Noticias de la Campaña estatal #NoalTTIP

El PP se niega a que el Tribunal Constitucional analice los apartados del CETA que podrían ser contrarios a la propia Constitución Española

Comunicado de la Campaña No al TTIP, CETA, TiSA
27/09/2017
Aquí el vídeo completo de la rueda de prensa
Hoy, 27 de septiembre ha tenido lugar en el Senado la presentación del estudio previo de constitucionalidad al Acuerdo Comercial entre Canadá y la Unión Europea (CETA), cuyo objetivo es instar al Tribunal Constitucional que analice aquellos apartados del acuerdo que, según numerosas organizaciones de la Sociedad Civil, son contrarios al propio ordenamiento constitucional.
Comparecieron Cuca Hernández (portavoz de la campaña No al TTIP-CETA-TiSA), Tom Kucharz (portavoz de la campaña No al TTIP-CETA-TiSA) Idoia Villanueva (Unidos Podemos), Carles Mulet (Compromís), Jon Iñárritu (Bildu) y Sara Vilà (En Comú Podem).
No obstante, la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta bloqueará el informe previo de constitucionalidad del CETA que ha solicitado el grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, con el apoyo de Compromís, Bildu y ERC y cuya petición será sometida a votación esta misma tarde.
Óscar López, antiguo portavoz del Grupo Socialista en el Senado, ha manifestado en un breve encuentro informal a los portavoces de la campaña que el PSOE se abstendrá en la votación.
Tal y como Cuca Hernández ha manifestado, “el CETA ya ha entrado en vigor de forma provisional desde el pasado 21 de septiembre, a pesar de que no ha sido ratificado aún por la mayoría de los parlamentos europeos”, recordando además que “el CETA tiene los mismos peligros que el TTIP y afecta gravemente a los derechos del consumidor, a los derechos laborales, ambientales y a la salud pública”.
La portavoz de la Campaña contra el TTIP, CETA, TiSA también ha recordado que el tratado comercial afecta a la soberanía de los estados europeos, pues establece la creación de “una comisión de técnicos canadienses y europeos con capacidad de bloquear leyes emanadas de los diferentes parlamentos europeos”.
Tom Kucharz, también portavoz de la campaña, ha realizado un llamamiento al resto de grupos políticos, PSOE, PDeCAT y PNV para que “apoyen la solicitud de informe previo de constitucionalidad”.
Kucharz ha querido también poner el acento en el tratado comercial que la Unión Europea está negociando con Japón y que “entraña los mismos riesgos que los otros tratados” que se están aprobando. Kucharz también ha recordado que “Congreso y Senado tienen la obligación de controlar al gobierno en materias de políticas comercial y de inversión, más aún cuando esta política atenta contra los derechos humanos, los recursos naturales, la democracia y el estado de derecho”. “Hacemos una petición muy explícita para la creación de una comisión mixta Congreso-Senado para hacer un seguimiento al CETA, habida cuenta de los problemas de seguridad alimentaria que ya se están generando y porque el CETA ya ha comenzado a reducir el alcance de los derechos fundamentales”, ha concluido Kucharz.
Aquí puedes ver el vídeo completo de la rueda de prensa

Catalunya no al TTIP, CETA, TISA denuncia  que el #CETA és una amenaça per l’Estat de Dret i la participació democràtica

Catalunya no al TTIP, CETA, TISA denuncia  que el #CETA és una amenaça per l’Estat de Dret i la participació democràtica
COMUNICAT
27/09/2017
Avui dimecres, s’ha presentat al Senat la petició d’un estudi de constitucionalitat del CETA. Des de les organitzacions que formen les Campanyes d’oposició als tractats de lliure comerç es denuncia l’actitud del Govern del PP i que s’impedeixi el control democràtic per al seguiment de l’aplicació provisional – vigent des del 21 de setembre – del CETA
El Govern i les majories que han donat suport al CETA no han volgut sentir les innumerables veus de la societat civil, les organitzacions i sectors econòmics que han expressat serioses dubtes sobre els beneficis d’aquest tractat amb Canadà.
La Campanya Catalunya no al TTIP, CETA, TISA recorda compromisos com la Declaració de Barcelona – fruit de la trobada d’autoritats del món local- o les resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya i exigeix que es creïn els mecanismes legals i democràtics, com ara comissions de persones expertes i representants de les organitzacions socials i món local, per avaluar i fer un seguiment de l’aplicació provisional, ja que els drets de la ciutadania no poden ser vulnerats en aspectes tan fonamentals com els drets laborals o la seguretat alimentària o creant tribunals de justícia privats i en paral•lel.
Per Catalunya No al TTIP “és impresentable l’actitud del Govern” i denuncia quan es tracta de protegir els interessos dels poderosos, “les sobiranies, la democràcia i drets de la ciutadania es converteixen en qüestions relativitzades i secundaries”.
Des de la Campanya Catalunya No al TTIPs’agraeix a les senadores i senadors dels grups de En Comú Podem, Esquerra Repúblicana de Catalunya,UnidosPodemos, Compromís i Bildu el seu compromís i suport a les Campanyes #NiCETANiTTIP.
Catalunya No al TTIP, CETA, TISA
Portaveus: Àlex Guillamon, Cristina Pina i Lucia Barcena
Comunicació: Rosa Mateu 647333897

El Senado rechazará que el Constitucional revise el CETA por la mayoría del PP

El Senado rechazará que el Constitucional revise el CETA por la mayoría del PP
El grupo Confederal Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea lleva este miércoles al Pleno de la Cámara Alta una iniciativa para que el Alto Tribunal aclare si el polémico acuerdo comercial Canadá-UE cumple la Constitución. El PSOE, que votó en contra de una medida similar en el Congreso, no ha aclarado a este diario qué votará, aunque tras el cambio de postura para pasar a la abstención durante la ratificación del acuerdo, previsiblemente mantendrá esta posición.
www.publico.es
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL
Partidos políticos y organizaciones civiles de toda Europa llevan años alertando de los riesgos del polémico CETA, pero el Congreso de los Diputados ya ha rechazado que el Tribunal Constitucional examine el texto del acuerdo comercial entre Canadá y la UE.
El grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea lleva este miércoles al Pleno de la Cámara Alta una nueva iniciativa para que el Alto Tribunal revise el texto, que ya ha recibido luz verde de la Cámara Baja y de hecho entró en vigor casi en su totalidad el pasado jueves, aunque todavía no ha sido ratificado por todos los parlamentos de los 28.
Idioa Villanueva, senadora de Unidos Podemos, asegura a este diario que es “razonable” pedir el Control Previo de Constitucionalidad “antes de tomar una decisión tan importante” como la ratificación del tratado: “Pensamos que hay ciertos articulados que vulneran la constitucionalidad“. “Sólo estamos pidiendo al Tribunal que se pronuncie y nos asegure que el CETA cumple nuestra Constitución”, defiende la senadora navarra, que recuerda que el tratado “ha sido negociado de espaldas a la ciudadanía”, sin que existiese “debate social en profundidad, y ni siquiera parlamentario“.
No obstante, la mayoría absoluta del PP en la cámara garantiza que no prosperará la propuesta de Unidos Podemos, que sí secundan Compromís, Bildu y ERC -aunque fuentes de Esquerra avanzan que no participarán en la votación, al coincidir con la recta final de la campaña para el 1-O-. Ni siquiera con el apoyo del grupo Socialista, que no ha aclarado a Público su posición, podrían evitar que la iniciativa quedase en agua de borrajas. No obstante, desde el grupo confederal inciden en que el respaldo del PSOE mandaría un fuerte mensaje político.
Villanueva: “Mañana el PSOE tiene una nueva oportunidad para saber dónde se quiere posicionar respecto al CETA, como todos los que se denominan ‘constitucionalistas
Teniendo en cuenta que el Partido Socialista votó en contra de la misma iniciativa en la Cámara Baja -como PP y Ciudadanos-, y que cambió a la abstención en la ratificación del acuerdo en el Congreso por decisión de Pedro Sánchez, previsiblemente mantendrá esta posición en la votación de este miércoles.
La senadora explica la iniciativa: “Sólo estamos pidiendo al Tribunal que se pronuncie y nos asegure que el CETA cumple nuestra Constitución”
“Mañana el PSOE tiene una nueva oportunidad para saber dónde se quiere posicionar respecto al CETA”, apunta Villanueva, que recuerda que durante la ratificación del tratado el partido de Sánchez justificó su abstención “por sus dudas sobre la constitucionalidad del CETA”. “A los que se manifiestan constitucionalistas: mañana tienen la oportunidad de demostrar si lo son o no”, apostilla.
El escrito registrado por Unidos Podemos al que ha accedido este diario, fechado el 4 de julio, será presentado este miércoles en rueda de prensa antes de llegar al Pleno, y centra la mayor parte de sus recelos sobre el tratado en los polémicos tribunales de arbitraje con los que las empresas podrán demandar a Estados por cifras millonarias. Estos tribunales privados no entrarán en funcionamiento hasta que el Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) haya sido refrendado por todos los parlamentos nacionales y varias cámaras regionales de los Estados miembros.
Si esta iniciativa no prospera, Villanueva explica que el acuerdo continuará su tramitación y pasará a la Comisión de Exteriores, para después ser remitido al Pleno para su ratificación. De hecho, se da la circunstancia de que el Gobierno de Bélgica ha remitido el tratado al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que valore si cumple con el derecho comunitario, pero el Ejecutivo español no ha contemplado paralizar su tramitación para escuchar el pronunciamiento del TJUE.
La Campaña no al TTIP anuncia sus nuevos pasos
Por su parte, desde la Campaña Estatal No al TTIP, CETA y TiSA, que aglutina a 350 organizaciones sociales, sindicales y medioambientales, dan la bienvenida a la iniciativa de Unidos Podemos -participarán en la rueda de prensa en el Senado-, y ponen como ejemplo el camino trazado por Bélgica para examinar los resquicios del acuerdo: “Si el Gobierno belga ha pedido un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si la protección al inversor en el CETA es compatible o no con el derecho comunitario respecto a los derechos fundamentales, debería ser de sentido común pedir una opinión al Tribunal Constitucional al respecto”, afirman Tom Kucharz y Francesca Ricciardi, portavoces de la Campaña. “Siendo sinceros”, apuntan, “tenemos poca fe en dicho Tribunal, viendo cómo se está utilizando estos días para violar las libertades y derechos fundamentales de la ciudadanía catalana”.
Además de denunciar el funcionamiento del sistema de arbitraje -“Es discriminatorio”-, añaden que el CETAlimita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas“. “Es el primer tratado de la Unión Europea que hace de la liberalización de los servicios la regla y de una regulación de interés público la excepción”, sentencian.

“Vamos a pedir a los grupos parlamentarios del Senado la creación de una comisión de seguimiento de la aplicación provisional del CETA”

En la misma línea, Kucharz y Ricciardi avanzan cuáles serán los próximos pasos de la campaña para intentar frenar el criticado acuerdo: “Vamos a pedir a los grupos parlamentarios del Senado la creación de una comisión de seguimiento de la aplicación provisional del CETA, o bien de expertas/os como se ha hecho en Francia, o como comisión mixta entre Senado y Congreso”, zanjan.

El CETA entra en vigor tot i els greus riscos per a la ciutadania

• El 21 de setembre s’aplicarà de manera provisional la major part de l’acord comercial i d’inversions entre la Unió Europea i Canadà (CETA). Això succeeix abans d’haver estat ratificat per tots els parlaments regionals i nacionals europeus.
• Les organitzacions socials i polítiques integrants de la campanya contra el CETA lamenten la seva aplicació provisional i confien que prosperin les iniciatives ciutadanes i legals per frenar-lo.

La campanya estatal No al TTIP, CETA i Tisa considera greu que el CETA entri en vigor tot i no haver estat ratificat encara pels parlaments de la Unió Europea (UE) i estar pendent d’un dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre si el CETA és compatible amb el dret comunitari.
El Govern espanyol ja ha iniciat la ratificació del tractat a les Corts Generals. Encara està pendent la seva discussió i votació al Senat. La campanya demana als grups parlamentaris que demanin al Tribunal Constitucional un dictamen i rebutgin la seva ratificació per no tenir estudis d’impacte social i econòmics vàlids.
La mobilització ciutadana ha destapat en bona mesura el tractat. Entre els èxits més recents està que el mecanisme de resolució de conflictes entre inversors i estats, el polèmic Sistema d’Tribunal d’Inversions (ICS), no pugui entrar en vigor encara. Cada vegada hi ha més evidències que aquest sistema de justícia privada paral·lela minva greument l’Estat de dret. A dia d’avui, Espanya és el tercer país del món més demandat davant els tribunals privats d’arbitratge que els inversors estrangers fan servir per cobrar compensacions multimilionàries.
En l’últim any, la societat civil europea, sindicats, partits polítics i parlaments regionals no han cessat d’expressar la seva preocupació pels greus impactes del CETA sobre els drets laborals la salut, el clima i l’alimentació. També han denunciat la manca de transparència i participació democràtica en el maneig de les polítiques comercials per part de les institucions europees.
La Comissió Europea està negociant altres acords de la mateixa magnitud que el CETA amb el Japó, Mèxic i els països del Mercosur. Així mateix ha proposat l’obertura de negociacions amb Austràlia i Nova Zelanda.
La campanya estatal No al TTIP, CETA i Tisa manifesta la seva oposició a totes aquestes negociacions i adverteix que aquests tractats comercials atempten contra els drets humans i agreugen la crisi ambiental planetària.

Annex

La campanya No al TTIP, CETA i TISA adverteix que l’aplicació provisional del CETA tindrà efectes econòmics, socials i ambientals adversos, com ara:
• En matèria laboral no es prendran mesures per impedir les deslocalitzacions ni es podran sancionar violacions a les normatives laborals vigents.
• En matèria ambiental i de salut el CETA manca de normes d’obligat compliment, la qual cosa posa en risc els compromisos adoptats en la lluita contra el canvi climàtic i obre la porta a nous fraus com en el cas ‘Dieselgate’ de la indústria automobilística, la manipulació de vehicles dièsel ha contribuït a l’increment de morts prematures i malalties per contaminació atmosfèrica.
• Els estàndards més baixos pel que fa a la seguretat alimentària provocarà en un futur immediat les rebaixes d’altres estàndards relatius a organismes genèticament modificats (transgènics), engreix del bestiar amb hormones, clonació animal i etiquetatge i traçabilitat de la carn. A més de la pèrdua de drets dels consumidors, el CETA causa nous problemes a l’agricultura familiar, així com una pèrdua de sobirania alimentària.
• En afeblir el principi de precaució deixa el camp lliure a les farmacèutiques, les empreses químiques i altres indústries posant en risc la salut pública.
• El CETA facilitarà la privatització dels serveis públics i dificultarà les condicions per a la remunicipalització de serveis privatitzats fracassats, així com la lluita contra la corrupció.
• El capítol sobre Serveis Financers donarà més drets als bancs i especuladors, impedint regulacions urgents en aquest sector que pot provocar nous esclats de bombolles especulatives com la immobiliària a Espanya.
La cooperació reguladora que començaria a funcionar amb la posada en marxa de diferents comitès conjunts -la composició es desconeix, igual que les dates i continguts de les seves reunions- podria ser un obstacle si el Parlament Europeu, les Corts Generals o els parlaments regionals volen millorar les normes ambientals i sanitàries, i fins i tot podrien afeblir les normes actuals.
CAMPANYA CATALUNYA NO AL TTIP
Àlex Guillamon (Entrepobles)
Cristina Pina (EsF)
Lucia Barcena (Ecologistes en Acció)
Comunicació: Rosa Mateu 647333897

El CETA entra en vigor pese a los graves riesgos para la ciudadanía

El CETA entra en vigor pese a los graves riesgos para la ciudadanía
Comunicado de la campaña No al TTIP, CETA, TiSA
20/09/2017

  • El 21 de septiembre se aplicará de manera provisional la mayor parte del acuerdo comercial y de inversiones entre la Unión Europea y Canadá (CETA). Esto sucede antes de haber sido ratificado por todos los parlamentos regionales y nacionales europeos.
  • Las organizaciones sociales y políticas integrantes de la campaña contra el CETA lamentan su aplicación provisional y confían en que prosperen las iniciativas ciudadanas y legales para frenarlo.

La campaña estatal No al TTIP, CETA y TiSA considera grave que el CETA entre en vigor a pesar de no haber sido ratificado aún por los parlamentos de la Unión Europea (UE) y estar pendiente de un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si el CETA es compatible con el derecho comunitario.
El Gobierno español ya ha iniciado la ratificación del tratado en las Cortes Generales. Aún está pendiente su discusión y votación en el Senado. La campaña demanda a los grupos parlamentarios que pidan al Tribunal Constitucional un dictamen y rechacen su ratificación por no tener estudios de impacto social y económicos válidos.
La movilización ciudadana ha destapado en buena medida el tratado. Entre los éxitos más recientes está que el mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados, el polémico Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS), no pueda entrar en vigor todavía. Cada vez hay más evidencias de que este sistema de justicia privada paralela merma gravemente el Estado de derecho. A día de hoy, España es el tercer país del mundo más demandado ante los tribunales privados de arbitraje que los inversores extranjeros usan para cobrar compensaciones multimillonarias.
En el último año, la sociedad civil europea, sindicatos, partidos políticos y parlamentos regionales no han cesado de expresar su preocupación por los graves impactos del CETA sobre los derechos laborales la salud, el clima y la alimentación. También han denunciado la falta de transparencia y participación democrática en el manejo de las políticas comerciales por parte de las instituciones europeas.
La campaña No al TTIP, CETA y TiSA advierte de que la aplicación provisional del CETA tendrá efectos económicos, sociales y ambientales adversos, tales como:

  • En materia laboral no se tomarán medidas para impedir las deslocalizaciones ni se podrán sancionar violaciones a las normativas laborales vigentes.
  • En materia ambiental y de salud el CETA carece de normas de obligado cumplimiento, lo que pone en riesgo los compromisos adoptados en la lucha contra el cambio climático y abre la puerta a nuevos fraudes como en el caso ‘Dieselgate’ de la industria automovilística, cuya manipulación de vehículos diésel ha contribuido al incremento de muertes prematuras y enfermedades por contaminación atmosférica.
  • Los estándares más bajos en lo concerniente a la seguridad alimentaria provocará en un futuro inmediato las rebajas de otros estándares relativos a organismos genéticamente modificados (transgénicos), engorde del ganado con hormonas, clonación animal y etiquetado y trazabilidad de la carne. Además de la pérdida de derechos de los consumidores, el CETA causa nuevos problemas a la agricultura familiar, así como una pérdida de soberanía alimentaria.
  • Al debilitar el principio de precaución deja el campo libre a las farmacéuticas, las empresas químicas y otras industrias poniendo en riesgo la salud pública.
  • El CETA facilitará la privatización de los servicios públicos y dificultará las condiciones para la remunicipalización de servicios privatizados fracasados, así como la lucha contra la corrupción.
  • El capítulo sobre Servicios Financieros dará más derechos a los bancos y especuladores, impidiendo regulaciones urgentes en este sector que puede provocar nuevos estallidos de burbujas especulativas como la inmobiliaria en España.
  • La cooperación reguladora que empezaría a funcionar con la puesta en marcha de diferentes comités conjuntos –cuya composición se desconoce, igual que las fechas y contenidos de sus reuniones– podría ser un obstáculo si el Parlamento Europeo, las Cortes Generales o los parlamentos regionales desean mejorar las normas ambientales y sanitarias, e incluso podrían debilitar las normas actuales.
    La Comisión Europea está negociando otros acuerdos de igual magnitud que el CETA con Japón, México y los países del Mercosur. Asimismo ha propuesto la apertura de negociaciones con Australia y Nueva Zelanda.

La campaña estatal No al TTIP, CETA y TiSA manifiesta su oposición a todas estas negociaciones y advierte de que estos tratados comerciales atentan contra los derechos humanos y agravan la crisis ambiental planetaria.

El CETA entra en vigor este jueves pese a la amplia contestación social y política

El CETA entra en vigor este jueves pese a la amplia contestación social y política
Los polémicos mecanismos de arbitraje ante los que las empresas pueden demandar a estados aún no entrarán en funcionamiento. Bruselas redobla esfuerzos a nivel comunicativo para vender las bondades del tratado de libre comercio con Canadá, y omite los aspectos más peligrosos del acuerdo. Reconoce que el tratado con EEUU, TTIP, permanece “en el congelador”, a la espera de que la Administración Trump aclare si quiere reaundar las negociaciones o enterrarlo.
Alejandro López de Miguel
publico.es
Más información:

El polémico tratado de libre comercio con Canadá pasará a ser una realidad este jueves. El CETA entrará en vigor de forma provisional, antes de haber sido ratificado por todos los parlamentos nacionales europeos (España ya le ha dado luz verde, como el Europarlamento y el Consejo Europeo), y con él lo harán la práctica totalidad de mecanismos y disposiciones recogidos en sus 1.600 páginas.
Fuera de su aplicación, como confirman fuentes de la Comisión Europea, sólo quedará el apartado más criticado del acuerdo, que afecta a la “protección de inversiones”, esto es: el mecanismo de resolución de disputas que permite a empresas demandar a estados por cifras millonarias, evitando a sus respectivos tribunales nacionales.
Bruselas y el Gobierno de Mariano Rajoy sacan pecho por lo que supondrá su aplicación: la drástica reducción o eliminación de los aranceles a la exportación (por valor de unos 400 millones de euros al año, según la Comisión), la reducción de trabas para el movimiento de los trabajadores (con el reconocimiento de algunas titulaciones europeas en Canadá), y un supuesto aumento en las exportaciones, que según el Ejecutivo Comunitario suponen un 14% del empleo total en la UE (1,6 millones de puestos de trabajo en España).
Esfuerzo comunicativo de Bruselas para vender el CETA
En líneas generales, y aunque en privado los representantes del Ejecutivo comunitario se muestran menos triunfalistas, los portavoces de Bruselas idealizan al máximo este y otros acuerdos comerciales, y tienen a tildar a quienes los critican del “proteccionistas”.
El relato de la Comisión distingue de forma genérica entre “detractores” y “defensores” del libre comercio, y viene a defender que el Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) supondrá la creación de miles de puestos de trabajo.
Omite, sin embargo, los resultados de un estudio esgrimido por la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo para rechazar el acuerdo. Este alertaba de la destrucción de 204.000 puestos de trabajo en toda la UE si el acuerdo entrase en vigor, y destacaba las “serias dudas” sobre la “compatibilidad” del CETA “respecto a las leyes actuales de la UE”, expresadas por partidos políticos y representantes de la sociedad civil.
Prueba de la controversia del tratado está en el revuelo causado por la abstención del PSOE de Pedro Sánchez en la ratificación del CETA en el Congreso, cuando hasta el momento los socialistas habían estado entre sus principales valedores.
La visibilización del CETA y el esfuerzo en materia comunicativa han marcado la etapa de Cecilia Malmström al frente de la cartera de Comercio (2014 hasta nuestros días).
Consciente del rechazo social que genera el oscurantismo de estos tratados, negociados con total opacidad, Malmström ha trabajado para suavizar esa percepción, y para contrarrestar los mensajes de los detractores de TTIP y CETA, resaltando sus bondades y poniendo el foco en sus apartados menos polémicos. Donde antes había silencio ahora hay una estrategia activa de defensa, casi de márketing, de los tratados.
Esto pasa también por intentar aterrizar los futuribles beneficios del CETA, recogiendo testimonios de empresarios -fundamentalmente pymes- que aprecian ventajas en este tratado tal y como lo presenta la Comisión.
“Pararemos el CETA, en el Constitucional o en el TJUE”
El Congreso de los Diputados dio luz verde al CETA en junio, y hoy el acuerdo está listo para ser ratificado también en Senado, donde la mayoría absoluta del PP garantiza su aprobación. “Pararemos el CETA, en el Constitucional o en el
TJUE”, asegura a Público Pablo Bustinduy, portavoz de Exteriores de Unidos Podemos en la Cámara Baja. Bélgica ya ha llevado el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la UE, asestando un nuevo golpe al acuerdo.
“Cuando decimos que ganaremos esto en esos mismos tribunales que han visto usurpada también su soberanía no nos referimos sólo a llevar la cuestión al TC vía recurso, sino a formular una estrategia europea que sume a todas las instituciones que van despertando y observan las implicaciones de la colosal usurpación institucional que esconde el CETA”, apunta.
Bustinudy pide al Gobierno de Mariano Rajoy, “tan fan de Macron para algunas cosas”, que imite al presidente francés y encargue un informe a expertos independientes para calcular los impactos del tratado con Canadá -informe que, por otra parte, Macron ha obviado, “como buen neoliberal”. Este texto recoge que en el CETA “no se garantiza efectivamente el principio de precaución”; que los capítulos del acuerdo en materia de medio ambiente “no contienen ningún compromiso vinculante”; o que “Canadá todavía permite 46 sustancias activas que fueron prohibidas hace mucho tiempo en otros países”, entre otros aspectos peligrosos del tratado.
La cara B de la aplicación del tratado
Frente al optimismo de la Comisión, la Campaña estatal no al TTIP, CETA y TiSA, que aglutina a más de 350 organizaciones sociales, ambientales y sindicales, alerta de los peligros de la puesta en marcha de la maquinaria del CETA.
Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción y portavoz de la Campaña, advierte de que en esta entrada en vigor se incluye el capítulo sobre Servicios Financieros, que “permite al sector bancario y financiero la venta transfronteriza de servicios financieros de alto riesgo al y desde el mercado único de la UE”. “Una vez en vigor, todas las medidas relativas a liberalizar el comercio transfronterizo de servicios financieros entre el Canadá y la UE se regirán por la CETA, un paso para dar más derechos a los bancos y especuladores”, apunta.
Además del poder que concederá al sector financiero, Kucharz destaca que el artículo 13.11 del tratado “establece el requisito de que se publiquen todos los nuevos reglamentos para que los interesados -esto es, las empresas- puedan «familiarizarse con ellos”. “Existe la obligación de notificar y permitir ‘comentarios’ a la industria financiera para cualquier medida particular que pueda adoptar la UE y que pueda afectar a los intereses del sector. También se crea un Comité de Servicios Financieros para llevar a cabo un “diálogo permanente” sobre la regulación de los sectores de servicios financieros tanto en la UE como en Canadá”, apunta.
Según su relato, tras el 21 de septiembre se podrán importar “productos de carne canadiense tratados con productos tóxicos y prohibidos en la UE, tales como hormonas o ractopamina, e incluso salmón transgénico”. Por no hablar del hecho de que “los niveles máximos de residuos de plaguicidas autorizados en los productos alimenticios son mucho menos exigentes en Canadá que en la UE”, o de la apertura de la puerta a importar productos canadienses “derivados de la extracción de hidrocarburos procedentes de arenas bituminosas” que supone el CETA, zanja.
El TTIP, “en el congelador”
Mientras la Comisión pisa el acelerador con su agenda de tratados comerciales, el no menos polémico TTIP, el acuerdo entre la UE y EEUU, permanece en un estado embrionario, y “en el congelador”, como reconoce Bruselas.
El TTIP entró en vía muerta hace cerca de un año, y permanece ahí desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. En este tiempo, la Comisión reconoce no haber mandado ningún mensaje oficial a este respecto a sus homólogos en EEUU, aunque sí ha habido conversaciones informales que no han permitido aclarar cuál es la posición de la Administración Trump -si la tiene- sobre este tratado, que podría no llegar a ver la luz.

Juncker quiere un nuevo “TTIP” con Australia y Nueva Zelanda

Juncker quiere un nuevo “TTIP” con Australia y Nueva Zelanda
La Comisión Europea no quiere frenar su agenda liberal de apertura comercial mediante nuevos tratados comerciales. Oceanía es la próxima meta de Juncker.
Yago Álvarez
elsaltodiario.com
El pasado 13 de septiembre, tras el debate sobre el estado de la Unión, el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, declaró sus firmes intenciones de avanzar en una agenda comercial de apertura y eliminación de barreras comerciales mediante nuevos acuerdos de comercio bilaterales. En su discurso de clausura declaró que quiere fortalecer la agenda comercial europea y, posiblemente empujado por las críticas desde la sociedad civil hacia los tratados de libre comercio que consisten en rebajar los estándares de calidad al mínimo común, ha explicado que “el comercio se trata de exportar nuestras normas, ya sean sociales o medioambientales, de protección de datos o de requisitos de seguridad alimentaria”.
Tan solo unos minutos más tarde, la Comisión Europea (CE), ha presentado un nuevo paquete de propuestas en materia comercial y de inversión que siguen la misma línea de apertura económica que los últimos acuerdos firmados con Japón, Vietnam, Singapur o el controvertido acuerdo con Cánada, el CETA.
El anuncio estrella de este paquete ha sido la recomendación al Consejo para que inicie un proceso de negociaciones para establecer acuerdos de libre comercio, similares al TTIP y al CETA, con Australia y Nueva Zelanda. La CE ha publicado el documento sobre la recomendación en el que alega que “Australia ha celebrado numerosos acuerdos de libre comercio con otros países. La UE no tiene un acuerdo de libre comercio bilateral con Australia, lo que deja a las empresas de la UE en condiciones comparativamente menos favorables para acceder al mercado australiano”. También indica que la CE ya ha mantenido activamente contactos con los socios interesados para recabar untos de vista detallados sobre las futuras relaciones comerciales y económicas entre la UE y Australia.
La Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, también ha realizado varias declaraciones al respecto, en las que se puede entender entre líneas su firme rechazo ante el proteccionismo de Donald Trump. Malmström ha propuesto que la UE siga defendiendo el comercio libre y justo y que este paquete de medidas propuestas “demuestra este liderazgo en acción”. Tras estas palabras ha declarado que trabajará estrechamente con el Parlamento Europeo y los Gobiernos de la UE, a través del Consejo de la UE, para hacer avanzar estas propuestas lo antes posible.
El comunicado emitido por el organismo que lidera Juncker, también anuncia que, al contrario que otros acuerdos, en este caso la Comisión ha decidido publicar todas sus recomendaciones para las directrices de negociación de acuerdos comerciales (conocidos como mandatos de negociación). Cuando se presenten al Parlamento Europeo y al Consejo, según el comunicado, estos documentos se enviarán de forma paralela y automática a todos los Parlamentos nacionales y se pondrán a disposición del público en general.
Con estas medidas, la CE pretende evitar las fuertes críticas, provenientes de gran parte del hemiciclo europeo y de campañas de movilización social, que cargaron contra el secretismo en el que se han negociados tratados de este calibre, como el TTIP y el CETA.
Un nuevo juzgado privado de inversiones
Con la excusa de “equilibrar la apertura de los mercados para el comercio y la inversión como motor clave de nuestra prosperidad con normas internacionales que respeten nuestras elevadas normas y valores comunes y protejan nuestros intereses”, el vicepresidente primero de la CE, Frans Timmermans, ha anunciado que, como parte de este nuevo paquete de medidas comerciales, proponen la creación de un tribunal multilateral permanente de inversiones para “conseguir el equilibrio adecuado entre los intereses de los Estados y de los inversores y la legitimidad democrática necesaria garantizando la independencia, la rendición de cuentas y la transparencia”.
La propuesta de este tipo de tribunales no es nueva. Los ISDS (Investor-State Dispute Settlement), que es como son conocidos este tipo de tribunales privados internacionales, son una de las primeras demandas por parte de las multinacionales y lobbies. Mediante este tipo de juzgados, las empresas pueden demandar a los Estados si realizan algún cambio en su regulación que pueda acarrearle una pérdida o simplemente lucro cesante en el futuro. Actualmente ya existe un juzgado de este tipo que depende del Banco Mundial, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI). España ha recibido hace poco su primera sanción de este tribunal por el recorte en las ayudas a las renovables. Hasta 33 empresas más han demandado ante este tribunal al Gobierno español por este mismo motivo.

La difamación: la nueva estrategia de los ‘lobbies’ contra los detractores del TTIP

La difamación: la nueva estrategia de los ‘lobbies’ contra los detractores del TTIP
Los grupos de presión europeos y estadounidenses intentan desacreditar a las organizaciones contrarias al polémico tratado de libre comercio.
JOSÉ BAUTISTA
lamarea.com
Al principio las negociaciones secretas del TTIP y el CETA parecían ir en viento en popa, pero una serie de filtraciones y el trabajo de cientos de organizaciones sin ánimo de lucro, académicos, periodistas, asociaciones de consumidores, sindicatos e incluso jueces pusieron en alerta a la opinión pública acerca de los riesgos de estos acuerdos para la soberanía y el bienestar social. Ante la falta de ideas para rebatir los argumentos políticos y científicos en contra de estos tratados, los grandes lobbies corporativos y think tanks liberales han puesto en marcha una nueva estrategia: la difamación para deslegitimar a toda costa a quienes se muestran críticos con los acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP) y Canadá (CETA), y defienden la democracia y la justicia social y medioambiental en la política comercial europea. Incluso los premios Nobel de Economía Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, o el exdirector general de Comercio de la Comisión Europea, Pierre Defraigne, están siendo difamados por ser contrarios a estos acuerdos comerciales.
La reacción de estos lobbies es similar a la que tuvieron las industrias tabacalera y petrolera cuando ciudadanos y gobiernos empezaron a preocuparse por los efectos nocivos sobre la salud y el medio ambiente de sus negocios: primero intentaron sembrar la confusión con estudios precocinados; también promovieron la división entre sus críticos (“se trata de un tema solo para expertos”); después probaron a expulsarlos del debate, más adelante pusieron en duda su integridad y finalmente atacaron a sus fuentes de financiación.
Como en aquel entonces, en un primer momento los defensores del TTIP y el CETA intentaron debatir con argumentos sobre los supuestos beneficios económicos de, por ejemplo, crear tribunales supranacionales con jueces nombrados por las multinacionales, priorizar los intereses de mercado frente al calentamiento global, o eliminar las restricciones a químicos y otras sustancias prohibidas en Europa por sus efectos nocivos sobre la salud y el ecosistema. Pero desde que en 2013 comenzaron las primeras filtraciones, los grupos de presión empezaron a abandonar el debate público y pasaron a la calumnia para deslegitimar a sus críticos.
Lobbies de la talla de BusinessEurope, Bertelsmann Stitung o el Centro Europeo de Estudios Políticos (CEPS, integrado por Bayer, Google, ExxonMobil, Repsol, Pepsico…) ejercen cada vez más presión en medios de comunicación, redes sociales y conferencias contra las organizaciones contrarias a la negociación secreta del TTIP y el CETA. Para restar credibilidad al trabajo de los detractores de estos tratados, estos lobbies están desplegando una batería de falsas acusaciones, acusando a académicos y activistas que piden democracia en los acuerdos comerciales de estar trabajando codo con codo con los partidos de extrema derecha que tomaron fuerza en los últimos años. Otro bulo frecuente sostiene que Rusia está financiando a estas organizaciones sin ánimo de lucro. “No hay una sola prueba, pero los representantes de los intereses corporativos siguen esgrimiento esa acusación en los debates”, explica Max Bank, de la organización LobbyControl. Además, acusan a los críticos del TTIP de ser alarmistas y manipular a un público “poco instruido” para obtener más dinero para sus campañas.
Esta y otras conclusiones aparecen en el informe ‘Matar al mensajero’, elaborado por el Observatorio Corporativo Europeo (ECO por sus siglas en inglés) y la organización LobbyControl. El documento analiza con detalle y casos documentados el cambio de táctica de los grupos de poder que operan en Europa para sacar adelante el TTIP y el CETA. A continuación exponemos algunos ejemplos de este documento:
La batalla en las redes sociales: en mayo de este año el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Anthony Gardner, escribió que haría falta “un mayor uso de validadores externos para propagar mensajes favorables al libre comercio y la globalización”, en referencia a los medios de comunicación y las redes sociales. Anteriormente la Cámara de Comercio Americana en la Unión Europea -representa a 160 compañías estadounidenses– con la ayuda de lobbies como el Transatlantic Business Counsil (40 multinacionales de EEUU y Europa, entre ellas BP, PwC, Telefónica…), o la gran patronal BusinesEurope, la más activa en la defensa del TTIP (Bayer, BP…) había iniciado una campaña en Twitter para defender los supuestos beneficios del TTIP, pero en dos años apenas lograron aglutinar a 2.000 seguidores. Con la ayuda de la organización Foro de Jóvenes Liberales Europeos (European Liberal Youth Forum), en 2015 lograron organizar una protesta a favor del TTIP, pero su seguimiento fue mínimo en comparación con las 250.000 personas que se manifestaron en Berlín ese mismo año en contra del CETA y el TTIP.
Emociones contra argumentos: Una filtración de 2013 de la estrategia de comunicación de las autoridades europeas que negocian el TTIP reconocía que “la Comisión expresó explícitamente su preocupación por la naturaleza del debate público” y defendió la necesidad de reprimir “objeciones potencialmente basadas en valores y emociones”. Los lobbies corporativos y la propia Comisión Europea sostienen que los datos de sus previsiones económicas (cuántos empleos creará el TTIP, por ejemplo) se basan en “evidencias”, mientras que los argumentos y cifras de sus críticos son “mitos” irracionales, según organismos como el CEFIC (patronal de la industria química europea), propios de personas con un escaso conocimiento en la materia y que solo pretenden causar miedo. Los datos y pronósticos divulgados por el Ejecutivo europeo y los grupos de presión están basados en modelos de equilibrio general computacional, que “defienden el potencial impacto de desregular la economía” y “sirven a intereses pro liberales de la agenda de la Comisión Europea y otros defensores del TTIP”, según explican Ferdi De Ville y Gabriel Siles-Brügge, del Centro de Estudios de la Unión Europea y la Universidad de Warwick (Inglaterra). Estos cálculos reflejan “expectativas ficticias” y “altamente especulativas”, opina Clive George, profesor y economista de la Universidad de Manchester.

Desprestigiar a toda costa
: la organización europea de consumidores BEUC es una de las pocas entidades sociales invitadas por la Comisión Europea para opinar sobre el TTIP. La estrategia de los lobbies corporativos para minar su trabajo consiste en acusarla de forma constante de financiarse supuestamente por vías ilícitas. BEUC dedica gran parte de su tiempo a rebatir esas acusaciones y a explicar su política de transparencia financiera, pero las quejas no cesan. De esa forma, los lobbies hacen que esta ONG pierda el tiempo que, en circunstancias normales, emplearía para exponer por qué está en contra del TTIP. “Una vez que la integridad de una ONG está en duda, incluso si presenta contraargumentos sólidos y pruebas, mucha gente siempre pensará ‘¿y si los financia Rusia?’, explica Léa Auffret, del BEUC.
La lista de ejemplos es extensa. Después de que Greenpeace filtrara borradores secretos de la negociación del TTIP, el representante comercial de Estados Unidos en Europa, Michael Froman, compareció ante los medios para asegurar que esa información era “en el mejor de los casos engañosa, en el peor, errónea”. Hablando sobre el TTIP en rueda de prensa, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, empleaba un tono burlesco para definirlos como unos “no nos gusta el comercio, no nos gusta el libre comercio y no nos gusta EEUU”. En Alemania, el partido ultraliberal Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) paga anuncios publicitarios en los que pone en relación a los manifestantes contrarios al TTIP con el presidente Trump, a pesar de que este último defiende la desregularización de la economía.
Ataques ad hominem: en un reportaje titulado ‘El hombre que mató al TTIP’, la revista POLITICO cargó duramente contra Thilo Bode, fundador de Food Watch. En el texto, cargado de ataques personales que pasan por alto los argumentos de Bode, POLITICO aseguraba que “vive de la escandalización” y de promover el miedo.
La política del lenguaje: en un artículo en defensa del TTIP, el semanario The Economist definía a la organización ATTAC como un “grupo antiglobalización”, mientras que para el New York Times se trata de “un movimiento global que promueve un impuesto sobre las transacciones financieras para apoyar a los países pobres”. Paradójicamente, dos años antes de emprender una amplia campaña a favor del TTIP, The Economist se había mostrado muy crítico con dicho acuerdo comercial.
La técnica de Göebbels: “Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”, dijo el ministro de propaganda nazi. El informe de ECO y LobbyControl expone varios ejemplos de cómo desde los grupos de presión se mezclan ideas sin fundamento (“un día después de que se firme el acuerdo, solo podremos comer carne hormonada”) con análisis serios realizados por asociaciones de consumidores, universidades y otras instituciones. Por ejemplo, el conservador alemán Joachim Pfeiffer define a las organizaciones Food Watch y Campact, que defiende la justicia social y el respeto al medio ambiente, como parte de la “industria de la atrocidad”.
Think tanks y grupos de presión como BusinessEurope, Bertelsmann y el Centro Europeo de Economía Política Internacional (ECIPE), financiados por patronales y grandes multinacionales, sostienen que los detractores del TTIP están movidos por un sentimiento antiamericano. “Es una cortina de humo más que un argumento válido, busca desacreditar al mensajero [los manifestantes] para devaluar su punto de vista”, explica Daniel Lüchow, de la Fundación Heinrich-Böll, afiliada al Partido Verde alemán.
“Es peligroso que los lobbies corporativos traten de minar la credibilidad de los actores de la sociedad civil con acusaciones falsas (…) esas prácticas injustas envenenan el debate político democrático a largo plazo”, advierte Pia Eberhardt, experta en política comercial del Observatorio Corporativo Europeo.

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