La agroindustria y el CETA

La agroindustria y el CETA
Marina Albiol
Eurodiputada y portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo
Pablo Jiménez
Campaña estatal No al TTIP, CETA, TiSA
publico.es
Cuando hablamos del CETA y otros acuerdos comerciales similares como el TTIP o el TiSA, es frecuente referirnos a las consecuencias que tienen estos sobre los derechos sociales y laborales, sobre la merma de estos derechos que conllevará aún más, después de esta década de recortes, a la precarización de la calidad de vida de las clases populares. Puede que estos aspectos del tratado, así como los peligros de dar carta blanca a los inversores, sean los más conocidos, si es que podemos dar por conocido aquello que no ha dispuesto de la menor transparencia.
También tiene cierta relevancia informativa en relación con el mundo agrario la entrada de alimentos transgénicos, de carne hormonada y de aves sacrificadas desinfectadas mediante productos clorados. Pero esta cuestión, ya de por sí grave, encierra algo de capital importancia para el mundo agroganadero. Algo que no solo afecta a los territorios europeos y canadiense sino que puede alcanzar proporciones globales al servir de modelo para otros tratados regionales o bilaterales, algo al que el, de momento, suspendido TTIP no es ajeno.
Nos referimos al tipo de agricultura y ganadería que se va imponiendo a escala global, al tipo de alimentación que nos obligan a consumir. A lo que estamos asistiendo con el CETA es a la unificación de los modelos productivos entre las partes signatarias del acuerdo comercial o más concretamente a la imposición de los modelos de carácter agroindustrial sobre los tradicionales. Si bien ambos modelos hoy día están sujetos a las lógicas de la oferta y la demanda del mercado capitalista, en Europa, en mayor medida que Canadá, se mantiene aún en muchas explotaciones agrarias, aunque en retroceso, una producción pluriespecífica centrada en lo local, fijada al territorio, con empleo familiar, sistemas cooperativistas y significativa cuota de elaboración ecológica, mientras que en Canadá predomina otro modelo basado en producciones intensivas, monoespecíficas, reducida mano de obra y alta tecnologización, utilización masiva de fitosanitarios y pesticidas y alejadas de los centros de consumo. Esto no significa que la agroindustria no esté instalada en Europa , todo lo contrario ya que, desde finales de los años 80 y más concretamente desde la creación de la OMC (1995), se ha optado por la máxima liberalización del mercado agroalimentario sustentada en el apoyo a las grandes empresas productoras y de la gran distribución. Pero en Europa aún se mantienen estas prácticas tradicionales en el manejo de la biodiversidad y de los recursos naturales que hacen que su modelo pueda diferenciarse, aunque sea de forma parcial, del agroindustrial y que por ello está en el punto de mira de un tratado como el CETA que opta por la concentración del negocio alimentario en multinacionales de este sector y a la supeditación del resto a sus reglas, cuando no a la simple aniquilación.
El modelo impulsado por el CETA, además de la alta tecnificación y mecanización y el bajo empleo, potencia los monocultivos y el uso masivo de pesticidas y otros productos químicos, que se identifican como causas claras de la pérdida de biodiversidad. Esta forma de cultivar prescinde de cualquier otra planta o animal presentes cuando la biodiversidad está considerada como un factor de regulación indispensable para que los agrosistemas funcionen, prestando servicios ecológicos, además de los propios de producción alimentaria, tales como el reciclado de nutrientes, la depuración de productos químicos, la eliminación o reducción de plagas o enfermedades o la regulación microclimática e hídrica locales. No obstante, el CETA apuesta por el modelo agroindustrial a pesar de que la FAO ha advertido que desde 1990 se ha perdido el 75 % de la diversidad genética de los cultivos mundiales y que al menos 190 razas de animales domésticos se han extinguido y otras 1500 se consideran al borde de la extinción y de que en la actualidad existe evidencia científica suficiente como para poder afirmar que la disminución de la biodiversidad agrícola está relacionada con los cambios drásticos experimentados en las prácticas agrícolas en las últimas décadas..
Canadá ha firmado y ratificado el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB 1993) pero no los acuerdos suplementarios subsiguientes, el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología (firmado pero no ratificado) de 2003 y el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos (no firmado), de 2014, que complementan el Convenio. Canadá no parece estar al lado de las voces críticas con respecto a estos protocolos que ponen en duda que con ellos se salvaguarde la riqueza biológica de determinados territorios y se protejan los derechos de los pueblos indígenas, sino que su no adhesión obedece más bien a intereses particulares de sus propias corporaciones.
Canadá es el quinto país del mundo productor de transgénicos, cultivos potenciados por el CETA, a pesar de que una evaluación de la agricultura mundial de hace unos años realizada por la ONU, la FAO, el Banco Mundial y otras agencias, junto con más de 400 científicos, determinó que los cultivos transgénicos no juegan un papel relevante para la resolución de los problemas agrícolas y alimentarios del mundo, recomendando al contrario métodos agrícolas biológicamente diversos. El propio Director General de la FAO, José Graziano da Silva indicó en 2016 que los organismos genéticamente modificados no son la solución para erradicar el hambre, encontrando que la agricultura ecológica podría ser una alternativa viable para ello.
Ecológicamente considerada, la agroindustria es claramente insostenible porque consume muchos más recursos de los que produce, despreciando el necesario equilibrio entre consumo y reposición. El modelo agroindustrial es además un gran consumidor de energía fósil tanto en el proceso de producción, por el empleo masivo de maquinaria, como en el de distribución, al comercializar los alimentos que produce muy lejos sus lugares de origen, ya conocidos como “alimentos kilométricos”, por la larga distancia que recorren para llegar a los de consumo,
Este tipo de agroganadería, al utilizar cantidad ingente de insumos químicos tanto para tratamientos de plagas y enfermedades como para mejorar los rendimientos productivos o para elaborar envases, introduce en los alimentos un factor de riesgo para la salud que hoy día ponen sobre el tapete numerosas asociaciones ecologistas y sanitarias. Como muestra podemos citar las sustancias químicas conocidas como disruptores endocrinos, presentes, entre otros productos, en plaguicidas o en envases alimentarios y que tienen capacidad de alterar el sistema hormonal, responsable de determinadas funciones vitales. El aumento de algunas enfermedades crónicas es algo inequívoco en Europa, tales como el cáncer de mama y de próstata, la obesidad, la diabetes, la infertilidad o las alteraciones mentales pudiendo tener una relación directa con estos productos.
Tampoco atiende el CETA a la calidad o la especificidad como pluses en la producción alimentaria, véase lo sucedido con las 1500 Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de Europa, de las que en el texto final solo se reconocen 145, abandonando a su suerte al 90% restante y dejando como mentirosos a aquellos que dicen defender la excelencia o la marca patria en las promociones comerciales de sus productos nacionales. La realidad es que a las grandes multinacionales no les interesa lo específico, lo concreto, lo local por el simple hecho de que supone un control, una regulación con los que no están dispuestos a transigir.
Estos son algunos apuntes del modelo agroganadero que defiende el CETA. Pero como decíamos al principio de este artículo este acuerdo comercial, además de no circunscribirse únicamente a los territorios de las partes firmantes, ya que filiales de terceros países, notoriamente EEUU, participarán de él, contiene en si mismo el significado perverso de la economía actual, al servicio de unos pocos, que se está utilizando en otros acuerdos bilaterales y que servirá de modelo para acuerdos futuros. Un modelo globalizado que para los países del sur mantiene su papel de productor de materias primas para los países del norte y en dependencia directa con un capital financiero que especula con ellas en los mercados de futuros, en los que los precios fluctúan según los intereses de los inversores y acaban produciendo hambrunas como las que ocurrieron en 2008 que provocaron la muerte de millones de personas. Un modelo globalizado que resulta ser un desastre ecológico como el que ocurre en las inmensas superficies dedicadas al cultivo de la soja en el cono sur latinoamericano o en los millones de hectáreas deforestadas en los bosques tropicales del sureste asiático o de África. Un modelo globalizado que genera el drama social de los desplazamientos de las poblaciones rurales que vivían de los cultivos tradicionales o de los recursos del bosque.
El CETA apoya a la agroindustria y a la libre circulación de capitales, que hoy son básicamente financieros y especulativos y responsables, en último término, de los desajustes y desequilibrios del propio sistema capitalista que defienden.
La ratificación del CETA supone dar un valor normativo a lo que ya está sucediendo en el mundo globalizado, desregulando los derechos de las personas y regulando las inversiones. En lo tocante al sector agroganadero plantea una amenaza considerable para la permanencia de las economías locales a ambos lados del Atlántico, fomentando las exportaciones de las grandes corporaciones, facilitando prácticas hoy días prohibidas en Europa y obviando cuestiones básicas como la seguridad alimentaria y el bienestar animal, además de limitar las capacidades de las administraciones de plantear alternativas al propio modelo.