Noticias de la Campaña estatal #NoalTTIP

Jornada por el establecimiento de un tratado sobre empresas transnacionales y derechos humanos

Jornada por el establecimiento de un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos.
Miércoles 18 de octubre
Congreso de los Diputados. Sala Ernest Lluch
16:00 – 19:00

MESA 1.
Hacia un tratado vinculante para empresas transancionales y derechos humanos
Guillaume Long, Embajador y representante permanente de la Misión de Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra
Juan Hernández Zubizarreta, profesor de la UPV/EHU e investigador de OMAL-Paz con Dignidad
Richar Nelson Sierra Alquerque, – del pueblo Senú y Consejería de Relaciones Políticas y Justicia Propia de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), Colombia
Modera: Elisa Veiga, presidenta de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España
MESA 2.
Puntos claves para el tratado vinculante en Naciones Unidas

Marco Aparicio, Porfesor de Derecho constitucional (Universitat de Girona) y presidente del Observatorio DESC
Julia Martí, Investigadora y activista de la Campaña Global “Desmantelando el poder corporativo”
Carole Peychaud, CCFD – Terre Solidaire, Francia
Pablo Estenio Fajardo Mendoza, Abogado ambientalista de los demandandes a Chevron Texaco en Ecuador
Modera: Manuel Gómez Galán, Junta de Gobierno de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarollo España.
Para las inscripciones es necesario escribir a tratadovinculante@gmail.com e indicar los siguientes datos, necesarios para acceder al Congreso: nombre, apellidos, DNI.

Tratados de Inversión y el Veto Interno de Propuestas Regulatorias: Estudio de Caso de Canadá

Tratados de Inversión y el Veto Interno de Propuestas Regulatorias: Estudio de Caso de Canadá
¿La posibilidad de demandas de un inversor extranjero en contra de un país en el marco de la solución de controversias entre inversionista y Estado (ISDS) provoca un enfriamiento regulatorio? Esta pregunta es difícil de responder ya que la información sobre la ISDS y la toma de decisiones de los gobiernos habitualmente no está disponible para el público en general. Considerando el riesgo para la reputación de los gobiernos, es muy probable que esta información no sea hecha pública cuando involucra cambios destinados a apaciguar los ánimos de los inversores extranjeros.
Por esta razón, nos propusimos estudiar esta cuestión —principalmente en el contexto de Ontario, Canadá— entrevistando a 51 informantes sobre políticas, en su mayoría ex o actuales funcionarios públicos con un cargo en ministerios de medio ambiente o comercio. Nos enfocamos en determinar si la ISDS contribuye al veto interno de decisiones gubernamentales sobre protección ambiental. Queremos destacar que este contexto puede variar según la jurisdicción e, incluso en Ontario, las conclusiones no pretenden ser concluyentes. Presentamos aquí un resumen de las mismas, descriptas en mayor detalle en otro documento[1].
1. Los ministerios de gobierno han cambiado sus decisiones para atender las preocupaciones que son resultado de acuerdos de comercio e inversión, incluyendo la ISDS.
Es evidente que las preocupaciones con respecto a los acuerdos de comercio e inversión, que incluyen la ISDS, son tenidas en cuenta en los procesos de toma de decisiones de los ministerios que trabajan en asuntos ambientales. Por ejemplo, un abogado del gobierno de un ministerio relacionado con el medio ambiente de Ontario reportó que asuntos de comercio comenzaron a llegar a su oficina después de principios del 2000. Al preguntarle qué temas comenzaron a surgir, el abogado apuntó a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y las disposiciones sobre ISDS del Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), remarcando que el “Capítulo 11 es el más urticante”. El abogado informó haber revisado una, dos y hasta tres o cuatro veces, un proyecto de ley, regulación o política por año para cumplir con los requisitos comerciales[2].
Asimismo, en otra gran provincia canadiense, un funcionario del ministerio de comercio dijo que las medidas propuestas en dicha provincia fueron revisadas a los fines de cumplir con requisitos comerciales cientos de veces por año y que el ministerio de comercio contaba con un equipo de doce personas a estos efectos. Las medidas revisadas incluyen cambios legislativos, regulatorios o de políticas, o políticas existentes; y confirmó que la ISDS con seguridad se encontraba dentro de su radar[3].
2. La ISDS ejerce presión sobre la toma de decisiones del gobierno debido al riesgo político y financiero y a los costos de oportunidad creados por la ISDS.
Varios entrevistados reconocieron que los riesgos financieros de la ISDS influyen en la toma de decisiones del gobierno y que la cultura general del gobierno es reacia a los riesgos. Por ejemplo, al preguntarle por el riesgo financiero de la ISDS, un asesor de políticas de un ministerio relacionado con asuntos ambientales señaló que: “De la manera en que hacemos negocios, la aversión a los riesgos se encuentra justo en las bases. No nos gusta tomar riesgos con los recursos de los contribuyentes —recursos que pertenecen a los ciudadanos de Ontario. Nos tomamos esto muy en serio”[4]. Al presentarle la posibilidad de que surja un riesgo de litigio que conlleve una responsabilidad potencial de miles de millones de dólares, un ex asesor político del Gabinete de Ontario fue claro al declarar que el riesgo sería considerado “al segundo de llegar a la oficina de los políticos”. Según el ex asesor: “Si existe un riesgo de miles de millones de dólares y hay un riesgo sustancial de ir a juicio, esto seguramente tendrá un gran impacto en la decisión que se tome”[5].
La ISDS también ejerce otro tipo de presión en los gobiernos. Según un ex asesor jerárquico de un ministerio relacionado con asuntos ambientales, los formuladores de políticas consideran el riesgo político y no político de la siguiente manera[6]:
En cuanto al riesgo político, se trata del éxito de llevar a cabo lo que se está trabajando y donde se colocó el capital político. En torno al riesgo no político, se trata de recursos perdidos, dedicando tiempo y energía en algo que no puede seguir adelante o que es percibido negativamente, o que pueda ser realizado a medias.
Varios entrevistados destacaron el riesgo de perder tiempo y recursos, y sus correspondientes efectos disuasivos, a raíz del litigio relativo a la ISDS[2] [7]. También escuchamos que los asuntos comerciales y ambientales se tornan más relevantes después de que el ministerio es objeto de un caso del TLCAN. Un ex abogado de un ministerio federal de medio ambiente recordó que, a fines de 1990s, la demanda de Ethyl contra Canadá en virtud del Capítulo 11 del TLCAN tomó al gobierno por sorpresa[8]. A este respecto, un ex asesor político de alto nivel del departamento federal de comercio cuando surgió el caso de Ethyl señaló que la demanda “realmente espantó a los funcionarios que se vieron, a mi entender, intimidados por las impugnaciones del Capítulo 11”[9]. El ex asesor agregó que: “Según mi opinión, llevó a un mal asesoramiento de los funcionarios en el sentido de que estaban realmente temerosos de desarrollar cualquier política productiva ya que consideraban que toda política podría ser objeto de algún tipo de escrutinio comercial ante el cual Canadá saldría perdiendo”.
Estas conclusiones sugieren que los gobiernos pueden responder prontamente a los casos de ISDS iniciados contra ellos de manera que se hagan públicos, pero que después podrían adaptar sus decisiones para evitar los riesgos surgidos de la ISDS, vetando las propuestas internamente. Por deducción, la información pública sobre el impacto de la ISDS en los gobiernos estaría menos disponible después del shock inicial[10].
3. La ISDS no constituye un factor todo poderoso en la toma de decisiones del gobierno. Las presiones relativas a la ISDS pueden ser superadas, especialmente si existe un fuerte compromiso político a una medida propuesta, respaldado por la capacidad jurídica para analizar los presuntos riesgos de la ISDS de manera crítica y a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones.
Pese a sus impactos evidentes, la ISDS no surgió como un factor abrumador en el gobierno. Otras consideraciones podrían desbancar o sobreponerse a las preocupaciones relativas a la ISDS. Principalmente, entre ellas parece estar el compromiso político de “hacer lo correcto”, especialmente si este sentimiento va acompañado de un amplio apoyo público a una propuesta[11].
La Ley de prohibición de pesticidas para uso cosmético de Ontario (Cosmetic Pesticides Ban Act) de 2008 —la cual restringía el uso cosmético de pesticidas químicos en pos de la salud y el medio ambiente— fue citada por varios entrevistados como un ejemplo de cómo un compromiso político con una decisión podría sobreponerse a una amenaza de ISDS, pese a que la mayoría coincidió en que resulta dudoso si la ley hubiera procedido sin el impulso político o un gran apoyo público[2] [6] [12].
En este mismo sentido, escuchamos que los riesgos de la ISDS pueden ser atendidos antes de que las propuestas lleguen a los altos niveles políticos de toma de decisiones. Un ex ministro de Ontario afirmó que esperaba que las preocupaciones relativas a la ISDS sean atendidas antes de llegar a la oficina del ministro, señalando que los funcionarios públicos discutían el tema y los abogados del gobierno formulaban propuestas para limitar los riesgos del comercio y la ISDS. Según un ex asesor político del Gabinete de Ontario[5]:
Mi opinión es que si le preguntas a cualquier ministro sobre el enfriamiento legal asociado con el derecho comercial, probablemente diga que no porque una decisión a este respecto nunca ha llegado a su oficina …. Pero si le preguntaras … a un abogado honesto que trabaja para el gobierno evaluando riesgos jurídicos de este tipo, si fuera sincero, diría que sí.
Algunos entrevistados comentaron que los gobiernos pueden descartar los riesgos financieros de la ISDS porque las sumas involucradas son manejables. Algunos entrevistados describieron la solución de un caso iniciado contra Canadá en virtud del TLCAN que costó CAD15 millones como “monedas de cambio” o como un “error de redondeo”[13]. Sin embargo, esta opinión fue contradicha por otros. Un ex funcionario de un ministerio relacionado con temas ambientales nos dijo que, “para un ministerio como [el de medio ambiente], CAD$15 millones es mucho dinero”, independientemente de si sale del presupuesto del ministerio o de los ingresos generales, porque el ministerio “no puede ser responsable de imponer ese [gasto] al sistema como un todo”.
4. La evaluación de los riesgos del comercio o de la ISDS involucra elecciones de valores. Los cambios en los procesos de toma de decisiones que hemos documentado aumentan el papel de los “valores comerciales” y la protección de los inversores extranjeros por sobre los valores competitivos.
No es sorprendente que haya opiniones contradictorias en el gobierno sobre si y cómo priorizar los intereses de los inversores extranjeros que entran en conflicto con objetivos ambientales o de salud. De hecho, parece ser que algunos funcionarios pueden invocar los “valores comerciales” como antítesis de las prioridades ambientales o de salud. Un funcionario de comercio de Ontario no dijo que algunos funcionarios, especialmente a nivel federal en el ámbito del comercio, son “verdaderos partidarios” de los acuerdos de comercio y todo lo que tiene que ver con los mismos. Los entrevistados con experiencia en regulación ambiental o en temas de salud expresaron una opinión similar. Según un experto en políticas con vasta experiencia en regulación ambiental federal señaló que[14]:
..el gobierno federal posee un ejército de abogados comerciales cuyo trabajo es atacar inmediatamente todo atisbo, o pensamiento que se aleje de las disciplinas comerciales. Están ahí para doblegar, tanto porque son verdaderos partidarios de la liberalización del comercio como cualquier cosa que ellos piensen que constituye un riesgo …. Se trata de un gran martillo que la gente de comercio está más que feliz de utilizar frente a iniciativas de otros departamentos.
Dejando de lado esta caracterización de algunos abogados de comercio, los funcionarios de comercio provinciales que fueron entrevistados parecían tener un enfoque más equilibrado y pragmático, aunque todavía arraigados a una versión de valores comerciales. Estos funcionarios citaron principios de no discriminación y la evitación de otorgar beneficios económicos a las firmas locales y expresaron su preocupación por las leyes que están siendo diseñadas con fines económicos disfrazados de ambientales.
Sin embargo, otros funcionarios expresaron una opinión opuesta señalando que las medidas ambientales tienden a ser exhibidas en términos económicos para afirmar que destruyen empleos o discriminan en favor de uno u otro interés económico[6]. De cualquier forma, los objetivos ambientales se ven frustrados por aquellos que defienden los valores comerciales. Un abogado del gobierno bien informado sobre el derecho comercial y la ISDS comentó que no existe algo como una medida “puramente” ambiental que esté libre de un impacto económico[2], y varios encargados de la toma de decisiones políticas señalaron que las iniciativas ambientales no procederían si no conllevaran un beneficio económico[15].
Conclusión
Nuestra investigación sobre la toma de decisiones ambientales en Ontario, Canadá, revela que la ISDS ejerce presión sobre los gobiernos para que veten propuestas regulatorias por su impacto en los inversores extranjeros, especialmente en aquellas burocracias reacias a los riesgos. El efecto disuasivo de la ISDS parece verse agravado por los costos de oportunidad de defender una medida frente a demandas entabladas por inversores extranjeros. Incluso un caso menor de ISDS puede consumir gran cantidad de tiempo y otros recursos. Los estudios de riesgo de ISDS, que a menudo son presentados como asesoramiento legal o técnico, pueden llevar a caracterizar las iniciativas ambientales como indebidamente dañinas o inapropiadamente beneficiosas para la economía y, a su vez, indeseables. El hecho de que la ISDS permita a los inversores extranjeros presentar demandas aumenta sus intereses, en relación con aquellos de otros electores, en la toma de decisiones del gobierno. A este respecto, creemos que es prudente concluir que la ISDS efectivamente lleva al enfriamiento regulatorio.
Autores
Gus Van Harten es profesor de la Facultad de Derecho de Osgoode Hall de la Universidad de York especializado en derecho internacional de las inversiones y arbitraje entre inversionista y Estado. Dayna Nadine Scott es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de Osgoode Hall y de la Facultad de Estudios Ambientales de la Universidad de York especializada en derecho ambiental y riesgos de regulación.
Notas
[1] Van Harten, G., & Scott, D. N. (2016). Investment treaties and the internal vetting of regulatory proposals: A case study from Canada. Journal of International Dispute Settlement, 7(1), 92–116. Extraído de https://doi.org/10.1093/jnlids/idv031; Van Harten, G., & Scott, D. N. (2017, en curso). Investment treaties and the internal vetting of regulatory proposals: A case study from Canada (Parte 2). En Bjorklund, A. K. (ed.). Yearbook on International Investment Law and Policy. Oxford: Oxford University Press.
[2] Entrevista a AH (25 de marzo de 2013).
[3] Entrevista a BK, BL y BM (23 de junio de 2014).
[4] Entrevista a BJ (28 de marzo de 2014).
[5] Entrevista a AX (22 de noviembre de 2013).
[6] Entrevista a AE (15 de abril de 2011).
[7] Entrevista a BH (24 de marzo de 2014) y a BP (14 de julio de 2014).
[8] Entrevista a AW (22 de noviembre de 2013).
[9] Entrevista a AM (8 de octubre de 2013).
[10] Agradecemos a Andreas Follesdal por este punto.
[11] Entrevista a AF (15 de abril de 2011).
[12] Entrevista a AL (4 de octubre de 2013) y a BA (3 y 10 de diciembre de 2013). Véase también Cooper, K., Bell-Pasht, K., Nadarajah, R., & McClenaghan, T.L. (2014). Seeking a regulatory chill in Canada: The Dow Agrosciences NAFTA Chapter 11 challenge to the Quebec Pesticides Management Code. Golden Gate University Environmental Law Journal, 7(1), 5, p. 31. Extraído de http://digitalcommons.law.ggu.edu/gguelj/vol7/iss1/4.
[13] Entrevista a AD (15 de abril de 2011).
[14] Entrevista a AG (14 de abril de 2011).
[15] Entrevista a AU (15 de noviembre de 2013).

El gran peligro del CETA: hace casi imposible revertir las privatizaciones

El gran peligro del CETA es que hace casi imposible revertir las privatizaciones
Entrevista con Tom Kucharz
elboletin.com
A sólo unos días de distancia de la entrada en vigor provisional del CETA y coincidiendo con la petición en el Senado de un estudio de constitucionalidad del tratado esta misma mañana, el portavoz de la Campaña estatal ‘No al TTIP, CETA y TiSA‘ , Tom Kucharz, conversa con El Boletín acerca de las implicaciones del acuerdo con Canadá, de la Europa de Jean Claude Juncker y del papel del PSOE y la socialdemocracia europea en el futuro andamiaje de la política comercial de los 27.
Miembro de Ecologistas en Acción, Kucharz ve efectos “directos” de los polémicos acuerdos de libre comercio sobre el día a día de la política nacional, regional e incluso local. Rechaza la idea de que la UE deba competir por imponer sus reglas al comercio internacional porque el mundo “ha asumido las normas que dictaron EEUU, la UE y Japón durante muchas décadas”. Cree que culpar a actores externos o a la propia globalización no hace sino “desviarnos del tema fundamental: que las políticas comerciales neoliberales son intrínsecamente injustas”.
¿Tendrá el CETA influencia real, en términos de PIB, o es más bien un símbolo para abrazar o rechazar la política comercial de la UE?
Los impactos de estos tratados no solamente deberíamos mirarlos desde la economía. Mucho más perversos y peligrosos son los impedimentos, la chaqueta de fuerza que se pone a los gobiernos al activar determinados cambios políticos. Ahora mismo es urgente regular el sector financiero, poner en marcha la transición energética, luchar contra la pobreza, la exclusión social y la violencia de género; todo esto requiere políticas económicas nacionales, regionales y locales. Lo que busca el CETA es lo contrario: que haya la mínima intervención política en la economía.
¿No debería ser la UE soberana para firmar este tipo de acuerdos en nombre de sus miembros?
Tomemos como ejemplo el CETA, que incluye la aplicación provisional del capítulo sobre servicios financieros. Esto permite al sector bancario la venta transfronteriza de servicios financieros de alto riesgo. Si ahora un parlamento quiere prohibir las transacciones especulativas o poner una tasa a las transacciones financieras internacionales, con el CETA sería mucho más difícil porque las futuras medidas para desregular el comercio transfronterizo entre Canadá y la UE se regirán por este pacto, lo que dará más derechos a los bancos impidiendo regulaciones en el sector, y a su vez nos pone en riesgo de nuevas burbujas especulativas.
Afecta a las políticas nacionales. Aunque argumenten que en muchos casos se trata de competencias exclusivas de la UE, ¿cómo dejar en manos de instituciones enormemente autoritarias como la propia Comisión Europea decisiones que, durante no sólo años sino décadas, rigen políticas públicas que luego serán muy difíciles de revertir en el ámbito nacional, regional y local?
Tenemos que invertir esa lógica, es enorme la cantidad de competencias que recaen sobre instituciones de la UE, sin procesos democráticos reales, que están afectando a la vida de la mayorías sociales.
¿Los tratados fomentan las privatizaciones?
Claramente. Ya de por sí quedan muy pocos sectores públicos protegidos tras las olas privatizadoras de los ultimos 30 años. Pero especialmente el CETA, negociado por el sistema de la lista negativa, excluye de los mecanismos de privatización a menos de una veintena de servicios. Y por ejemplo, la gestión del agua, que debería ser un sector absolutamente excluido de los tratados, no está.
Pero el gran peligro del CETA es que intenta hacer muy difícil o imposible revertir los procesos de privatización del pasado. Amenaza a la actual tendencia a remunicipalizar, por ejemplo el agua, los servicios de recogida de basura, limpieza, alumbrado público, etc. Como las funerarias en Madrid o la limpieza de las playas en Cádiz. Porque siempre pensamos en educación y sanidad, pero hay una gran cantidad de otros servicios que fueron privatizados y es urgente recuperarlos, y el CETA va a hacerlo muy difícil.
La cúspide europea argumenta que debe liderar la globalización para defenderse de actores como EEUU o China. ¿Qué responden los críticos?
No es cierto que ahora sean otros los que deciden las reglas internacionales de comercio. En gran medida se definieron a partir de la Segunda Guerra Mundial y en el 95 con la Organización Mundial de Comercio. Sabemos perfectamente que quienes dictaron las bases jurídicas y políticas entonces fueron las grandes corporaciones transnacionales, que en los ‘80 coescribieron con funcionarios de diferentes países, y en concreto de la Comisión Europea, gran parte del rumbo de la política comercial internacional.
Ahí se creó una arquitectura que busca la impunidad por las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos y los derechos laborales, por la contaminación que produce gran parte de la industrias vinculada a las exportaciones, relacionadas con comportamientos por la bajada de salarios, del dumping social etc. Y ha tenido consecuencias nefastas.
De hecho, gran parte de las industrias exportadoras e importadoras de la UE producen en China. Y es bastante hipócrita referirse ahora a este país porque pueda dictar las normas internacionales de comercio. China, desde la entrada a la OMC, ha asumido las normas que dictaron EEUU, la UE y Japón durante muchas décadas, y son normas que no permitieron un comercio internacional justo.
Concretamente la crisis en España, el enorme desempleo, las desigualdades sociales y salariales tienen que ver con el desmantelamiento de sectores productivos empobrecidos a base de aumentar la capacidad productiva de Alemania. Y el superávit comercial de Alemania, que en 2016 fue de 300.000 millones de euros, se traduce en países de la propia periferia europea con déficit comercial. Alemania exporta mucho más de lo que importa y eso tiene como consecuencia que España importa mucho más de lo que exporta. Lo que causa desempleo injusto y una deuda publica ilegítima en nuestra opinión.
Referirse siempre a actores como China para culparles de todo nos desvía completamente del tema fundamental: que las políticas comerciales neoliberales son intrínsecamente injustas, contrarias al estado de derecho y producen muchísimas desigualdades. Mientras se protegen los intereses de los inversores se descuidan los derechos laborales, sociales y climáticos, lo que conduce sistemáticamente a situaciones de enormes injusticias.
¿Es posible dar marcha atrás en la actual política comercial de la Comisión Juncker?
Estamos en una situación enormemente preocupante, porque ya son 30 años de políticas comerciales liberales que se han llevado por delante el estado del bienestar, que han privatizado servicios públicos, han empeorado las condiciones sociales y laborales de cientos de millones de personas en el mundo y son la causa fundamental del empeoramiento del cambio climático, la pobreza y las desigualdades. Y la Comisión Europea y la mayoría de los gobiernos del Consejo no muestran voluntad de atajarlo.
Sin embargo, la campaña de estos últimos años contra el TTIP, ahora congelado, pero sobre todo el rechazo social y político contra el CETA, ha abierto una brecha grande. No sólo porque millones de personas se han manifestado en la calle, sino porque la mayoría de sindicatos en Europa se está oponiendo a este tipo de tratados.
Han reaccionado muchísimos sectores que antes no se habían planteado el peligro de las políticas de comercio e inversión: desde empresas públicas, gestores públicos de agua, empresas públicas de radiotelevisión, asociaciones de pymes con campañas en Alemania, Austria y Francia… Más de 2.100 gobiernos regionales y locales en Europa se han declarado en oposición a estos tratados. También la Asociación Europea de Jueces, asociaciones de magistrados y fiscales de varios países, el más destacado Alemania (DBR), cuyos miembros han demostrado que los mecanismos de arbitraje son contrarios al derecho comunitario.
Es un cuestionamiento igualmente alimentado en organizaciones ecologistas, feministas, y una gran movilización del sector agrario por la soberanía alimentaria. Porque ya en el mundo rural hay una crisis enorme: lo que se paga a los productores muchas veces no cubre el coste de producción, y hay despoblación y falta de perspectiva para las generaciones futuras. Este tipo de tratados acelera esa crisis.
Cada vez son más las voces que defienden una renacionalización de las decisiones sobre las políticas comerciales, como ocurrió en Valonia. Y ese debate está abierto en una parte de la socialdemocracia europea, está claramente en los sindicatos, pero la oligarquía y las instituciones que solo representan a intereses corporativos están permanentemente moviéndose y reorganizándose. De hecho ya hay varios nuevos peligros en la política comercial: el presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, Bernd Lange, usó la mayor fundación de la socialdemocracia alemana (la Friedrich Ebert Stiftung) para impulsar un informe defendiendo un pequeño maquillaje a los capítulos laborales y de Desarrollo Sostenible de los tratados comerciales, con la intención de romper así la resistencia de las mayores confederaciones sindicales -el DGB- a textos como el CETA. Hablamos de sindicatos con millones de afiliados. Sería un revés tremendo que la socialdemocracia lograra frenar el actual rechazo de los sindicatos a la nueva generación de tratados.
¿Tiene entonces el PSOE en España y la socialdemocracia en la UE el poder de inclinar la balanza?
Claramente. Lo vimos en la votación del CETA en el Congreso: durante meses el PSOE más neoliberal defendió el sí incondicional junto a PP y Ciudadanos. Y sólo por la campaña estatal de ‘No al TTIP, CETA y TISA’ se logró que el PSOE se abstuviera, a raíz de su cambio interno y la nueva ejecutiva. En ese equipo hay personas que ya habían mostrado su rechazo al CETA, como Núria Parlón, Manuel Escudero, o la propia Cristina Narbona. De todas formas la abstención es absolutamente insuficiente para cambiar la situación, pero a medio o largo plazo podría convertirse en un ‘no’.
De ahí y de los posibles cambios políticos en Cataluña y quizá pueda haber un cambio en futuras constelaciones del Congreso. Y quizá con un gobierno del PSOE y Unidos Podemos se podría revertir esta política comercial, pero no sólo impidiendo futuros tratados sino abriendo la caja de Pandora y renegociando los tratados firmados en el pasado.
¿Hay avances en la transparencia de las negociaciones de este tipo de tratados, según los propósitos de enmienda del equipo Juncker?
Los pocos avances que hay son consecuencia de toda la movilización social y presión política de los últimos tres años. Que hace dos semanas la comisaria europea de Comercio y el vicepresidente de la Comisión hayan tenido que publicar los mandatos para negociar con Australia y Nueva Zelanda, y otros documentos, es gracias a esa presión. Pero no es suficiente: más transparencia sería que los parlamentos nacionales ahora tengan esos mandatos, puedan discutirlos y decidir sobre ellos antes de que se tome una decisión en el Consejo.
Pero la Comisión está preparando justo lo contrario, dividiendo los tratados en dos: la mayor parte de contenidos quedarían como competencias exclusivas de la UE, y requerirían solo la votación del Consejo y el Parlamento Europeo, sin pasar más por las cámaras nacionales. Se dejaría así la parte de protección a la inversión y los mecanismos de arbitraje fuera. Y esa sección se abordará con la propuesta que ahora plantea la Comisión: un ‘mega ISDS’ global que se llamaría el tribunal multilateral de inversiones.

El ‘TTIP canadiense’: un regalo único para las corporaciones transnacionales

El ‘TTIP canadiense’: un regalo único para las corporaciones transnacionales
Francesca Ricciardi, Lucía Bárcena y Tom Kucharz
Miembros de Ecologistas en Acción y de la Campaña estatal No a TTIP, CETA y TiSA
21/09
publico.es
El 21 de septiembre se aplicará de manera provisional el acuerdo de comercio e inversiones entre la Unión Europea y Canadá (CETA), un regalo a las élites económicas y financieras que se ha chocado con movilizaciones y una oposición política sin precedentes en este tema político.
Lo primero que debemos señalar es que sólo 4 parlamentos de los 28 Estados miembros de la UE han ratificado el acuerdo. Sin embargo el CETA sólo entrará en vigor plenamente cuando todos los parlamentos de la UE lo hayan ratificado. Y estamos muy lejos de eso. A pesar de ello, se aplica provisionalmente la mayor parte del acuerdo, como las secciones sobre la eliminación de aranceles de bienes, el capítulo de servicios y contratación pública, así como la cooperación en materia de reglamentación.
Con la aplicación provisional se pueden importar productos de carne (vacuno y cerdo) canadiense con productos tóxicos y prohibidos en la UE (tales como hormonas o ractopamina) o salmón transgénico debido a la falta de controles y procedimientos de certificación de la carne y pescado canadiense a su llegada a los puestos de inspección fronterizos europeos. Con el sólo control de la Oficina Alimentaria y Veterinaria en Canadá no hay garantías para el bienestar animal, sus alimentos y los antibióticos suministrados, la absoluta falta de trazabilidad y del etiquetado de los productos que contengan organismos modificados genéticamente (OMG), así como el tipo y niveles de plaguicidas autorizados y utilizados.
Canadá todavía permite 46 sustancias activas prohibidas en la UE y que los niveles máximos de residuos de plaguicidas autorizados en los productos alimenticios son mucho menos exigentes en Canadá que en la UE.
Las importaciones de carne es un aspecto que preocupa a la ganadería familiar europea porque los costes de producción son menores en Canadá. Esto podría agravar la guerra de precios. Con la reducción de aranceles en CETA (por ejemplo el 87% en comida procesada) se reducirán aún más los precios para la mala alimentación lo que incrementará los riesgos para la salud.
¿Cuáles son las consecuencias del capítulo sobre la cooperación reguladora?
Este capítulo tendrá impactos muy negativos a largo plazo retrasando o complicando la regulación de parlamentos y gobiernos porque habrá más mecanismos de bloqueo frente a nuevas regulaciones por parte del gobierno canadiense y las asociaciones empresariales.
Lo hemos visto con el reglamento para prohibir los contaminadores hormonales (disruptores endocrinos) y la regulación de tóxicos en la UE (REACH). La presión de Canadá, los Estados Unidos, con su labor de lobby en Bruselas, y de las corporaciones transnacionales que emplean estos tóxicos en sus productos, ha conseguido retrasar la regulación de los disruptores endocrinos casi 4 años. Los disruptores endocrinos alteran el sistema hormonal y por esta alteración se pueden producir enfermedades como cáncer y problemas metabólicos (obesidad y diabetes). Su coste sanitario en la UE se estima en un mínimo de 160.000 millones de euros al año.
A partir del 21 de septiembre no está garantizada la transparencia respecto al trabajo de los órganos de cooperación reguladora. Nos preocupa que empezarán a funcionar los distintos comités de la cooperación en materia de reglamentación sin estar obligados a publicar ex-ante la agenda, los informes de actividades ni las conclusiones, así como los dictámenes y posiciones de las distintas autoridades sobre los proyectos de regulaciones que serán afectadas por el CETA.
Estos comités buscan principalmente aumentar los intercambios económicos y no a reforzar las normas de protección de la salud, los trabajadores y el medio ambiente. Los mecanismos de diálogo previstos cortocircuitan los procesos democráticos parlamentarios y, en esta etapa, no puede descartarse un riesgo de interferencia de intereses privados en el proceso de toma de decisiones.
El problema es que muchos de los efectos de la cooperación reguladora serán difíciles de entender. Se trata de la presión a puerta cerrada sobre los funcionarios que preparan o cambian leyes, que nunca seremos capaces de detectar o demostrar en caso de duda. Será fundamental el control parlamentario de cómo se utilizará este capítulo.
Esto significa aumentar el control sobre los grupos de presión empresariales. Debemos estar vigilantes y reaccionar ante cualquier denuncia de diputados y funcionarios cuando las autoridades son presionadas por medios del CETA. Y necesitamos que los funcionarios hagan pública esta presión.
El CETA permite el sector bancario y financiero ampliar la venta transfronteriza de servicios financieros de alto riesgo al y desde el mercado único de la UE. Y en vez de prohibir transacciones especulativos, CETA se ajustará constantemente sobre la base de la evolución de ambos mercados. Un paso para dar más derechos a los bancos y especuladores, impidiendo regulaciones urgentes en este sector que puede provocar nuevos estallidos de burbujas especulativos como la inmobiliaria en España.
Con la aplicación provisional se liberaliza también el sector energético lo que profundizará la crisis climática. Canadá exportará más productos derivados de la extracción de hidrocarburos procedentes de arenas bituminosas lo que aumenta la demanda del petróleo no convencional y la explotación de los combustibles fósiles. Es vergonzoso como el propio Gobierno de Canadá publicita en su página web las “oportunidades y beneficios del CETA para los exportadores de petróleo y gas de Canadá” al caer los aranceles para las arenas bituminosas del 2.2% al 0%.
En España, no se ha creado todavía ninguna comisión encargada de supervisar la aplicación provisional del CETA, al que se le podría pedir que evaluara el impacto sanitario y medioambiental y que supervisara cuestiones delicadas como las nuevas técnicas de obtención de variedades modificadas genéticamente, así como la evolución de las regulaciones sobre productos fitosanitarios (por ejemplo, la clasificación y la prevención por los disruptores endocrinos).
La protección de los inversores en CETA es uno de los capítulos más peligrosos de este acuerdo
El litigio de arbitraje en CETA será mucho más fácil que en otros tratados como por ejemplo el NAFTA, el acuerdo de comercio entre los Estados Unidos, Canadá y México que se está re-negociando actualmente. CETA es el primer tratado en el mundo que proteger explícitamente las “expectativas legítimas” de los inversores mediante lo que se conoce como cláusula del “trato justo y equitativo”. Si este capítulo entrara en vigor, se podría tipificar una interpretación muy amplia de esta cláusula, que crearía “el derecho” a un entorno normativo estable. Esto daría a los inversores un instrumento para luchar contra cualquier cambio normativo, incluso aunque este se adopte a la luz de nuevas evidencias u opciones democráticas.
Justo antes de la firma del CETA hace un año, la Unión Europea y Canadá han intentado desviar el debate de fondo sobre la incompatibilidad de los tribunales de arbitraje y el Estado de Derecho con explicaciones muy engañosas. Han firmado declaraciones interpretativas, sin cambiar el contenido del capitulo. Pero es triste que esta ofensiva de maquillaje y propaganda haya conseguido atrapar una parte de los medios y partidos políticos.
Sin analizar que el CETA podría desencadenar un auge de litigios de grandes empresas lo que podría constituir una grave amenaza a las iniciativas de los Gobiernos y parlamentos para proteger a la ciudadanía y el medio ambiente.
Bélgica ha recurrido el sistema de arbitraje ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Hay abogados que consideran probable que el Tribunal de Justicia Europeo decidirá que la protección del inversor en CETA no es compatible con la legislación de la UE. El tribunal europeo podría argumentar que sólo los tribunales europeos son responsables de la interpretación de la legislación europea y no un tribunal internacional de arbitraje. Pero hay, por supuesto, abogados que lo ven de otra manera. El proceso de análisis por parte del TJUE por sí sola es una pequeña victoria del movimiento contra el CETA y podría prolongar el proceso de ratificación. Algunos parlamentos querrán esperar al dictamen del tribunal antes de votar el tratado si existen preocupaciones acerca de la legalidad del CETA.
¿Y qué sucede si un país no ratifica el CETA?
Si un país dice que No, la ratificación ha fracasado y el tratado no será jurídicamente vinculante. También existe la hipótesis de que algunos países jamás lleven el tratado a la ratificación por miedo de perder la votación. Eso significaría que la mayor parte del CETA estaría aplicándose por la vía de los hechos, pero no legítima ni democráticamente. Y sin la plena ratificación y entrada en vigor del CETA, el capítulo de la protección de la inversión nunca viera luz. Esto, también, sería una victoria para el movimiento de resistencia contra las políticas neoliberales de la UE y del Gobierno español.
No obstante, las organizaciones sociales y políticas integrantes de la campaña contra el CETA confíamos en que prosperen las iniciativas ciudadanas y legales para frenar un día el CETA y poner en marcha políticas comerciales alternativas que pongan en el centro el cumplimiento de los Derechos Humanos, la igualdad de género, los derechos laborales y la justicia social y ambiental.

Nuevo informe sobre el tratado de servicios, TiSA

El autor, Scott Sinclair es investigador principal en el Canadian Centre for Policy Alternatives (CCPA), donde dirige el Trade and Investment Research Project (Proyecto de investigación sobre comercio e inversión). Ha escrito extensamente sobre las consecuencias de los tratados de comercio en la regulación de los servicios públicos y del interés general. Antes de trabajar en el CCPA, Scott fue asesor principal en política comercial del Gobierno de la Columbia Británica.
La publicación está a cargo del Canadian Centre for Policy Alternatives y la Fundación Rosa Luxemburgo.

Introducción

Las negociaciones del TiSA están en marcha oficialmente desde marzo del 2013, y esta no es la primera vez que han expirado los plazos. Las dificultades para alcanzar un acuerdo —incluso tras más de 20 rondas de negociación completas y docenas de sesiones técnicas— dan una idea de lo delicados que son muchos de los asuntos a negociar, como la protección de datos, el comercio digital, la regulación del sector financiero o sobre si se deben incluir automáticamente futuros servicios que aún no existen. Los retrasos ponen de manifiesto cuestiones subyacentes de autoridad democrática y autonomía reglamentaria que están en juego en estas opacas negociaciones.
El propósito de este artículo es proporcionar un mayor entendimiento de estas cuestiones subyacentes. En él se sostiene que el TiSA, con el pretexto de expandir el comercio internacional de servicios, en realidad pretende eximir a las corporaciones proveedoras de servicios transnacionales de las diferentes regulaciones nacionales y locales, que consideran onerosas e innecesarias. Así pues, el acuerdo está diseñado también para abrir a la fuerza los servicios públicos a la participación comercial. Y si esto no fuera posible, al menos restringir al máximo los servicios y las empresas públicos a sus límites actuales. En consecuencia, el acuerdo propuesto, aunque trate teóricamente del comercio internacional de servicios comerciales, es un ataque dirigido directamente a las regulaciones y los procesos de decisión democráticos del sector servicios.
Para leer la publicación: TISA-ES
 

Los nuevos acuerdos comerciales de la UE, como continuación de las políticas neoliberales globales

Los nuevos acuerdos comerciales de la UE, como continuación de las políticas neoliberales globales
Marina Albiol
Eurodiputada y portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
Pablo Jiménez
Miembro del Área Federal de Medio Ambiente de Izquierda Unida
publico.es
Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, hizo el pasado 13 de septiembre balance del Estado de la Unión Europea en Estrasburgo y estableció los objetivos para el curso político que ahora se inicia. Además de sus loas a la supuesta recuperación, que mantiene en situación de pobreza severa a 40 millones de europeos, su apoyo al euro, la unión bancaria y su propuesta de aumentar las expulsiones de migrantes, reiteró la posición de la Comisión Europea sobre los acuerdos comerciales con otros países. Mantiene, como apuesta fuerte de su presidencia, la firma de nuevos tratados, siguiendo la estela del recientemente firmado con Canadá (CETA), aunque aún no ratificado por todos los parlamentos estatales. En concreto, Junker pidió a los Estados miembros su autorización para empezar a negociar nuevos acuerdos comerciales con diversos países, citando a Australia y Nueva Zelanda, además de seguir negociando con aquellos cuyos procesos están abiertos.
Los llamados tratados de libre comercio son escasamente conocidos por la población en general, a pesar de la enorme repercusión que tienen sobre su vida. Indudablemente, este hecho no es casual, sino que sus contenidos son conscientemente ocultados por quienes los negocian, conocedores de a quién favorecen realmente.
No obstante, dos de ellos, el TTIP y el CETA, sí han tenido cierta repercusión mediática, lo que ha propiciado que se conociera, aunque de forma muy superficial, cómo son este tipo de tratados entre la Unión Europea y otros países.
Desafortunadamente, lo que no sabe la población en general es que existe una lista extensa de acuerdos ya sea firmados, en fase de negociación, en espera de apertura de las negociaciones o paralizados – por distintos motivos-, pero no suspendidos, con otros países de todos los continentes, y que repasamos a continuación.
América del Norte
La Comisión Europea y Estados Unidos comenzaron las negociaciones por el TTIP en junio de 2013. Desde la llegada a Trump a la Casa Blanca, sin embargo, parecen haber quedado congeladas, pero todo parece apuntar que no definitivamente. Mientras, el CETA, entre la UE y Canadá, está a la espera de ratificación por parte de los Estados miembros tras la aprobación del Parlamento Europeo el pasado mes de junio. Este acuerdo, además, tiene la particularidad de que a pesar de no haber recibido el visto bueno de todos los parlamentos estatales, entró en vigor el 21 de septiembre de manera provisional. Por último, la UE negocia con México desde junio de 2016 la modernización del Acuerdo Global vigente. Su quinta ronda de negociaciones está prevista entre el 25 y el 29 de septiembre en Bruselas.
América del Sur
Las rondas de negociaciones con Mercosur se reanudaron en 2016, después de varios años de interrupción por desacuerdos en varias materias. Tras de los cambios políticos en Argentina, Paraguay, Brasil, y la marginación de Venezuela, su cuarta ronda de negociaciones está prevista entre el 2 y el 6 de octubre de este año en Brasilia.
Al igual que el tratado con México, la UE espera poder llegar a un acuerdo de actualización del Acuerdo que ya tiene con Chile en los pocos meses que quedan del año. De hecho, la Eurocámara ya aprobó este mes de septiembre una serie de recomendaciones para las negociaciones, que están lejos de las exigencias que el respeto a la democracia, al interés general y a unas relaciones comerciales dirigidas a acabar con las asimetrías, requerirían.
Asia
En noviembre de 2012 se iniciaron las negociaciones del acuerdo comercial con Japón – conocido como JEFTA- y, a falta de acercar posiciones en materia de protección de inversiones, el objetivo es cerrar un acuerdo para finales de este año.
La UE también abrió negociaciones bilaterales con algunos de los 10 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en julio de 2007. Por ejemplo, con Singapur se cerró un acuerdo en 2014, aunque su entrada en vigor está paralizada al haberse puesto en duda que la Comisión Europea fuera competente para su firma y haberse llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en mayo pasado dictaminó que el acuerdo comercial no puede celebrarse sin la participación de los Estados miembros. Este dictamen es determinante para la firma de futuros tratados en los que se contemple el campo de las inversiones y el régimen de solución de controversias entre inversores y estados.
Con Vietnam el acuerdo está en fase de revisión legal del texto y se espera su entrada en vigor en 2018. Y con Indonesia, la negociación está abierta y la próxima ronda de negociaciones se celebrará probablemente en otoño de este año.
Finalmente, con India se iniciaron negociaciones en abril de 2007, pero fueron paralizadas en 2013 por “desajustes en el nivel de ambiciones”, según las propias palabras de la Comisión Europea.
África del Norte
Marruecos y la UE entablan negociaciones en marzo de 2013 para modernizar el tratado vigente firmado en 1996. No obstante, quedan en suspenso en 2014 ya que Marruecos pretendía incluir aspectos no considerados anteriormente, con el Sáhara Occidental y sus recursos naturales como telón de fondo. Asimismo, con Túnez hay un proceso negociador abierto desde octubre de 2015 que pretende encarar la modernización del tratado que ya existe y que también se selló en 1996. La segunda ronda de negociaciones también está prevista para este otoño.
Países de África, Caribe y Pacífico
El Acuerdo de Cotonú, adoptado en el año 2000 en sustitución del Convenio de Lomé de 1975, constituye el marco general para las relaciones de la UE con 79 países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). Entre sus objetivos se plantea la cooperación económica y social, y en ella, la firma de acuerdos comerciales, llamados en este caso acuerdos de asociación económica (AAE), en teoría ligados a programas de ayuda para el desarrollo y un mejor acceso a los mercados de la UE. Entre estos se cuentan el acuerdo con países de África Occidental, aún no firmado; el acuerdo con países del África Meridional, firmado en junio de 2016; el acuerdo con países de la Comunidad de África Oriental, aún sin firmar; el acuerdo con países del África Central, aplicado de forma provisional desde agosto de 2014; el acuerdo con países del África Oriental y Meridional, aplicado de forma provisional desde mayo del 2012; el acuerdo con países del Foro del Caribe, aplicado de forma provisional desde diciembre de 2008; el acuerdo con países del Pacífico, ratificado por Papúa Nueva Guinea en mayo de 2011; y el aplicado provisionalmente con Fiyi desde julio de 2014.
Oceanía
Con respecto a Australia y Nueva Zelanda existe una resolución del Parlamento Europeo de 25 de febrero de 2016, sobre la apertura de las negociaciones de acuerdos de libre comercio con estos dos países. En el caso de Australia, el pasado mes de agosto se firmó un Acuerdo Marco de cooperación que contempla poner en marcha esta iniciativa, mientras que con Nueva Zelanda se quiere iniciar este mismo año.

Otros acuerdos
La UE tiene asimismo como uno de sus objetivos firmar el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA), con 23 países de la OCDE, un acuerdo que pretende liberalizar los servicios, incluyendo sectores de información y comunicación, tecnología, logística y transporte, servicios financieros y servicios para empresas. Las negociaciones se iniciaron en febrero de 2013 y hasta ahora se han celebrado hasta 21 rondas.
Los acuerdos comerciales como herramienta de dominación del capital
Este repaso del número total de tratados negociados o en negociación por parte de la UE nos hace ver la dimensión real del alcance de la política comercial de la Comisión Europea. Parece evidente que tras el fracaso de la ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio en su intento por lograr unas reglas del juego globales con carácter asimétrico, para favorecer claramente intereses de algunos países del Norte y, sobre todo, a sus multinacionales, la nueva estrategia neoliberal pasa por lograr alcanzar esos objetivos mediante la firma de acuerdos bilaterales o plurilaterales.
Si bien todos los acuerdos anteriormente citados no tienen un redactado común y pueden variar en alguno o bastantes de sus contenidos, sí que participan de un ideario compartido que se refleja en unos principios básicos:

  • Desregular

Todas aquellas normas que se entiendan que pueden limitar el comercio, en el sentido de reducir el volumen de ganancias de quien lo ejerce o cuestionar la viabilidad social sanitaria o ecológica de un producto, deben ser puestas en tela de juicio o directamente eliminadas. En este sentido, son muy significativas las palabras de Junker – por oportunistas y faltas de coherencia-, quien a la vez de hacer una defensa cerrada de la lucha contra el cambio climático, no hace nada para introducir cláusulas ambientales en muchos de estos tratados.
Un caso paradigmático es la connivencia para arrasar las selvas ecuatoriales y tropicales – que son garantía de biodiversidad-, en África, Sudámerica o el Sudeste asiático, para implantar monocultivos de palma; o la comercialización de productos petrolíferos o derivados de combustibles fósiles como el gas de esquisto o las arenas bituminosas, aún más contaminantes que los convencionales, saltándose los ya débiles acuerdos de París. Sin normas que preserven la biodiversidad y limiten la quema de combustibles fósiles no se puede luchar contra el cambio climático.

  • Asegurar las inversiones

La sentencia del TJUE sobre el tratado de Singapur resultó dura para la Comisión Europea, que no quería reconocer que los Estados miembros tenían algo que decir sobre los contenidos complejos y diversos contemplados en este y otros tratados. De esta forma, también en el CETA se ha reconocido su carácter de tratado mixto, porque invade competencias de los estados y, por tanto, debe ser ratificado por los parlamentos estatales y, en alguno de ellos, dependiendo de su Constitución, por los parlamentos regionales.
Pero la Comisión Europea no ha tirado la toalla y entre el paquete de medidas que planteó el pasado 14 de marzo para implementar los acuerdos comerciales existe una que puede modificar su propia estructura actual para esquivar la decisión judicial. En este sentido se entiende la propuesta de crear un tribunal multilateral de inversión, que evitaría incluir un capítulo especial sobre este tema en los tratados, por lo que sería suficiente hacer una referencia a la obligatoriedad de asumir que cualquier litigio se solventaría en dicho tribunal. De esta forma, los acuerdos comerciales podrían ser aprobados sin pasar por los parlamentos estatales. Una nueva perversión.
Mención aparte merece la propuesta de crear un marco europeo de control de la inversión extranjera directa, entendiendo por ello un freno a la entrada de capitales estatales, de China particularmente, que pongan en peligro el statu quo del negocio de las grandes empresas europeas.

  • Controlar la adopción de nuevas normas

En alguno de los tratados aprobados o en vías de aprobación existe la posibilidad de crear un ente de cooperación reguladora cuyo cometido estaría enfocado a asesorar a las partes firmantes sobre aquello que pueda ser legislado y pueda ir en contra de los tratados firmados, en una clara intromisión en la soberanía estatal.
Ahora se plantea crear un grupo consultivo sobre los acuerdos comerciales de la UE, invitando a participar a distintos sectores de la sociedad civil. Esta medida, al igual que la de informar por su parte sobre cualquier nuevo mandato de apertura de negociaciones, responde al interés de la Comisión Europea de mejorar la imagen de falta de transparencia que ha mostrado hasta ahora en las negociaciones de los tratados más conocidos, por no hablar de su inexistencia en aquellos no conocidos.

Oposición y alternativas a los acuerdos comerciales actuales

Como puede verse, no hay nada nuevo entre los objetivos comerciales de la Comisión Europea. En realidad, sólo existe uno: favorecer a los grandes grupos transnacionales profundizando en la senda de nuevos tratados bilaterales o plurilaterales de comercio que afiancen la agenda neoliberal.
El discurso de Junker y el paquete de medidas diseñado para implementar los acuerdos comerciales tratan de ofrecer una mejor imagen de los mismos y de sus procesos de negociación, presentándolos como iniciativas progresistas encaminadas a mejorar las relaciones entre países y sus niveles de desarrollo a través del comercio.
Pretenden ofrecer una mayor transparencia con la publicación, a partir de ahora, de todas sus recomendaciones de directrices de negociación para acuerdos comerciales -conocidas como mandatos de negociación-, y tratando de sumar a colectivos o entidades sociales a esos procesos siempre y cuando se muestre apoyo y docilidad, como se demuestra con iniciativas como las ratificaciones exprés que estudia la Comisión Europea para evitar la crítica o el disenso de parlamentos, territorios o colectivos sociales.
En el plano global, algunos estados de la UE han mostrado reservas sobre la actual proliferación de acuerdos comerciales, sobre todo con los aspectos relacionados con la protección de inversiones –que limita la soberanía de los estados- y en el caso de los países más pobres, con la protección de sus productos agroganaderos.
Pero ha sido la sociedad civil organizada la primera que ha mostrado su rechazo a unos acuerdos que no sólo no garantizan una mejora en sus condiciones de vida, sino que en muchas ocasiones destruyen sus modos de producción tradicionales o esquilman sus recursos naturales. Las protestas desatadas en la India y otros países de Asia y Oceanía integrantes del RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership); las acusaciones de neocolonialismo por parte de las organizaciones campesinas africanas contra los AEE, en relación con la soberanía alimentaria y la agricultura en pequeña escala; el llamamiento de Vía Campesina a una semana de lucha global contra la OMC y los tratados de libre comercio, en paralelo a la convocatoria de la ‘Asamblea Argentina mejor sin TLC’, que ha organizado una movilización hasta Buenos Aires entre los días 11 y 14 de diciembre, coincidiendo con una reunión de la OMC; o las protestas generalizadas en el conjunto de la UE y las más de 3,2 millones de firmas de la Iniciativa Ciudadana Europea contra el TTIP y el CETA ,son una muestra de las dimensiones de la protesta contra la globalización neoliberal.
Algunos países de América del Sur se enfrentaron al ALCA, aquel tratado que EEUU quería imponer como una nueva forma de dominio, planteando alternativas como el ALBA o la Nueva Arquitectura Financiera Regional (NAFR) que abogaban por la construcción de relaciones de complementariedad y solidaridad entre pueblos y se oponían a la competencia absoluta dictada por el libre comercio.
Estas iniciativas, que actualmente combaten y han desmantelado – en parte- los nuevos dirigentes neoliberales de algunos de estos países latinoamericanos, tienen su continuación en el Tratado Internacional de los Pueblos, un espacio creado para el control de las empresas transnacionales, que ha sido impulsada por la red global de movimientos sociales ‘Desmantelando el poder corporativo’. Su objetivo es “someter la arquitectura jurídico-política que sustenta el poder de las empresas transnacionales a normas y reglas de protección de los derechos humanos”.
Porque lo que está sucediendo con estos acuerdos no es otra cosa que un ataque inmisericorde a los derechos de los seres humanos, a sus recursos patrimoniales, tanto naturales como culturales, a su modo de entender la vida, o a sus relaciones, cambiando el sentido de sus economías, que pasan a estar dedicadas casi exclusivamente a la exportación, rompiendo las cadenas de producción y consumo locales y condenando a las poblaciones de los países del Sur global al desempleo, al hambre y la pobreza.
Para derrotar a la ya conocida como arquitectura de la impunidad plasmada en los textos de estos tratados y que protege a las grandes corporaciones, no queda otra que la solidaridad y las acciones conjuntas entre pueblos. Frente a la globalidad neoliberal, globalidad popular.

Curso ‘Desmontando el poder corporativo’

¿Qué poder tienen las empresas transnacionales? ¿Cuál es el papel que juegan en la firma de los tratados de “libre comercio”? ¿Qué efectos tienen en ciudades como Madrid? ¿Cómo están siendo las respuestas por parte de las organizaciones y colectivos sociales frente a los impactos sociales, ambientales y laborales que están causando? ¿Qué propuestas alternativas se están poniendo en marcha?
Más información disponible a este enlace

El curso que vamos a iniciar en Moratalaz tratará de dar respuesta a preguntas como estas. Para ello contamos con la participación de especialistas y activistas de la economía crítica, el movimiento feminista, la economía solidaria, la ecología social y el movimiento por la remunicipalización, entre otros.
Tendrá lugar los miércoles 4, 18 y 25 de octubre y el 15 de noviembre de 2017 en el Espacio Sociocultural La Salamandra (Calle de la Encomienda de Palacios, 52. Madrid). Las sesiones empiezan a las 18:30 y finalizan a las 21:00 h.
El curso está organizado por el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad, en colaboración con ES La Salamandra, Ganemos Moratalaz, Moratalaz Despierta y la Campaña No al TTIP, TISA, CETA. Y cuenta con financiación del Ayuntamiento de Madrid.
Es un curso gratuito y se distribuirán materiales de las diferentes sesiones del curso. Con el fin de asegurar que hay documentación para todas las personas asistentes se recomienda inscribirse. Para ello hay que enviar los datos al correo electrónico cursos@omal.info o bien rellenar este formulario.
Todo el programa disponible en OMAL

El PP se niega a que el Tribunal Constitucional analice los apartados del CETA que podrían ser contrarios a la propia Constitución Española

Comunicado de la Campaña No al TTIP, CETA, TiSA
27/09/2017
Aquí el vídeo completo de la rueda de prensa
Hoy, 27 de septiembre ha tenido lugar en el Senado la presentación del estudio previo de constitucionalidad al Acuerdo Comercial entre Canadá y la Unión Europea (CETA), cuyo objetivo es instar al Tribunal Constitucional que analice aquellos apartados del acuerdo que, según numerosas organizaciones de la Sociedad Civil, son contrarios al propio ordenamiento constitucional.
Comparecieron Cuca Hernández (portavoz de la campaña No al TTIP-CETA-TiSA), Tom Kucharz (portavoz de la campaña No al TTIP-CETA-TiSA) Idoia Villanueva (Unidos Podemos), Carles Mulet (Compromís), Jon Iñárritu (Bildu) y Sara Vilà (En Comú Podem).
No obstante, la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta bloqueará el informe previo de constitucionalidad del CETA que ha solicitado el grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, con el apoyo de Compromís, Bildu y ERC y cuya petición será sometida a votación esta misma tarde.
Óscar López, antiguo portavoz del Grupo Socialista en el Senado, ha manifestado en un breve encuentro informal a los portavoces de la campaña que el PSOE se abstendrá en la votación.
Tal y como Cuca Hernández ha manifestado, “el CETA ya ha entrado en vigor de forma provisional desde el pasado 21 de septiembre, a pesar de que no ha sido ratificado aún por la mayoría de los parlamentos europeos”, recordando además que “el CETA tiene los mismos peligros que el TTIP y afecta gravemente a los derechos del consumidor, a los derechos laborales, ambientales y a la salud pública”.
La portavoz de la Campaña contra el TTIP, CETA, TiSA también ha recordado que el tratado comercial afecta a la soberanía de los estados europeos, pues establece la creación de “una comisión de técnicos canadienses y europeos con capacidad de bloquear leyes emanadas de los diferentes parlamentos europeos”.
Tom Kucharz, también portavoz de la campaña, ha realizado un llamamiento al resto de grupos políticos, PSOE, PDeCAT y PNV para que “apoyen la solicitud de informe previo de constitucionalidad”.
Kucharz ha querido también poner el acento en el tratado comercial que la Unión Europea está negociando con Japón y que “entraña los mismos riesgos que los otros tratados” que se están aprobando. Kucharz también ha recordado que “Congreso y Senado tienen la obligación de controlar al gobierno en materias de políticas comercial y de inversión, más aún cuando esta política atenta contra los derechos humanos, los recursos naturales, la democracia y el estado de derecho”. “Hacemos una petición muy explícita para la creación de una comisión mixta Congreso-Senado para hacer un seguimiento al CETA, habida cuenta de los problemas de seguridad alimentaria que ya se están generando y porque el CETA ya ha comenzado a reducir el alcance de los derechos fundamentales”, ha concluido Kucharz.
Aquí puedes ver el vídeo completo de la rueda de prensa

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