Noticias de la Campaña estatal #NoalTTIP

PP, PSOE y Cs impiden que el Tribunal Constitucional opine sobre el CETA

La campaña No al TTIP, CETA y TiSA lamenta que hoy una amplia mayoría parlamentaria haya dado la espalda a diversos colectivos sociales y ambientales, sindicatos y a una ciudadanía que desde hace 4 años está alertando de los impactos del CETA, TTIP y TISA en nuestra democracia, soberanía y derechos sociales y laborales.

Hoy, jueves 18 de mayo, el Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado que el Tratado Económico y Comercial entre la Unión Europea y Canadá (CETA) se someta a un dictamen previo de constitucionalidad y se ha adjudicado en exclusiva el derecho a debatir y decidir sobre este tema, negándolo al resto de instituciones públicas, sectores sociales afectados y a la ciudadanía en general.
La Campaña No al TTIP, CETA y TISA denunciamos que con esta votación el PP, PSOE, Ciudadanos y la derecha nacionalista, se han alineado en el bando inequívoco de primar los intereses de las corporaciones y de los beneficios privados de las grandes empresas frente al de las mayorías sociales.
Por su parte, los grupos que han mantenido la postura de pedir que se debata en el Congreso de manera democrática las consecuencias de aprobar el CETA – Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, Compromís, Esquerra Republicana de Catalunya y EH Bildu-  han trasladado las preocupaciones de las  organizaciones agrarias, sindicatos, de la sanidad y educación pública, operadores de gestión pública del agua, los organismos en defensa de los consumidores, los grupos ecologistas y defensores de los derechos digitales, ONGs de cooperación internacional y de Derechos Humanos, el movimiento feminista, colectivos de jueces y abogados, así como sectores de  las pequeñas y medianas empresas (PYME), que han denunciando en múltiples ocasiones y aportando informes y evidencias de los impactos negativos y las peligrosas consecuencias de entregar la soberanía y el estado de derecho a un tribunal de arbitraje «ICS» (investor court system», Sistema de Tribunal de Inversiones), o sea un tribunal de exclusivo acceso para las corporaciones y que servirá para someter a los Estados aún más a los intereses de estas.
Estamos especialmente indignadas e indignados por la falta de respeto al movimiento organizado, plural y representativo de un amplísimo sector de la sociedad respalado por más de 3.5 millones de firmas en toda Europa. En especial por las veladas acusaciones de situarnos al lado de los populismos de la extrema derecha, como ha insinuado la Sra. Soraya Rodríguez del PSOE, a la que pedimos que se retracte públicamente.
El intento de arrebatar el derecho a informar y consultar a la ciudadanía sobre asuntos como los tratados de comercio internacionales ya fue denunciado por el Tribunal General de la Unión Europea, quien envió un mensaje a la Comisión Europea alertando de la poca democracia y falta de participación ciudadana que había habido respecto al CETA.
La campaña No al TTIP, CETA y TISA continuará con su llamamiento a la movilización ciudadana, con propuestas, argumentaciones  e informes para desmontar y desenmascarar los verdaderos objetivos de estos tratados.
La campaña ha puesto a disposición de la ciudadanía un portal de transparencia para traer un poco de luz a la oscuridad con la que se está queriendo ratificar el tratado. El portal se puede visitar en la página web: www.noalttip.org/ceta-al-dia
Además, para no quedarnos en la indignación, la campaña anuncia el próximo 3 de junio una manifestacíon estatal, ya que al parecer es la única vía en la que la ciudadanía se puede hacer escuchar en contra de estos tratados.
Notas al editor:

 

Diversos sectores de la sociedad civil europea y canadiense piden el rechazo del CETA

Diversos sectores de la sociedad civil europea y canadiense piden el rechazo del CETA
En ocasión de la jornada ‘Los peligros del Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá (CETA)’ la Campaña No al TTIP, CETA, TiSA hace entrega de una carta a todos los grupos parlamentarios en la que reitera las amenazas que el CETA representa para la ciudadanía.

Descarga la carta
‘Nosotras, las organizaciones de la sociedad civil de Canadá y Europa abajo firmantes, expresamos nuestra profunda preocupación ante el Tratado Económico y Comercial entre la Unión Europea y Canadá (CETA).
Durante el largo proceso de las negociaciones y la revisión legal, repetidamente hemos señalado que encontrábamos grandes problemas en el texto del CETA.
Aportamos contribuciones concretas que podrían haber provocado un cambio hacia una política comercial más transparente y democrática y que tuviera en su centro el cumplimiento de los Derechos Humanos, la protección del medio ambiente y los derechos fundamentales de las poblaciones. Pero nuestras preocupaciones no se vieron reflejadas en el texto final del CETA firmado en el Consejo de la UE el pasado octubre de 2016 y ratificado, tristemente, por una mayoría del Parlamento Europeo el pasado 15 de febrero. No obstante, seguimos con nuestra oposición firme a la ratificación del tratado.
Nuestras objeciones son compartidas por un número creciente de personas en ambos lados del Atlántico. 3,5 millones de persones de toda Europa, un verdadero récord, firmaron una petición en contra del CETA y su tratado gemelo, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, TTIP.
Más de 2.300 gobiernos regiones y locales se declararon territorios libres del CETA y del TTIP. Surgieron cuestionamientos constitucionales en Alemania , en Francia y en Canadá y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estudiará pronto y dirimirá sobre la legalidad de los controvertidos privilegios de los inversores extranjeros en el CETA. En el Estado español hay 8 parlamentos autonómicos que han pasado resoluciones contra el TTIP y el CETA, y casi 200 municipios en contra, incluyendo algunas ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Valladolid.
En ambos lados del Atlántico, organizaciones agrarias, sindicatos, la sanidad y educación pública, operadores de gestión pública del agua, los organismos en defensa de los consumidores, los grupos ecologistas y defensores de los derechos digitales, ONGs de la Cooperación al Desarrollo y de los Derechos Humanos, así como las pequeñas y medianas empresas (PYME) rechazaron este tratado.6 En octubre de 2016, cuatro gobiernos federales belgas se preocuparon acerca de los impactos negativos del Tratado, y, en particular, su peligroso tribunal de arbitraje «ICS» (investor court system», Sistema de Tribunal de Inversiones o sea un tribunal para dirimir los litigios inversor-Estado), y casi llegaron a impedir que su gobierno federal firmase el CETA.
A pesar de la controversia, el gobierno español está tratando de acelerar la ratificación del CETA sin ningún tipo de debate parlamentario, ni estudio de impacto ni análisis del contenido del tratado a ratificar, y sin dejar tiempo para cualquier consulta pública sobre el tratado final. El Parlamento Europea también acortó sus procesos de consultas internas, y limitó gravemente el debate sobre la ratificación del texto de 1.600 páginas del CETA. Un 95% del tratado entrará en vigor provisionalmente, posiblemente el 1 de junio, mucho antes de que los parlamentos de los 28 Estados miembros de la Unión Europea puedan opinar y votar sobre el convenio.
Para lograr apoyos para la ratificación del CETA y disipar preocupaciones, numerosas declaraciones se anexaron al texto en los pasados meses. Sin embargo, no se cambió ni una letra del texto oficial del CETA desde su versión final publicada a comienzos de 2016. Y las declaraciones anexas, incluso un «Instrumento adjunto de interpretación» no solucionan ninguno de los problemas que surgen del conflictivo texto del CETA, como los expertos han demostrado.
Queremos resaltar algunas de nuestras preocupaciones fundamentales sobre el tratado tal como fue firmado.
● El CETA autorizaría a miles de corporaciones a demandar a los gobiernos sobre medidas legítimas y no discriminatorias para la protección de la población y del planeta. Nada en el tratado o en las declaraciones anexas podría detener a las corporaciones de utilizar los derechos a los inversor que provee el CETA para intimidar a los gobernantes de manera que se alejen de las regulaciones de interés público, por ejemplo, para abordar el cambio climático. El CETA, incluso, deja la puerta abierta para «compensar» a las corporaciones por beneficios no realizables (lucro cesante) cuando un cambio en la política afectara a sus inversiones. Lejos de haber reformado «radicalmente» el ISDS (Investor-State Dispute Settlements) o sea, el sistema de resolución de litigios inversores-Estado, el CETA lo expande y lo arraiga.
● El ICS del CETA garantiza a los inversores unos derechos no forzosos pero no sus correspondientes obligaciones. No permite a los ciudadanos, a las comunidades o a los sindicatos a presentar una demanda cuando una compañía viola normas ambientales, laborales, sanitarias, de seguridad y otras. Esto puede ser incompatible con el derecho comunitario ya que establece un sistema legal paralelo, que autoriza a los inversores a eludir los tribunales existentes. El ICS es discriminatorio porque garantiza derechos a los inversores extranjeros que no son permitidos ni a la ciudadanía ni a los inversores nacionales.
● En un neto contraste con los derechos de las corporaciones, las provisiones del CETA en cuanto a derechos laborables y desarrollo sostenible no pueden ser efectivamente reforzadas mediante sanciones. Quedan como declaraciones huecas que no tienen en cuenta los peligros que otros capítulos del tratado afectan a derechos de los trabajadores, a la protección del ambiente y a medidas para mitigar el cambio climático.
● El CETA limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas. El CETA es el primer tratado de la Unión Europea que hace de la liberalización de los servicios la regla y de una regulación de interés público la excepción. Esto amenaza el acceso de la población a servicios de alta calidad tales como el agua, el transporte, la asistencia social y sanitaria, así como atenta contra una provisión de servicios públicos que estén de acuerdo con los objetivos de público interés.
● Un estudio independiente de los impactos económicos del CETA predice que se perderán puestos de trabajo tanto en la Unión Europea como en Canadá, que el crecimiento económico será más lento con el tratado, y que la pequeña ganancia en ingresos iría principalmente a los dueños del capital y no a los trabajadores. Como resultado, se espera que, estando en vigor el CETA, la desigualdad sea mayor.
● El CETA hace que Canadá y la Unión Europea sean más vulnerables a las crisis financieras puesto que se producirá una mayor liberalización de los mercados financieros. También se restringirán severamente las reformas que tienen por objeto eliminar las causas claves de la instabilidad financiera y que aseguren una mejor protección de los consumidores y la economía en conjunto.
● El CETA podría aumentar el coste de las prescripciones de medicamentos a, al menos, 858 dólares canadienses por año (583 millones de euros). También impactaría negativamente en los derechos fundamentales, tales como el derecho a la privacidad y a la protección de datos y limita la capacidad tanto de la Unión Europea como de Canadá para reducir unas patentes excesivas (derechos de propiedad intelectual) que a su vez limita el acceso al conocimiento y a la innovación. Algunos derechos de propiedad intelectual en el CETA se parecen mucho al texto del ACTA (Anti- Counterfeiting Trade Agreement) un tratado comercial antifalsificación para proteger las patentes y la propiedad intelectual que fue rechazado por el Parlamento Europeo.
● Las normas del CETA en cuanto a la cooperación reguladora y las regulaciones nacionales pondrán obstáculos adicionales a las regulaciones y reforzarán el papel de los lobbistas corporativos en los procesos de elaboración de las políticas, y potencialmente socavando las tan necesarias políticas de interés público.
● En ambos lados del Atlántico, el CETA expondría a los agricultores a una presiones competitivas que minarían su modo de vida con una pequeño beneficio para los consumidores, aumentaría el control sobre las semillas, obstruiría las políticas de la compra de alimentos locales; y amenazaría los estándares de la producción y procesamiento de alimentos, destruyendo todo el esfuerzo para impulsar la agricultura sostenible.
● Las medidas de precaución para proteger a los consumidores, a la salud pública y al medio ambiente pueden ser desafiadas por el CETA basándose en las declaraciones de que son solo medidas gravosas, que no tienen base científica y que pueden ser barreras disimuladas al comercio. Nada en el texto del CETA o en las declaraciones anexas protege efectivamente el papel del principio de precaución en la política regulatoria europea, mientras algunas secciones hablan directamente de principios conflictivos.
El CETA es el resultado de un proceso de negociación en gran medida secreto entre el anterior gobierno canadiense y la anterior Comisión Europea. El texto final del CETA y las declaraciones anexas ignoran casi todas las enmiendas razonables y muy específicas propuestas por la sociedad civil18 para abordar los errores del tratado. El intento más reciente para reabrir las negociaciones, por el gobierno de la región de Valonia en Bélgica, fue bloqueado. Ahora, solo es posible el «llévelo o déjelo», el voto afirmativo o negativo del tratado de las 1.600 páginas.
Demandamos:
● al Congreso de los Diputados y al Senado de España, a que defiendan los derechos y los intereses de las poblaciones que representan contra las amenazas que implica el CETA votando en contra de la ratificación del tratado.
● a los muchos gobiernos municipales (entre ellos Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza y Valencia), y los parlamentos regionales tales como Extremadura, Valencia, Cataluña, Islas Baleares, Cantabria y Navarra, que ya han manifestado en resoluciones su oposición al CETA, a que se incluya sus voces en el proceso de ratificación.
● a las partes, a que comiencen por hacer una consulta completa y democrática, que incluya a la sociedad civil, sobre la base de una nueva, justa y sostenible política comercial.
Tal como están las cosas, el CETA no es un tratado comercial progresista. Sería una equivocación adoptar este tratado, con sus muchas disposiciones preocupantes e ilegales, como un modelo para futuros tratados. El CETA es una versión retrógrada y aún más intrusiva de las viejas políticas de comercio diseñadas por y para las más grandes multinacionales.
Necesitamos un cambio de paradigma que lleve a una política comercial transparente e inclusiva basada en las necesidades de las poblaciones y de nuestro planeta. La ratificación del CETA nos llevará muy lejos de ese cambio imprescindible.

Media docena de partidos rechaza el CETA un día antes de su llegada al Congreso

Media docena de partidos rechaza el CETA un día antes de su llegada al Congreso

El Pleno vota este jueves la enmienda a la totalidad presentada por el grupo Unidos Podemos, así como la cuestión previa de constitucionalidad que permitiría remitir el acuerdo comercial entre la UE y Canadá al Tribunal Supremo. PP, PSOE y C’s votarán en contra en ambos casos, por lo que se espera que el tratado siga su tramitación en la Cámara Baja

MADRID
17/05/2017
Alejandro López de Miguel
publico.es
Podemos, ERC, IU, Compromís, EH Bildu y Equo han plasmado este miércoles su rechazo al polémico CETA, el tratado de libre comercio entre Canadá y la UE, pocas horas antes de su primer desembarco ante el Pleno del Congreso.
En una jornada organizada por la Campaña no al TTIP, CETA y TiSA, que aglutina a más de 350 organizaciones sociales, sindicales o ecologistas, celebrada en las dependencias de la Cámara Baja, estos partidos han emitido una declaración que critica el procedimiento empleado para su tramitación, y exige la “suspensión del procedimiento” para ratificarlo.
También llaman al resto de formaciones a votar a favor de la cuestión previa de constitucionalidad impulsada por Unidos Podemos, que permitiría someter el acuerdo CETA al escrutinio del Tribunal Constitucional. Consideran que el tratado es lesivo para los intereses de los españoles, que supone un retroceso democrático y en materia de soberanía, pero la correlación de fuerzas en la cámara permite afirmar que su iniciativa está sentenciada a fracasar.
PP, PSOE y C’s votarán en contra de remitir el Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA, en inglés), por lo que esta cuestión previa no podrá salir adelante. Previsiblemente, estos partidos rechazarán también la enmienda a la totalidad planteada por el grupo confederal Unidos Podemos- En Comù Podem- En Marea, que será defendida por el diputado Pablo Bustinduy unos minutos antes de que el Pleno se pronuncie sobre la iniciativa que pide el pronunciamiento del Constitucional.
El homólogo alemán del Alto Tribunal ya ha dado su visto bueno al acuerdo -imponiendo algunas condiciones para su ratificación-, mientras en Francia se está dando un procedimiento de revisión constitucional similar.
Inicialmente, fuentes del grupo Unidos Podemos y del PSOE explicaron a este diario que el jueves se sometería a votación el acuerdo, pero hoy precisan que, por el momento, no hay fecha para el debate de ratificación. “Mañana se vota la enmienda y la cuestión previa”, precisan.
Este miércoles, varios diputados de las citadas formaciones han participado en las jornadas organizadas por los activistas para tratar de explicar algunos de los peligros del CETA, y han criticado la posición del PSOE, que ya votó a favor del acuerdo en la Eurocámara, en febrero de este año. A su entrada en el acto, Bustinduy recordaba que el grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo se dividió para votar el CETA, aunque esta división no afectó a la delegación española. Bustinduy ha tildado de “incomprensible” que PP, PSOE o Ciudadanos apoyen el CETA, y de “aún más incomprensible” que veten que el Constitucional se pronuncie al respecto.
“Si alguien está convencido de que respeta la Constitución no hay ningún problema, y, si es al revés, entonces sí tenemos un problema. No se puede esquivar una cuestión de tanto calado y profundidad como que este tratado pueda quebrar e incumplir preceptos fundamentales y derechos fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional”.
El portavoz de Exteriores de su grupo también ha denunciado las maniobras de PP, PSOE y C’s en la Mesa del Congreso -desveladas por Público- para paralizar las iniciativas de Unidos Podemos contra el acuerdo y ha calificado de “nocivo” el acuerdo. “Tendrá tremendas implicaciones para los derechos de la ciudadanía en nuestro país“.
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El Congreso decidirá este jueves si envía el acuerdo de libre comercio con Canadá al Constitucional

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La Mesa rectifica y permite que el Pleno debata la cuestión previa de constitucionalidad y la enmienda a la totalidad planteadas por Unidos Podemos
Aitor Riveiro
eldiario.es
El empeño de Unidos Podemos por detener la tramitación del tratado de libre comercio firmado entre la UE y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) llegará esta semana al Pleno del Congreso y por partida doble. Los diputados debatirá, y votarán, si elevan el acuerdo al Tribunal Constitucional para que determine si se ajusta a la Carta Magna. Además, se debatirá la enmienda a la totalidad contra el texto registrada por el grupo confederal.
La tramitación parlamentaria del CETA en España comenzó el pasado mes de abril, tras ser aprobado por el Parlamento Europeo. Unidos Podemos presentó una cuestión previa de constitucionalidad, un mecanismo que está previsto en la propia Carta Magna expresamente para los tratados internacionales.
Pero la Mesa del Congreso optó por desestimar esta petición y pedir a los letrados de la Cámara un informe en el que estos dijeran si el tratado cumple o no con la Constitución. Un encargo que fuentes parlamentarias reconocen que se escapa de sus competencias. No en vano, el 4 de abril los letrados propusieron a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, admitir a trámite la cuestión previa, según ha confirmado eldiario.es.
Tras una petición de reconsideración de Unidos Podemos y la denuncia pública del intento de impedir una acción que la propia Constitución permite, la Mesa del Congreso ha reconsiderado su decisión y tramitó la iniciativa, que finalmente será discutida el próximo jueves, según el orden del día provisional del Pleno.
Si la mayoría de los diputados votan a favor, el Congreso remitirá el CETA al alto tribunal para que estudie si se adecúa a la Constitución española. Desde Unidos Podemos no confían en que esto ocurra y apuestan porque PP, PSOE y Ciudadanos sumarán sus votos para permitir que el tratado de libre comercio con Canadá prosiga su camino en las Cortes.
Tampoco creen que salga adelante la enmienda a la totalidad. Si un país de la UE rechaza el acuerdo, este no entrararía en vigor para ninguno y se tendría que renegociar.
Los tres partidos ya votaron a favor del CETA en el Parlamento Europeo el pasado 15 de febrero con el rechazo de Los Verdes Europeos y el GUE, el grupo donde se encuadran tanto los eurodiputados de Podemos como los de IU.
El debate y votación de ambas iniciativas se producirá el jueves. Un día antes, Unidos Podemos-En Comú-En Marea, ERC, Compromís y Bildu organizarán un acto en el propio Congreso contra el CETA bajo el título “Los múltiples peligros del acuerdo económico y comercial global entre la UE y Canadá”.
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Desde el grupo parlamentario de Unidos Podemos critican que las tres fuerzas se hayan unido para someter a la votación del Pleno el envío del acuerdo comercial CETA al Tribunal Constitucional el próximo jueves, el mismo día en que se vota el tratado, e incluso después de que la cámara ya haya dado luz verde al acuerdo.
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL @Alopezdemiguel
publico.es
El Gobierno sigue pisando el acelerador para garantizarse la aprobación en el Congreso del tratado comercial entre la UE y Canadá, CETA, con el apoyo de PSOE y Ciudadanos. Esta semana, la Junta de Portavoces acordó que el polémico acuerdo comercial se vote en el Pleno del próximo jueves 18. También se debatirá la enmienda a la totalidad presentada por Unidos Podemos, que lleva la firma de su portavoz en la Comisión de Exteriores, Pablo Bustinduy.
La ratificación del acuerdo, asegurada por los números que suman PP, PSOE y C’s, se votará el mismo día en que se considera la cuestión previa de constitucionalidad, después de que el Congreso se haya posicionado sobre el CETA
Por su parte, desde el grupo parlamentario de Unidos Podemos recuerdan que han interpuesto una batería de iniciativas parlamentarias para impedir la tramitación de un acuerdo que, a su entender, resta soberanía a los españoles. Tras algunos encontronazos con el resto de partidos presentes en la Mesa del Congreso, el órgano de gobierno de la cámara, ésta decidió calificar su propuesta de votar en Pleno una cuestión previa de constitucionalidad, iniciativa que permitiría pedir al Tribunal Constitucional que analice si el CETA vulnera las disposiciones de la Carta Magna, como denuncian Unidos Podemos y cientos de organizaciones sociales, sindicales y civiles.
Según este grupo, lo más sorprendente es que la ratificación del acuerdo, asegurada por los números que suman PP, PSOE y Ciudadanos en la cámara, se votará el mismo día en que se considera la cuestión previa de constitucionalidad, incluso después de que el Congreso ya se haya posicionado sobre el CETA. Simplificando, primero se votará el CETA, y después si la cámara manda el acuerdo al Alto Tribunal para que aclare si vulnera la Constitución.
Es un disparate que revela sus prisas por aprobarlo“, aseguran fuentes del grupo confederal Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea. Reconocen que en este punto es muy difícil actuar contra el polémico CETA, e insisten en que a todas luces el acuerdo supone una pérdida de soberanía evidente, entre otros motivos por el recurso a los polémicos tribunales de arbitraje, a los que sólo pueden acceder las empresas inversoras, obviando los canales judiciales nacionales.
Critican también la actitud del Partido Socialista, y aseguran que “no responde” a su petición de que respalden que el Constitucional revise el CETA antes de que los diputados, que en la inmensa mayoría de los casos no han accedido a las más de 1.600 páginas del acuerdo, se pronuncien.
Por su parte, desde el Partido Socialista argumentan que no tiene sentido votar su remisión al Constitucional “sin saber si va a ser ratificado o no“. “Primero hay que ver si se ratifica”, inciden, recordando que ya respaldaron el CETA cuando fue ratificado en el Europarlamento, en febrero de este año. En la votación del tratado, el pasado 15 de febrero, parte del grupo de Socialistas y Demócratas en la Eurocámara (S&D) se desmarcó de la línea oficial y votó contra el CETA, pero esta división no afectó a la delegación española, que votó en bloque a favor del acuerdo.
Errores de forma, ausencia de documentos y “cacicadas”
El 24 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó la remisión del Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA, en inglés) a las Cortes, y el Gobierno lo registró el lunes 27, sólo tres días después. No obstante, en su primer envío el Ejecutivo obvió documentos tildados de “claves” por Unidos Podemos. El grupo parlamentario de Pablo Iglesias criticó su extravío, y el Ejecutivo tuvo que trasladarlos posteriormente, el 7 de abril (uno de ellos es el Instrumento interpretativo conjunto sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea y sus Estados miembros).
Este grupo registró su solicitud de control previo de constitucionalidad el 3 de abril, pero la iniciativa no fue calificada hasta esta semana.
Entre medias tuvo lugar la reunión de la Mesa del pasado 28 de abril, especialmente criticada por Unidos Podemos, porque los representantes de PP, PSOE y Ciudadanos paralizaron la iniciativa pasando la pelota a los letrados de la cámara. También rechazaron su solicitud de celebrar un pleno monográfico sobre la corrupción, en el que el presidente del Gobierno diera explicaciones sobre el caso de corrupción Lezo. Esta decisión fue tildada de “cacicada” por parte de Unidos Podemos, mientras PP, PSOE y C’s argumentaron que “priorizan” la comparecencia de Rajoy ante la Comisión sobre la financiación ilegal del PP, que entonces ni siquiera estaba constituida.

La campaña No al TTIP, CETA, TiSA convoca una manifestación unitaria en Madrid el 3 de junio

La democracia y los servicios públicos ¡no se venden, se defienden!
El Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá (CETA por sus siglas en inglés), también conocido como el ”TTIP canadiense”, tras su aprobación en el mes de febrero por el Parlamento Europeo, se encuentra en la actualidad pendiente de ratificación por parte de los parlamentos nacionales y regionales de los estados miembros.
El gobierno español remitió el pasado 27 de marzo el Proyecto de Ley sobre el CETA, iniciándose así el trámite parlamentario que llevará a la votación del Acuerdo en las Cortes Generales.
A pesar de las consecuencias que este tratado podrá tener sobre la gobernabilidad y la capacidad del estado de proteger y dar respuesta a las necesidades básicas de los ciudadanos, el Gobierno de Mariano Rajoy, con el respaldo de, entre otros, PSOE y C’s, quiere llevar a cabo el proceso de ratificación con la mayor rapidez posible haciendo caso omiso de la oposición de miles de ciudadanas y ciudadanos que denunciamos que tratados como el CETA son pensados por y para las grandes empresas transnacionales, suponen un duro golpe a los derechos y necesidades de la gente en numerosos aspectos de su vida cotidiana y representan un grave ataque al medioambiente y a la democracia.
El análisis de los efectos de otros tratados similares demuestra que no promueven la mejora de derechos laborales, ni la sostenibilidad ambiental. Todo lo contrario, estos tratados son la herramienta definitiva mediante la cual las grandes multinacionales logran doblegar la democracia y soberanía de los países. Entre otros peligros el CETA:

  • Supone que las grandes empresas se beneficien de unos tribunales privados diseñados para defender sus intereses económicos por encima de los derechos humanos, engrasando la máquina que traspasa dinero público a manos privadas.
  • Limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y promueve la privatización de los mismos.
  • El CETA podría cuestionar las medidas de precaución de la política europea que protegen a los consumidores, a la salud pública y al medio ambiente.
  • Supondrá una menor recaudación de impuestos de grandes empresas, reduciendo la capacidad de los estados para procurar bienes y servicios públicos, dado que muchas de ellas utilizan paraísos fiscales.
  • Hace que Canadá y la Unión Europea sean más vulnerables a las crisis financieras al producirse una mayor liberalización de los mercados financieros en lugar de regularlos como empieza a ser urgente y
    necesario.
  • Existen estudios independientes de los impactos económicos del CETA que nos dicen que se perderán puestos de trabajo tanto en la Unión Europea como en Canadá, y los beneficios del tratado serán
    fundamentalmente para los dueños del capital, con el consiguiente aumento de la desigualdad.
  • Podría aumentar el coste de las prescripciones de medicamentos e impactaría negativamente en derechos fundamentales como el de la privacidad y de la protección de datos.

Por estas razones, desde la campaña No al TTIP, CETA, TISA, que reúne a día de hoy más de 350 organizaciones sociales, ambientales, sindicales, políticas, asociaciones de jueces y sectores profesionales, hacemos un llamamiento a la movilización unitaria del 3 de junio en Madrid.
Exigimos a nuestros representantes electos que atiendan nuestras exigencias, que nos den voz y voto ante decisiones tan trascendentales como son la aceptación de estos tratados,que restan poder a los gobiernos para dárselo a los mercados y que restan protección a la ciudadanía y clase trabajadora.
Por eso, la ciudadanía sale una vez más a las calles, para mostrar su rotundo rechazo a un acuerdo, que va mucho más allá de lo comercial, y exigir al Congreso de los Diputados que vote en contra de su ratificación y defienda los derechos e intereses de la población a la que representa.
Los intereses comerciales y de las multinacionales no pueden estar por encima de la democracia, los derechos de las personas y del planeta. Por eso decimos:
¡No al CETA! !No al TTIP! ¡No al TISA!

Se presenta el Portal de Transparencia para informar sobre el TTIP, el CETA y el TiSA

Se presenta el Portal de Transparencia para informar sobre el TTIP, el CETA y el TiSA
La campaña No al TTIP, CETA y TiSA presenta su Portal de Transparencia, una herramienta con la que ofrece información sobre los tratados de comercio e inversión que la Unión Europea (UE) negocia con terceros países.
· Su objetivo principal es impulsar la participación ciudadana en las decisiones políticas que comprometen el futuro de la ciudadanía y del planeta.
Esta mañana se ha presentado el Portal de Transparencia, una herramienta online impulsada por la campaña No al TTIP, CETA y TiSA, que aglutina a más de 350 entidades sociales, sindicales y políticas, entre ellas Ecologistas en Acción. Su objetivo es ofrecer información necesaria sobre los tratados de comercio e inversión que negocia la Unión Europea con el resto del mundo. El portal tiene como objetivo impulsar la participación ciudadana en las decisiones políticas que comprometen el futuro de las personas y del planeta.
El Gobierno español ha decidido ratificar el CETA de manera rápida, sin apenas debate político, sin escuchar a la ciudadanía, sin evaluar el impacto que pueda tener dicho tratado sobre la economía nacional. Tampoco ha analizado su compatibilidad con la norma constitucional española. Por ello, la campaña ofrecerá día a día en el Portal de Transparencia todas aquellas noticias que surjan sobre estos tratados, incluidas las que se pretenden ocultar.
La campaña No al TTIP, CETA y TiSA considera que el Parlamento español debe dedicar el tiempo necesario a examinar las 1.600 páginas de este tratado antes de tomar una decisión. De lo contrario, no cumpliría adecuadamente con su función legislativa y de control parlamentario. Es imposible que este órgano lleve a cabo su compromiso de transparencia y democracia si no desarrolla un estudio previo para conocer el impacto del CETA en el Estado español, sin control previo de constitucionalidad del Tribunal Constitucional y sin realizar consultas a la sociedad.
Por estas razones, el Portal de Transparencia invita a toda la ciudadanía a consultar esta herramienta. Asimismo, en pocas semanas el Congreso de los Diputados votará un Proyecto de Ley cuyo contenido e impactos son desconocidos para la mayoría de diputadas y diputados.
La plataforma No al TTIP, CETA y TiSA hace un llamamiento a toda la sociedad a sumarse a la campaña de presión política a los grupos parlamentarios para que den a conocer los múltiples impactos que tendría el CETA.

El Tribunal General anula la Decisión de la Comisión por la que se deniega el registro de la propuesta de Iniciativa Ciudadana Europea ‘Stop TTIP’

Tribunal General de la Unión Europea
Comunicado de Prensa N.49/17
Luxemburgo, 10 de mayo de 2017
El Tribunal General anula la Decisión de la Comisión por la que se deniega el registro de la propuesta de Iniciativa Ciudadana Europea ‘Stop TTIP’
Esta propuesta no constituye una injerencia inadmisible en el desarrollo del procedimiento legislativo sino el detonante legítimo de un debate democrático en el momento oportuno
En julio de 2014, un comité de ciudadanos del que es miembro el Sr. Michael Efler solicitó a la Comisión el registro de la propuesta de Iniciativa Ciudadana Europea (1) titulada «Stop TTIP».
Esa propuesta invitaba fundamentalmente a la Comisión a recomendar al Consejo que revocase el mandato que le había otorgado para negociar el TTIP (2) y, en último término, que no celebrase el CETA (3).
La propuesta pretende de esa forma:
– impedir el TTIP y el CETA porque los proyectos de acuerdo incluyen, según afirman los organizadores, diversos aspectos problemáticos (procedimientos de resolución de litigios entre inversores y Estados, disposiciones sobre la cooperación reguladora que suponen una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho);
– evitar que (i) negociaciones carentes de transparencia debiliten los estándares de protección laboral, social, medioambiental, de la intimidad y de los consumidores, y que (ii) se desregulen los servicios públicos (por ejemplo, el suministro de agua) y la cultura, y
– apoyar «una política comercial y de inversiones diferente en la Unión Europea».
Mediante Decisión de 10 de septiembre de 2014 (4), la Comisión denegó el registro de esta propuesta. Según la Comisión, la propuesta está fuera del ámbito de sus competencias para presentar una propuesta relativa a un acto jurídico de la Unión para los fines de aplicación de los Tratados.
El comité de ciudadanos interpuso entonces recurso ante el Tribunal General para lograr que se anulase la Decisión de la Comisión.
Mediante la sentencia de hoy, el Tribunal estima el recurso y anula la Decisión de la Comisión.
El Tribunal rechaza la tesis defendida por la Comisión según la cual la decisión de retirarle la autorización para abrir negociaciones con vistas a la celebración del TTIP no puede ser objeto de una iniciativa ciudadana europea. Según la Comisión, tal decisión está excluida del concepto de «acto jurídico» ya que la propia autorización no está comprendida en ese concepto debido a su carácter preparatorio y a la falta de efectos frente a terceros.
A este respecto, el Tribunal señala en particular que el principio democrático ―que figura entre los valores fundamentales en los que se basa la Unión― y el objetivo que subyace a las iniciativas ciudadanas europeas (esto es, mejorar el funcionamiento democrático de la Unión confiriendo a todo ciudadano un derecho general a participar en la vida democrática) exigen que se acoja una interpretación del concepto de acto jurídico que incluya actos jurídicos como una decisión de apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo internacional, que (como el TTIP y el CETA) tiene innegablemente como finalidad modificar el ordenamiento jurídico de la Unión.
El Tribunal señala además que nada justifica excluir del debate democrático los actos jurídicos que pretenden que se revoque una decisión por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo internacional, igual que ocurre con los actos que tienen por objeto impedir la firma y la celebración de tal acuerdo.
El Tribunal no acoge la alegación de la Comisión de que los actos contemplados por la propuesta de que se trata supondrían una injerencia inadmisible en el desarrollo de un procedimiento legislativo en curso. En efecto, el fin perseguido por la iniciativa ciudadana europea es permitir a los ciudadanos de la Unión participar más en la vida democrática de la Unión, en particular explicando en detalle a la Comisión las cuestiones que plantea la iniciativa, invitando a dicha institución a presentar una propuesta de acto jurídico de la Unión después de haber presentado la
iniciativa, en su caso, en una audiencia pública organizada en el Parlamento y, por tanto, suscitando un debate democrático sin tener que esperar a la adopción del acto jurídico cuya modificación o abandono en definitiva se persigue.
Tampoco vulnera el principio de equilibrio institucional el hecho de admitir tal posibilidad, en la medida en que corresponde a la Comisión decidir si da o no un curso favorable a una iniciativa ciudadana europea registrada que haya reunido las firmas exigidas, presentando, en una comunicación, sus conclusiones finales de carácter jurídico y político sobre la iniciativa, las medidas que en su caso se proponga adoptar y las razones para actuar así o para no hacerlo. Según el Tribunal, nada se opone a que las medidas que en su caso se proponga adoptar la Comisión puedan consistir en proponer al Consejo que adopte los actos objeto de la propuesta de que se trata.
En contra de lo alegado por la Comisión, nada impediría, en su caso, a las instituciones de la Unión negociar y celebrar nuevos proyectos de acuerdos transatlánticos de libre comercio una vez que el Consejo adopte los actos objeto de esta propuesta.
NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el
Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la
notificación de la resolución.
NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.
(1)La normativa que regula la iniciativa ciudadana europea establece que al menos un millón de ciudadanos de la Unión que procedan de por lo menos un cuarto de los Estados miembros pueden tomar la iniciativa de invitar a la Comisión, en el marco de sus atribuciones, a que presente al legislador de la Unión una propuesta adecuada sobre cuestiones que esos ciudadanos estimen que requieren un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados. Antes de poder iniciar la recogida del número exigido de firmas, los organizadores de la iniciativa ciudadana europea deben registrarla ante la Comisión, que examina en particular su objeto y sus objetivos. La Comisión puede denegar el registro de la iniciativa en particular si el objeto de ésta está manifiestamente fuera del ámbito de sus competencias para presentar al legislador de la Unión una propuesta relativa a un acto jurídico para los fines de aplicación de los Tratados.
(2)Mediante Decisión de 14 de junio de 2013, el Consejo había autorizado a la Comisión a abrir negociaciones con los Estados Unidos de América para la celebración de un acuerdo de libre comercio, denominado en adelante «Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión» (en inglés, Transatlantic Trade and Investment Partnership o TTIP).
(3)Mediante Decisión de 27 de abril de 2009, el Consejo había autorizado a la Comisión a abrir negociaciones con Canadá para la celebración de un acuerdo de libre comercio, denominado en adelante «Acuerdo Económico y Comercial Global» (en inglés, Comprehensive Economic and Trade and Trade Agreement o CETA).
(4)Decisión C(2014) 6501.

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