Humanos, la protección del medio ambiente y los derechos fundamentales de las poblaciones. Pero nuestras preocupaciones no se vieron reflejadas en el texto final del CETA firmado en el Consejo de la UE el pasado octubre de 2016 y ratificado, tristemente, por una mayoría del Parlamento Europeo el pasado 15 de febrero. No obstante, seguimos con nuestra oposición firme a la ratificación del tratado.
Nuestras objeciones son compartidas por un número creciente de personas en ambos lados del Atlántico. 3,5 millones de persones de toda Europa, un verdadero récord, firmaron una petición en contra del CETA y su tratado gemelo, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, TTIP.
Más de 2.300 gobiernos regiones y locales se declararon territorios libres del CETA y del TTIP. Surgieron cuestionamientos constitucionales en Alemania , en Francia y en Canadá y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estudiará pronto y dirimirá sobre la legalidad de los controvertidos privilegios de los inversores extranjeros en el CETA. En el Estado español hay 8 parlamentos autonómicos que han pasado resoluciones contra el TTIP y el CETA, y casi 200 municipios en contra, incluyendo algunas ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Valladolid.
En ambos lados del Atlántico, organizaciones agrarias, sindicatos, la sanidad y educación pública, operadores de gestión pública del agua, los organismos en defensa de los consumidores, los grupos ecologistas y defensores de los derechos digitales, ONGs de la Cooperación al Desarrollo y de los Derechos Humanos, así como las pequeñas y medianas empresas (PYME) rechazaron este tratado.6 En octubre de 2016, cuatro gobiernos federales belgas se preocuparon acerca de los impactos negativos del Tratado, y, en particular, su peligroso tribunal de arbitraje «ICS» (investor court system», Sistema de Tribunal de Inversiones o sea un tribunal para dirimir los litigios inversor-Estado), y casi llegaron a impedir que su gobierno federal firmase el CETA.
A pesar de la controversia, el gobierno español está tratando de acelerar la ratificación del CETA sin ningún tipo de debate parlamentario, ni estudio de impacto ni análisis del contenido del tratado a ratificar, y sin dejar tiempo para cualquier consulta pública sobre el tratado final. El Parlamento Europea también acortó sus procesos de consultas internas, y limitó gravemente el debate sobre la ratificación del texto de 1.600 páginas del CETA. Un 95% del tratado entrará en vigor provisionalmente, posiblemente el 1 de junio, mucho antes de que los parlamentos de los 28 Estados miembros de la Unión Europea puedan opinar y votar sobre el convenio.
Para lograr apoyos para la ratificación del CETA y disipar preocupaciones, numerosas declaraciones se anexaron al texto en los pasados meses. Sin embargo, no se cambió ni una letra del texto oficial del CETA desde su versión final publicada a comienzos de 2016. Y las declaraciones anexas, incluso un «Instrumento adjunto de interpretación» no solucionan ninguno de los problemas que surgen del conflictivo texto del CETA, como los expertos han demostrado.
Queremos resaltar algunas de nuestras preocupaciones fundamentales sobre el tratado tal como fue firmado.
● El CETA autorizaría a miles de corporaciones a demandar a los gobiernos sobre medidas legítimas y no discriminatorias para la protección de la población y del planeta. Nada en el tratado o en las declaraciones anexas podría detener a las corporaciones de utilizar los derechos a los inversor que provee el CETA para intimidar a los gobernantes de manera que se alejen de las regulaciones de interés público, por ejemplo, para abordar el cambio climático. El CETA, incluso, deja la puerta abierta para «compensar» a las corporaciones por beneficios no realizables (lucro cesante) cuando un cambio en la política afectara a sus inversiones. Lejos de haber reformado «radicalmente» el ISDS (Investor-State Dispute Settlements) o sea, el sistema de resolución de litigios inversores-Estado, el CETA lo expande y lo arraiga.
● El ICS del CETA garantiza a los inversores unos derechos no forzosos pero no sus correspondientes obligaciones. No permite a los ciudadanos, a las comunidades o a los sindicatos a presentar una demanda cuando una compañía viola normas ambientales, laborales, sanitarias, de seguridad y otras. Esto puede ser incompatible con el derecho comunitario ya que establece un sistema legal paralelo, que autoriza a los inversores a eludir los tribunales existentes. El ICS es discriminatorio porque garantiza derechos a los inversores extranjeros que no son permitidos ni a la ciudadanía ni a los inversores nacionales.
● En un neto contraste con los derechos de las corporaciones, las provisiones del CETA en cuanto a derechos laborables y desarrollo sostenible no pueden ser efectivamente reforzadas mediante sanciones. Quedan como declaraciones huecas que no tienen en cuenta los peligros que otros capítulos del tratado afectan a derechos de los trabajadores, a la protección del ambiente y a medidas para mitigar el cambio climático.
● El CETA limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas. El CETA es el primer tratado de la Unión Europea que hace de la liberalización de los servicios la regla y de una regulación de interés público la excepción. Esto amenaza el acceso de la población a servicios de alta calidad tales como el agua, el transporte, la asistencia social y sanitaria, así como atenta contra una provisión de servicios públicos que estén de acuerdo con los objetivos de público interés.
● Un estudio independiente de los impactos económicos del CETA predice que se perderán puestos de trabajo tanto en la Unión Europea como en Canadá, que el crecimiento económico será más lento con el tratado, y que la pequeña ganancia en ingresos iría principalmente a los dueños del capital y no a los trabajadores. Como resultado, se espera que, estando en vigor el CETA, la desigualdad sea mayor.
● El CETA hace que Canadá y la Unión Europea sean más vulnerables a las crisis financieras puesto que se producirá una mayor liberalización de los mercados financieros. También se restringirán severamente las reformas que tienen por objeto eliminar las causas claves de la instabilidad financiera y que aseguren una mejor protección de los consumidores y la economía en conjunto.
● El CETA podría aumentar el coste de las prescripciones de medicamentos a, al menos, 858 dólares canadienses por año (583 millones de euros). También impactaría negativamente en los derechos fundamentales, tales como el derecho a la privacidad y a la protección de datos y limita la capacidad tanto de la Unión Europea como de Canadá para reducir unas patentes excesivas (derechos de propiedad intelectual) que a su vez limita el acceso al conocimiento y a la innovación. Algunos derechos de propiedad intelectual en el CETA se parecen mucho al texto del ACTA (Anti- Counterfeiting Trade Agreement) un tratado comercial antifalsificación para proteger las patentes y la propiedad intelectual que fue rechazado por el Parlamento Europeo.
● Las normas del CETA en cuanto a la cooperación reguladora y las regulaciones nacionales pondrán obstáculos adicionales a las regulaciones y reforzarán el papel de los lobbistas corporativos en los procesos de elaboración de las políticas, y potencialmente socavando las tan necesarias políticas de interés público.
● En ambos lados del Atlántico, el CETA expondría a los agricultores a una presiones competitivas que minarían su modo de vida con una pequeño beneficio para los consumidores, aumentaría el control sobre las semillas, obstruiría las políticas de la compra de alimentos locales; y amenazaría los estándares de la producción y procesamiento de alimentos, destruyendo todo el esfuerzo para impulsar la agricultura sostenible.
● Las medidas de precaución para proteger a los consumidores, a la salud pública y al medio ambiente pueden ser desafiadas por el CETA basándose en las declaraciones de que son solo medidas gravosas, que no tienen base científica y que pueden ser barreras disimuladas al comercio. Nada en el texto del CETA o en las declaraciones anexas protege efectivamente el papel del principio de precaución en la política regulatoria europea, mientras algunas secciones hablan directamente de principios conflictivos.
El CETA es el resultado de un proceso de negociación en gran medida secreto entre el anterior gobierno canadiense y la anterior Comisión Europea. El texto final del CETA y las declaraciones anexas ignoran casi todas las enmiendas razonables y muy específicas propuestas por la sociedad civil18 para abordar los errores del tratado. El intento más reciente para reabrir las negociaciones, por el gobierno de la región de Valonia en Bélgica, fue bloqueado. Ahora, solo es posible el «llévelo o déjelo», el voto afirmativo o negativo del tratado de las 1.600 páginas.
Demandamos:
● al Congreso de los Diputados y al Senado de España, a que defiendan los derechos y los intereses de las poblaciones que representan contra las amenazas que implica el CETA votando en contra de la ratificación del tratado.
● a los muchos gobiernos municipales (entre ellos Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza y Valencia), y los parlamentos regionales tales como Extremadura, Valencia, Cataluña, Islas Baleares, Cantabria y Navarra, que ya han manifestado en resoluciones su oposición al CETA, a que se incluya sus voces en el proceso de ratificación.
● a las partes, a que comiencen por hacer una consulta completa y democrática, que incluya a la sociedad civil, sobre la base de una nueva, justa y sostenible política comercial.
Tal como están las cosas, el CETA no es un tratado comercial progresista. Sería una equivocación adoptar este tratado, con sus muchas disposiciones preocupantes e ilegales, como un modelo para futuros tratados. El CETA es una versión retrógrada y aún más intrusiva de las viejas políticas de comercio diseñadas por y para las más grandes multinacionales.
Necesitamos un cambio de paradigma que lleve a una política comercial transparente e inclusiva basada en las necesidades de las poblaciones y de nuestro planeta. La ratificación del CETA nos llevará muy lejos de ese cambio imprescindible.

Media docena de partidos rechaza el CETA un día antes de su llegada al Congreso

Media docena de partidos rechaza el CETA un día antes de su llegada al Congreso

El Pleno vota este jueves la enmienda a la totalidad presentada por el grupo Unidos Podemos, así como la cuestión previa de constitucionalidad que permitiría remitir el acuerdo comercial entre la UE y Canadá al Tribunal Supremo. PP, PSOE y C’s votarán en contra en ambos casos, por lo que se espera que el tratado siga su tramitación en la Cámara Baja

MADRID
17/05/2017
Alejandro López de Miguel
publico.es
Podemos, ERC, IU, Compromís, EH Bildu y Equo han plasmado este miércoles su rechazo al polémico CETA, el tratado de libre comercio entre Canadá y la UE, pocas horas antes de su primer desembarco ante el Pleno del Congreso.
En una jornada organizada por la Campaña no al TTIP, CETA y TiSA, que aglutina a más de 350 organizaciones sociales, sindicales o ecologistas, celebrada en las dependencias de la Cámara Baja, estos partidos han emitido una declaración que critica el procedimiento empleado para su tramitación, y exige la “suspensión del procedimiento” para ratificarlo.
También llaman al resto de formaciones a votar a favor de la cuestión previa de constitucionalidad impulsada por Unidos Podemos, que permitiría someter el acuerdo CETA al escrutinio del Tribunal Constitucional. Consideran que el tratado es lesivo para los intereses de los españoles, que supone un retroceso democrático y en materia de soberanía, pero la correlación de fuerzas en la cámara permite afirmar que su iniciativa está sentenciada a fracasar.
PP, PSOE y C’s votarán en contra de remitir el Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA, en inglés), por lo que esta cuestión previa no podrá salir adelante. Previsiblemente, estos partidos rechazarán también la enmienda a la totalidad planteada por el grupo confederal Unidos Podemos- En Comù Podem- En Marea, que será defendida por el diputado Pablo Bustinduy unos minutos antes de que el Pleno se pronuncie sobre la iniciativa que pide el pronunciamiento del Constitucional.
El homólogo alemán del Alto Tribunal ya ha dado su visto bueno al acuerdo -imponiendo algunas condiciones para su ratificación-, mientras en Francia se está dando un procedimiento de revisión constitucional similar.
Inicialmente, fuentes del grupo Unidos Podemos y del PSOE explicaron a este diario que el jueves se sometería a votación el acuerdo, pero hoy precisan que, por el momento, no hay fecha para el debate de ratificación. “Mañana se vota la enmienda y la cuestión previa”, precisan.
Este miércoles, varios diputados de las citadas formaciones han participado en las jornadas organizadas por los activistas para tratar de explicar algunos de los peligros del CETA, y han criticado la posición del PSOE, que ya votó a favor del acuerdo en la Eurocámara, en febrero de este año. A su entrada en el acto, Bustinduy recordaba que el grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo se dividió para votar el CETA, aunque esta división no afectó a la delegación española. Bustinduy ha tildado de “incomprensible” que PP, PSOE o Ciudadanos apoyen el CETA, y de “aún más incomprensible” que veten que el Constitucional se pronuncie al respecto.
“Si alguien está convencido de que respeta la Constitución no hay ningún problema, y, si es al revés, entonces sí tenemos un problema. No se puede esquivar una cuestión de tanto calado y profundidad como que este tratado pueda quebrar e incumplir preceptos fundamentales y derechos fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional”.
El portavoz de Exteriores de su grupo también ha denunciado las maniobras de PP, PSOE y C’s en la Mesa del Congreso -desveladas por Público- para paralizar las iniciativas de Unidos Podemos contra el acuerdo y ha calificado de “nocivo” el acuerdo. “Tendrá tremendas implicaciones para los derechos de la ciudadanía en nuestro país“.
Más información:
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