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El tratado contra la impunidad de las multinacionales avanza frente a la oposición de la Unión Europea

El tratado contra la impunidad de las multinacionales avanza frente a la oposición de la Unión Europea
Representantes de decenas de países y organizaciones sociales se han reunido en Ginebra para avanzar en la elaboración de un tratado vinculante para las multinacionales y la violación de derechos humanos. Las grandes potencias siguen poniendo trabas a este tratado.
Gorka Martija y Erika González
27/10/2017
elsaltodiario.com
El guion se ha cumplido desde el principio. La Unión Europea (UE) tenía muy clara su estrategia de cara a la reunión del grupo de trabajo intergubernamental de la ONU sobre empresas transnacionales y derechos humanos que ha tenido lugar durante toda esta semana en Ginebra. Y la puso en marcha desde el primer momento, con una combinación de obstruccionismo burocrático e intentos por vaciar de contenido el espíritu y objetivos de la sesión. Así, ha vuelto a repetir la misma escena que se ha venido interpretando en Naciones Unidas en todos los debates que ha habido sobre esta cuestión en los últimos cuarenta años.
Del 23 al 27 de octubre, en la sede de la ONU en Ginebra, se ha estado desarrollando la tercera sesión del grupo de trabajo que debe negociar la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante que obligue a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos. Es el mandato aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que ha ido avanzando, con sucesivos obstáculos y pocos recursos, desde el año 2014.
En realidad, habría que remontarse a la década de los setenta para situar el inicio de las discusiones sobre cómo controlar a las compañías multinacionales. Fue entonces cuando la ONU fijó entre sus prioridades elaborar un código de conducta internacional de carácter obligatorio para las grandes corporaciones. Pero la oposición frontal de las grandes potencias y los lobbies empresariales hicieron que esa normativa nunca llegara a poder ponerse en marcha. En su lugar, los códigos voluntarios de conducta y la responsabilidad social corporativa fueron la expresión del “compromiso” empresarial con los derechos humanos. El discurso oficial de Naciones Unidas fue evolucionando así desde la lógica de la obligatoriedad a la de la voluntariedad.
La resolución que aprobó el Consejo de Derechos Humanos hace tres años supuso un cambio en esa orientación. Como resultado de una correlación de fuerzas en la ONU favorable a la reapertura del debate, y con el liderazgo de Ecuador, volvía a situarse en el centro de la agenda el mismo debate que Salvador Allende lideró a principios de los años setenta. Y se repite, igualmente, el posicionamiento de los diferentes países: las potencias económicas, sus aliados y las organizaciones empresariales frente a los países de la periferia y las organizaciones de derechos humanos. Desde esa misma votación de la resolución en el Consejo por la que se establecía el mandato de crear el grupo intergubernamental para elaborar el instrumento vinculante, Estados Unidos y la UE se posicionaron en contra. Pero perdieron la votación, y optaron por estrategias distintas: mientras EEUU no ha reconocido el proceso desde entonces —y no va a asumir su resultado—, la UE sí ha decidido participar en él con el objetivo de bloquearlo. Eso se hizo patente desde su primera sesión en 2015, cuando alegó que era imposible continuar si antes no se aceptaban acuerdos voluntarios como los Principios Rectores y si no se ampliaba el foco de las obligaciones a todas las empresas y no solo a las compañías multinacionales. En aquel momento, al no conseguir su propósito, se retiró de los debates.

Estados Unidos no quiere reconocer ni asumir el Tratado y Europa lo ha intentado bloquear en varias ocasiones

La segunda sesión del grupo de trabajo, en octubre del año pasado, transcurrió sin mayores incidencias. No había que decidir nada, solo se presentaron diferentes perspectivas sobre los elementos de un posible instrumento vinculante. Ahora, en la tercera sesión, el panorama es bien distinto: hay que establecer el texto base para empezar a negociar este instrumento. Y la UE parece que no quiere que se avance ningún paso más. Junto a ella están Rusia, México, Australia, Noruega y Suiza. Frente a estos países, aquellos que respaldan la necesidad de mecanismos obligatorios: Cuba, Argelia, Filipinas, Indonesia, Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Egipto.
Al comienzo de los debates de esta semana, la UE no hizo gala de la diplomacia que suele caracterizar este tipo de reuniones y descalificó a la presidencia del grupo de trabajo, que encabeza la delegación de Ecuador en Ginebra. Incumplimiento de los acuerdos, desconocimiento de los procedimientos y retraso en los plazos fueron algunas de sus acusaciones, llegando a amenazar con “profundas consecuencias” si no se tenían en cuenta sus exigencias.
“No vamos a tolerar las amenazas de la UE en el marco del inicio de las sesiones”. Esa fue la contundente respuesta que dio la embajadora sudafricana para contrarrestar la estrategia de bloqueo europea. En la misma línea, el representante de Cuba apuntó al quid de la cuestión: “Quienes votaron en contra de la creación del grupo son los mismos que piden una mayor extensión en su alcance”. La indignación volvió a subir de tono cuando Jerome Bellion-Jourdan, representante de la UE, justificó su actitud con el argumento de que las víctimas precisan instrumentos rápidos para acceder a justicia y reparación. “La presidencia no tendrá prisa, pero nosotros sí”, afirmó para defender la primacía de mecanismos voluntarios para las empresas.
Representantes de los movimientos sociales se encargaron de trasladarle lo infructuoso de esos intentos y la preocupación que había generado su falta de respeto hacia la presidencia ecuatoriana. Lola Sánchez Caldentey, europarlamentaria de Podemos que intervino como panelista, calificó la postura Bellion-Jourdan como “obstruccionista y cínica”, denunciando que su actuación era contraria al apoyo explícito que ha hecho el Parlamento Europeo al mandato del grupo de trabajo. Terminó señalando que si el representante europeo seguía así se vería obligada a decirle “usted no me representa”.
Algunas perlas corporativas
En el marco de estos debates, las críticas de varios países y de las organizaciones empresariales a la creación de un instrumento vinculante han dado lugar a numerosas “perlas corporativas”. Entre las palabras más destacadas, las del representante de México, que hasta en dos ocasiones llegó a negar uno de los pilares fundamentales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la jerarquía normativa de los derechos humanos sobre las normas de comercio e inversión. También afirmó que la participación de las organizaciones sociales y de derechos humanos redundaba en una “infrarrepresentación” de la voz de las empresas en el proceso. Seguía la línea marcada por la UE, denunciando el supuesto “ensañamiento” del que estarían siendo objeto las grandes transnacionales.
El representante de México llegó a negar en dos ocasiones la jerarquía normativa de los derechos humanos sobre las normas de comercio e inversión
La Cámara Internacional de Comercio y la Organización Internacional de Empleadores (OIE), que participaron en las discusiones dentro del espacio destinado a la sociedad civil, afirmaron que “la comunidad empresarial no apoya el tratado”. A los ojos de la secretaria general de la OIE, es un “paso atrás” que “amenaza las inversiones”, especialmente las de “los países industrializados hacia los países emergentes”. Igualmente, sostuvo que las responsabilidades en derechos humanos son competencia exclusiva de los Estados y no de las empresas, llegando a decir que el avance de los derechos fundamentales no debía esquivar el marco legal y político de los Estados. La respuesta no se hizo esperar por parte de la representante de la Confederación Sindical Internacional, Makbule Sahan, que interpeló a la empresaria diciéndole que le gustaría que eso se cumpliera, “especialmente en relación a las demandas que imponen las empresas en los tribunales de arbitraje”.
Movimientos sociales dentro y fuera de la ONU
El contrapunto a estas perlas corporativas lo han puesto los movimientos sociales, que intervinieron activamente dentro y fuera de la sede de la ONU. Frente a la plaza de las Naciones Unidas, al lado de una gigantesca silla rota que simboliza la paz y la lucha contra las minas antipersona, ha estado estos días un iglú blanco adornado con banderas de la Vía Campesina, de Amigos de la Tierra o de la Marcha Mundial de las Mujeres. Es el espacio que ha creado la campaña global Desmantelemos el Poder Corporativo para llevar a cabo múltiples actividades de denuncia y resistencia frente al poder de las empresas multinacionales. El lema de esta campaña ha sido “actuamos en la ONU pero no olvidamos de dónde venimos”, entendiendo que su participación en las instituciones está subordinada a las prioridades establecidas por las luchas sociales.
Los debates se expandieron más allá del iglú y llegaron hasta la Universidad de Ginebra donde, entre otras voces de las comunidades afectadas por las actividades de las grandes corporaciones, se escuchó la del pueblo sioux de Standing Rock, Estados Unidos: “Energy Transfer Partners ha instalado el oleoducto y contrata mercenarios para reprimir y dañar a defensoras de derechos humanos”. Este es el proyecto Dakota Access Pipeline (DAPL), financiado por BBVA y por Credit Suisse, entre otras 32 entidades financieras. Y no se quiso dejar pasar la ocasión sin señalar y denunciar a quienes están poniendo dinero en un proyecto que está destruyendo el territorio y enfermando a la población. El pasado miércoles, siete miembros de los pueblos originarios de América del Norte y otros sesenta activistas ocupaban la sede en Ginebra del Credit Suisse para protestar por su financiación de oleoductos como el DAPL.

Manifestantes durante los días de negociaciones en Ginebra Nathalie Rengifo Álvarez
La intensa actividad de los movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos fuera de las instalaciones de la ONU no ha ido en detrimento de su presencia a en la Sala de la Alianza de Civilizaciones, lugar donde se desarrollaban los plenarios del grupo de trabajo. Ahí fueron tomando la palabra para exigir, por ejemplo, que se incorporen medidas que permitan frenar la captura corporativa de instituciones como Naciones Unidas —la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos ha recibido financiación millonaria de Microsoft—, que se establezcan cuáles son las obligaciones directas para las grandes corporaciones en el ámbito internacional y que se pongan en marcha las garantías para el acceso de las víctimas a la justicia. Todas estas propuestas están recogidas en la propuesta de la campaña global Desmantelemos el Poder Corporativo que ha sido presentada en estos días.
Hubo incluso una acción de protesta cuando la UE y sus países miembros pudieron disponer de un espacio en la sesión de trabajo para promocionar los Principios Rectores. “Consideramos que es una imposición y nos negamos a participar en este debate”, señalaba Brid Brennan del Transnational Institute. Tras su intervención, los representantes de numerosas organizaciones de la sociedad civil fueron saliendo y dejaron sus sillas vacías. Mientras tanto, la UE intentaba justificar por qué los códigos voluntarios se presentan como la solución más práctica y rápida frente a la impunidad de las grandes empresas.
Malas perspectivas
El inicio de la sesión no auguraba un resultado positivo. Como decíamos, la UE puso todo de su parte para tratar de entorpecer el inicio de los trabajos del grupo. Aun así, Jerome Bellion-Jourdan, cara y voz de la delegación comunitaria, optó por rebajar los niveles de enfrentamiento a partir del segundo día. Manteniendo el espíritu de enmienda a la totalidad del proceso, permitió la aprobación del programa de trabajo e hizo que las deliberaciones discurrieran en un marco de relativa normalidad, no sin dejar de intentar ralentizar el desarrollo de la sesión mediante constantes solicitudes de aclaración y otras maniobras dilatorias.
El jueves 25, algunas embajadas comunicaron de manera informal a las organizaciones de derechos humanos que la UE iba a volver a emplearse a fondo al final de la semana para impedir que pudieran salir adelante las negociaciones para un instrumento vinculante. Y es que hoy viernes se votará un informe donde se establecen los siguientes pasos a seguir por parte del grupo de trabajo. Ante la posibilidad de qu se produzca un bloqueo, las organizaciones agrupadas en la Alianza por el Tratado han puesto en marcha una campaña de presión a la UE. En estos momentos, varios colectivos y organizaciones del Estado español también están interpelando al Ministerio de Asuntos Exteriores mediante una carta en la que muestran su preocupación por la posibilidad de que “la Unión Europea esté intentando socavar este proceso” e instándole a que “aproveche esta oportunidad histórica para apoyar el tratado de la ONU”. El resultado y los siguientes pasos a dar los conoceremos hoy por la tarde. Esperamos que esta vez no se repita la historia.

Alerta sobre el bloqueo al Tratado Vinculante en la ONU

AFECTADOS POR LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES ALERTAN SOBRE EL BLOQUEO A UN TRATADO VINCULANTE EN LA ONU QUE PROTEJA SUS DERECHOS HUMANOS

Ginebra, 27 de octubre – Más de 200 delegados de más de 80 países representando a movimientos sociales, sindicatos y la sociedad civil global,(1) incluidas comunidades afectadas por violaciones de derechos humanos por parte de empresas transnacionales, participan activamente esta semana en el tercer período de sesiones del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta para la elaboración de un Instrumento Internacional Legalmente Vinculante sobre Corporaciones Transnacionales (ETNs) y otras Empresas Comerciales con respecto a los derechos humanos.(2)
El proceso de elaboración de un Tratado vinculante está en marcha por la voluntad de los afectados de las violaciones de armarse de un instrumento jurídico internacional que les defienda, así como por la toma de conciencia de varios gobiernos que es necesario poner un alto al creciente desequilibrio entre derechos humanos y las acciones de las ETN’S. Noventa y cinco países estuvieron presentes en las conversaciones de esta semana, un número notable para ungrupo de trabajo intergubernamental de este tipo. Miembros de parlamentos de más de 20 países y del Parlamento Europeo,(3) así como más de 700 organizaciones de la sociedad civil han indicado apoyo oficial para el proceso.
Pablo Fajardo, representante de la Unión de Afectados por Chevron recordó que “los pueblos víctimas de los crímenes corporativos, que se producen en todo el mundo, somos testigos que en la actualidad quienes más violan los derechos humanos son las Transnacionales. El tratado vinculante es una herramienta para proteger de forma real y practica los derechos humanos de los pueblos víctimas.” Tchenna Maso de La Via Campesina, afirmó que “Todo aquel gobierno que se oponga a la creación de este instrumento no sólo se pone a contracorriente de la historia, sino que actúa claramente como cómplice de las violaciones de las ETN’s. Llamamos en particular la atención sobre la posición de la Unión Europea, que está obstruyendo el proceso. Escondiéndose detrás de la supuesta inercia interna, la Unión Europea (UE) está, de hecho, apuntando a detener definitivamente el proceso. Llamamos a gobiernos de otras regiones a unirse para resistir la presión de la UE y defender sus pueblos.”
Mary Ann Manahan, Marcha Mundial de las Mujeres – Filipinas enfatizó que “Las organizaciones sociales continuarán respondiendo a los crímenes contra las comunidades y territorios afectados como resultado de las actividades de las ETNs, y continuarán movilizándose para la elaboración de un borrador de tratado en la cuarta sesión del grupo de trabajo intergubernamental.”
Karin Nansen Presidenta de Amigos de la Tierra Internacional afirmó “Esperamos el borrador del texto del tratado a ser presentado por el Presidente Relator del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta en 2018, al tiempo que nos comprometemos a continuar aportando las demandas de los pueblos para lograr un tratado jurídicamente vinculante que haga posible la justicia para las víctimas conforme a la resolución 26-9. Teniendo en cuenta el interés manifestado en varios parlamentos nacionales, como Francia, España y Uruguay, entre otros, el debate debe ampliarse y fortalecerse. Los parlamentarios y parlamentarias de otros países deben involucrarse en el proceso”.
NOTA PARA LOS EDITORES
(1) Este comunicado de prensa es de La Campaña Mundial para Recuperar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Detener la Impunidad (Campaña Global), una red de más de 200 movimientos sociales y comunidades afectadas que se resisten al acaparamiento de tierras, extracción minera, salarios de explotación y destrucción del medio ambiente. África, Asia y América Latina. Sitio web: https://www.stopcorporateimpunity.org/ (2) Este mandato es resultado de la resolución 26/9 aprobada por el Consejo de Derechos Humanos en 2014. (3) Para la lista de signatarios de la iniciativa interparlamentaria para un Tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos, véase http://bindingtreaty.org/
CONTACTO PARA PRENSA
Para concertar entrevistas y recibir más información
Sol Trumbo Vila (Español, Inglés)
soltrumbovila@tni.org
+31 610172065

Organizaciones sociales preocupadas por el desinterés del gobierno español y de la Unión Europea por tener un #TratadoVinculante

Organizaciones sociales preocupadas por el desinterés del gobierno español y de la Unión Europea por participar en la ONU del proceso de elaboración de un tratado para defender los derechos humanos ante los abusos corporativos

La UE parece haber tomado la decisión de acabar hoy con el proceso en la Naciones Unidas a pesar de que algunos países sabemos que desean continuarlo y participar de forma activa hasta tener un tratado. Entre ellos lamentamos profundamente que España no esté todavía.
Por ello enviamos esta carta urgente al ministerio de exteriores y cooperación, a la dirección general de Naciones Unidas y Derechos Humanos y a la Representación Española ante Naciones Unidas y Organismos Internacionales.
Hoy viernes tiene lugar en Ginebra, en el Palacio de Naciones el último día de la tercera sesión de trabajo para elaborar un instrumento jurídicamente vinculante sobre derechos humanos y empresas transnacionales.
Durante toda la semana de negociaciones ha ido aumentando la preocupación de las organizaciones sociales españolas que seguimos el proceso sobre el irrelevante papel y la ausencia de opinión y participación de la representación española.
Ante esto, las organizaciones sociales queremos instar al gobiernos español a través de la CARTA ADJUNTA que es momento de tomarse en serio este proceso después de tres años. Urge su participación activa y propositiva y urge que esta pueda ser debatida y compartida con las organizaciones sociales de manera sustantiva en las próximas sesiones de trabajo.
Durante 3 años no ha existido interlocución con las organizaciones sociales por parte ni del ministerio de exteriores, ni de la oficina de derechos humanos y de la representación de España en Naciones Unidas. Pero tampoco ha habido ninguna participación en las negociaciones expresada en plenario ni ninguna posición ni debate sustancial sobre los contenidos planteados por la presidencia (Ecuador).
Ante esta grave situación remitimos la presente carta.
***
Más información:
Víctor Barro, Amigos de la Tierra:: +34 659655734
Lucía Bárcena, Ecologistas en Acción +34 616632952
Lucrecia Baquero, ODHE +34 609043666
Erika González, OMAL +34 915233824
Teresa Rodríguez, prensa de Amigos de la Tierra: +34 680 936 327

—– CARTA de organizaciones sociales al Gobierno español —–

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Sr. Alfonso María Dastis Quecedo
Plaza de la Provincia, 1
28012 MADRID
Dirección General de Naciones Unidas y Derechos Humanos
Sr. Francisco Javier Sanabria Valderrama
Torres Ágora
Calle Serrano Galvache, 26
f.javier.sanabria@maec.es
 
Representación de España ante Naciones Unidas y Organismos Internacionales
Sr. Emilio Pin Godos
Dirección: Avenue Blanc 53 5ª planta. 1202 Ginebra.
Teléfono: 00 41 22 909 28 30
Fax: 00 41 22 731 53 70
E-mail: rep.ginebraoi@maec.es
emilio.pin@tief.itu.int

Asunto: Necesidad de que España participe activamente en los próximos pasos del proceso hacia un instrumento internacional vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos.
Ginebra-Madrid, 26 de octubre de 2017
Estimado Sr. Alfonso María Dastis Quecedo,
estimado Sr. Francisco Javier Sanabria Valderrama,
estimado Sr. Emilio Pin Godos,
Durante esta semana más de 200 representantes de más de 80 países que representan a la sociedad civil global – incluidas comunidades afectadas por violaciones de derechos humanos por parte de corporaciones transnacionales con su matriz en España y la Unión Europea-, están participando de forma activa en la ONU (Ginebra) en la tercera sesión del Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de Derechos Humanos (OEIGWG) para la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas respecto a los Derechos Humanos (basado en la resolución A/HRC/RES/26/9).
Dentro de la sociedad civil un impulso creciente para que se apruebe este instrumento vinculante, y los representantes de comunidades y organizaciones civiles están participando constructivamente con contribuciones sustantivas, así como con el diálogo con los gobiernos para lograr avances en las negociaciones. Como organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales que llevamos décadas trabajando en la defensa de los derechos humanos, estamos extremadamente preocupados por la posibilidad de que la Unión Europea esté intentando socavar este proceso.
Estamos muy preocupados de que se pueda repetir la situación de bloqueo que se produjo en el año 2015 cuando la UE presentó precondiciones inflexibles y se negó a participar de manera constructiva en el proceso de la ONU. Tras el tenso comienzo de las negociaciones el pasado lunes 23 de octubre-, hemos visto una actitud más constructiva por parte de la UE durante estos últimos dos días y esperamos que así continúe. La UE ha contribuido a los debates y ha planteado preguntas concretas, lo cual abre el camino para poder dar respuesta a las lagunas existentes en el marco jurídico internacional y proporcionar acceso a la justicia y reparación para las víctimas.
El representante de la UE dijo que era necesario hacer más para prevenir, investigar, sancionar y reparar los efectos adversos de las actividades comerciales sobre los derechos humanos[1].
Pedimos al Gobierno español así como al conjunto de la Unión Europea que asuman una posición más activa durante las negociaciones del Tratado Vinculante, comprometiéndose explícitamente a asumir posiciones concretas y constructivas que sirvan para avanzar en el proceso de elaboración del proyecto de texto y la próxima sesión de negociación en 2018. Esperamos que participen positivamente en las propuestas de la Presidencia de este proceso con el objetivo de fortalecer decisivamente las negociaciones del instrumento jurídicamente vinculante discutido en Ginebra.
Entendemos que los Estados necesitan más tiempo para desarrollar contribuciones sustantivas al instrumento jurídicamente vinculante y ofrecemos nuestro apoyo para ayudar al Gobierno español a hacerlo en los próximos meses. También llamamos al Gobierno a comprometerse activamente con la sociedad civil, que está dispuesta a invertir tiempo y experiencias en consultas democráticas y efectivas sobre los temas claves planteados esta semana en la tercera sesión.
España, como miembro permanente del Consejo de Derechos Humanos, tiene un papel importante que desempeñar en las próximas negociaciones, especialmente en tiempos de crisis del multilateralismo y cuando se registra un aumento preocupante de violaciones sistemáticas de los derechos humanos perpetradas por  empresas europeas en el mundo.
Las organizaciones de la sociedad civil observamos con mucha preocupación que la UE impulsa por ejemplo por la vía rápida las negociaciones de un Tribunal Multilateral de Inversiones en UNCITRAL que busca expandir los instrumentos jurídicamente vinculantes para la protección de los inversores (los mecanismos de solución de controversias inversor-Estado – ISDS, por sus siglas en inglés) y sin embargo frena el proceso del Tratado sobre Empresas y Derechos Humanos en Ginebra.
Defender los derechos humanos y a las comunidades afectadas por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos por empresas transnacionales no sólo debe ser la prioridad del Gobierno español y de la UE, sino es un deber internacional supremo siguiendo el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas y la aplicación del artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
Para abordar las brechas de la gobernanza global y fortalecer el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es fundamental garantizar la continuidad de las negociaciones sobre el instrumento como plantea la resolución 26/9.
Instamos al Gobierno español a que aproveche esta oportunidad histórica para apoyar el tratado de la ONU y demuestre que Europa puede ser un defensor del multilateralismo y los derechos humanos.
Atentamente,
 
Amigos de la Tierra
ATTAC España
Brigadas Internacionales de Paz (PBI)
Comisiones Obreras (CCOO)
Ecologistas en Acción
Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte
Fundación APY
InspirAction
NOVACT
Observatori de Drets Humans i Empreses a l’Orient Mitjà i Nord d’Àfrica
Observatori DESC
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad
Observatorio RSC
SUDS

Jornada por el establecimiento de un tratado sobre empresas transnacionales y derechos humanos

Jornada por el establecimiento de un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos.
Miércoles 18 de octubre
Congreso de los Diputados. Sala Ernest Lluch
16:00 – 19:00

MESA 1.
Hacia un tratado vinculante para empresas transancionales y derechos humanos
Guillaume Long, Embajador y representante permanente de la Misión de Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra
Juan Hernández Zubizarreta, profesor de la UPV/EHU e investigador de OMAL-Paz con Dignidad
Richar Nelson Sierra Alquerque, – del pueblo Senú y Consejería de Relaciones Políticas y Justicia Propia de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), Colombia
Modera: Elisa Veiga, presidenta de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España
MESA 2.
Puntos claves para el tratado vinculante en Naciones Unidas

Marco Aparicio, Porfesor de Derecho constitucional (Universitat de Girona) y presidente del Observatorio DESC
Julia Martí, Investigadora y activista de la Campaña Global “Desmantelando el poder corporativo”
Carole Peychaud, CCFD – Terre Solidaire, Francia
Pablo Estenio Fajardo Mendoza, Abogado ambientalista de los demandandes a Chevron Texaco en Ecuador
Modera: Manuel Gómez Galán, Junta de Gobierno de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarollo España.
Para las inscripciones es necesario escribir a tratadovinculante@gmail.com e indicar los siguientes datos, necesarios para acceder al Congreso: nombre, apellidos, DNI.

Tratados de Inversión y el Veto Interno de Propuestas Regulatorias: Estudio de Caso de Canadá

Tratados de Inversión y el Veto Interno de Propuestas Regulatorias: Estudio de Caso de Canadá
¿La posibilidad de demandas de un inversor extranjero en contra de un país en el marco de la solución de controversias entre inversionista y Estado (ISDS) provoca un enfriamiento regulatorio? Esta pregunta es difícil de responder ya que la información sobre la ISDS y la toma de decisiones de los gobiernos habitualmente no está disponible para el público en general. Considerando el riesgo para la reputación de los gobiernos, es muy probable que esta información no sea hecha pública cuando involucra cambios destinados a apaciguar los ánimos de los inversores extranjeros.
Por esta razón, nos propusimos estudiar esta cuestión —principalmente en el contexto de Ontario, Canadá— entrevistando a 51 informantes sobre políticas, en su mayoría ex o actuales funcionarios públicos con un cargo en ministerios de medio ambiente o comercio. Nos enfocamos en determinar si la ISDS contribuye al veto interno de decisiones gubernamentales sobre protección ambiental. Queremos destacar que este contexto puede variar según la jurisdicción e, incluso en Ontario, las conclusiones no pretenden ser concluyentes. Presentamos aquí un resumen de las mismas, descriptas en mayor detalle en otro documento[1].
1. Los ministerios de gobierno han cambiado sus decisiones para atender las preocupaciones que son resultado de acuerdos de comercio e inversión, incluyendo la ISDS.
Es evidente que las preocupaciones con respecto a los acuerdos de comercio e inversión, que incluyen la ISDS, son tenidas en cuenta en los procesos de toma de decisiones de los ministerios que trabajan en asuntos ambientales. Por ejemplo, un abogado del gobierno de un ministerio relacionado con el medio ambiente de Ontario reportó que asuntos de comercio comenzaron a llegar a su oficina después de principios del 2000. Al preguntarle qué temas comenzaron a surgir, el abogado apuntó a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y las disposiciones sobre ISDS del Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), remarcando que el “Capítulo 11 es el más urticante”. El abogado informó haber revisado una, dos y hasta tres o cuatro veces, un proyecto de ley, regulación o política por año para cumplir con los requisitos comerciales[2].
Asimismo, en otra gran provincia canadiense, un funcionario del ministerio de comercio dijo que las medidas propuestas en dicha provincia fueron revisadas a los fines de cumplir con requisitos comerciales cientos de veces por año y que el ministerio de comercio contaba con un equipo de doce personas a estos efectos. Las medidas revisadas incluyen cambios legislativos, regulatorios o de políticas, o políticas existentes; y confirmó que la ISDS con seguridad se encontraba dentro de su radar[3].
2. La ISDS ejerce presión sobre la toma de decisiones del gobierno debido al riesgo político y financiero y a los costos de oportunidad creados por la ISDS.
Varios entrevistados reconocieron que los riesgos financieros de la ISDS influyen en la toma de decisiones del gobierno y que la cultura general del gobierno es reacia a los riesgos. Por ejemplo, al preguntarle por el riesgo financiero de la ISDS, un asesor de políticas de un ministerio relacionado con asuntos ambientales señaló que: “De la manera en que hacemos negocios, la aversión a los riesgos se encuentra justo en las bases. No nos gusta tomar riesgos con los recursos de los contribuyentes —recursos que pertenecen a los ciudadanos de Ontario. Nos tomamos esto muy en serio”[4]. Al presentarle la posibilidad de que surja un riesgo de litigio que conlleve una responsabilidad potencial de miles de millones de dólares, un ex asesor político del Gabinete de Ontario fue claro al declarar que el riesgo sería considerado “al segundo de llegar a la oficina de los políticos”. Según el ex asesor: “Si existe un riesgo de miles de millones de dólares y hay un riesgo sustancial de ir a juicio, esto seguramente tendrá un gran impacto en la decisión que se tome”[5].
La ISDS también ejerce otro tipo de presión en los gobiernos. Según un ex asesor jerárquico de un ministerio relacionado con asuntos ambientales, los formuladores de políticas consideran el riesgo político y no político de la siguiente manera[6]:
En cuanto al riesgo político, se trata del éxito de llevar a cabo lo que se está trabajando y donde se colocó el capital político. En torno al riesgo no político, se trata de recursos perdidos, dedicando tiempo y energía en algo que no puede seguir adelante o que es percibido negativamente, o que pueda ser realizado a medias.
Varios entrevistados destacaron el riesgo de perder tiempo y recursos, y sus correspondientes efectos disuasivos, a raíz del litigio relativo a la ISDS[2] [7]. También escuchamos que los asuntos comerciales y ambientales se tornan más relevantes después de que el ministerio es objeto de un caso del TLCAN. Un ex abogado de un ministerio federal de medio ambiente recordó que, a fines de 1990s, la demanda de Ethyl contra Canadá en virtud del Capítulo 11 del TLCAN tomó al gobierno por sorpresa[8]. A este respecto, un ex asesor político de alto nivel del departamento federal de comercio cuando surgió el caso de Ethyl señaló que la demanda “realmente espantó a los funcionarios que se vieron, a mi entender, intimidados por las impugnaciones del Capítulo 11”[9]. El ex asesor agregó que: “Según mi opinión, llevó a un mal asesoramiento de los funcionarios en el sentido de que estaban realmente temerosos de desarrollar cualquier política productiva ya que consideraban que toda política podría ser objeto de algún tipo de escrutinio comercial ante el cual Canadá saldría perdiendo”.
Estas conclusiones sugieren que los gobiernos pueden responder prontamente a los casos de ISDS iniciados contra ellos de manera que se hagan públicos, pero que después podrían adaptar sus decisiones para evitar los riesgos surgidos de la ISDS, vetando las propuestas internamente. Por deducción, la información pública sobre el impacto de la ISDS en los gobiernos estaría menos disponible después del shock inicial[10].
3. La ISDS no constituye un factor todo poderoso en la toma de decisiones del gobierno. Las presiones relativas a la ISDS pueden ser superadas, especialmente si existe un fuerte compromiso político a una medida propuesta, respaldado por la capacidad jurídica para analizar los presuntos riesgos de la ISDS de manera crítica y a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones.
Pese a sus impactos evidentes, la ISDS no surgió como un factor abrumador en el gobierno. Otras consideraciones podrían desbancar o sobreponerse a las preocupaciones relativas a la ISDS. Principalmente, entre ellas parece estar el compromiso político de “hacer lo correcto”, especialmente si este sentimiento va acompañado de un amplio apoyo público a una propuesta[11].
La Ley de prohibición de pesticidas para uso cosmético de Ontario (Cosmetic Pesticides Ban Act) de 2008 —la cual restringía el uso cosmético de pesticidas químicos en pos de la salud y el medio ambiente— fue citada por varios entrevistados como un ejemplo de cómo un compromiso político con una decisión podría sobreponerse a una amenaza de ISDS, pese a que la mayoría coincidió en que resulta dudoso si la ley hubiera procedido sin el impulso político o un gran apoyo público[2] [6] [12].
En este mismo sentido, escuchamos que los riesgos de la ISDS pueden ser atendidos antes de que las propuestas lleguen a los altos niveles políticos de toma de decisiones. Un ex ministro de Ontario afirmó que esperaba que las preocupaciones relativas a la ISDS sean atendidas antes de llegar a la oficina del ministro, señalando que los funcionarios públicos discutían el tema y los abogados del gobierno formulaban propuestas para limitar los riesgos del comercio y la ISDS. Según un ex asesor político del Gabinete de Ontario[5]:
Mi opinión es que si le preguntas a cualquier ministro sobre el enfriamiento legal asociado con el derecho comercial, probablemente diga que no porque una decisión a este respecto nunca ha llegado a su oficina …. Pero si le preguntaras … a un abogado honesto que trabaja para el gobierno evaluando riesgos jurídicos de este tipo, si fuera sincero, diría que sí.
Algunos entrevistados comentaron que los gobiernos pueden descartar los riesgos financieros de la ISDS porque las sumas involucradas son manejables. Algunos entrevistados describieron la solución de un caso iniciado contra Canadá en virtud del TLCAN que costó CAD15 millones como “monedas de cambio” o como un “error de redondeo”[13]. Sin embargo, esta opinión fue contradicha por otros. Un ex funcionario de un ministerio relacionado con temas ambientales nos dijo que, “para un ministerio como [el de medio ambiente], CAD$15 millones es mucho dinero”, independientemente de si sale del presupuesto del ministerio o de los ingresos generales, porque el ministerio “no puede ser responsable de imponer ese [gasto] al sistema como un todo”.
4. La evaluación de los riesgos del comercio o de la ISDS involucra elecciones de valores. Los cambios en los procesos de toma de decisiones que hemos documentado aumentan el papel de los “valores comerciales” y la protección de los inversores extranjeros por sobre los valores competitivos.
No es sorprendente que haya opiniones contradictorias en el gobierno sobre si y cómo priorizar los intereses de los inversores extranjeros que entran en conflicto con objetivos ambientales o de salud. De hecho, parece ser que algunos funcionarios pueden invocar los “valores comerciales” como antítesis de las prioridades ambientales o de salud. Un funcionario de comercio de Ontario no dijo que algunos funcionarios, especialmente a nivel federal en el ámbito del comercio, son “verdaderos partidarios” de los acuerdos de comercio y todo lo que tiene que ver con los mismos. Los entrevistados con experiencia en regulación ambiental o en temas de salud expresaron una opinión similar. Según un experto en políticas con vasta experiencia en regulación ambiental federal señaló que[14]:
..el gobierno federal posee un ejército de abogados comerciales cuyo trabajo es atacar inmediatamente todo atisbo, o pensamiento que se aleje de las disciplinas comerciales. Están ahí para doblegar, tanto porque son verdaderos partidarios de la liberalización del comercio como cualquier cosa que ellos piensen que constituye un riesgo …. Se trata de un gran martillo que la gente de comercio está más que feliz de utilizar frente a iniciativas de otros departamentos.
Dejando de lado esta caracterización de algunos abogados de comercio, los funcionarios de comercio provinciales que fueron entrevistados parecían tener un enfoque más equilibrado y pragmático, aunque todavía arraigados a una versión de valores comerciales. Estos funcionarios citaron principios de no discriminación y la evitación de otorgar beneficios económicos a las firmas locales y expresaron su preocupación por las leyes que están siendo diseñadas con fines económicos disfrazados de ambientales.
Sin embargo, otros funcionarios expresaron una opinión opuesta señalando que las medidas ambientales tienden a ser exhibidas en términos económicos para afirmar que destruyen empleos o discriminan en favor de uno u otro interés económico[6]. De cualquier forma, los objetivos ambientales se ven frustrados por aquellos que defienden los valores comerciales. Un abogado del gobierno bien informado sobre el derecho comercial y la ISDS comentó que no existe algo como una medida “puramente” ambiental que esté libre de un impacto económico[2], y varios encargados de la toma de decisiones políticas señalaron que las iniciativas ambientales no procederían si no conllevaran un beneficio económico[15].
Conclusión
Nuestra investigación sobre la toma de decisiones ambientales en Ontario, Canadá, revela que la ISDS ejerce presión sobre los gobiernos para que veten propuestas regulatorias por su impacto en los inversores extranjeros, especialmente en aquellas burocracias reacias a los riesgos. El efecto disuasivo de la ISDS parece verse agravado por los costos de oportunidad de defender una medida frente a demandas entabladas por inversores extranjeros. Incluso un caso menor de ISDS puede consumir gran cantidad de tiempo y otros recursos. Los estudios de riesgo de ISDS, que a menudo son presentados como asesoramiento legal o técnico, pueden llevar a caracterizar las iniciativas ambientales como indebidamente dañinas o inapropiadamente beneficiosas para la economía y, a su vez, indeseables. El hecho de que la ISDS permita a los inversores extranjeros presentar demandas aumenta sus intereses, en relación con aquellos de otros electores, en la toma de decisiones del gobierno. A este respecto, creemos que es prudente concluir que la ISDS efectivamente lleva al enfriamiento regulatorio.
Autores
Gus Van Harten es profesor de la Facultad de Derecho de Osgoode Hall de la Universidad de York especializado en derecho internacional de las inversiones y arbitraje entre inversionista y Estado. Dayna Nadine Scott es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de Osgoode Hall y de la Facultad de Estudios Ambientales de la Universidad de York especializada en derecho ambiental y riesgos de regulación.
Notas
[1] Van Harten, G., & Scott, D. N. (2016). Investment treaties and the internal vetting of regulatory proposals: A case study from Canada. Journal of International Dispute Settlement, 7(1), 92–116. Extraído de https://doi.org/10.1093/jnlids/idv031; Van Harten, G., & Scott, D. N. (2017, en curso). Investment treaties and the internal vetting of regulatory proposals: A case study from Canada (Parte 2). En Bjorklund, A. K. (ed.). Yearbook on International Investment Law and Policy. Oxford: Oxford University Press.
[2] Entrevista a AH (25 de marzo de 2013).
[3] Entrevista a BK, BL y BM (23 de junio de 2014).
[4] Entrevista a BJ (28 de marzo de 2014).
[5] Entrevista a AX (22 de noviembre de 2013).
[6] Entrevista a AE (15 de abril de 2011).
[7] Entrevista a BH (24 de marzo de 2014) y a BP (14 de julio de 2014).
[8] Entrevista a AW (22 de noviembre de 2013).
[9] Entrevista a AM (8 de octubre de 2013).
[10] Agradecemos a Andreas Follesdal por este punto.
[11] Entrevista a AF (15 de abril de 2011).
[12] Entrevista a AL (4 de octubre de 2013) y a BA (3 y 10 de diciembre de 2013). Véase también Cooper, K., Bell-Pasht, K., Nadarajah, R., & McClenaghan, T.L. (2014). Seeking a regulatory chill in Canada: The Dow Agrosciences NAFTA Chapter 11 challenge to the Quebec Pesticides Management Code. Golden Gate University Environmental Law Journal, 7(1), 5, p. 31. Extraído de http://digitalcommons.law.ggu.edu/gguelj/vol7/iss1/4.
[13] Entrevista a AD (15 de abril de 2011).
[14] Entrevista a AG (14 de abril de 2011).
[15] Entrevista a AU (15 de noviembre de 2013).

El gran peligro del CETA: hace casi imposible revertir las privatizaciones

El gran peligro del CETA es que hace casi imposible revertir las privatizaciones
Entrevista con Tom Kucharz
elboletin.com
A sólo unos días de distancia de la entrada en vigor provisional del CETA y coincidiendo con la petición en el Senado de un estudio de constitucionalidad del tratado esta misma mañana, el portavoz de la Campaña estatal ‘No al TTIP, CETA y TiSA‘ , Tom Kucharz, conversa con El Boletín acerca de las implicaciones del acuerdo con Canadá, de la Europa de Jean Claude Juncker y del papel del PSOE y la socialdemocracia europea en el futuro andamiaje de la política comercial de los 27.
Miembro de Ecologistas en Acción, Kucharz ve efectos “directos” de los polémicos acuerdos de libre comercio sobre el día a día de la política nacional, regional e incluso local. Rechaza la idea de que la UE deba competir por imponer sus reglas al comercio internacional porque el mundo “ha asumido las normas que dictaron EEUU, la UE y Japón durante muchas décadas”. Cree que culpar a actores externos o a la propia globalización no hace sino “desviarnos del tema fundamental: que las políticas comerciales neoliberales son intrínsecamente injustas”.
¿Tendrá el CETA influencia real, en términos de PIB, o es más bien un símbolo para abrazar o rechazar la política comercial de la UE?
Los impactos de estos tratados no solamente deberíamos mirarlos desde la economía. Mucho más perversos y peligrosos son los impedimentos, la chaqueta de fuerza que se pone a los gobiernos al activar determinados cambios políticos. Ahora mismo es urgente regular el sector financiero, poner en marcha la transición energética, luchar contra la pobreza, la exclusión social y la violencia de género; todo esto requiere políticas económicas nacionales, regionales y locales. Lo que busca el CETA es lo contrario: que haya la mínima intervención política en la economía.
¿No debería ser la UE soberana para firmar este tipo de acuerdos en nombre de sus miembros?
Tomemos como ejemplo el CETA, que incluye la aplicación provisional del capítulo sobre servicios financieros. Esto permite al sector bancario la venta transfronteriza de servicios financieros de alto riesgo. Si ahora un parlamento quiere prohibir las transacciones especulativas o poner una tasa a las transacciones financieras internacionales, con el CETA sería mucho más difícil porque las futuras medidas para desregular el comercio transfronterizo entre Canadá y la UE se regirán por este pacto, lo que dará más derechos a los bancos impidiendo regulaciones en el sector, y a su vez nos pone en riesgo de nuevas burbujas especulativas.
Afecta a las políticas nacionales. Aunque argumenten que en muchos casos se trata de competencias exclusivas de la UE, ¿cómo dejar en manos de instituciones enormemente autoritarias como la propia Comisión Europea decisiones que, durante no sólo años sino décadas, rigen políticas públicas que luego serán muy difíciles de revertir en el ámbito nacional, regional y local?
Tenemos que invertir esa lógica, es enorme la cantidad de competencias que recaen sobre instituciones de la UE, sin procesos democráticos reales, que están afectando a la vida de la mayorías sociales.
¿Los tratados fomentan las privatizaciones?
Claramente. Ya de por sí quedan muy pocos sectores públicos protegidos tras las olas privatizadoras de los ultimos 30 años. Pero especialmente el CETA, negociado por el sistema de la lista negativa, excluye de los mecanismos de privatización a menos de una veintena de servicios. Y por ejemplo, la gestión del agua, que debería ser un sector absolutamente excluido de los tratados, no está.
Pero el gran peligro del CETA es que intenta hacer muy difícil o imposible revertir los procesos de privatización del pasado. Amenaza a la actual tendencia a remunicipalizar, por ejemplo el agua, los servicios de recogida de basura, limpieza, alumbrado público, etc. Como las funerarias en Madrid o la limpieza de las playas en Cádiz. Porque siempre pensamos en educación y sanidad, pero hay una gran cantidad de otros servicios que fueron privatizados y es urgente recuperarlos, y el CETA va a hacerlo muy difícil.
La cúspide europea argumenta que debe liderar la globalización para defenderse de actores como EEUU o China. ¿Qué responden los críticos?
No es cierto que ahora sean otros los que deciden las reglas internacionales de comercio. En gran medida se definieron a partir de la Segunda Guerra Mundial y en el 95 con la Organización Mundial de Comercio. Sabemos perfectamente que quienes dictaron las bases jurídicas y políticas entonces fueron las grandes corporaciones transnacionales, que en los ‘80 coescribieron con funcionarios de diferentes países, y en concreto de la Comisión Europea, gran parte del rumbo de la política comercial internacional.
Ahí se creó una arquitectura que busca la impunidad por las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos y los derechos laborales, por la contaminación que produce gran parte de la industrias vinculada a las exportaciones, relacionadas con comportamientos por la bajada de salarios, del dumping social etc. Y ha tenido consecuencias nefastas.
De hecho, gran parte de las industrias exportadoras e importadoras de la UE producen en China. Y es bastante hipócrita referirse ahora a este país porque pueda dictar las normas internacionales de comercio. China, desde la entrada a la OMC, ha asumido las normas que dictaron EEUU, la UE y Japón durante muchas décadas, y son normas que no permitieron un comercio internacional justo.
Concretamente la crisis en España, el enorme desempleo, las desigualdades sociales y salariales tienen que ver con el desmantelamiento de sectores productivos empobrecidos a base de aumentar la capacidad productiva de Alemania. Y el superávit comercial de Alemania, que en 2016 fue de 300.000 millones de euros, se traduce en países de la propia periferia europea con déficit comercial. Alemania exporta mucho más de lo que importa y eso tiene como consecuencia que España importa mucho más de lo que exporta. Lo que causa desempleo injusto y una deuda publica ilegítima en nuestra opinión.
Referirse siempre a actores como China para culparles de todo nos desvía completamente del tema fundamental: que las políticas comerciales neoliberales son intrínsecamente injustas, contrarias al estado de derecho y producen muchísimas desigualdades. Mientras se protegen los intereses de los inversores se descuidan los derechos laborales, sociales y climáticos, lo que conduce sistemáticamente a situaciones de enormes injusticias.
¿Es posible dar marcha atrás en la actual política comercial de la Comisión Juncker?
Estamos en una situación enormemente preocupante, porque ya son 30 años de políticas comerciales liberales que se han llevado por delante el estado del bienestar, que han privatizado servicios públicos, han empeorado las condiciones sociales y laborales de cientos de millones de personas en el mundo y son la causa fundamental del empeoramiento del cambio climático, la pobreza y las desigualdades. Y la Comisión Europea y la mayoría de los gobiernos del Consejo no muestran voluntad de atajarlo.
Sin embargo, la campaña de estos últimos años contra el TTIP, ahora congelado, pero sobre todo el rechazo social y político contra el CETA, ha abierto una brecha grande. No sólo porque millones de personas se han manifestado en la calle, sino porque la mayoría de sindicatos en Europa se está oponiendo a este tipo de tratados.
Han reaccionado muchísimos sectores que antes no se habían planteado el peligro de las políticas de comercio e inversión: desde empresas públicas, gestores públicos de agua, empresas públicas de radiotelevisión, asociaciones de pymes con campañas en Alemania, Austria y Francia… Más de 2.100 gobiernos regionales y locales en Europa se han declarado en oposición a estos tratados. También la Asociación Europea de Jueces, asociaciones de magistrados y fiscales de varios países, el más destacado Alemania (DBR), cuyos miembros han demostrado que los mecanismos de arbitraje son contrarios al derecho comunitario.
Es un cuestionamiento igualmente alimentado en organizaciones ecologistas, feministas, y una gran movilización del sector agrario por la soberanía alimentaria. Porque ya en el mundo rural hay una crisis enorme: lo que se paga a los productores muchas veces no cubre el coste de producción, y hay despoblación y falta de perspectiva para las generaciones futuras. Este tipo de tratados acelera esa crisis.
Cada vez son más las voces que defienden una renacionalización de las decisiones sobre las políticas comerciales, como ocurrió en Valonia. Y ese debate está abierto en una parte de la socialdemocracia europea, está claramente en los sindicatos, pero la oligarquía y las instituciones que solo representan a intereses corporativos están permanentemente moviéndose y reorganizándose. De hecho ya hay varios nuevos peligros en la política comercial: el presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, Bernd Lange, usó la mayor fundación de la socialdemocracia alemana (la Friedrich Ebert Stiftung) para impulsar un informe defendiendo un pequeño maquillaje a los capítulos laborales y de Desarrollo Sostenible de los tratados comerciales, con la intención de romper así la resistencia de las mayores confederaciones sindicales -el DGB- a textos como el CETA. Hablamos de sindicatos con millones de afiliados. Sería un revés tremendo que la socialdemocracia lograra frenar el actual rechazo de los sindicatos a la nueva generación de tratados.
¿Tiene entonces el PSOE en España y la socialdemocracia en la UE el poder de inclinar la balanza?
Claramente. Lo vimos en la votación del CETA en el Congreso: durante meses el PSOE más neoliberal defendió el sí incondicional junto a PP y Ciudadanos. Y sólo por la campaña estatal de ‘No al TTIP, CETA y TISA’ se logró que el PSOE se abstuviera, a raíz de su cambio interno y la nueva ejecutiva. En ese equipo hay personas que ya habían mostrado su rechazo al CETA, como Núria Parlón, Manuel Escudero, o la propia Cristina Narbona. De todas formas la abstención es absolutamente insuficiente para cambiar la situación, pero a medio o largo plazo podría convertirse en un ‘no’.
De ahí y de los posibles cambios políticos en Cataluña y quizá pueda haber un cambio en futuras constelaciones del Congreso. Y quizá con un gobierno del PSOE y Unidos Podemos se podría revertir esta política comercial, pero no sólo impidiendo futuros tratados sino abriendo la caja de Pandora y renegociando los tratados firmados en el pasado.
¿Hay avances en la transparencia de las negociaciones de este tipo de tratados, según los propósitos de enmienda del equipo Juncker?
Los pocos avances que hay son consecuencia de toda la movilización social y presión política de los últimos tres años. Que hace dos semanas la comisaria europea de Comercio y el vicepresidente de la Comisión hayan tenido que publicar los mandatos para negociar con Australia y Nueva Zelanda, y otros documentos, es gracias a esa presión. Pero no es suficiente: más transparencia sería que los parlamentos nacionales ahora tengan esos mandatos, puedan discutirlos y decidir sobre ellos antes de que se tome una decisión en el Consejo.
Pero la Comisión está preparando justo lo contrario, dividiendo los tratados en dos: la mayor parte de contenidos quedarían como competencias exclusivas de la UE, y requerirían solo la votación del Consejo y el Parlamento Europeo, sin pasar más por las cámaras nacionales. Se dejaría así la parte de protección a la inversión y los mecanismos de arbitraje fuera. Y esa sección se abordará con la propuesta que ahora plantea la Comisión: un ‘mega ISDS’ global que se llamaría el tribunal multilateral de inversiones.

El ‘TTIP canadiense’: un regalo único para las corporaciones transnacionales

El ‘TTIP canadiense’: un regalo único para las corporaciones transnacionales
Francesca Ricciardi, Lucía Bárcena y Tom Kucharz
Miembros de Ecologistas en Acción y de la Campaña estatal No a TTIP, CETA y TiSA
21/09
publico.es
El 21 de septiembre se aplicará de manera provisional el acuerdo de comercio e inversiones entre la Unión Europea y Canadá (CETA), un regalo a las élites económicas y financieras que se ha chocado con movilizaciones y una oposición política sin precedentes en este tema político.
Lo primero que debemos señalar es que sólo 4 parlamentos de los 28 Estados miembros de la UE han ratificado el acuerdo. Sin embargo el CETA sólo entrará en vigor plenamente cuando todos los parlamentos de la UE lo hayan ratificado. Y estamos muy lejos de eso. A pesar de ello, se aplica provisionalmente la mayor parte del acuerdo, como las secciones sobre la eliminación de aranceles de bienes, el capítulo de servicios y contratación pública, así como la cooperación en materia de reglamentación.
Con la aplicación provisional se pueden importar productos de carne (vacuno y cerdo) canadiense con productos tóxicos y prohibidos en la UE (tales como hormonas o ractopamina) o salmón transgénico debido a la falta de controles y procedimientos de certificación de la carne y pescado canadiense a su llegada a los puestos de inspección fronterizos europeos. Con el sólo control de la Oficina Alimentaria y Veterinaria en Canadá no hay garantías para el bienestar animal, sus alimentos y los antibióticos suministrados, la absoluta falta de trazabilidad y del etiquetado de los productos que contengan organismos modificados genéticamente (OMG), así como el tipo y niveles de plaguicidas autorizados y utilizados.
Canadá todavía permite 46 sustancias activas prohibidas en la UE y que los niveles máximos de residuos de plaguicidas autorizados en los productos alimenticios son mucho menos exigentes en Canadá que en la UE.
Las importaciones de carne es un aspecto que preocupa a la ganadería familiar europea porque los costes de producción son menores en Canadá. Esto podría agravar la guerra de precios. Con la reducción de aranceles en CETA (por ejemplo el 87% en comida procesada) se reducirán aún más los precios para la mala alimentación lo que incrementará los riesgos para la salud.
¿Cuáles son las consecuencias del capítulo sobre la cooperación reguladora?
Este capítulo tendrá impactos muy negativos a largo plazo retrasando o complicando la regulación de parlamentos y gobiernos porque habrá más mecanismos de bloqueo frente a nuevas regulaciones por parte del gobierno canadiense y las asociaciones empresariales.
Lo hemos visto con el reglamento para prohibir los contaminadores hormonales (disruptores endocrinos) y la regulación de tóxicos en la UE (REACH). La presión de Canadá, los Estados Unidos, con su labor de lobby en Bruselas, y de las corporaciones transnacionales que emplean estos tóxicos en sus productos, ha conseguido retrasar la regulación de los disruptores endocrinos casi 4 años. Los disruptores endocrinos alteran el sistema hormonal y por esta alteración se pueden producir enfermedades como cáncer y problemas metabólicos (obesidad y diabetes). Su coste sanitario en la UE se estima en un mínimo de 160.000 millones de euros al año.
A partir del 21 de septiembre no está garantizada la transparencia respecto al trabajo de los órganos de cooperación reguladora. Nos preocupa que empezarán a funcionar los distintos comités de la cooperación en materia de reglamentación sin estar obligados a publicar ex-ante la agenda, los informes de actividades ni las conclusiones, así como los dictámenes y posiciones de las distintas autoridades sobre los proyectos de regulaciones que serán afectadas por el CETA.
Estos comités buscan principalmente aumentar los intercambios económicos y no a reforzar las normas de protección de la salud, los trabajadores y el medio ambiente. Los mecanismos de diálogo previstos cortocircuitan los procesos democráticos parlamentarios y, en esta etapa, no puede descartarse un riesgo de interferencia de intereses privados en el proceso de toma de decisiones.
El problema es que muchos de los efectos de la cooperación reguladora serán difíciles de entender. Se trata de la presión a puerta cerrada sobre los funcionarios que preparan o cambian leyes, que nunca seremos capaces de detectar o demostrar en caso de duda. Será fundamental el control parlamentario de cómo se utilizará este capítulo.
Esto significa aumentar el control sobre los grupos de presión empresariales. Debemos estar vigilantes y reaccionar ante cualquier denuncia de diputados y funcionarios cuando las autoridades son presionadas por medios del CETA. Y necesitamos que los funcionarios hagan pública esta presión.
El CETA permite el sector bancario y financiero ampliar la venta transfronteriza de servicios financieros de alto riesgo al y desde el mercado único de la UE. Y en vez de prohibir transacciones especulativos, CETA se ajustará constantemente sobre la base de la evolución de ambos mercados. Un paso para dar más derechos a los bancos y especuladores, impidiendo regulaciones urgentes en este sector que puede provocar nuevos estallidos de burbujas especulativos como la inmobiliaria en España.
Con la aplicación provisional se liberaliza también el sector energético lo que profundizará la crisis climática. Canadá exportará más productos derivados de la extracción de hidrocarburos procedentes de arenas bituminosas lo que aumenta la demanda del petróleo no convencional y la explotación de los combustibles fósiles. Es vergonzoso como el propio Gobierno de Canadá publicita en su página web las “oportunidades y beneficios del CETA para los exportadores de petróleo y gas de Canadá” al caer los aranceles para las arenas bituminosas del 2.2% al 0%.
En España, no se ha creado todavía ninguna comisión encargada de supervisar la aplicación provisional del CETA, al que se le podría pedir que evaluara el impacto sanitario y medioambiental y que supervisara cuestiones delicadas como las nuevas técnicas de obtención de variedades modificadas genéticamente, así como la evolución de las regulaciones sobre productos fitosanitarios (por ejemplo, la clasificación y la prevención por los disruptores endocrinos).
La protección de los inversores en CETA es uno de los capítulos más peligrosos de este acuerdo
El litigio de arbitraje en CETA será mucho más fácil que en otros tratados como por ejemplo el NAFTA, el acuerdo de comercio entre los Estados Unidos, Canadá y México que se está re-negociando actualmente. CETA es el primer tratado en el mundo que proteger explícitamente las “expectativas legítimas” de los inversores mediante lo que se conoce como cláusula del “trato justo y equitativo”. Si este capítulo entrara en vigor, se podría tipificar una interpretación muy amplia de esta cláusula, que crearía “el derecho” a un entorno normativo estable. Esto daría a los inversores un instrumento para luchar contra cualquier cambio normativo, incluso aunque este se adopte a la luz de nuevas evidencias u opciones democráticas.
Justo antes de la firma del CETA hace un año, la Unión Europea y Canadá han intentado desviar el debate de fondo sobre la incompatibilidad de los tribunales de arbitraje y el Estado de Derecho con explicaciones muy engañosas. Han firmado declaraciones interpretativas, sin cambiar el contenido del capitulo. Pero es triste que esta ofensiva de maquillaje y propaganda haya conseguido atrapar una parte de los medios y partidos políticos.
Sin analizar que el CETA podría desencadenar un auge de litigios de grandes empresas lo que podría constituir una grave amenaza a las iniciativas de los Gobiernos y parlamentos para proteger a la ciudadanía y el medio ambiente.
Bélgica ha recurrido el sistema de arbitraje ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Hay abogados que consideran probable que el Tribunal de Justicia Europeo decidirá que la protección del inversor en CETA no es compatible con la legislación de la UE. El tribunal europeo podría argumentar que sólo los tribunales europeos son responsables de la interpretación de la legislación europea y no un tribunal internacional de arbitraje. Pero hay, por supuesto, abogados que lo ven de otra manera. El proceso de análisis por parte del TJUE por sí sola es una pequeña victoria del movimiento contra el CETA y podría prolongar el proceso de ratificación. Algunos parlamentos querrán esperar al dictamen del tribunal antes de votar el tratado si existen preocupaciones acerca de la legalidad del CETA.
¿Y qué sucede si un país no ratifica el CETA?
Si un país dice que No, la ratificación ha fracasado y el tratado no será jurídicamente vinculante. También existe la hipótesis de que algunos países jamás lleven el tratado a la ratificación por miedo de perder la votación. Eso significaría que la mayor parte del CETA estaría aplicándose por la vía de los hechos, pero no legítima ni democráticamente. Y sin la plena ratificación y entrada en vigor del CETA, el capítulo de la protección de la inversión nunca viera luz. Esto, también, sería una victoria para el movimiento de resistencia contra las políticas neoliberales de la UE y del Gobierno español.
No obstante, las organizaciones sociales y políticas integrantes de la campaña contra el CETA confíamos en que prosperen las iniciativas ciudadanas y legales para frenar un día el CETA y poner en marcha políticas comerciales alternativas que pongan en el centro el cumplimiento de los Derechos Humanos, la igualdad de género, los derechos laborales y la justicia social y ambiental.

Nuevo informe sobre el tratado de servicios, TiSA

El autor, Scott Sinclair es investigador principal en el Canadian Centre for Policy Alternatives (CCPA), donde dirige el Trade and Investment Research Project (Proyecto de investigación sobre comercio e inversión). Ha escrito extensamente sobre las consecuencias de los tratados de comercio en la regulación de los servicios públicos y del interés general. Antes de trabajar en el CCPA, Scott fue asesor principal en política comercial del Gobierno de la Columbia Británica.
La publicación está a cargo del Canadian Centre for Policy Alternatives y la Fundación Rosa Luxemburgo.

Introducción

Las negociaciones del TiSA están en marcha oficialmente desde marzo del 2013, y esta no es la primera vez que han expirado los plazos. Las dificultades para alcanzar un acuerdo —incluso tras más de 20 rondas de negociación completas y docenas de sesiones técnicas— dan una idea de lo delicados que son muchos de los asuntos a negociar, como la protección de datos, el comercio digital, la regulación del sector financiero o sobre si se deben incluir automáticamente futuros servicios que aún no existen. Los retrasos ponen de manifiesto cuestiones subyacentes de autoridad democrática y autonomía reglamentaria que están en juego en estas opacas negociaciones.
El propósito de este artículo es proporcionar un mayor entendimiento de estas cuestiones subyacentes. En él se sostiene que el TiSA, con el pretexto de expandir el comercio internacional de servicios, en realidad pretende eximir a las corporaciones proveedoras de servicios transnacionales de las diferentes regulaciones nacionales y locales, que consideran onerosas e innecesarias. Así pues, el acuerdo está diseñado también para abrir a la fuerza los servicios públicos a la participación comercial. Y si esto no fuera posible, al menos restringir al máximo los servicios y las empresas públicos a sus límites actuales. En consecuencia, el acuerdo propuesto, aunque trate teóricamente del comercio internacional de servicios comerciales, es un ataque dirigido directamente a las regulaciones y los procesos de decisión democráticos del sector servicios.
Para leer la publicación: TISA-ES
 

Los nuevos acuerdos comerciales de la UE, como continuación de las políticas neoliberales globales

Los nuevos acuerdos comerciales de la UE, como continuación de las políticas neoliberales globales
Marina Albiol
Eurodiputada y portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
Pablo Jiménez
Miembro del Área Federal de Medio Ambiente de Izquierda Unida
publico.es
Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, hizo el pasado 13 de septiembre balance del Estado de la Unión Europea en Estrasburgo y estableció los objetivos para el curso político que ahora se inicia. Además de sus loas a la supuesta recuperación, que mantiene en situación de pobreza severa a 40 millones de europeos, su apoyo al euro, la unión bancaria y su propuesta de aumentar las expulsiones de migrantes, reiteró la posición de la Comisión Europea sobre los acuerdos comerciales con otros países. Mantiene, como apuesta fuerte de su presidencia, la firma de nuevos tratados, siguiendo la estela del recientemente firmado con Canadá (CETA), aunque aún no ratificado por todos los parlamentos estatales. En concreto, Junker pidió a los Estados miembros su autorización para empezar a negociar nuevos acuerdos comerciales con diversos países, citando a Australia y Nueva Zelanda, además de seguir negociando con aquellos cuyos procesos están abiertos.
Los llamados tratados de libre comercio son escasamente conocidos por la población en general, a pesar de la enorme repercusión que tienen sobre su vida. Indudablemente, este hecho no es casual, sino que sus contenidos son conscientemente ocultados por quienes los negocian, conocedores de a quién favorecen realmente.
No obstante, dos de ellos, el TTIP y el CETA, sí han tenido cierta repercusión mediática, lo que ha propiciado que se conociera, aunque de forma muy superficial, cómo son este tipo de tratados entre la Unión Europea y otros países.
Desafortunadamente, lo que no sabe la población en general es que existe una lista extensa de acuerdos ya sea firmados, en fase de negociación, en espera de apertura de las negociaciones o paralizados – por distintos motivos-, pero no suspendidos, con otros países de todos los continentes, y que repasamos a continuación.
América del Norte
La Comisión Europea y Estados Unidos comenzaron las negociaciones por el TTIP en junio de 2013. Desde la llegada a Trump a la Casa Blanca, sin embargo, parecen haber quedado congeladas, pero todo parece apuntar que no definitivamente. Mientras, el CETA, entre la UE y Canadá, está a la espera de ratificación por parte de los Estados miembros tras la aprobación del Parlamento Europeo el pasado mes de junio. Este acuerdo, además, tiene la particularidad de que a pesar de no haber recibido el visto bueno de todos los parlamentos estatales, entró en vigor el 21 de septiembre de manera provisional. Por último, la UE negocia con México desde junio de 2016 la modernización del Acuerdo Global vigente. Su quinta ronda de negociaciones está prevista entre el 25 y el 29 de septiembre en Bruselas.
América del Sur
Las rondas de negociaciones con Mercosur se reanudaron en 2016, después de varios años de interrupción por desacuerdos en varias materias. Tras de los cambios políticos en Argentina, Paraguay, Brasil, y la marginación de Venezuela, su cuarta ronda de negociaciones está prevista entre el 2 y el 6 de octubre de este año en Brasilia.
Al igual que el tratado con México, la UE espera poder llegar a un acuerdo de actualización del Acuerdo que ya tiene con Chile en los pocos meses que quedan del año. De hecho, la Eurocámara ya aprobó este mes de septiembre una serie de recomendaciones para las negociaciones, que están lejos de las exigencias que el respeto a la democracia, al interés general y a unas relaciones comerciales dirigidas a acabar con las asimetrías, requerirían.
Asia
En noviembre de 2012 se iniciaron las negociaciones del acuerdo comercial con Japón – conocido como JEFTA- y, a falta de acercar posiciones en materia de protección de inversiones, el objetivo es cerrar un acuerdo para finales de este año.
La UE también abrió negociaciones bilaterales con algunos de los 10 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en julio de 2007. Por ejemplo, con Singapur se cerró un acuerdo en 2014, aunque su entrada en vigor está paralizada al haberse puesto en duda que la Comisión Europea fuera competente para su firma y haberse llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en mayo pasado dictaminó que el acuerdo comercial no puede celebrarse sin la participación de los Estados miembros. Este dictamen es determinante para la firma de futuros tratados en los que se contemple el campo de las inversiones y el régimen de solución de controversias entre inversores y estados.
Con Vietnam el acuerdo está en fase de revisión legal del texto y se espera su entrada en vigor en 2018. Y con Indonesia, la negociación está abierta y la próxima ronda de negociaciones se celebrará probablemente en otoño de este año.
Finalmente, con India se iniciaron negociaciones en abril de 2007, pero fueron paralizadas en 2013 por “desajustes en el nivel de ambiciones”, según las propias palabras de la Comisión Europea.
África del Norte
Marruecos y la UE entablan negociaciones en marzo de 2013 para modernizar el tratado vigente firmado en 1996. No obstante, quedan en suspenso en 2014 ya que Marruecos pretendía incluir aspectos no considerados anteriormente, con el Sáhara Occidental y sus recursos naturales como telón de fondo. Asimismo, con Túnez hay un proceso negociador abierto desde octubre de 2015 que pretende encarar la modernización del tratado que ya existe y que también se selló en 1996. La segunda ronda de negociaciones también está prevista para este otoño.
Países de África, Caribe y Pacífico
El Acuerdo de Cotonú, adoptado en el año 2000 en sustitución del Convenio de Lomé de 1975, constituye el marco general para las relaciones de la UE con 79 países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). Entre sus objetivos se plantea la cooperación económica y social, y en ella, la firma de acuerdos comerciales, llamados en este caso acuerdos de asociación económica (AAE), en teoría ligados a programas de ayuda para el desarrollo y un mejor acceso a los mercados de la UE. Entre estos se cuentan el acuerdo con países de África Occidental, aún no firmado; el acuerdo con países del África Meridional, firmado en junio de 2016; el acuerdo con países de la Comunidad de África Oriental, aún sin firmar; el acuerdo con países del África Central, aplicado de forma provisional desde agosto de 2014; el acuerdo con países del África Oriental y Meridional, aplicado de forma provisional desde mayo del 2012; el acuerdo con países del Foro del Caribe, aplicado de forma provisional desde diciembre de 2008; el acuerdo con países del Pacífico, ratificado por Papúa Nueva Guinea en mayo de 2011; y el aplicado provisionalmente con Fiyi desde julio de 2014.
Oceanía
Con respecto a Australia y Nueva Zelanda existe una resolución del Parlamento Europeo de 25 de febrero de 2016, sobre la apertura de las negociaciones de acuerdos de libre comercio con estos dos países. En el caso de Australia, el pasado mes de agosto se firmó un Acuerdo Marco de cooperación que contempla poner en marcha esta iniciativa, mientras que con Nueva Zelanda se quiere iniciar este mismo año.

Otros acuerdos
La UE tiene asimismo como uno de sus objetivos firmar el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA), con 23 países de la OCDE, un acuerdo que pretende liberalizar los servicios, incluyendo sectores de información y comunicación, tecnología, logística y transporte, servicios financieros y servicios para empresas. Las negociaciones se iniciaron en febrero de 2013 y hasta ahora se han celebrado hasta 21 rondas.
Los acuerdos comerciales como herramienta de dominación del capital
Este repaso del número total de tratados negociados o en negociación por parte de la UE nos hace ver la dimensión real del alcance de la política comercial de la Comisión Europea. Parece evidente que tras el fracaso de la ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio en su intento por lograr unas reglas del juego globales con carácter asimétrico, para favorecer claramente intereses de algunos países del Norte y, sobre todo, a sus multinacionales, la nueva estrategia neoliberal pasa por lograr alcanzar esos objetivos mediante la firma de acuerdos bilaterales o plurilaterales.
Si bien todos los acuerdos anteriormente citados no tienen un redactado común y pueden variar en alguno o bastantes de sus contenidos, sí que participan de un ideario compartido que se refleja en unos principios básicos:

  • Desregular

Todas aquellas normas que se entiendan que pueden limitar el comercio, en el sentido de reducir el volumen de ganancias de quien lo ejerce o cuestionar la viabilidad social sanitaria o ecológica de un producto, deben ser puestas en tela de juicio o directamente eliminadas. En este sentido, son muy significativas las palabras de Junker – por oportunistas y faltas de coherencia-, quien a la vez de hacer una defensa cerrada de la lucha contra el cambio climático, no hace nada para introducir cláusulas ambientales en muchos de estos tratados.
Un caso paradigmático es la connivencia para arrasar las selvas ecuatoriales y tropicales – que son garantía de biodiversidad-, en África, Sudámerica o el Sudeste asiático, para implantar monocultivos de palma; o la comercialización de productos petrolíferos o derivados de combustibles fósiles como el gas de esquisto o las arenas bituminosas, aún más contaminantes que los convencionales, saltándose los ya débiles acuerdos de París. Sin normas que preserven la biodiversidad y limiten la quema de combustibles fósiles no se puede luchar contra el cambio climático.

  • Asegurar las inversiones

La sentencia del TJUE sobre el tratado de Singapur resultó dura para la Comisión Europea, que no quería reconocer que los Estados miembros tenían algo que decir sobre los contenidos complejos y diversos contemplados en este y otros tratados. De esta forma, también en el CETA se ha reconocido su carácter de tratado mixto, porque invade competencias de los estados y, por tanto, debe ser ratificado por los parlamentos estatales y, en alguno de ellos, dependiendo de su Constitución, por los parlamentos regionales.
Pero la Comisión Europea no ha tirado la toalla y entre el paquete de medidas que planteó el pasado 14 de marzo para implementar los acuerdos comerciales existe una que puede modificar su propia estructura actual para esquivar la decisión judicial. En este sentido se entiende la propuesta de crear un tribunal multilateral de inversión, que evitaría incluir un capítulo especial sobre este tema en los tratados, por lo que sería suficiente hacer una referencia a la obligatoriedad de asumir que cualquier litigio se solventaría en dicho tribunal. De esta forma, los acuerdos comerciales podrían ser aprobados sin pasar por los parlamentos estatales. Una nueva perversión.
Mención aparte merece la propuesta de crear un marco europeo de control de la inversión extranjera directa, entendiendo por ello un freno a la entrada de capitales estatales, de China particularmente, que pongan en peligro el statu quo del negocio de las grandes empresas europeas.

  • Controlar la adopción de nuevas normas

En alguno de los tratados aprobados o en vías de aprobación existe la posibilidad de crear un ente de cooperación reguladora cuyo cometido estaría enfocado a asesorar a las partes firmantes sobre aquello que pueda ser legislado y pueda ir en contra de los tratados firmados, en una clara intromisión en la soberanía estatal.
Ahora se plantea crear un grupo consultivo sobre los acuerdos comerciales de la UE, invitando a participar a distintos sectores de la sociedad civil. Esta medida, al igual que la de informar por su parte sobre cualquier nuevo mandato de apertura de negociaciones, responde al interés de la Comisión Europea de mejorar la imagen de falta de transparencia que ha mostrado hasta ahora en las negociaciones de los tratados más conocidos, por no hablar de su inexistencia en aquellos no conocidos.

Oposición y alternativas a los acuerdos comerciales actuales

Como puede verse, no hay nada nuevo entre los objetivos comerciales de la Comisión Europea. En realidad, sólo existe uno: favorecer a los grandes grupos transnacionales profundizando en la senda de nuevos tratados bilaterales o plurilaterales de comercio que afiancen la agenda neoliberal.
El discurso de Junker y el paquete de medidas diseñado para implementar los acuerdos comerciales tratan de ofrecer una mejor imagen de los mismos y de sus procesos de negociación, presentándolos como iniciativas progresistas encaminadas a mejorar las relaciones entre países y sus niveles de desarrollo a través del comercio.
Pretenden ofrecer una mayor transparencia con la publicación, a partir de ahora, de todas sus recomendaciones de directrices de negociación para acuerdos comerciales -conocidas como mandatos de negociación-, y tratando de sumar a colectivos o entidades sociales a esos procesos siempre y cuando se muestre apoyo y docilidad, como se demuestra con iniciativas como las ratificaciones exprés que estudia la Comisión Europea para evitar la crítica o el disenso de parlamentos, territorios o colectivos sociales.
En el plano global, algunos estados de la UE han mostrado reservas sobre la actual proliferación de acuerdos comerciales, sobre todo con los aspectos relacionados con la protección de inversiones –que limita la soberanía de los estados- y en el caso de los países más pobres, con la protección de sus productos agroganaderos.
Pero ha sido la sociedad civil organizada la primera que ha mostrado su rechazo a unos acuerdos que no sólo no garantizan una mejora en sus condiciones de vida, sino que en muchas ocasiones destruyen sus modos de producción tradicionales o esquilman sus recursos naturales. Las protestas desatadas en la India y otros países de Asia y Oceanía integrantes del RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership); las acusaciones de neocolonialismo por parte de las organizaciones campesinas africanas contra los AEE, en relación con la soberanía alimentaria y la agricultura en pequeña escala; el llamamiento de Vía Campesina a una semana de lucha global contra la OMC y los tratados de libre comercio, en paralelo a la convocatoria de la ‘Asamblea Argentina mejor sin TLC’, que ha organizado una movilización hasta Buenos Aires entre los días 11 y 14 de diciembre, coincidiendo con una reunión de la OMC; o las protestas generalizadas en el conjunto de la UE y las más de 3,2 millones de firmas de la Iniciativa Ciudadana Europea contra el TTIP y el CETA ,son una muestra de las dimensiones de la protesta contra la globalización neoliberal.
Algunos países de América del Sur se enfrentaron al ALCA, aquel tratado que EEUU quería imponer como una nueva forma de dominio, planteando alternativas como el ALBA o la Nueva Arquitectura Financiera Regional (NAFR) que abogaban por la construcción de relaciones de complementariedad y solidaridad entre pueblos y se oponían a la competencia absoluta dictada por el libre comercio.
Estas iniciativas, que actualmente combaten y han desmantelado – en parte- los nuevos dirigentes neoliberales de algunos de estos países latinoamericanos, tienen su continuación en el Tratado Internacional de los Pueblos, un espacio creado para el control de las empresas transnacionales, que ha sido impulsada por la red global de movimientos sociales ‘Desmantelando el poder corporativo’. Su objetivo es “someter la arquitectura jurídico-política que sustenta el poder de las empresas transnacionales a normas y reglas de protección de los derechos humanos”.
Porque lo que está sucediendo con estos acuerdos no es otra cosa que un ataque inmisericorde a los derechos de los seres humanos, a sus recursos patrimoniales, tanto naturales como culturales, a su modo de entender la vida, o a sus relaciones, cambiando el sentido de sus economías, que pasan a estar dedicadas casi exclusivamente a la exportación, rompiendo las cadenas de producción y consumo locales y condenando a las poblaciones de los países del Sur global al desempleo, al hambre y la pobreza.
Para derrotar a la ya conocida como arquitectura de la impunidad plasmada en los textos de estos tratados y que protege a las grandes corporaciones, no queda otra que la solidaridad y las acciones conjuntas entre pueblos. Frente a la globalidad neoliberal, globalidad popular.

Curso ‘Desmontando el poder corporativo’

¿Qué poder tienen las empresas transnacionales? ¿Cuál es el papel que juegan en la firma de los tratados de “libre comercio”? ¿Qué efectos tienen en ciudades como Madrid? ¿Cómo están siendo las respuestas por parte de las organizaciones y colectivos sociales frente a los impactos sociales, ambientales y laborales que están causando? ¿Qué propuestas alternativas se están poniendo en marcha?
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