Diversos sectores de la sociedad civil europea y canadiense piden el rechazo del CETA

Diversos sectores de la sociedad civil europea y canadiense piden el rechazo del CETA
En ocasión de la jornada ‘Los peligros del Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá (CETA)’ la Campaña No al TTIP, CETA, TiSA hace entrega de una carta a todos los grupos parlamentarios en la que reitera las amenazas que el CETA representa para la ciudadanía.

Descarga la carta
‘Nosotras, las organizaciones de la sociedad civil de Canadá y Europa abajo firmantes, expresamos nuestra profunda preocupación ante el Tratado Económico y Comercial entre la Unión Europea y Canadá (CETA).
Durante el largo proceso de las negociaciones y la revisión legal, repetidamente hemos señalado que encontrábamos grandes problemas en el texto del CETA.
Aportamos contribuciones concretas que podrían haber provocado un cambio hacia una política comercial más transparente y democrática y que tuviera en su centro el cumplimiento de los Derechos Humanos, la protección del medio ambiente y los derechos fundamentales de las poblaciones. Pero nuestras preocupaciones no se vieron reflejadas en el texto final del CETA firmado en el Consejo de la UE el pasado octubre de 2016 y ratificado, tristemente, por una mayoría del Parlamento Europeo el pasado 15 de febrero. No obstante, seguimos con nuestra oposición firme a la ratificación del tratado.
Nuestras objeciones son compartidas por un número creciente de personas en ambos lados del Atlántico. 3,5 millones de persones de toda Europa, un verdadero récord, firmaron una petición en contra del CETA y su tratado gemelo, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, TTIP.
Más de 2.300 gobiernos regiones y locales se declararon territorios libres del CETA y del TTIP. Surgieron cuestionamientos constitucionales en Alemania , en Francia y en Canadá y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estudiará pronto y dirimirá sobre la legalidad de los controvertidos privilegios de los inversores extranjeros en el CETA. En el Estado español hay 8 parlamentos autonómicos que han pasado resoluciones contra el TTIP y el CETA, y casi 200 municipios en contra, incluyendo algunas ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Valladolid.
En ambos lados del Atlántico, organizaciones agrarias, sindicatos, la sanidad y educación pública, operadores de gestión pública del agua, los organismos en defensa de los consumidores, los grupos ecologistas y defensores de los derechos digitales, ONGs de la Cooperación al Desarrollo y de los Derechos Humanos, así como las pequeñas y medianas empresas (PYME) rechazaron este tratado.6 En octubre de 2016, cuatro gobiernos federales belgas se preocuparon acerca de los impactos negativos del Tratado, y, en particular, su peligroso tribunal de arbitraje «ICS» (investor court system», Sistema de Tribunal de Inversiones o sea un tribunal para dirimir los litigios inversor-Estado), y casi llegaron a impedir que su gobierno federal firmase el CETA.
A pesar de la controversia, el gobierno español está tratando de acelerar la ratificación del CETA sin ningún tipo de debate parlamentario, ni estudio de impacto ni análisis del contenido del tratado a ratificar, y sin dejar tiempo para cualquier consulta pública sobre el tratado final. El Parlamento Europea también acortó sus procesos de consultas internas, y limitó gravemente el debate sobre la ratificación del texto de 1.600 páginas del CETA. Un 95% del tratado entrará en vigor provisionalmente, posiblemente el 1 de junio, mucho antes de que los parlamentos de los 28 Estados miembros de la Unión Europea puedan opinar y votar sobre el convenio.
Para lograr apoyos para la ratificación del CETA y disipar preocupaciones, numerosas declaraciones se anexaron al texto en los pasados meses. Sin embargo, no se cambió ni una letra del texto oficial del CETA desde su versión final publicada a comienzos de 2016. Y las declaraciones anexas, incluso un «Instrumento adjunto de interpretación» no solucionan ninguno de los problemas que surgen del conflictivo texto del CETA, como los expertos han demostrado.
Queremos resaltar algunas de nuestras preocupaciones fundamentales sobre el tratado tal como fue firmado.
● El CETA autorizaría a miles de corporaciones a demandar a los gobiernos sobre medidas legítimas y no discriminatorias para la protección de la población y del planeta. Nada en el tratado o en las declaraciones anexas podría detener a las corporaciones de utilizar los derechos a los inversor que provee el CETA para intimidar a los gobernantes de manera que se alejen de las regulaciones de interés público, por ejemplo, para abordar el cambio climático. El CETA, incluso, deja la puerta abierta para «compensar» a las corporaciones por beneficios no realizables (lucro cesante) cuando un cambio en la política afectara a sus inversiones. Lejos de haber reformado «radicalmente» el ISDS (Investor-State Dispute Settlements) o sea, el sistema de resolución de litigios inversores-Estado, el CETA lo expande y lo arraiga.
● El ICS del CETA garantiza a los inversores unos derechos no forzosos pero no sus correspondientes obligaciones. No permite a los ciudadanos, a las comunidades o a los sindicatos a presentar una demanda cuando una compañía viola normas ambientales, laborales, sanitarias, de seguridad y otras. Esto puede ser incompatible con el derecho comunitario ya que establece un sistema legal paralelo, que autoriza a los inversores a eludir los tribunales existentes. El ICS es discriminatorio porque garantiza derechos a los inversores extranjeros que no son permitidos ni a la ciudadanía ni a los inversores nacionales.
● En un neto contraste con los derechos de las corporaciones, las provisiones del CETA en cuanto a derechos laborables y desarrollo sostenible no pueden ser efectivamente reforzadas mediante sanciones. Quedan como declaraciones huecas que no tienen en cuenta los peligros que otros capítulos del tratado afectan a derechos de los trabajadores, a la protección del ambiente y a medidas para mitigar el cambio climático.
● El CETA limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas. El CETA es el primer tratado de la Unión Europea que hace de la liberalización de los servicios la regla y de una regulación de interés público la excepción. Esto amenaza el acceso de la población a servicios de alta calidad tales como el agua, el transporte, la asistencia social y sanitaria, así como atenta contra una provisión de servicios públicos que estén de acuerdo con los objetivos de público interés.
● Un estudio independiente de los impactos económicos del CETA predice que se perderán puestos de trabajo tanto en la Unión Europea como en Canadá, que el crecimiento económico será más lento con el tratado, y que la pequeña ganancia en ingresos iría principalmente a los dueños del capital y no a los trabajadores. Como resultado, se espera que, estando en vigor el CETA, la desigualdad sea mayor.
● El CETA hace que Canadá y la Unión Europea sean más vulnerables a las crisis financieras puesto que se producirá una mayor liberalización de los mercados financieros. También se restringirán severamente las reformas que tienen por objeto eliminar las causas claves de la instabilidad financiera y que aseguren una mejor protección de los consumidores y la economía en conjunto.
● El CETA podría aumentar el coste de las prescripciones de medicamentos a, al menos, 858 dólares canadienses por año (583 millones de euros). También impactaría negativamente en los derechos fundamentales, tales como el derecho a la privacidad y a la protección de datos y limita la capacidad tanto de la Unión Europea como de Canadá para reducir unas patentes excesivas (derechos de propiedad intelectual) que a su vez limita el acceso al conocimiento y a la innovación. Algunos derechos de propiedad intelectual en el CETA se parecen mucho al texto del ACTA (Anti- Counterfeiting Trade Agreement) un tratado comercial antifalsificación para proteger las patentes y la propiedad intelectual que fue rechazado por el Parlamento Europeo.
● Las normas del CETA en cuanto a la cooperación reguladora y las regulaciones nacionales pondrán obstáculos adicionales a las regulaciones y reforzarán el papel de los lobbistas corporativos en los procesos de elaboración de las políticas, y potencialmente socavando las tan necesarias políticas de interés público.
● En ambos lados del Atlántico, el CETA expondría a los agricultores a una presiones competitivas que minarían su modo de vida con una pequeño beneficio para los consumidores, aumentaría el control sobre las semillas, obstruiría las políticas de la compra de alimentos locales; y amenazaría los estándares de la producción y procesamiento de alimentos, destruyendo todo el esfuerzo para impulsar la agricultura sostenible.
● Las medidas de precaución para proteger a los consumidores, a la salud pública y al medio ambiente pueden ser desafiadas por el CETA basándose en las declaraciones de que son solo medidas gravosas, que no tienen base científica y que pueden ser barreras disimuladas al comercio. Nada en el texto del CETA o en las declaraciones anexas protege efectivamente el papel del principio de precaución en la política regulatoria europea, mientras algunas secciones hablan directamente de principios conflictivos.
El CETA es el resultado de un proceso de negociación en gran medida secreto entre el anterior gobierno canadiense y la anterior Comisión Europea. El texto final del CETA y las declaraciones anexas ignoran casi todas las enmiendas razonables y muy específicas propuestas por la sociedad civil18 para abordar los errores del tratado. El intento más reciente para reabrir las negociaciones, por el gobierno de la región de Valonia en Bélgica, fue bloqueado. Ahora, solo es posible el «llévelo o déjelo», el voto afirmativo o negativo del tratado de las 1.600 páginas.
Demandamos:
● al Congreso de los Diputados y al Senado de España, a que defiendan los derechos y los intereses de las poblaciones que representan contra las amenazas que implica el CETA votando en contra de la ratificación del tratado.
● a los muchos gobiernos municipales (entre ellos Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza y Valencia), y los parlamentos regionales tales como Extremadura, Valencia, Cataluña, Islas Baleares, Cantabria y Navarra, que ya han manifestado en resoluciones su oposición al CETA, a que se incluya sus voces en el proceso de ratificación.
● a las partes, a que comiencen por hacer una consulta completa y democrática, que incluya a la sociedad civil, sobre la base de una nueva, justa y sostenible política comercial.
Tal como están las cosas, el CETA no es un tratado comercial progresista. Sería una equivocación adoptar este tratado, con sus muchas disposiciones preocupantes e ilegales, como un modelo para futuros tratados. El CETA es una versión retrógrada y aún más intrusiva de las viejas políticas de comercio diseñadas por y para las más grandes multinacionales.
Necesitamos un cambio de paradigma que lleve a una política comercial transparente e inclusiva basada en las necesidades de las poblaciones y de nuestro planeta. La ratificación del CETA nos llevará muy lejos de ese cambio imprescindible.