Noticias de la Campaña estatal #NoalTTIP

Japón y la UE negocian que su tratado comercial se apruebe sin pasar por los Parlamentos

Japón y la UE negocian que su tratado comercial se apruebe sin pasar por los Parlamentos
Nuevo sprint de la Unión Europea para la firma de otro acuerdo comercial. La comisaria Cecilia Malmström ha llegado a un acuerdo con el Gobierno japonés para la firma del acuerdo comercial JEFTA antes de 2018.
PABLO ELORDUY
@pelorduy
elsaltodiario.com
Según informaron ayer funcionarios y diplomáticos de la UE, el miércoles 15 de noviembre ha sido una fecha clave para la aprobación exprés y sin participación de los Parlamentos electos de la Unión de un tratado comercial con Japón. También en el país nipón se da por hecho que el Acuerdo de Libre Comercio Japón-UE (JEFTA, por sus siglas en inglés) puede ser aprobado este mismo año.
Los ministros de Exteriores y Economía, Taro Kono y Hiroshige Seko, están conversando con la comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström para limar las disputas que quedan entre los dos bloques tras la decisión de dejar los tribunales de arbitraje, los conocidos ISDS, temporalmente al margen del acuerdo.
La voluntad de la Comisión Europea de dar un empujón definitivo al acuerdo se produce una semana después de una reunión de los Estados miembro, pero la Comisión –con o sin el beneplácito del Consejo Europeo– ha optado por separar la parte comercial (competencia exclusiva de la UE) y la parte de inversión en cartera, protección de la inversión y los mecanismos de arbitraje.
En verano, la Comisión Europea y Japón discutieron y no llegaron a un acuerdo sobre el modelo de tribunal de arbitraje a incluir en el acuerdo. Pero la Comisión busca sacar el tratado por la vía rápida y esquivar la ratificación en los 30 parlamentos nacionales y regionales de la UE, para no dar lugar a bloqueos como el de Valonia y otros tres departamentos belgas, que pusieron en peligro la puesta en marcha del tratado con Canadá.
Tom Kucharz, de la campaña estatal “No al TTIP, CETA y TiSA” cree que las desavenencias entre Japón y la UE se usan como “cortina de humo”, pero eliminan con “esta maniobra el deber de los parlamentos nacionales de involucrarse en el debate y en la votación de estos tratados –algo que Jean Claude Juncker [presidente de la Unión] y Malmström anunciaron hace meses.
La denuncia de la sociedad civil a los tribunales ISDS ha enfriado el acuerdo con Japón, pero la política de la Unión Europea sigue orientándose a la consecución de un Tribunal Multilateral de Inversiones, que se pueda extender a varios acuerdos de comercio. Para Kucharz estos tribunales “suponen una de las grandes injusticias del derecho internacional y de la globalización neoliberal, porque permiten “atacar políticas públicas vitales y decisiones democráticas, provoca un enfriamento legislativo y otorga privilegios injustificados a los inversionistas extranjeros y permite que tribunales arbitrales –con abogados que sólo buscan beneficios económicos– juzguen la legalidad u oportunidad de las decisiones democráticas”.
“¿Los Parlamentos de Europa titubean a la hora de ratificar los acuerdos de comercio e inversión debido a la presión de la sociedad civil?…. La solución de la Comisión Europea, ¡no consultarlos!”, tuiteó ayer, 16 de noviembre, Mathilde Dupré, del Instituto Veblen para las reformas económicas.
Esta organización francesa sostiene que el actual presidente francés Emmanuel Macron debe posicionarse más claramente sobre el acuerdo comercial JEFTA. La organización recuerda que, de prosperar, será el acuerdo más importante firmado por la UE en su historia (Japón y la UE suman el 28% del PIB mundial) y que los riesgos que ya están vigentes con la firma del CETA se reproducirán. Especialmente, señala el Instituto Veblen, por las reticencias de Japón a que el acuerdo incluya disposiciones sobre respeto a los derechos humanos y sobre la consecución del acuerdo de París sobre cambio climático.
Acuerdo con Nueva Zelanda y Australia
Pero las prisas de los principales países europeos por mantener la agenda neoliberal ha influido en el rápido avance de los acuerdos con Japón y, simultáneamente, con el comienzo del proceso para la consecución de un acuerdo con Nueva Zelanda y Australia. En la actualidad, el Consejo Europeo está en fase de aprobación del mandato para negociar con los países oceánicos.
También hay prisas por parte de Japón, cuyo Gobierno busca con el acuerdo de libre comercio (JEFTA, por sus siglas en inglés) presionar para ratificar el acuerdo transpacífico (TPP) en los países firmantes, tras la salida de Estados Unidos, que anuló el efecto real del TPP en los once países que se sumaron al acuerdo.

Lo que nos tragaremos con el CETA

Lo que nos tragaremos con el CETA
El acuerdo comercial de la UE y Canadá permitirá en Europa productos alimentarios hasta ahora prohibidos
ESTHER VIVAS
Martes, 07/11/2017
elperiodico.com
La noticia no abre informativos ni ocupa grandes titulares, pero su impacto en nuestra vida cotidiana es importante; tanto, que acabará decidiendo qué comemos. El polémico acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá, más conocido por sus siglas en inglés CETA, ya se está aplicando provisionalmente en todo el continente. Carne tratada con hormonas y promotores de crecimiento, colorantes alimentarios prohibidos hasta el momento o manzanas y salmones transgénicos son algunos de los controvertidos alimentos que nos trae.
El CETA entró en vigor el pasado 21 de septiembre, aunque no ha sido ratificado aún por la mayoría de los estados miembros. El Congreso de los Diputados sí lo hizo a finales del mes de junio, con los votos a favor de PP, Ciudadanos, PNV y PDECat, que en esta ocasión, como en tantas otras en materia económica, no dudó en cerrar filas al lado de los populares. Unidos Podemos, ERC, Compromís y EH Bildu, por su parte, votaron en contra, y el entonces nuevo PSOE de Pedro Sánchez quiso mostrar sus diferencias con una abstención que dio mucho que hablar, aunque las discrepancias con el Gobierno han durado más bien poco. Hace unos días, el 27 de octubre, el CETA superó el último trámite: su ratificación en el Senado. Una información que pasó sin pena ni gloria, ya que el mismo día se daba luz verde a la aplicación del artículo 155 en Catalunya.
Pero ¿qué es el CETA? Se trata de un tratado de libre comercio que, del mismo modo que otros que se están negociando, como el TTIP con Estados Unidos, pretende supeditar la política de los estados a los intereses de las grandes empresas, con la imposición incluso de tribunales internacionales de arbitraje que pueden decidir por encima de la voluntad de los parlamentos. Lo que se nos vende como una oportunidad es en realidad puro negocio para las multinacionales del sector.
¿Y qué nos traerá el CETA al campo y a la mesa? La ganadería de carne de vacuno y de porcino y el sector de la leche serán los grandes perjudicados. Se espera la llegada de dichos productos procedentes de Canadá sin pagar ningún tipo de arancel. Las denominaciones de origen también saldrán perdiendo, ya que el CETA protege a menos del 15% de las registradas, según indica el informe El acuerdo CETA y la agricultura del sindicato agrario COAG y la oenegé Entrepueblos. La denominación orange Valencia, por ejemplo, que ya existe a día de hoy, podrá seguir utilizándose por parte de empresas canadienses independientemente de donde vengan sus naranjas.
Estándares inferiores a los europeos
Nuestra dieta es otra de las damnificadas debido a la reducción de los estándares de seguridad alimentaria, ya que el CETA busca igualarlos con los de Canadá, que son inferiores a los europeos. Productos que hasta el momento estaban prohibidos en la Unión, como la carne producida con hormonas y promotores de crecimiento como la ractopamina, algunos alimentos transgénicos o determinados colorantes alimentarios, se servirán en el plato.
En Canadá, los cerdos y el ganado vacuno pueden ser medicados con ractopamina, un fármaco usado como aditivo alimentario para conseguir un mayor engorde del animal y más beneficio económico para la industria ganadera. En la UE, su utilización y la importación de animales tratados con el mismo está prohibida, al igual que en otros 156 países, al considerarse que no hay datos suficientes que permitan descartar riesgos para la salud humana. Sin embargo, en Canadá, y también en EEUU, se utiliza.
Transgénicos sin etiquetar
La entrada de nuevos alimentos transgénicos es otra de las consecuencias. Si bien ya importamos algunos, mayoritariamente pienso para el ganado, el CETA significa la llegada de otros nuevos. En Canadá se producen manzanas y salmones modificados genéticamente, que ahora podrían aterrizar en la mesa. Con el agravante de que, como consumidores, ni siquiera llegaríamos a saberlo, pues según la legislación canadiense, a diferencia de la europea, no es obligatorio etiquetarlos.
Colorantes alimentarios vetados en Europa pero permitidos por la legislación canadiense, con el CETA podrían encontrarse en la comida. Se trata del fast green FCF o el citrus red n.2, según indica un informe de varias oenegés europeas. Además, Canadá no obliga a identificarlos como tales en la etiqueta, y con el genérico nombre de «colores» es suficiente. Difícil, entonces, saber qué comemos.
Desde la campaña estatal No al TTIP, CETA y TiSA, que suma más de 350 asociaciones sociales, sindicales y políticas, se lleva años denunciando estas consecuencias. Ya va siendo hora de que les escuchemos.

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En comú Podem-En Marea expresa su preocupación acerca del proyecto de mandato para iniciar negociaciones encaminadas a la creación de un Tribunal Multilateral de Inversiones

El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En comú Podem-En Marea expresa su preocupación acerca del proyecto de mandato para iniciar negociaciones encaminadas a la creación de un Tribunal Multilateral de Inversiones
El pasado 6 de noviembre Pablo Bustinduy Amador e Idoia Villanueva Ruiz, portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea en el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En comú Podem-En Marea, remitieron una carta a la atención del Embajador de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, Pablo García-Berdoy, expresando máxima preocupación acerca del proyecto de mandato para que la Comisión Europea inicie negociaciones encaminadas a la creación de un tribunal multilateral de inversiones (MIC, por sus siglas en inglés).
Aquí puedes encontrar la carta

Defensem la DEMOCRÀCIA front la injusticia i l’autoritarisme.

La Campanya Catalunya No al TTIP, CETA, TISA defensem la DEMOCRÀCIA, rebutgem la “judicialització” de la política i exigim la llibertat de Jordi Cuixart, de Jordi Sánchez i de les conselleres i consellers del Govern de la Generalitat empresonats.
Entenem que les actuacions judicials contra les persones que avui es troben a presó, són desproporcionades i atempten contra els drets i llibertats polítiques. Condemnem la repressió i la violència, amb la mateixa intensitat i fermesa que denúnciem, en el nostre dia a dia, els abusos dels poders corporatius i els tractats de lliure comerç i inversions. Alertem de la tolerància, per part de les autoritats, a manifestacions amb expressions feixistes i xenòfobes i exigim el màxim de respecte a la voluntat popular, a la cura per la cohesió social i a la llibertat de expressió. Des de la Campanya, espai heterogeni i de base activista, creiem que la resolució d’un conflicte polític s’ha de sustentar en el diàleg i en la cultura de la pau.
Estem convençudes i convençuts que avui no parlem d’un conflicte que afecti només a Catalunya, entrem en un nou marc d’imposició i “legalismes” de dubtosa argumentació que poden i que segurament es farà servir en altres situacions i en la criminalització de la protesta en altres indrets de l’Estat espanyol i en contra de l’autoorganització ciutadana i els espais dels moviments socials. Estem davant d’un atac sense precedents a la Democràcia i a les regles de joc que entre tots i totes hem acordat.
Per tot això la Campanya Catalunya No al TTIP, CETA, TISA i les persones activistes que ens acompanyen arribades de diferents llocs de l’Estat espanyol volem expressar la solidaritat amb les persones empresonades, exigim la seva llibertat, que es retirin tots els càrrecs i que es posi punt i final i immediat a l’ordre de presó preventiva.
Demanem solucions polítiques per un conflicte polític, ja!
ACCIÓ DE SOLIDARITAT DE LES I ELS ACTIVISTES I CAMPANYES NO AL TTIP, CETA, TISA, REUNITS A BARCELONA AMB MOTIU DE L’ASSEMBLEA ESTATAL
DIA: DISSABTE, 4 DE NOVEMBRE
HORA: 11.30 hores
LLOC: PASSEIG LLUÍS COMPANYS / ARC DE TRIOMF

Comunicado de la Campaña #NOALTTIP sobre la aplicación definitiva del CETA en el Estado español

Comunicado de la Campaña #NOALTTIP sobre la aplicación definitiva del CETA en el Estado español
29/10/2017
El pasado viernes 27 de septiembre, después de aprobar la aplicación del artículo 155 contra Cataluña, el Senado español ha ratificado el acuerdo comercial y de inversión con Canadá, conocido como CETA. Esta ratificación da el espaldarazo definitivo a la aprobación de este tratado por parte del estado, después del voto favorable en el Congreso de los Diputados del pasado 29 de junio. Como en aquella ocasión los votos favorables han correspondido a PP, C’s, y PNV, absteniéndose el PSOE y votando en contra Unidos Podemos-En Comú-Podem y En Marea, así como EH-Bildu. ERC se ausentó de la votación así como 3 de los 4 senadores del PdCAT.
Esta ratificación era algo esperado ya que las postura tanto del PP como la de C’s –así como del PNV y del PdCAT- es de total apoyo a unos acuerdos puestos en duda por multitud de organizaciones sociales, ciudadanas y de consumidores de Europa por sus consecuencias negativas sobre la mayoría de la población. La posición calculadamente ambigua del PSOE no ha hecho más, tanto en junio como ahora en octubre, que refrendar indirectamente lo que aquellos apoyaban.
El CETA tiene aún un largo trayecto para su aprobación definitiva por el conjunto de los países europeos, que deben ratificarlo en sus parlamentos estatales, para que sea formalmente aceptado. Hasta el momento, además de España, lo han hecho Estonia, Letonia, Malta, República Checa, Dinamarca y Portugal. No obstante, de forma poco comprensible al no estar aún aprobado mayoritariamente, el CETA se está aplicando de forma provisional desde el 21 de septiembre, teniendo en cuenta además que se está pendiente de un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para conocer si este tratado es compatible con el derecho comunitario.
Desde la Campaña No al TTIP queremos expresar nuevamente nuestro rechazo tanto a la ratificación de este tratado por parte del Senado español como a su aplicación provisional. Asimismo alertamos a la ciudadanía de que este tratado no es algo puntual negociado por la Unión Europea sino que forma parte de unas políticas comerciales neoliberales de largo alcance que pretenden poner por encima de los derechos sociales, laborales, culturales y ambientales las inversiones de grandes grupos financieros y de las grandes corporaciones globales. Como muestra de ello denunciamos que actualmente la UE está negociando, como de costumbre sin información de sus contenidos, nuevos acuerdos con Mercosur, Japón, países de la ASEAN, Australia, Nueva Zelanda, varios países del África Occidental, Central, Oriental y Meridional, países del Foro del Caribe y países del Pacífico, así como actualizando otros acuerdos existentes como el de México o Túnez. En todas estas negociaciones el modelo a seguir es el del CETA.
No hemos de olvidar tampoco alertar de la amenaza del TTIP, que no debe descartarse, y el terrible TiSA, el acuerdo que puede desmantelar definitivamente los servicios públicos, actualmente en negociación entre 50 países de la OCDE.
Por último queremos también denunciar los intentos por crear desde las grandes corporaciones un Tribunal Multilaterales de Inversiones (TMI), que aseguraría, en caso de que los polémicos mecanismos de solución de controversias entre inversores y estados (ISDS e ICS), quedaran suspendidos o limitados en las negociaciones o aprobaciones definitivas de los tratados.
En cambio, queremos manifestar nuestra solidaridad y apoyo a las diferentes luchas y estrategias organizadas a nivel global para frenar la impunidad de las transnacionales a través de iniciativas como el Tratado Internacional de los Pueblos o el Tratado Vinculante de las Naciones Unidas para las Empresas transnacionales y otras empresas en materia de respeto de los Derechos Humanos.

El Senado aprueba el CETA tras acordar la aplicación del 155

El Senado aprueba el CETA tras acordar la aplicación del 155
El segundo punto en el orden del día de la Cámara alta no es otro que un dictamen sobre el tratado de comercio con Canadá.
27/10/2017
elboletin.com
E.B.
Solo hay dos puntos en el orden del día del Senado en un día tan señalado como hoy. El primero ha puesto en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución por 214 votos a favor, el 83% de cámara. Este acuerdo ha dado autorización al Gobierno de Mariano Rajoy para que aplique las medidas que aprobó hace casi una semana en Cataluña en amparo de la Constitución.
Curiosamente, el otro asunto que trata hoy el Senado es la aprobación del dictamen de la comisión correspondiente para dar luz verde al Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), el acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá.
Teniendo en cuenta la mayoría absoluta del PP en el Senado, había pocas dudas sobre cuál sería el sentido del último permiso que las instituciones españolas debían dar a este acuerdo comercial, que ya ha pasado por el Congreso de los Diputados. Allí cosechó el voto en contra de Unidos Podemos y la abstención del PSOE, en mitad de la polémica en esta formación tras la vuelta de Pedro Sánchez a la secretaría general.
Hoy, el acuerdo ha sido apoyado en el Senado por el PP, Ciudadanos y PNV. El PSOE ha vuelto a abstenerse. El grupo confederal en torno a Podemos a afeado que tras el 155, que tampoco han apoyado los de Pablo Iglesias, la Cámara alta haya permitido otra ley que afecta a la “soberanía” española: “El rodillo del PP nos aprueba el 155 en el Senado, y ahora van a por el CETA: nuestra soberanía estallando por los aires”, critica el grupo en su perfil de Twitter.
El tratado de libre comercio con Canadá entró en septiembre en vigor provisional. Aún no ha sido ratificado en todas las cámaras parlamentarias europeas pero sólo deja sin aplicar el sistema de resolución de conflictos inversor-Estado, el polémico mecanismo de arbitraje al margen de los tribunales nacionales.

El Senado ratificará definitivamente el CETA tras aprobar el 155

El Senado ratificará definitivamente el CETA tras aprobar el 155
La mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta garantiza su aprobación. El PSOE no ha aclarado su posición, que previsiblemente será la misma que la adoptada en la Cámara Baja, la abstención. La portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, juez en excedencia, dijo entonces que apreciaba “dudas jurídicas” en el acuerdo, pero su grupo se abstuvo cuando Unidos Podemos propuso someterlo a la revisión del Constitucional
Alejandro López de Miguel
24/10/2017
publico.es
Es el último procedimiento para ratificar un acuerdo que ya está parcialmente en vigor, y la mayoría absoluta del PP en la cámara garantiza que el CETA obtendrá el último visto bueno que requiere por parte de una institución española. Y, aunque el Artículo 155 de la Constitución esté en boca de todos, y previsiblemente obtendrá luz verde en el Senado el viernes, su tramitación sólo ha retrasado dos días el Pleno en el que se debatirá el tratado comercial entre la UE y Canadá.
El acuerdo llegará a la Cámara Alta el viernes, salvo cambios de última hora. El Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) figuraba en el orden del día del miércoles -punto 6.1.1-, pero el Pleno fue aplazado durante el fin de semana, como consecuencia de la tramitación del 155. Ahora aparece como único punto del día del segundo Pleno, tras la sesión que servirá a Mariano Rajoy para poder hacerse con todo el poder en Catalunya -temporalmente-. Una vez superada la votación, y a pesar de los riesgos que lleva aparejados, o de las críticas que ha cosechado, el acuerdo ya contará con todos los avales que requiere en nuestro país.
Villanueva: “Si el Senado lo ratifica estará aplicando una vez más el rodillo, desoyendo a ayuntamientos, parlamentos autonómicos y sociedad civil, que piden su paralización”
“Si el Senado ratifica el CETA estará aplicando una vez más el rodillo, desoyendo la solicitud de multitud de ayuntamientos, parlamentos autonómicos y sociedad civil que piden su paralización y el acceso a información adicional”, asegura a Público Idoia Villanueva, senadora de Unidos Podemos y portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Alta. “Comienza a aplicarse un nuevo tratado con arbitrajes privados fuera de la jurisprudencia de nuestro país, dejando a la pequeña y mediana empresa desprotegida frente a las grandes multinacionales extranjeras”, denuncia.
El tratado ya tiene el visto bueno del Consejo Europeo, el Europarlamento y el Congreso de los Diputados, y sólo queda pendiente este trámite, aunque lo cierto es que ya lleva casi un mes en vigor, de forma provisional. Un procedimiento similar transcurre paralelamente en otros países europeos, aunque hasta la fecha sólo ha concluido en seis de ellos, según fuentes conocedoras del proceso.
Y, mientras el Gobierno de Bélgica ha remitido el tratado al Tribunal de Justicia de la UE para que aclare si cumple con el marco legal de los 28 -en virtud de su acuerdo con el Ejecutivo de la región belga de Valonia-, en España Congreso y Senado han rechazado remitirlo al Tribunal Constitucional para que éste se pronuncie sobre su legalidad.
Como recuerda Villanueva, Unidos Podemos impulsó el control previo de constitucionalidad en ambas cámaras, pero la iniciativa fue tumbada por PP, Ciudadanos y otros férreos defensores del acuerdo, e incluso el PSOE se unió a este bloque en la Cámara Baja.
Las “dudas jurídicas” de Robles que no convencieron al PSOE para pedir opinión al Constitucional
Por otra parte, antes y después de la aprobación del CETA en la Cámara Baja, cuando el PSOE dio un brusco volantazo y pasó del apoyo incondicional al acuerdo a la abstención, la portavoz parlamentaria, Margarita Robles, advirtió de que apreciaba “dudas jurídicas” en el tratado.

“Es absolutamente incomprensible la posición del PSOE, el partido de la abstención. Se abstiene del rumbo de su país”, acusa la senadora

En concreto, Robles, juez en excedencia, se refirió a los tribunales de arbitraje que permiten a los inversores no recurrir a los sistemas judiciales nacionales -una de las partes del CETA que aún no están en vigor, y quizás la más polémica-. También mencionó la ausencia de un pronunciamiento sobre el tratado por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Unidos Podemos alegó que este informe era preceptivo, pero el órgano de gobierno de los jueces decidió que no era necesario.
No obstante, las “dudas jurídicas” de Robles no han impedido que, por segunda vez, el PSOE no apoye el envío del CETA al Constitucional: en el Congreso votaron en contra, en el Senado se abstuvieron. “Es absolutamente incomprensible la posición del Partido Socialista“, apunta Villanueva, que acusa al PSOE de ser “el partido de la abstención. Se abstiene de su responsabilidad parlamentaria en asuntos tan importantes, se abstiene del rumbo de su país”, apostilla.
Pese a los intentos de este diario, el PSOE no ha aclarado qué votará finalmente en el Pleno en el que se ratificará el CETA, aunque previsiblemente se mantendrá en la abstención.
El recurso de constitucionalidad, en la recámara
Distintas fuentes de Unidos Podemos han criticado esta forma de proceder por parte del PSOE, teniendo en cuenta la existencia de estas “dudas jurídicas”, y han dejado ver que emprenderán otro tipo de acciones para parar el acuerdo o someterlo a la revisión del Alto Tribunal.
Una opción podría ser solicitar un recurso de constitucionalidad. Vamos a ver cómo se desarrolla la próxima semana en el Senado y evaluaremos las posibles opciones”, responde Villanueva.
“Pararemos el CETA, en el Constitucional o en el TJUE”, aseguró recientemente a este diario Pablo Bustinduy, portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Exteriores en la Cámara Baja.
Como Bustinduy, organizaciones ecologistas o sindicales como las que se integran en la Campaña Estatal No al TTIP se muestran favorables a cualquier medida que permita paralizar un tratado que consideran peligroso, y fuentes del grupo Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea en el Congreso aseguran que estudiarán todos los escenarios posibles.

Afectados por las empresas transacionales alertan sobre el bloque a un tratado vinculante en la ONU que proteja sus derechos

Afectados por las empresas transacionales alertan sobre el bloque a un tratado vinculante en la ONU que proteja sus derechos
Comunicado de prensa
Ginebra, 27 de octubre – Más de 200 delegados de más de 80 países representando a movimientos sociales, sindicatos y la sociedad civil global,(1) incluidas comunidades afectadas por violaciones de derechos humanos por parte de empresas transnacionales, participan activamente esta semana en el tercer período de sesiones del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta para la elaboración de un Instrumento Internacional Legalmente Vinculante sobre Corporaciones Transnacionales (ETNs) y otras Empresas Comerciales con respecto a los derechos humanos.(2)
El proceso de elaboración de un Tratado vinculante está en marcha por la voluntad de los afectados de las violaciones de armarse de un instrumento jurídico internacional que les defienda, así como por la toma de conciencia de varios gobiernos que es necesario poner un alto al creciente desequilibrio entre derechos humanos y las acciones de las ETN’S. Noventa y cinco países estuvieron presentes en las conversaciones de esta semana, un número notable para un grupo de trabajo intergubernamental de este tipo. Miembros de parlamentos de más de 20 países y del Parlamento Europeo,(3) así como más de 700 organizaciones de la sociedad civil han indicado apoyo oficial para el proceso.
Pablo Fajardo, representante de la Unión de Afectados por Chevron recordó que “los pueblos víctimas de los crímenes corporativos, que se producen en todo el mundo, somos testigos que en la actualidad quienes más violan los derechos humanos son las Transnacionales. El tratado vinculante es una herramienta para proteger de forma real y practica los derechos humanos de los pueblos víctimas.”
Tchenna Maso de La Via Campesina, afirmó que “Todo aquel gobierno que se oponga a la creación de este instrumento no sólo se pone a contracorriente de la historia, sino que actúa claramente como cómplice de las violaciones de las ETN’s. Llamamos en particular la atención sobre la posición de la Unión Europea, que está obstruyendo el proceso. Escondiéndose detrás de la supuesta inercia interna, la Unión Europea (UE) está, de hecho, apuntando a detener definitivamente el proceso. Llamamos a gobiernos de otras regiones a unirse para resistir la presión de la UE y defender sus pueblos.”
Mary Ann Manahan, Marcha Mundial de las Mujeres – Filipinas enfatizó que “Las organizaciones sociales continuarán respondiendo a los crímenes contra las comunidades y territorios afectados como resultado de las actividades de las ETNs, y continuarán movilizándose para la elaboración de un borrador de tratado en la cuarta sesión del grupo de trabajo intergubernamental.”
Karin Nansen Presidenta de Amigos de la Tierra Internacional afirmó “Esperamos el borrador del texto del tratado a ser presentado por el Presidente Relator del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta en 2018, al tiempo que nos comprometemos a continuar aportando las demandas de los pueblos para lograr un tratado jurídicamente vinculante que haga posible la justicia para las víctimas conforme a la resolución 26-9. Teniendo en cuenta el interés manifestado en varios parlamentos nacionales, como Francia, España y Uruguay, entre otros, el debate debe ampliarse y fortalecerse. Los parlamentarios y parlamentarias de otros países deben involucrarse en el proceso”.
NOTA PARA LOS EDITORES
(1) Este comunicado de prensa es de La Campaña Mundial para Recuperar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Detener la Impunidad (Campaña Global), una red de más de 200 movimientos sociales y comunidades afectadas que se resisten al acaparamiento de tierras, extracción minera, salarios de explotación y destrucción del medio ambiente. África, Asia y América Latina. Sitio web: https://www.stopcorporateimpunity.org/
(2) Este mandato es resultado de la resolución 26/9 aprobada por el Consejo de Derechos Humanos en 2014.
(3) Para la lista de signatarios de la iniciativa interparlamentaria para un Tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos, véase http://bindingtreaty.org/

Un plan de mínimos para implantar normas sobre derechos humanos en las empresas

Un plan de mínimos para implantar normas sobre derechos humanos en las empresas
El nuevo proyecto no crea nuevas obligaciones de derecho internacional ni dejadez de las asumidas
Santiago González Vallejo
cincodias.elpais.com
El Gobierno aprobó el 28 de julio el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Su finalidad es aplicar los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas. No presenta una gran novedad. España tiene suscritas desde 2011 las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, elaboradas, al igual que dicho plan, siguiendo esos principios rectores que se mueven en el ámbito de la responsabilidad social corporativa. Es decir, la voluntariedad de la empresa para desarrollar mecanismos de diligencia debida de proteger, respetar y remediar daños causados por su actividad empresarial, tanto por la matriz como en sus filiales.
El plan no supone crear nuevas obligaciones de derecho internacional ni dejadez de las asumidas. Y ese es su defecto. Porque si bien hay que valorar que la reputación de la empresa está en juego en sus actuaciones u omisiones, sabemos que existen por parte de las grandes empresas mecanismos y capacidad para evitar que se vea afectada. En muchos casos es una cuestión de dinero e influencia política y, las más, poner velos societarios para diluir responsabilidades en la cadena de valor.
Este elemento es uno de los centrales de las discusiones. Pasar de la voluntariedad y promesa de las empresas, todo el aparataje de la responsabilidad social corporativa, y llegar a la norma jurídica sobre la obligación de cumplir la norma ya existente, el respeto a los derechos humanos y la posibilidad de crear instrumentos reales para poder presentar una denuncia en caso de incumplimiento y lograr una resolución sobre la misma y la reparación consiguiente.
España sí ha apoyado la Declaración Tripartita de Principios y Derechos Fundamentales de la OIT. En esta hay una mejora de procedimiento sobre los actuales Puntos Nacionales de Contacto de las Líneas Directrices sobre Multinacionales de la OCDE. En los que existen y hay alguna virtualidad, se pueden presentar denuncias de presuntos malos comportamientos de las empresas, pero que no tienen poder para dirimirlas si la empresa, con toda la RSC que publique y la debida diligencia que proclame como marketing, así no lo quiera.
Por eso, la elaboración del plan ha llevado varios años. En 2013 y 2104 se estuvo discutiendo la formulación del mismo, pero no hubo acuerdo. En el actual plan, ya en vigor, el Gobierno descartó la participación de la sociedad civil. En ambos casos, tanto en el borrador antiguo como en la actualidad, han omitido la creación de normas jurídicamente vinculantes y ni siquiera ha habido voluntad de introducirlas en el contenido de los tratados de comercio e inversiones para que hubiera cláusulas sociales y laborales. Tampoco sobre la exclusión en la contratación pública de empresas que actúen en paraísos fiscales. Porque los paraísos fiscales o la ingeniería fiscal atenta contra la capacidad de provisión de servicios públicos favoreciendo solo a los accionistas de las empresas.
Por lo tanto, la aprobación del plan se produce con mucho retraso y para salir del paso, como elemento previo a la candidatura española para ser uno de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cosa ya lograda.
Pero la declaración de la OIT y las líneas directrices siguen navegando en aguas poco comprometidas. Por eso es sintomático que España, junto con el resto de los países de la UE y otros Estados de gran predominio de multinacionales, no apoyasen la constitución de un grupo de trabajo dentro de ese Consejo de Derechos Humanos para la formalización de un tratado vinculante sobre derechos humanos y transnacionales. La UE sí ha estado presente en la segunda sesión el año pasado. Su contribución fue incorporar el que ese potencial tratado incorporase a las transnacionales “y otras empresas” y que se explicitara que mientras no estuviera en vigor el tratado vinculante, siguieran aplicándose los principios y los otros acuerdos.
El hecho de no mencionarse ese posible tratado en el plan, cuando el borrador del proyecto de tratado ya circula y estaba preparándose en estos meses, ni haber una exclusión de empresas con malas prácticas en la ley de contratación pública desdibuja la postura del Gobierno y nuestro deseo de que se convierta en un socio leal y constructivo para que salga adelante, con mayúsculas, un buen tratado.

Páginas