Noticias de la Campaña estatal #NoalTTIP

América Latina Recibe a la OMC, Debates sobre el libre comercio en la era Trump


América Latina Recibe a la OMC, Debates sobre el libre comercio en la era Trump
Seminario de Formación a Distancia
En el marco de la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC, la CLATE, UNI Américas y ATTAC Argentina invitan a participar de un nuevo seminario de formación.
Con el auspicio académico del Instituto Mundo del Trabajo (IMT-UNTREF) y del Instituto de Estudios sobre América Latina y el Caribe (IEALC-UBA).
Se trata de una propuesta de formación destinada a brindar herramientas para comprender el sentido de la llegada de la OMC a la Argentina y reflexionar sobre los posibles impactos de las negociaciones de libre comercio en nuestras economías.
Esta iniciativa está dirigida a dirigentes sindicales y sociales, estudiantes y miembros de la comunidad académica de toda América Latina y el Caribe, así como también a toda persona interesada en temas de economía y política de alta incidencia en la vida social.
El Seminario se dictará a distancia, a través del campus virtual de la CLATE y abarcará seis encuentros semanales consecutivos.
La inscripción es libre y gratuita y se realizará del 14 de agosto al 18 de septiembre a través de:
http://registro.clate.org/
La fecha de inicio de los encuentros será el lunes 25 de septiembre.

Jornadas sobre nuevos tratados de comercio e inversiones

Jornadas sobre nuevos tratados de comercio e inversiones + Encuentro de activistas y campañas
Cuando: 3-4-5 Noviembre 2017
Donde: Barcelona

Para participar a las jornadas de formación es necesaria la inscripción.
Pincha aquí para inscribirte.
Pronto más información!

El Consejo Constitucional francés considera que el CETA es compatible con la Constitución francesa

El Consejo Constitucional francés considera que el CETA es compatible con la Constitución francesa.
En su análisis distinguió lo que era competencia exclusiva de la UE, lo esencial, y lo que corresponde a los Estados miembros, y comprobó que el CETA no cuestiona la “identidad constitucional francesa”.
El Consejo aclaró que los tribunales de arbitraje no pueden interpretar ni anular las decisiones de los Estados, ya que sus competencias se limitan al pago de daños pecuniarios y a la restitución de bienes. Según el Consejo los tribunales de arbitraje están muy regulados, y por tanto no se infringe el principio de igualdad ni menoscaba la soberanía nacional.
En cuanto al principio de precaución, considera que está garantizado por el marco jurídico de la UE.
Además, el Consejo recordó que el CETA no es irrevocable y que su aplicación provisional se podrá interrumpir de no ser ratificado por todos los Estados miembros.
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El órgano de gobierno de los jueces obvia el CETA y no se pronunciará al respecto

El órgano de gobierno de los jueces obvia el CETA y no se pronunciará al respecto
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha decidido por unanimidad que no es necesario que el Consejo elabore un informe sobre el polémico acuerdo comercial entre la UE y Canadá. La decisión sigue la línea marcada por el informe del Gabinete técnico de este órgano, y cosecha las críticas de la vocal del CGPJ que pidió este informe, así como de Unidos Podemos, que denuncia la “dejación de funciones” del Consejo.
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ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL
CÁDIZ, 07/07/2017
El Consejo de Estado sí emitió un informe sobre el CETA a petición del Gobierno, pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que no es necesario hacer lo propio -y, en este caso, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha evitado pedírselo-. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces ha decidido este jueves por unanimidad no pronunciarse sobre el polémico acuerdo comercial entre la UE y Canadá, a pesar de que este implanta un sistema de arbitraje al que sólo pueden acceder las grandes empresas canadienses -o las miles de filiales estadounidenses basadas en este país-, y de que supone abrir una vía paralela a las justicias nacionales de los 28.
Con siete votos a favor, incluidos los miembros progresistas de la Permanente, y a falta de uno de los integrantes de este órgano, la Comisión sigue la línea marcada por el Gabinete Técnico del CGPJ. Como informó Público este martes, el informe de los técnicos del poder judicial argumentaba que no existe “base legal” para afirmar que es necesario el pronunciamiento de este organismo ante la ratificación de tratados internacionales.
“No hay base legal que permita extender la función consultiva del Consejo General del Poder Judicial, ni incluir en el objeto sobre el que se proyecta la potestad de informe prevista en el artículo 561.1 de la LOPJ, a la autorización parlamentaria de tratados y acuerdos internacionales previa a su celebración, y, en concreto, a la autorización parlamentaria para la celebración del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA)”, reza el documento elaborado por el Gabinete, fechado el 27 de junio.
La decisión de la Permanente llega un mes y una semana después de que una de las vocales del CGPJ, María Concepción Sáez Rodríguez, pidiese a este órgano que se pronunciase sobre el CETA.
“No asume con convicción sus competencias como tercer poder del Estado”
n declaraciones a este diario, Saéz valora de forma “negativa” la decisión del CGPJ: “Creo que el máximo órgano decisorio del Consejo que, querámoslo o no, nos representa a todos los vocales y, a la postre, a los jueces y magistrados del estado español, no asume con convicción sus competencias como tercer poder del Estado. No ya frente, sino compartiendo con los otros dos poderes del Estado su responsabilidad en una materia que afecta de lleno al núcleo de la función judicial: la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles en su tarea de resolver los conflictos, y juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”.
La argumentación de Sáez se basaba en que el informe es preceptivo “a tenor del Artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Artículo 156, en relación con el Artículo 109, ambos del Reglamento del Congreso, y en conexión con los Artículos 88 y 23.2 de la Constitución Española”.
Bustinduy denuncia la “dejación de funciones” del CGPJ
Por su parte, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea ha solicitado en reiteradas ocasiones el pronunciamiento del órgano de gobierno de los jueces, que Sáez requirió a su vez a petición de Ecologistas en Acción, una de las más de 350 organizaciones que forman parte de la Campaña no al CETA, TTIP y TiSA.
En declaraciones a Público, su portavoz en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, Pablo Bustinduy, se muestra “en radical desacuerdo” con la posición del CGPJ.
“Políticamente me parece un ejercicio de dejación de funciones. La ciudadanía sigue indefensa ante la inseguridad jurídica que crea el CETA. No entiendo esta prisa y esta cerrazón para no examinar legalmente un texto de tanto calado. Seguiremos en la pelea para defender el interés público”, apostilla.
Tras recibir luz verde en la Cámara Baja, la tramitación del acuerdo comercial seguirá su curso, en este caso en la Cámara Alta, a partir del mes de septiembre, cuando comience el nuevo periodo de sesiones. La mayoría absoluta de la que goza el PP en el Senado garantiza su aprobación, aunque Unidos Podemos ya ha anunciado que pedirá el control previo de constitucionalidad sobre el CETA en esta cámara, como hizo en el Congreso, donde su solicitud fue tumbada por PP, PSOE y C’s, entre otros.
Además de eso, el grupo parlamentario de la formación de Pablo Iglesias planea presentar un recurso de inconstitucionalidad, al entender que el acuerdo supone una merma de la soberanía española y un serio peligro en lo que respecta al empleo, a la protección de los consumidores o a la defensa del medio ambiente, entre otras esferas.

La Unión Europea y Japón llegan a un acuerdo de libre comercio

La Unión Europea y Japón llegan a un acuerdo de libre comercio
El acuerdo se sellará mañana en Bruselas y podría tener que ser ratificado en las cámaras de cada miembro
05/07/2017
lavanguardia.com
La Unión Europea (UE) y Japón han llegado a un acuerdo político para aprobar el tratado de libre comercio que negocian desde 2013 y que liberalizará el 99% de los intercambios, según ha anunciado la Comisión Europea (CE). La firma servirá para contrarrestar la posición proteccionista de Estados Unidos en el panorama comercial global tras la llegada de Donald Trump al poder.
El acuerdo se sellaría mañana en Bruselas en una cumbre bipartita. Desde Bruselas se ha pedido el respaldo de ambas partes al nuevo tratado. “Hemos despejado las diferencias que quedaban”, afirmó Cecilia Malmstrom, comisaria europea de Comercio, que se reunió este miércoles en Bruselas con el ministro japonés de Asuntos Exteriores, Fumio Kishida, para cerrar los últimos detalles del acuerdo antes de la cumbre.
Flecos pendientes
En la cita de mañana la UE estará representada por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, mientras que por la parte nipona participará el primer ministro, Shinzo Abe.
Este acuerdo, en principio no supone el fin de las negociaciones, que deberán continuar para cerrar asuntos en los que las partes no han sido capaces de ponerse aún de acuerdo, como los mecanismos de que dispondrán los inversores para protegerse frente a la actuación de los Estados, entre otros.
Se debe definir si las cámaras nacionales deben ratificarlo
Según fuentes europeas, este es el único punto dónde persisten diferencias “sustanciales” entre ambas partes, aunque quedan también detalles por cerrar en otras áreas, como decidir si el acuerdo será mixto, es decir, si tendrá que ser validado además de por los países (el Consejo) y el Parlamento Europeo por las cámaras nacionales.
La UE y Japón esperan concluir la negociación y tener el acuerdo definitivo firmado antes de que termine este año.
El acuerdo definitivo llegaría antes de fin de año

Bruselas presume ahora de permitir una iniciativa contra el CETA que debió admitir hace meses

LA ESTRATEGIA DE LA COMISIÓN EUROPEA CON TTIP Y CETA
Bruselas presume ahora de permitir una iniciativa contra el CETA que debió admitir hace meses
El Tribunal General de la UE emitió una sentencia que tumbaba la decisión de la Comisión Europea de rechazar una Iniciativa Ciudadana con el apoyo de tres millones y medio de europeos contra los tratados de libre comercio CETA y TTIP. Marina Albiol, portavoz de IU en la Eurocámara, denuncia que es “una estafa” a los europeos, ya que el acuerdo comercial con Canadá fue ratificado hace seis meses, y sólo ahora se permite que prospere esta iniciativa.
MADRID 04/07/2017
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL
publico.es
Nuevo golpe de timón del Ejecutivo comunitario. La Comisión Europea ha anunciado este mismo martes que finalmente sí registrará la Iniciativa Ciudadana Europea Stop TTIP, que pide a Bruselas “revocar el mandato de negociación” del TTIP, el acuerdo comercial entre la UE y EEUU -hoy en vía muerta-, además de no firmar el ya existente con Canadá, conocido como CETA.
Se da la circunstancia de que Bruselas permite el registro casi tres años después de que se fraguase la iniciativa; después de que recabase casi tres millones y medio de apoyos; seis meses después de la aprobación del CETA por el Pleno del Europarlamento, en Estrasburgo, y después del varapalo del Tribunal General de la UE, que en mayo tumbó su decisión de rechazar esta iniciativa. La corte de Luxemburgo sentenció que el Ejecutivo comunitario infringió el Tratado de la UE al impedir que esta propuesta prosperase.

Albiol: “La Comisión sabía desde el primer momento que debía registrar la Iniciativa y también que no piensa mover un dedo aunque se recopile ese millón de firmas”
De hecho, el registro formal de la Iniciativa Ciudadana tendrá lugar el próximo lunes 10 de julio, dos meses después de que el Tribunal de la UE se pronunciase. En el periodo de un año, sus impulsores podrán volver a recoger firmas, hasta llegar al millón de apoyos de ciudadanos de al menos siete Estados miembros, tal y como reconoce el Ejecutivo comunitario en una nota de prensa. En el mismo texto, la Comisión recuerda que, en caso de que se logre recopilar estas rúbricas, el Ejecutivo comunitario tendrá un plazo de tres meses para reaccionar, explicando públicamente los motivos que le lleven a la aceptación o al rechazo del contenido de esta propuesta. Bruselas logra así mantener esta iniciativa en el limbo durante otro año, aunque sus impulsores llevan intentando que prospere desde septiembre de 2014.
Albiol: “Bruselas debería parar la ratificación del CETA
Por su parte, la portavoz de IU en la Eurocámara, Marina Albiol, ha acusado este martes a la Comisión de “estafar” a todos los europeos, al permitir el registro de esta iniciativa contra TTIP y CETA meses después de que el tratado de libre comercio con Canadá fuera aprobado por la Eurocámara, e incluso por el Congreso de los Diputados, hace casi una semana.
“La propuesta es expresión de la participación efectiva de los ciudadanos de la Unión en la vida democrática de ésta”, dijo el Tribunal General de la UE
“Tras la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, la Comisión hace que reacciona, pero lo hace nueve meses después de haberle dado el visto bueno al texto, y seis desde que lo ratificara el Parlamento”, recuerda.
En una nota de prensa remitida esta misma tarde, la coalición de izquierdas hace hincapié en el hecho de que en su escrito la Comisión Europea ya advierte de que el hecho de conseguir las firmas “no implicaría finiquitar el TTIP o el CETA”.
“Creemos que está claro que la Comisión sabía desde el primer momento que debía registrar la Iniciativa y también que no piensa mover un dedo aunque se recopile ese millón de firmas. Nuevamente, la partida se traslada a la calle y debemos hacer presión todas juntas para frenar estos tratados”, ha apuntado.
“La Comisión debería ser coherente con el dictamen del Tribunal General y respetar la decisión de la ciudadanía europea paralizando, al menos de momento, la ratificación definitiva del acuerdo con Canadá, así como su aplicación provisional”, apostilla.
La excusa de Bruselas para impedir el registro de la Iniciativa Ciudadana era que, a su entender, esta suponía una “injerencia inadmisible” en un procedimiento legislativo en curso -las negociaciones de TTIP y CETA seguían en marcha, hoy sólo continúa, y paralizada, la del acuerdo con EEUU. “La propuesta es expresión de la participación efectiva de los ciudadanos de la Unión en la vida democrática de ésta”; “[La Iniciativa supone] la expresión de la participación efectiva de los ciudadanos de la Unión en la vida democrática de esta”, reza la sentencia.
En su reacción de este martes, Bruselas incide en su nota en que “la petición para no firmar el CETA ha quedado ya vacía de significado”, recordando que las firmas en apoyo a la iniciativa “serán recogidas bajo el entendimiento de que apuntan a otros actos legales” y no para impedir el ya firmado y polémico CETA.

Unidos Podemos prepara dos iniciativas más para llevar el CETA al Constitucional

Unidos Podemos prepara dos iniciativas más para llevar el CETA al Constitucional
Una es el control previo de constitucionalidad que registrará en el Senado. El recurso de inconstitucionalidad es la última bala de la formación contra el polémico tratado comercial entre la UE y Canadá, aprobado este jueves en el Congreso.
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29/06/2017
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL
publico.es
Unidos Podemos seguirá intentando que las Cortes Generales no ratifiquen el polémico acuerdo comercial entre la UE y Canadá, CETA. Después de que el Congreso de los Diputados diera luz verde al tratado, este jueves, el texto de más de 1.600 páginas debe pasar al Senado, donde previsiblemente no habrá obstáculos para su aprobación, debido a la mayoría absoluta de la que goza el PP en esta Cámara.
No obstante, y como advertía el jueves su portavoz de Exteriores en el Congreso, Pablo Bustinduy, Unidos Podemos tiene previstos algunos movimientos para frenar un tratado que Bustinduy considera “anticonstitucional” y “nocivo“. En concreto, en el Senado planean pedir el control previo de constitucionalidad, la misma estrategia que pusieron en práctica en la Cámara Baja, y que naufragó con los votos en contra de PP, PSOE, y C’s, entre otros.
Podemos reconoce el “medio paso” -en palabras de su líder, Pablo Iglesias- dado por el Partido Socialista al moverse del “sí” al CETA hasta la abstención, pero seguirá presionando a la formación de Pedro Sánchez para que apoye que el Tribunal Constitucional revise el tratado, aunque lo hará con el tono conciliador que utiliza desde el debate de la moción de censura a Mariano Rajoy.
Teniendo en cuenta la fuerza de la que goza el PP en el Senado, previsiblemente ni siquiera con el apoyo del PSOE podría lograr que esta iniciativa saliera adelante.
Recurso de inconstitucionalidad
La segunda opción es presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal; Unidos Podemos y las confluencias cuentan con 67 diputados en la Cámara Baja, por lo que superarían el límite de 50 parlamentarios que marca el Artículo 162 de la Carta Magna para interponer un recurso de estas características. El Grupo Confederal Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea guardará esta carta hasta el final, aunque ya contaban con esta baza mucho antes de que el CETA llegara a las instituciones españolas.
Paralelamente, Podemos sigue el proceso que tiene lugar en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que estudia si debe o no pronunciarse sobre el polémico tratado, como sí ha hecho el Consejo de Estado.
El 1 de junio, la Comisión Permanente de este órgano pidió a su Gabinete Técnico un informe sobre la conveniencia o no de emitir un informe sobre el acuerdo. Es preceptivo, pero el Gobierno no ha solicitado que se redacte, y ha sido una vocal del órgano de gobierno de los jueces, María Concepción Sáez, quien ha exigido al CGPJ que se plantee pronunciarse sobre el CETA. Un mes después de que el Gabinete Técnico recibiera este encargo no consta cuándo estará terminado el informe.
En última instancia, Unidos Podemos observa también la tramitación del CETA en los otros 27 parlamentos nacionales -y otra decena de cámaras regionales- tras haber logrado luz verde en el Europarlamento, en febrero. Las reticencias de la región belga de Valonia, o el hecho de que otros estados puedan poner trabas a su ratificación, podrían desembocar en la entrada del acuerdo en vía muerta, y eso es exactamente lo que pretenden.
Cinco países ya han ratificado el CETA
Según Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción y de la Campaña estatal no a TTIP, CETA y TiSA, cinco parlamentos nacionales de los 28 ya han ratificado el criticado acuerdo comercial: Letonia (23 de febrero), Canadá, República Checa (parcialmente, sólo en el Senado), Dinamarca y España.
La Campaña en la que participa Kucharz, que enlgoba a más de 350 colectivos, ha sido muy crítica con el acuerdo entre Canadá y la UE, al que se refieren como “el caballo de Troya” del TTIP.
En su relato para explicar y contextualizar el CETA, el activista de Ecologistas en Acción se retrotrae diez años, a cuando quebraron los fondos especulativos de la banca de inversión “que provocaron la gran crisis”. La causa de esta quiebra estaría en la globalización neoliberal, que se sirve del CETA y otros acuerdos similares para “eliminar la regulación y el control del sistema financiero”, por lo que la aprobación del tratado serviría como gasolina para alimentar “nuevas burbujas financieras y quiebras bancarias”, a su entender.
¿Seguiremos rescatando bancos con dinero público? ¿Generando deudas ilegítimas y profundizando recortes sociales? ¿O cambiamos todo?”. “Acabar con el neoliberalismo, distribuir riquezas y democracia o seguir con un sistema corrupto. Este es el trasfondo del debate sobre el CETA”, zanja.

Técnicos del Poder Judicial apuestan por desvincular a éste del dictamen sobre el CETA

Técnicos del Poder Judicial apuestan por desvincular a éste del dictamen sobre el CETA
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial decidirá este jueves si sigue el criterio de su Gabinete Técnico, o si por el contrario debe emitir un informe sobre el polémico acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá, CETA. El Consejo recibió la petición de pronunciarse hace más de un mes.
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MADRID 05/07/2017
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL
Los técnicos del órgano de gobierno de los jueces creen que no es necesario que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronuncie sobre el polémico tratado de libre comercio entre la UE y Canadá, CETA, ratificado por el Europarlamento y por el Congreso de los Diputados.
Fuentes del CGPJ explican a Público que el Gabinete Técnico de este órgano ha emitido un informe que considera que no existe base legal para estimar que la facultad consultiva del Consejo se extienda a la autorización parlamentaria de tratados internacionales, sin perjuicio de que esta consulta pueda ser requerida por el Gobierno, las Cortes Generales o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aclaran.
Teniendo en cuenta que el Gobierno del PP ha evitado pedir este informe hasta la fecha, como le reclamaban las 350 organizaciones sociales, sindicales y medioambientales que integran la Campaña no al TTIP, CETA y TiSA, así como el grupo parlamentario Unidos Podemos, es difícil que el Ejecutivo cambie de criterio y solicite un informe que, según el grupo parlamentario del partido de Pablo Iglesias, es “preceptivo”, como también lo es el del Consejo de Estado, que sí fue requerido por el Gobierno de Mariano Rajoy.
La posición de los técnicos del CGPJ será debatida en la próxima reunión de la Comisión Permanente de este órgano, este jueves, donde además se decidirá si el Consejo debe o no pronunciarse. El informe de los técnicos no es vinculante -como tampoco lo sería el del CGPJ-, pero fuentes del Consejo sostienen que, habitualmente, la Permanente suele adoptar como propias las posiciones argumentadas por el Gabinete Técnico. No obstante, sí reconocen que, en ocasiones, la Permanente sorprende desmarcándose.
Por su parte, desde el Consejo General del Poder Judicial han rechazado pronunciarse sobre este informe, y se han limitado a confirmar que efectivamente entra en el orden del día de la reunión de la Permanente, el 6 de julio.
Cuatro miembros de la Permanente son progresistas
De los ocho integrantes de la Comisión Permanente, cuatro fueron nombrados a propuesta del PSOE: María del Mar Cabrejas Guijarro: Rafael Mozo Muelas; Alvaro Cuesta Martínez y María Pilar Sepúlveda García de la Torre. Teniendo en cuenta el cambio de posición del PSOE en relación al CETA -pasando del ‘sí’ que antes mantuvo la primera dirección del propio Pedro Sánchez a la abstención-, y dado que se les atribuye una orientación política progresista, no es descartable que alguno de ellos adopte una línea distinta a la del Gabinete Técnico.
Como informó este diario, la petición de que la Comisión Permanente estudiase si debía pronunciarse sobre el CETA fue cursada por María Concepción Sáez Rodríguez, vocal del CGPJ, que a su vez atendía a la solicitud de Ecologistas en Acción, una de las organizaciones que forman parte de la Campaña contra el CETA y otros tratados de libre comercio.
Tras pasar por el Congreso de los Diputados, previsiblemente el Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) llegará al Senado en septiembre, cuando arranque el próximo periodo de sesiones. La mayoría absoluta del PP garantiza su aprobación en la Cámara Alta, y sobre la mesa sólo hay dos vías por las que, recurriendo al Tribunal Constitucional, podría pararse la ratificación del tratado por parte de las Cortes Generales, ambas planteadas por Unidos Podemos.

Podemos llevará el CETA al Tribunal Constitucional, con o sin el apoyo del PSOE

Podemos llevará el CETA al Tribunal Constitucional, con o sin el apoyo del PSOE
El borrador del recurso en el que ya trabaja el partido considera que el tratado de libre comercio entre la UE y Canadá contraviene hasta seis artículos de la Carta Magna
elconfidencial.com
Iván Gil
30/06/2017
Unidos Podemos agotará todas las vías posibles para tratar de frenar el Tratado de Libre Comercio con Canadá, conocido como CETA por sus siglas en inglés, que consideran inconstitucional y que este jueves ya fue aprobado en el Congreso con los votos a favor de PP, Ciudadanos, PNV y PDeCAT. La pelota ahora está en el tejado del Senado, donde está prevista su ratificación el próximo 13 de julio. En la Cámara Alta se presentará un recurso previo de inconstitucionalidad, como ya se intentó en el Congreso, y ante la evidencia de que el pleno vuelva a rechazarlo y se apruebe definitivamente el tratado, Unidos Podemos dará el paso de elevar un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional.
Para presentar el recurso ante el TC son suficientes 50 diputados, pero desde el grupo confederal tratarán de revestirlo con el apoyo de otros grupos parlamentarios. Una puerta que los socialistas ya han cerrado, pues pese a reconocer ciertos indicios de inconstitucionalidad en algunos puntos, tienen dudas jurídicas a este respecto y descartan tanto acudir al TC como apoyar a Unidos Podemos en el trámite del control previo en el Senado, según fuentes de la dirección parlamentaria del PSOE.
El diputado y portavoz del área internacional de Podemos, Pablo Bustinduy, volvió a dirigirse ayer desde la tribuna del hemiciclo al PSOE para pedirle que se sume al recurso de inconstitucionalidad en el Senado, asegurando que no hay dudas sino certezas a este respecto. Su abstención, les afeó, “es insuficiente” para frenar un tratado que han calificado como un ataque a la soberanía nacional, que quedaría en manos de “poderes que nadie ha elegido”. Se sume o no el PSOE a esta cruzada contra el CETA, que secundan también los sindicatos UGT y CCOO, Bustinduy concluyó: “Vamos a seguir peleando para que este tratado no vea la luz”.
Más allá de las críticas al tratado por no salvaguardar derechos laborales, sociales o medioambientales, como también sostienen los socialistas, en lo referente a su inconstitucionalidad Podemos se centra en dos capítulos del tratado: el referente al Sistema de Tribunales de Inversiones (STI), el más polémico, y el que establece cómo la UE y Canadá organizarán los diferentes comités establecidos por el acuerdo y la naturaleza jurídica de sus decisiones. En total, según el borrador del recurso al que ha tenido acceso este diario, Unidos Podemos considera que el CETA contraviene seis artículos de la Carta Magna (9.3, 23, 24, 93, 117.5 y 119).
Se trata de los relacionados con el principio de unidad jurisdiccional (117.5), con el derecho a la tutela efectiva de los jueces y tribunales (24.1), así como al juez ordinario predeterminado por la ley (24.2), a la gratuidad de la justicia (119), la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (9.3) o el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes electos.
En línea con lo defendido por las organizaciones sociales y sindicales que se oponen al CETA, desde Podemos ponen el foco en el capítulo ocho del tratado, que establece el mencionado STI (Sistema de Tribunales de Inversiones) para que “los inversores puedan resolver las diferencias con los gobiernos en materia de inversiones de manera rápida e imparcial”. Asimismo, entienden que confirma el derecho a regular en todos los niveles de la Administración.
El responsable de la secretaría para Europa y europarlamentario de Podemos, Miguel Urbán, apuntaba tras la ratificación del CETA en el Congreso una serie de consecuencias tanto económicas como jurídicas que menoscabarían la protección de los consumidores, la salud pública y el medio ambiente. El tratado también limitaría “la capacidad de gobiernos para regular los servicios públicos y revertir privatizaciones fallidas”, además de reducir puestos de trabajo: “La ganancia en ingresos iría a pocas manos y aumentaría la desigualdad”. Con todo, los servicios sanitarios y la educación han sido excluidos finalmente del acuerdo ante las reticencias generadas, además de mantenerse los estándares alimentarios de la UE, por lo que la carne canadiense tratada con hormonas no podrá importarse, como hasta ahora.
El eurodiputado de Podemos añade que el acuerdo, tal y como está redactado, “autorizaría a miles de empresas extranjeras a demandar a los países donde tienen pensado invertir o han invertido por medidas legítimas y no discriminatorias para la protección de la población y del planeta”. En este sentido, critica que establece “un sistema legal paralelo que autoriza a los inversores a eludir los tribunales“.

El Congreso aprueba el CETA desoyendo el creciente debate sobre el impacto de los acuerdos comerciales sobre las personas y el planeta

El Congreso aprueba el CETA desoyendo el creciente debate sobre el impacto de los acuerdos comerciales sobre las personas y el planeta
COMUNICADO DE PRENSA
29 de junio de 2017

La campaña No al TTIP, CETA, TISA, coalición que aglutina a más de 350 organizaciones sociales, sindicales y políticas de todo el Estado, lamenta profundamente el resultado de la votación de esta mañana en el Congreso de Diputados donde se ha dado luz verde a la ratificación del acuerdo económico y comercial entre la Unión Europea y Canadá, el CETA. Pese a este apoyo, la sociedad civil espera que este tratado sea rechazado en alguno de los parlamentos nacionales y regionales de la UE donde deberá ser ratificado.
La ratificación del CETA, que ha contado con el voto a favor de los diputados y las diputadas de los grupos Partido Popular, Ciudadanos, Partido Democrático de Catalunya, y Partido Nacionalista Vasco, significa despejar parcialmente el camino de la puesta en marcha de un tratado comercial y de inversión que, en caso de que llegue a entrar en vigor, pondrá en riesgo conquistas sociales y ambientales y supondrá una pérdida de soberanía.
“Hoy pierde la ciudadanía y gana un modelo de globalización que desregula y da más poder a las grandes corporaciones” ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de la campaña No al TTIP, CETA, TiSA. “Pero la oposición al CETA está aumentando a ambos lados del Atlántico a medida que la ciudadanía está conociendo detalles del texto y cómo éste afecta a su salud, sus derechos y la protección del medio ambiente”.
Numerosos estudios avalan que estos tratados no mejorarán los niveles de empleo y supondrán graves problemas para las PyMEs, así como impedirán luchar de manera efectiva contra el cambio climático y contra la pérdida de biodiversidad del planeta.
El CETA, además, no incluye un capítulo sobre medidas concretas de apoyo a las PyMEs, a las que el Comité Económico y Social Europeo ven perjudicadas ya que estima que este tipo de acuerdos favorece la expansión de las grandes empresas.
Este acuerdo no prevé sistemas de control y sanción efectiva por el incumplimiento de las obligaciones relativas a los derechos laborales; los convenios colectivos se verán seriamente perjudicados por los mecanismos de resolución de controversias entre inversores y Estados, como de hecho ya ha sucedido en otros acuerdos en vigor; la excelencia que para el mundo agrario supone las Denominaciones de Origen Protegidas y las Indicaciones Geográficas Protegidas se verá claramente perjudicada al solo reconocerse el 10% de ellas.
“A pesar de este tropiezo, desde la Campaña queremos manifestar que no vamos a bajar la guardia. La mayoría de parlamentos nacionales, federales y regionales de la Unión Europea no se han pronunciado aún. Estaremos trabajando codo con codo con la campaña europea para hacer descarrilar el CETA” ha declarado Alberto Martínez, portavoz de la campaña.
Para entrevistas y contacto
Miguel Ángel Soto (626 998 246)
Alberto Mártínez (669 214 095)
Correo electrónico: noalttip@gmail.com

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